Una carta remitida a Bruselas por 22 gobiernos europeos advierte de que las regularizaciones masivas pueden incentivar la inmigración irregular y reclama endurecer la respuesta comunitaria tras la crisis migratoria de Ceuta.
La presión migratoria sobre Ceuta sigue provocando un fuerte terremoto político en Europa. Veintidós países de la Unión Europea han trasladado a las instituciones comunitarias su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, pueden tener determinadas políticas migratorias, entre ellas las regularizaciones masivas, al considerar que generan un efecto llamada que favorece nuevas entradas irregulares.
Veintidós gobiernos piden una respuesta firme de la Unión Europea
Los dirigentes de 22 Estados miembros han remitido una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al Gobierno de Irlanda, que ejerce la presidencia rotatoria, para reclamar una actuación coordinada frente a la crisis migratoria que afecta a la frontera sur de Europa.
En el documento, los firmantes alertan de que las regularizaciones de un elevado número de inmigrantes pueden convertirse en un importante factor de atracción, alimentando la percepción de que la entrada irregular puede terminar derivando en una estancia legal dentro de la Unión Europea.
La crisis de Ceuta centra la preocupación europea
La carta hace referencia a la situación vivida en Ceuta, donde la entrada masiva de miles de personas ha desbordado los recursos de la ciudad autónoma y ha obligado al Gobierno español a desplegar efectivos militares y reforzar los dispositivos de seguridad.
Los países firmantes consideran que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera habría contribuido a reforzar el efecto llamada, al ser utilizada, según sostienen, para incentivar nuevos intentos de acceso irregular al territorio europeo.
Europa teme nuevos movimientos migratorios
Aunque las autoridades comunitarias aseguran que, por el momento, no se han detectado desplazamientos secundarios significativos desde Ceuta hacia otros Estados miembros, los gobiernos firmantes consideran necesario actuar de forma preventiva.
Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de reforzar o reintroducir controles temporales en las fronteras interiores del espacio Schengen si la situación continúa deteriorándose.
Asimismo, reclaman una reunión urgente de los ministros del Interior de la Unión Europea para coordinar una respuesta común.
«No podemos permitir cruces masivos descontrolados»
En el escrito remitido a Bruselas, los líderes europeos defienden que la Unión debe enviar un mensaje claro frente a la inmigración irregular.
Según el documento, «no podemos permitir que los cruces masivos descontrolados ni la instrumentalización de la migración generen la percepción de que entrar ilegalmente en la Unión Europea garantiza permanecer en ella».
Los firmantes consideran que esa percepción podría incentivar nuevas llegadas, debilitar la política migratoria común y aumentar la presión sobre las fronteras exteriores de la UE.
Los países firmantes
La iniciativa está respaldada por los gobiernos de:
- Italia
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Chipre
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Estonia
- Finlandia
- Grecia
- Hungría
- Letonia
- Lituania
- Malta
- Países Bajos
- Polonia
- República Checa
- Rumanía
- Suecia
Algunos de estos países ya habían defendido públicamente endurecer las medidas de control fronterizo e incluso estudiar restricciones temporales dentro del espacio Schengen si persiste la presión migratoria.
Crece el debate sobre la política migratoria europea
La crisis de Ceuta ha reabierto el debate sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea y sobre el equilibrio entre el control migratorio, la seguridad y las obligaciones internacionales en materia de asilo.
Mientras Bruselas estudia posibles respuestas coordinadas, varios gobiernos europeos reclaman revisar aquellas políticas que, en su opinión, puedan favorecer nuevas llegadas irregulares y reforzar los mecanismos de protección de las fronteras comunes.
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