La provincia alcanza una tasa de congestión del 4,25 y se sitúa como la séptima con mayor atasco judicial del país. Los juzgados civiles y sociales soportan la mayor presión, con más de 1 000 asuntos pendientes de media por órgano.
La Justicia en Castellón continúa atrapada en un nivel de congestión especialmente elevado. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre de 2026 sitúan a la provincia como la séptima de España con mayor tasa de congestión judicial, con un índice del 4,25 y un total de 62 094 asuntos pendientes.
El dato supone un empeoramiento respecto al cierre de 2025, cuando la tasa se situaba en 3,89, pese a que el número absoluto de expedientes acumulados ha descendido ligeramente.
La fotografía es, por tanto, contradictoria: hay menos asuntos pendientes que al terminar el año pasado, pero los juzgados siguen resolviendo a un ritmo insuficiente frente al volumen que entra y permanece activo.
Castellón alcanza una tasa de congestión del 4,25
La tasa de congestión judicial mide la relación entre el volumen total de asuntos que deben atender los órganos judiciales y aquellos que consiguen resolver durante un determinado periodo.
En términos ideales, este indicador debería aproximarse a 1.
Castellón se encuentra muy lejos de esa referencia.
Al término de los tres primeros meses de 2026, la provincia alcanzó una tasa de 4,25, frente al 3,89 registrado al cierre de 2025.
El aumento coloca a Castellón en una posición especialmente comprometida dentro del conjunto nacional.
Séptima provincia con mayor atasco judicial de España
Castellón ocupa la séptima posición nacional entre los territorios con mayor congestión judicial.
Por delante aparecen:
- Melilla: 5,83
- Guadalajara: 5,77
- Cuenca: 5,62
- Toledo: 5,32
- Murcia: 4,78
- Huelva: 4,50
Castellón registra un 4,25, el mismo índice que Baleares, mientras que Tenerife y Burgos aparecen inmediatamente después con 4,21.
En el extremo contrario se encuentran Ceuta, Teruel y Asturias, con tasas inferiores a 2,50.
El mapa vuelve a poner de manifiesto las profundas diferencias existentes entre territorios en la capacidad de los órganos judiciales para absorber la carga de trabajo.
Castellón también sale peor parada que Alicante y Valencia
La comparación dentro de la Comunitat Valenciana tampoco resulta favorable.
Alicante presenta una tasa de congestión del 3,61, casi un punto por debajo de Castellón.
En Valencia, el indicador baja todavía más hasta el 3,38.
Esto convierte a Castellón en la provincia valenciana con mayor presión relativa sobre sus juzgados durante el primer trimestre del año.
La diferencia plantea un problema especialmente delicado porque una justicia congestionada no afecta únicamente a jueces, funcionarios y abogados.
Cada expediente que se acumula representa a ciudadanos, empresas, trabajadores o administraciones esperando una resolución.
62 094 asuntos continúan pendientes
Existe, no obstante, un dato parcialmente positivo.
Castellón cerró 2025 con 63 130 procedimientos pendientes, mientras que al finalizar marzo de 2026 la cifra había descendido a 62 094.
La reducción es de 1 036 asuntos.
También ha bajado ligeramente el promedio de expedientes pendientes por órgano judicial.
A finales de 2025, la media alcanzaba 1 147,82 casos por sala.
En el primer trimestre de 2026 ha descendido hasta 1 108,82.
La reducción, sin embargo, no cambia el diagnóstico de fondo: cada órgano judicial de la provincia continúa soportando de media más de 1 100 asuntos pendientes de resolución.
Más de 1 100 asuntos pendientes por juzgado
En el conjunto de España, Castellón ocupa la 16.ª posición por promedio de asuntos pendientes por órgano judicial.
Además, se encuentra entre las 23 provincias españolas que superan los 1 000 expedientes pendientes de media por juzgado.
La situación más grave corresponde a Toledo, con una media de 1 845,73 asuntos pendientes.
Le siguen Murcia, con 1 697,37, y Madrid, con 1 463,49.
Castellón no alcanza esos niveles extremos, pero sus 1 108,82 procedimientos pendientes de media siguen reflejando un sistema sometido a una carga muy elevada.
La jurisdicción civil concentra 38 604 procedimientos
Los juzgados civiles soportan la mayor parte del atasco provincial.
Las 36 salas de esta jurisdicción acumulan un total de 38 604 litigios pendientes.
Esto supone una media de aproximadamente 1 072,3 asuntos por órgano.
La jurisdicción civil abarca procedimientos que afectan directamente a la actividad cotidiana de ciudadanos y empresas: contratos, reclamaciones, vivienda, familia, deudas, herencias y numerosos conflictos patrimoniales.
Cuando estos órganos se saturan, las consecuencias económicas pueden prolongarse durante meses o incluso años.
Los juzgados sociales superan también los 1 000 asuntos de media
La segunda gran área de presión corresponde a la jurisdicción social.
Los cinco órganos existentes en la provincia acumulan 5 002 procedimientos abiertos, lo que supone una media de 1 000,40 asuntos por juzgado.
Aquí se tramitan conflictos relacionados con despidos, salarios, prestaciones, incapacidades y relaciones laborales.
El retraso en estos procedimientos puede tener un impacto especialmente grave para personas que dependen de una sentencia para recuperar ingresos o resolver su situación laboral.
Penal y contencioso soportan una presión menor, pero elevada
La jurisdicción penal presenta cifras inferiores a las áreas civil y social.
Los juzgados penales acumulan 17 606 asuntos pendientes, con una media de 503,03 expedientes por órgano.
Por su parte, la jurisdicción contencioso-administrativa registra una media aproximada de 441 procedimientos pendientes en los dos órganos existentes.
Aunque los datos son inferiores a los de otras jurisdicciones, siguen representando una carga importante en un sistema que ya acumula decenas de miles de procedimientos sin resolver.
El colapso judicial se convierte en un problema estructural
La situación de Castellón no puede explicarse únicamente por un trimestre concreto.
Los datos muestran que el atasco persiste pese a ligeras reducciones del stock de asuntos pendientes.
Ese es precisamente uno de los principales problemas del sistema: resolver algunos expedientes no basta si continúan entrando nuevos procedimientos a un ritmo superior a la capacidad efectiva de los juzgados.
La congestión puede acabar provocando retrasos en vistas, sentencias, ejecución de resoluciones y trámites administrativos.
Y una justicia lenta termina afectando también a la confianza ciudadana en las instituciones.
La Justicia necesita más que pequeñas mejoras estadísticas
Que los asuntos pendientes hayan descendido de 63 130 a 62 094 supone un pequeño alivio, pero no altera una realidad difícil de ocultar.
Castellón continúa dentro del grupo de provincias con mayor congestión judicial de España.
La tasa ha empeorado hasta el 4,25, frente al 3,89 del cierre de 2025.
La provincia se mantiene además por encima de Alicante y Valencia y acumula más de 1 100 expedientes pendientes de media por órgano judicial.
El reto, por tanto, no consiste únicamente en reducir el número acumulado de asuntos, sino en conseguir que los juzgados puedan resolver de forma sostenida un volumen equivalente o superior al que reciben.
Mientras eso no ocurra, el atasco seguirá reproduciéndose.
Y detrás de cada cifra habrá ciudadanos esperando meses o años para obtener una respuesta de la Justicia.
Chollones
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