Las fuerzas israelíes ocupan el Centro de Formación de Qalandia mientras Netanyahu reivindica la operación y vuelve a acusar a la UNRWA de vínculos con Hamás. La disputa mezcla seguridad, soberanía, inmunidad de la ONU y el futuro de miles de refugiados palestinos.
La batalla entre Israel y la UNRWA ha dado un nuevo y delicado paso. Las fuerzas de seguridad israelíes han tomado este martes el Centro de Formación de Qalandia, una histórica instalación de Naciones Unidas situada en Jerusalén Este y dedicada desde hace más de siete décadas a la formación profesional de refugiados palestinos.
La intervención no puede entenderse únicamente como una disputa por un edificio. Detrás existe un conflicto político, jurídico y de seguridad mucho mayor: Israel pretende expulsar a la UNRWA de los territorios que considera bajo su soberanía, mientras Naciones Unidas sostiene que las instalaciones de la agencia disfrutan de protección internacional.
El Gobierno de Benjamín Netanyahu defiende, además, que su ofensiva contra la organización está justificada por las graves acusaciones surgidas después de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando varios trabajadores de la agencia quedaron bajo investigación por su posible implicación.
El caso vuelve así a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿hasta dónde puede llegar Israel en su ofensiva contra una organización de la ONU cuando existen sospechas sobre parte de su personal, pero también obligaciones internacionales respecto a Naciones Unidas?
Más de 50 agentes entran en el Centro de Qalandia
La operación se desarrolló con un importante despliegue policial. Según la información disponible, más de medio centenar de miembros de las fuerzas de seguridad y cuatro vehículos blindados accedieron al complejo cuando todavía permanecían alrededor de 20 trabajadores dentro.
La UNRWA considera que se produjo una entrada no autorizada de fuerzas armadas en una instalación de Naciones Unidas.
Israel ofrece una interpretación radicalmente distinta.
Las autoridades israelíes aseguran que preparan el terreno para construir allí un nuevo complejo educativo y comunitario dirigido a la población palestina de Kafr Aqab.
La intervención, por tanto, enfrenta dos relatos jurídicos incompatibles: Israel reivindica capacidad para actuar sobre el terreno, mientras Naciones Unidas cuestiona que pueda disponer unilateralmente de unas instalaciones amparadas por las garantías internacionales de la organización.
Netanyahu reivindica personalmente la operación
La dimensión política del movimiento quedó clara después de que Benjamín Netanyahu asumiera la responsabilidad de la decisión.
El primer ministro aseguró que el desalojo se había ejecutado siguiendo sus instrucciones y reiteró que Israel no permitirá que la UNRWA continúe operando en lo que considera territorio israelí.
Netanyahu volvió a relacionar esta política con las acusaciones contra empleados de la agencia por los atentados del 7 de octubre de 2023.
También estuvo presente en el desalojo el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, una de las figuras más duras del Gobierno israelí.
Su mensaje fue inequívoco: «La soberanía no se habla; la soberanía se ejerce».
La Autoridad Palestina, por su parte, ha reclamado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y medidas para proteger las instalaciones de la organización internacional.
Israel lleva desde 2024 estrechando el cerco sobre la UNRWA
La ocupación de Qalandia es la última etapa de una estrategia desarrollada durante casi dos años.
Tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, la relación entre Israel y la UNRWA entró en una fase de confrontación abierta.
En octubre de 2024, el Parlamento israelí aprobó dos leyes destinadas a impedir que la agencia desarrollara sus actividades en el territorio considerado por Israel bajo su soberanía y a limitar los contactos entre funcionarios israelíes y representantes de la organización.
Las normas entraron plenamente en vigor en enero de 2025.
La principal controversia se concentró rápidamente en Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel en 1967 y posteriormente anexionado. Esa anexión no está reconocida por Naciones Unidas ni por buena parte de la comunidad internacional.
En mayo de 2025, las autoridades israelíes cerraron seis escuelas de la UNRWA, una decisión que afectó a más de 800 alumnos.
Israel endureció todavía más las medidas en diciembre de 2025
La presión aumentó a finales de ese mismo año.
El 29 de diciembre de 2025, la Knéset aprobó nuevas disposiciones contra la agencia.
Las medidas contemplaban la interrupción de servicios como agua, electricidad, combustible, telecomunicaciones y determinados servicios financieros, además de cambios sobre las inmunidades reconocidas por el derecho interno israelí.
También se abrió la puerta a actuar sobre propiedades utilizadas por la UNRWA en Jerusalén Este.
Entre los inmuebles afectados se encontraban Sheikh Jarrah y el propio Centro de Formación de Qalandia.
En enero de 2026, excavadoras israelíes demolieron varios edificios de la sede de Sheikh Jarrah. Meses después, el Gobierno aprobó levantar allí un complejo vinculado al Ministerio de Defensa, con un museo militar, una oficina de reclutamiento y otras dependencias.
Qalandia también había sufrido incursiones durante los últimos meses, pero hasta este 25 de agosto las autoridades israelíes no habían ocupado permanentemente el recinto.
Qalandia: un centro abierto desde 1953
El simbolismo del lugar explica también la repercusión de la operación.
El Centro de Formación de Qalandia comenzó a funcionar en 1953 y ha formado durante más de 70 años a jóvenes refugiados palestinos procedentes de diferentes puntos de Cisjordania.
Durante el curso 2025-2026, tenía aproximadamente 325 estudiantes matriculados en 16 especialidades.
Entre ellas figuraban disciplinas como mecánica del automóvil, carpintería, energías renovables, diseño y tecnologías de la información.
Las instalaciones también cuentan con talleres y residencias destinadas a estudiantes procedentes de lugares alejados.
La UNRWA sostiene que actualmente no existe en Cisjordania otra instalación propia capaz de absorber fácilmente a todos esos alumnos.
Un territorio cuya soberanía está en disputa
La localización del complejo añade todavía más complejidad.
Qalandia se encuentra dentro de los límites municipales que Israel atribuye a Jerusalén, pero está situado en el lado cisjordano del muro de separación, cerca del campo de refugiados del mismo nombre.
Para Israel, esa zona forma parte de su capital.
Para Naciones Unidas, Jerusalén Este continúa teniendo la consideración de territorio palestino ocupado.
Esta diferencia resulta fundamental para comprender la disputa sobre quién puede decidir el futuro del centro.
Israel sostiene que puede ejercer sus competencias sobre el terreno. Naciones Unidas considera que la legislación interna israelí no puede eliminar unilateralmente las obligaciones internacionales aplicables.
Israel invertirá 40 millones de séqueles en el nuevo complejo
El Gobierno israelí asegura que pretende sustituir las actuales instalaciones por un complejo educativo y comunitario destinado a los residentes palestinos de Kafr Aqab.
El proyecto contempla inicialmente una inversión de 40 millones de séqueles, aproximadamente 11,5 millones de euros, para construir un instituto masculino.
En posteriores fases podrían incorporarse más centros educativos, instalaciones deportivas, una mezquita y servicios sanitarios.
La argumentación israelí es que Kafr Aqab sufre una importante escasez de plazas escolares y que el nuevo proyecto permitirá ampliar los servicios disponibles para su población.
Pero la controversia no termina ahí.
Israel y la UNRWA discrepan incluso sobre la propiedad del terreno
Existe además una disputa sobre los derechos relativos a la parcela.
Israel afirma que el terreno pertenece al Fondo Nacional Judío desde 1937 y que posteriormente fue cedido al Ayuntamiento de Jerusalén.
Según esta posición, la UNRWA habría utilizado durante décadas unas instalaciones construidas sobre una parcela respecto de la cual no tendría derechos de propiedad.
La agencia de Naciones Unidas ofrece una versión diferente.
Sostiene que Jordania, que administraba Jerusalén Este antes de 1967, concedió en 1952 a la UNRWA el uso del terreno mediante un acuerdo que considera todavía vigente.
La controversia jurídica, además, supera la cuestión de quién figura como propietario.
La inmunidad de Naciones Unidas, en el centro del conflicto
La UNRWA invoca la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946.
La organización considera que sus instalaciones están protegidas frente a registros, confiscaciones y expropiaciones.
Desde esa perspectiva, aunque existiera una controversia sobre la propiedad del terreno, Israel no podría simplemente entrar y tomar las instalaciones ignorando las garantías correspondientes a Naciones Unidas.
La posición israelí y la de la ONU chocan frontalmente en este punto.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) sostuvo en un dictamen consultivo de octubre de 2025 que Israel debía respetar las inmunidades de Naciones Unidas y cooperar con sus organismos en los territorios palestinos ocupados.
Conviene subrayar que se trató de un dictamen consultivo, una precisión esencial para interpretar correctamente su alcance jurídico.
El gran argumento de Israel: las acusaciones contra trabajadores de la UNRWA
Israel sostiene desde hace años que la UNRWA presenta graves problemas de neutralidad. El debate adquirió otra dimensión tras la matanza perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023.
Naciones Unidas investigó posteriormente a 19 trabajadores señalados por Israel.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU determinó que, en nueve casos, la información obtenida podía indicar una posible participación en los ataques. Esos empleados fueron despedidos.
En otros nueve casos, la información fue considerada insuficiente, mientras que en uno no se encontraron elementos que respaldaran la acusación.
Estos datos son importantes porque muestran que las acusaciones israelíes contra determinados empleados no pueden despacharse como inexistentes, pero tampoco permiten trasladar automáticamente una responsabilidad individual al conjunto de una organización con decenas de miles de trabajadores.
Una revisión independiente detectó deficiencias, pero también controles
Una investigación independiente dirigida por la exministra francesa Catherine Colonna analizó los mecanismos de neutralidad de la UNRWA.
El trabajo no examinó la responsabilidad penal individual de los sospechosos.
La revisión concluyó que la organización disponía de mecanismos de control desarrollados respecto a otras entidades comparables, aunque también identificó deficiencias y formuló 50 recomendaciones.
Además, señaló que Israel no había presentado entonces pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que un número significativo de trabajadores de la organización perteneciera a grupos armados.
La cuestión, sin embargo, continúa abierta.
Estados Unidos remitió 108 nombres para su revisión
En junio de 2026 apareció otro elemento relevante.
La oficina del inspector general de USAID comunicó que había remitido al Departamento de Estado estadounidense 108 nombres de trabajadores o antiguos empleados de la UNRWA para valorar su posible suspensión o exclusión de futuros programas financiados por Estados Unidos.
Los investigadores señalaron posibles indicios relacionados con los ataques del 7 de octubre o con vínculos con el brazo armado de Hamás.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental que debe preservarse: estas remisiones forman parte de procedimientos administrativos y no equivalen a condenas judiciales.
Posteriormente, la UNRWA rescindió los contratos de 70 empleados de Gaza después de una evaluación interna relacionada con los riesgos de seguridad de sus operaciones.
La organización indicó que aquella decisión no constituía un procedimiento disciplinario ni implicaba admitir las acusaciones formuladas contra esos trabajadores.
La UNRWA atiende a 5,9 millones de refugiados registrados
La dimensión de la agencia explica por qué su futuro tiene consecuencias regionales.
La UNRWA fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1949 y comenzó sus operaciones en mayo de 1950.
Actualmente presta servicios a aproximadamente 5,9 millones de refugiados palestinos registrados en Gaza, Cisjordania —incluida Jerusalén Este—, Jordania, Líbano y Siria.
Su sistema educativo atiende aproximadamente a 543 000 alumnos en 706 escuelas y emplea a cerca de 19 000 profesionales de la enseñanza.
En diciembre de 2025, la Asamblea General renovó su mandato hasta junio de 2029, con 151 votos favorables, 10 contrarios y 14 abstenciones.
Israel cuestiona el propio modelo de la UNRWA
La confrontación no afecta únicamente a la supuesta infiltración de Hamás.
Israel cuestiona desde hace tiempo el modelo sobre el que funciona la agencia y sostiene que contribuye a perpetuar el conflicto al mantener el estatus de refugiado entre descendientes de palestinos desplazados en 1948.
Desde esta perspectiva, el Gobierno israelí considera que los servicios deberían transferirse progresivamente a otras organizaciones.
La UNRWA responde que no decide el estatuto político definitivo de los refugiados, sino que ejecuta el mandato otorgado por la Asamblea General mientras no exista una solución política.
Aquí reside una parte esencial del conflicto.
La disputa sobre la UNRWA no es solamente humanitaria. Está directamente relacionada con algunas de las cuestiones más difíciles del enfrentamiento palestino-israelí: Jerusalén, los refugiados, el derecho de retorno, la soberanía y la solución territorial definitiva.
Qalandia abre un nuevo frente entre Israel y Naciones Unidas
La ocupación del centro constituye, por tanto, mucho más que otro episodio administrativo.
Para Netanyahu, forma parte de una estrategia destinada a terminar con la presencia institucional de la UNRWA en los territorios que Israel considera bajo su soberanía.
Para Naciones Unidas, supone una nueva vulneración de las garantías internacionales de una de sus agencias.
Y entre ambas posiciones permanece una realidad especialmente incómoda.
Israel dispone de motivos legítimos para exigir investigaciones rigurosas sobre cualquier trabajador de Naciones Unidas sospechoso de colaborar con Hamás. La participación de empleados de una organización internacional en actividades terroristas, cuando pueda demostrarse individualmente, constituye una cuestión de extrema gravedad.
Pero las acusaciones contra empleados concretos no resuelven automáticamente el debate jurídico sobre las inmunidades de Naciones Unidas ni conceden por sí mismas carta blanca para apropiarse de sus instalaciones.
Qalandia concentra así todas las contradicciones de esta batalla: seguridad frente a inmunidad internacional, soberanía israelí frente al estatus disputado de Jerusalén Este y acusaciones graves contra determinados empleados frente a una agencia que proporciona servicios a millones de palestinos.
El futuro del centro será una prueba más de hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de Netanyahu en su estrategia contra la UNRWA y, sobre todo, de cuál será la respuesta efectiva de Naciones Unidas y de sus principales aliados.
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