El Gobierno aprueba ayudas para empresas y autónomos, ERTE con exenciones del 100% y 229 millones para seguridad, acogida y servicios públicos tras la presión sufrida por Ceuta.
La crisis migratoria de Ceuta ya tiene una factura extraordinaria para las cuentas públicas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con medidas urgentes que movilizará más de 309 millones de euros durante los cuatro últimos meses de 2026, una cantidad que el propio Ejecutivo equipara aproximadamente al 16% del PIB de la ciudad autónoma.
El paquete prácticamente duplica la cantidad anunciada inicialmente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y evidencia la magnitud del impacto que la llegada masiva de migrantes de finales de julio ha provocado sobre la seguridad, los servicios públicos, el sistema de acogida y la economía ceutí.
De los 309 millones, 229 millones estarán destinados a seguridad, acogida y servicios públicos, otros 67 millones a sostener la actividad económica y 13 millones a medidas laborales y bonificaciones.
Además, el Ejecutivo habilitará hasta 50 millones de euros en avales públicos para facilitar financiación a las empresas.
309 millones para responder a la crisis de Ceuta
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que el objetivo es devolver confianza a trabajadores y empresas y atender las demandas planteadas por los agentes sociales.
El Gobierno sostiene que no limitará los recursos mientras no se recupere la normalidad y enmarca las actuaciones dentro de una respuesta que combina seguridad, asistencia humanitaria y recuperación económica.
Cuerpo ha admitido también que Ceuta ya arrastraba problemas económicos estructurales antes de la actual crisis migratoria, aunque ha destacado que el desempleo se ha reducido en siete puntos porcentuales.
A las medidas extraordinarias para 2026 se añadirá un refuerzo estructural que se extenderá también a Melilla y alcanzará 507,5 millones de euros hasta 2031.
90 millones para Defensa, Guardia Civil y Policía Nacional
La seguridad constituye uno de los principales capítulos del nuevo paquete.
El Gobierno destinará 90 millones de euros al despliegue de seguridad, de los que 74 millones irán al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para cubrir personal, logística y mantenimiento.
También se reservan 8 millones para incentivos extraordinarios al rendimiento de la Guardia Civil y otros 7,1 millones para la Policía Nacional.
La dimensión de esta partida refleja hasta qué punto la crisis fronteriza ha obligado al Estado a movilizar recursos extraordinarios para mantener la seguridad y el funcionamiento de la ciudad.
En conjunto, más de una cuarta parte de los 309 millones anunciados para 2026 quedará directamente vinculada a este capítulo.
118 millones para acogida y atención humanitaria
El segundo gran bloque corresponde a la presión asistencial.
El Ejecutivo destinará 118 millones de euros a atención y acogida humanitaria.
Dentro de esta cantidad, 63,6 millones estarán específicamente destinados a la acogida de menores extranjeros no acompañados, mientras otros 53,4 millones financiarán alojamiento y atención básica para personas migrantes.
El elevado coste vuelve a colocar sobre la mesa uno de los principales problemas surgidos tras la crisis: la capacidad limitada de Ceuta para absorber por sí sola una llegada extraordinaria de personas, especialmente cuando existen menores bajo tutela que requieren recursos específicos.
La Fiscalía de Ceuta y diferentes instituciones han advertido durante las últimas semanas de la presión que soportan los sistemas de acogida.
Sanidad, educación y Justicia también recibirán refuerzos
La crisis no afecta exclusivamente a las fuerzas de seguridad y los centros de acogida.
El Gobierno destinará otros 21 millones de euros a servicios públicos e infraestructuras esenciales.
Sanidad recibirá 3,5 millones para contratar 100 nuevos profesionales del INGESA, destinados tanto a atención primaria como hospitalaria.
Educación dispondrá de 3,2 millones para reforzar la seguridad de los centros educativos y ofrecer acompañamiento psicosocial.
Justicia recibirá 4,5 millones destinados a aumentar personal, reforzar la asistencia jurídica gratuita y ampliar medios informáticos.
Además, Ceuta recibirá una subvención directa de 2 millones, mientras se han aprobado otros 7 millones para optimizar la planta desalinizadora.
Ayudas de hasta 150 000 euros para las empresas de Ceuta
El segundo gran eje intenta evitar que la crisis termine convirtiéndose en una recesión local.
El Ejecutivo movilizará 67 millones de euros para actividad económica y ayudas directas.
La partida más importante será de 36,6 millones para empresas y trabajadores autónomos.
Los autónomos afectados podrán recibir 5 000 euros, mientras que las empresas tendrán acceso a subvenciones de entre 10 000 y 150 000 euros, dependiendo de su facturación.
Según las previsiones gubernamentales, las ayudas podrán alcanzar a 2 600 autónomos y 1 400 empresas.
Las solicitudes podrán presentarse desde el 14 de septiembre a través de la Agencia Tributaria y el Ejecutivo prevé comenzar los pagos a principios de octubre.
Turismo y comercio recibirán otros 14 millones
La caída de actividad también preocupa especialmente en sectores dependientes del consumo y del movimiento de visitantes.
Por ello, el Gobierno reservará 14 millones de euros para comercio y turismo, mediante campañas institucionales, bonos de consumo y bonos turísticos destinados a incentivar la actividad económica.
A ello se sumará 1 millón para el Plan Ceuta Exporta, gestionado por ICEX, y otro millón para promocionar internacionalmente la ciudad como destino turístico.
El reto será recuperar una imagen de normalidad después de una crisis que ha situado a Ceuta durante semanas en el centro de la atención política nacional.
Rebaja fiscal para empresas que mantengan empleo
El paquete introduce también modificaciones fiscales permanentes.
El Ejecutivo calcula en 12 millones de euros anuales el coste de aumentar la bonificación del Impuesto sobre Sociedades para determinadas entidades residentes que mantengan el empleo.
La bonificación pasará del 50% al 60%.
También están previstas mejoras en el IRPF de los trabajadores autónomos.
La estrategia busca reducir costes y evitar que empresas afectadas por la caída de actividad respondan mediante cierres o destrucción de empleo.
A ello se añadirá una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros y otros 2 millones para implantar una Sociedad de Garantía Recíproca.
ERTE con exención del 100% de las cotizaciones
Una de las medidas laborales de mayor alcance será la posibilidad de acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para aquellos negocios cuya actividad haya quedado interrumpida o limitada.
En estos casos, las empresas podrán beneficiarse de una exención del 100% de sus cotizaciones sociales.
Los trabajadores afectados podrán cobrar la prestación por desempleo sin consumir el paro acumulado, según el mecanismo anunciado por el Ejecutivo.
Para los autónomos afectados se activará igualmente una prestación extraordinaria por cese de actividad.
Además, el SEPE gestionará 650 000 euros para formación y cualificación laboral.
Las bonificaciones laborales subirán del 50% al 75%
El Gobierno también pretende convertir parte de las medidas extraordinarias en incentivos permanentes para Ceuta y Melilla.
Durante 2026 se destinarán 12,2 millones de euros a incrementar la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Para los contratos indefinidos, la bonificación pasará del 50% al 75%.
Según las estimaciones gubernamentales, esta reforma supondrá desde 2027 un impacto presupuestario de 36,6 millones de euros anuales por cada ciudad autónoma.
La intención es reducir los costes laborales y favorecer el mantenimiento y la creación de empleo estable en dos territorios con particularidades económicas y fronterizas muy diferentes de las existentes en el resto de España.
Ceuta afronta ahora las consecuencias económicas de la crisis
La movilización de 309 millones de euros en apenas cuatro meses proporciona una dimensión económica del impacto provocado por la crisis.
El Gobierno intenta responder simultáneamente a cuatro frentes: control fronterizo y seguridad, atención de migrantes y menores, funcionamiento de los servicios públicos y supervivencia de empresas y trabajadores.
Las ayudas extraordinarias pueden amortiguar las consecuencias inmediatas, pero no resuelven por sí solas la cuestión que permanece detrás de la crisis: cómo impedir que Ceuta vuelva a quedar sometida a una presión fronteriza extraordinaria y cómo repartir las responsabilidades cuando su capacidad de acogida queda desbordada.
También quedará bajo escrutinio la ejecución efectiva de los fondos. El anuncio compromete más de 309 millones de euros en 2026, pero será su distribución, los beneficiarios reales y la evolución económica de Ceuta lo que permitirá medir el resultado del plan.
Después de semanas de debate político sobre las causas y la gestión de la crisis, el Gobierno empieza ahora a poner cifras a sus consecuencias: 90 millones para seguridad, 118 millones para acogida, ayudas de hasta 150 000 euros para empresas y ERTE con cotizaciones totalmente exoneradas.
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