El Salvador se compromete a no aumentar su exposición pública al bitcoin y transfiere a un operador privado el control mayoritario de Chivo para avanzar en el programa de 1 400 millones de dólares.
El Gobierno de Nayib Bukele da otro giro a su emblemática apuesta por el bitcoin. El Salvador ha acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que no continuará acumulando la criptomoneda con recursos públicos y ha transferido a un operador privado la propiedad mayoritaria y el control operativo de la billetera Chivo.
El movimiento forma parte de las condiciones del programa financiero aprobado en febrero de 2025 por 1 400 millones de dólares. El FMI anunció el 3 de septiembre un acuerdo técnico para las revisiones segunda y tercera que, si recibe el visto bueno de su Directorio Ejecutivo, permitiría desembolsar aproximadamente 140 millones de dólares adicionales.
Bukele pone freno a la acumulación pública de bitcoin
El FMI asegura que las autoridades salvadoreñas han entregado documentación que acredita que las adquisiciones de bitcoin realizadas desde la primera revisión procedían de donaciones privadas y no utilizaron recursos públicos.
El compromiso para el futuro es igualmente claro: no se prevé una acumulación adicional de bitcoin, salvo las donaciones privadas debidamente documentadas.
La precisión es importante. El acuerdo no supone que El Salvador prohíba el bitcoin ni que tenga que liquidar automáticamente todas sus posiciones, sino que limita la exposición del sector público a nuevas compras de la criptomoneda.
El FMI ya había establecido dentro del programa que las compras y operaciones públicas con bitcoin debían quedar restringidas y que la participación estatal en Chivo tenía que reducirse progresivamente.
Chivo pasa a manos privadas, pero el Estado mantiene una participación
Otro de los cambios afecta a Chivo, la billetera creada por el Gobierno cuando El Salvador convirtió al bitcoin en moneda de curso legal en 2021.
Según el FMI, la propiedad mayoritaria y el control operativo han sido transferidos a un operador privado, aunque el Gobierno mantiene una participación minoritaria y responsabilidades de custodia sobre los activos de los clientes.
El comunicado del Fondo no identifica al operador privado ni detalla públicamente todas las condiciones de la operación.
Este punto matiza una afirmación relevante de la información original: el FMI habla expresamente de la transferencia del control mayoritario de la billetera Chivo, no de que la totalidad de las reservas públicas de bitcoin valoradas en 632 millones de dólares hayan sido entregadas sin más a una empresa privada.
El préstamo de 1 400 millones condiciona la política del bitcoin
El acuerdo financiero entre El Salvador y el FMI tiene una duración de 40 meses y fue aprobado en febrero de 2025 por aproximadamente 1 400 millones de dólares.
Hasta ahora se han desembolsado 172,32 millones de dólares, según el Fondo. El nuevo acuerdo técnico abriría la puerta a otros 140 millones, aunque todavía requiere la aprobación formal del Directorio Ejecutivo.
Las condiciones van mucho más allá del bitcoin. El programa incluye compromisos para reducir deuda pública, fortalecer las reservas, reformar el sistema de pensiones, mejorar la transparencia institucional y reforzar la regulación financiera.
El FMI, además, ofrece una valoración positiva de la evolución económica reciente: calcula que el PIB real de El Salvador crecerá un 4,5% en 2026, apoyado por la inversión, el consumo privado, las remesas, el turismo y las entradas de capital.
De la revolución bitcoin a una estrategia mucho más limitada
El cambio resulta políticamente significativo porque Bukele convirtió el bitcoin en uno de los grandes símbolos internacionales de su Gobierno desde 2021.
Cinco años después, la estrategia pública es considerablemente más prudente.
El Estado reduce su participación directa en Chivo, se compromete a no financiar nuevas acumulaciones de bitcoin con dinero público y acepta reforzar la transparencia, regulación y supervisión de los criptoactivos.
No supone el abandono total del bitcoin en El Salvador, pero sí confirma una transformación evidente del proyecto original: la apuesta estatal directa queda limitada para cumplir las condiciones del acuerdo financiero con el FMI.
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