La Universidad Complutense de Madrid solicita la restitución del programa informático desarrollado en una de sus cátedras y reclama más de 113.000 euros, además de intereses, dentro del procedimiento judicial que afecta a la esposa del presidente del Gobierno.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha formalizado su escrito como acusación y actor civil en el procedimiento judicial que afecta a Begoña Gómez, solicitando que, en caso de una futura sentencia condenatoria, se le restituya la titularidad y el control del software desarrollado en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, además del pago de una indemnización de 113.509,32 euros, a la que se sumarían los intereses que determine el tribunal.
La petición forma parte de la reclamación de responsabilidad civil presentada por la universidad tras considerar que el programa informático constituye un activo de su propiedad al haber sido desarrollado utilizando recursos económicos, medios materiales y financiación vinculados a la institución.
La UCM reclama la devolución del software
En su escrito, la universidad sostiene que el programa informático fue creado dentro de una cátedra extraordinaria y que, por tanto, forma parte del patrimonio de la Complutense.
Por ese motivo, solicita que, además de la compensación económica, el órgano judicial acuerde la restitución íntegra de la titularidad, disponibilidad y control del software, incluyendo el código fuente, dominios, credenciales de acceso, documentación técnica, derechos de explotación y cualquier otro activo relacionado con la plataforma.
La universidad también pide que queden sin efecto aquellas actuaciones que, según sostiene, hubieran supuesto la incorporación del software a fines privados sin la autorización expresa de la institución.
Una reclamación vinculada a la presunta malversación
La Audiencia Provincial de Madrid acordó recientemente la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez, modificando la calificación jurídica de algunos hechos investigados.
En concreto, el tribunal descartó el delito de apropiación indebida respecto al software, al considerar que los hechos podrían encajar, en su caso, dentro del presunto delito de malversación de caudales públicos, una cuestión que deberá resolverse durante el juicio.
La reclamación económica presentada por la Universidad Complutense queda condicionada a que exista una eventual sentencia condenatoria que declare la correspondiente responsabilidad civil.
La universidad menciona a Cristina Álvarez
En el escrito procesal, la UCM también hace referencia a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, al considerar que existen indicios de su participación en distintas gestiones relacionadas con el software investigado.
La universidad sostiene que intervino en comunicaciones mantenidas con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) respecto a la posible cesión de los derechos sobre el programa informático. Será el tribunal quien determine, durante el desarrollo del procedimiento, el alcance jurídico de esa actuación.
Un procedimiento pendiente de juicio
La causa continúa su tramitación judicial y será durante el juicio cuando las partes presenten sus pruebas y argumentos.
Mientras la Fiscalía ya ha adelantado su intención de solicitar la absolución de Begoña Gómez, las acusaciones mantienen sus peticiones de responsabilidad penal y civil, entre ellas la presentada por la Universidad Complutense, que reclama recuperar el software y ser resarcida por el perjuicio económico que considera haber sufrido.
La resolución definitiva corresponderá al órgano judicial una vez concluya la vista oral y se valore el conjunto de las pruebas practicadas.
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