La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado una reunión urgente con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras la decisión de la Junta de Andalucía de ceder a Vox competencias relacionadas con las políticas de violencia de género. El Ejecutivo central considera que la medida supone un retroceso institucional, mientras Vox mantiene su rechazo al concepto de violencia machista y defiende sustituirlo por el de violencia intrafamiliar.
El Gobierno exige explicaciones a Moreno Bonilla
La decisión de la Junta de Andalucía de ceder a Vox competencias relacionadas con las políticas de violencia de género ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno andaluz.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha remitido una carta al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que solicita una reunión urgente y reclama una rectificación de una medida que, según el Ministerio, pone en cuestión el compromiso institucional con la protección de las víctimas.
Igualdad expresa su «profunda preocupación»
En la misiva, enviada también a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Redondo manifiesta la «profunda preocupación» del Gobierno por el cambio competencial.
El Ministerio considera que la decisión supone un punto de inflexión respecto al consenso alcanzado en torno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, advirtiendo de que podría transmitir una imagen de debilitamiento de las políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres víctimas de violencia.
Según Igualdad, la cesión de estas competencias a un partido que cuestiona el concepto de violencia de género genera incertidumbre sobre el futuro de estas políticas en Andalucía.
Vox mantiene su rechazo al término «violencia machista»
Vox ha defendido en numerosas ocasiones su postura de sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, al considerar que la legislación actual establece diferencias en función del sexo de los implicados.
La formación liderada por Santiago Abascal sostiene que todas las víctimas deben recibir la misma protección independientemente de quién sea el agresor, mientras que el Gobierno central y numerosas organizaciones especializadas defienden el actual marco legal establecido por la Ley Integral contra la Violencia de Género.
El Gobierno alerta sobre los fondos del Pacto de Estado
En su escrito, la ministra también advierte de que la nueva distribución de competencias podría afectar a la gestión de los recursos económicos vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Estos fondos financian programas de prevención, atención psicológica, asistencia jurídica, protección y apoyo a mujeres víctimas y a sus hijos.
El Ejecutivo insiste en que Andalucía debe mantener el mismo nivel de compromiso institucional que ha mostrado durante los últimos años.
Más de 100 000 casos activos en el sistema VioGén
La polémica coincide con la publicación de los últimos datos del Sistema VioGén del Ministerio del Interior.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, España registra 104 666 casos activos de seguimiento policial por violencia de género.
Entre ellos destacan:
- 1 165 mujeres se encuentran en situación de riesgo alto.
- 14 casos están catalogados como riesgo extremo.
- 53 818 expedientes afectan a víctimas con menores a cargo.
- 1 335 víctimas son menores de edad.
El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, seguido por las comprendidas entre 18 y 30 años.
Andalucía concentra el mayor número de casos
Según los datos del Ministerio del Interior, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de casos activos registrados en VioGén.
El reparto es el siguiente:
- Andalucía: 27 885 casos.
- Comunidad Valenciana: 17 111.
- Comunidad de Madrid: 12 591.
- Canarias: 6 462.
- Galicia: 6 188.
- Castilla-La Mancha: 5 776.
- Murcia: 5 733.
- Castilla y León: 5 586.
Un nuevo foco de confrontación política
La decisión de la Junta vuelve a situar las políticas de igualdad y violencia de género en el centro del debate político nacional.
Mientras el Gobierno considera que la cesión de competencias puede debilitar el sistema de protección de las víctimas, el Ejecutivo andaluz y Vox defienden que la reorganización responde al acuerdo alcanzado entre ambos partidos y sostienen que continuará garantizándose la atención a todas las personas afectadas por la violencia en el ámbito familiar.
El choque entre ambas administraciones abre un nuevo capítulo de confrontación política sobre una de las materias que más diferencias genera entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Vox.
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