Ana María Fuentes y el exabogado de Koldo García, Ismael Oliver, comparecen este miércoles ante Santiago Pedraz. La UCO investiga facturas presuntamente falsas y el movimiento de 43 225 euros vinculados a Leire Díez.
El caso Leire Díez vuelve a situar este miércoles el foco judicial sobre la estructura del PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigados a Ana María Fuentes, gerente federal del PSOE, y a Ismael Oliver, exabogado de Koldo García.
La investigación trata de determinar la posible existencia de una trama presuntamente dirigida por Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez que, según la hipótesis judicial bajo investigación, habría intentado obtener información o realizar actuaciones destinadas a interferir en procedimientos que afectaban al PSOE y al Gobierno. Los hechos están todavía bajo investigación y ninguno de los investigados ha sido condenado por ellos.
La UCO señala dos encargos profesionales presuntamente simulados
La situación de la gerente socialista deriva de las conclusiones trasladadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según recoge la documentación de la causa, Pedraz ha apreciado indicios para investigarla como supuesta cómplice y, en todo caso, por un presunto delito de falsedad en documento mercantil relacionado con la emisión de facturas supuestamente mendaces.
Los investigadores sostienen que Fuentes, en su condición de directora gerente federal del PSOE, habría intervenido, con la intermediación de Díez y siguiendo presuntamente directrices de Cerdán, en la elaboración de dos notas de encargo profesional supuestamente falsas.
Una estaría relacionada con un despacho vinculado a Ismael Oliver y la segunda con Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán y también investigado.
La hipótesis de la UCO es que esos documentos habrían servido para simular relaciones profesionales y justificar pagos del partido a los abogados. Se trata, en todo caso, de la tesis policial que ahora debe ser contrastada judicialmente.
La investigación pone el foco en 43 225 euros
Uno de los elementos centrales de la causa es el recorrido del dinero.
La UCO sospecha que se habrían utilizado sociedades vinculadas a Oliver y al exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías para hacer llegar 43 225 euros a Leire Díez con supuesto origen en el PSOE.
Los investigadores identifican al menos cinco pagos.
Cuatro fueron transferencias de 4 000 euros cada una, realizadas entre junio y septiembre de 2024 desde Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. En total, 16 000 euros.
A esa cantidad se añadiría otro pago de 27 225 euros procedente de Oliver Gruppe, sociedad relacionada con Ismael Oliver.
La Guardia Civil sostiene que las cuatro nóminas cobradas por Díez desde la consultora vinculada a Zarrías habrían constituido en realidad un mecanismo para hacerle llegar cantidades cuyo origen estaría en el PSOE. Esta conclusión forma parte de la investigación y todavía deberá ser acreditada ante el tribunal.
Pedraz investiga más de 80 cuentas
La dimensión económica del procedimiento llevó a Pedraz a abrir el pasado julio una pieza separada sobre los pagos presuntamente realizados por el PSOE a Leire Díez.
El magistrado investiga en ella la posible comisión de diferentes delitos relacionados con la corrupción.
Además, ha requerido a entidades financieras información sobre movimientos y saldos de más de 80 cuentas relacionadas con la investigación.
Entre ellas figuran seis cuentas del PSOE, además de otras vinculadas a Oliver, Teijelo, Zarrías y distintas sociedades relacionadas con los investigados.
El caso Leire Díez vuelve a acercarse a Ferraz
Las declaraciones de este miércoles resultan relevantes porque la investigación ya no se limita a las actuaciones personales atribuidas a Leire Díez, sino que trata de esclarecer cómo se financiaron determinadas operaciones y qué conocimiento o participación pudieron tener responsables del partido.
La comparecencia de la gerente federal del PSOE será especialmente importante para aclarar la naturaleza de las notas de encargo señaladas por la UCO y el circuito seguido por los pagos.
Será ahora el juez Santiago Pedraz quien deba valorar las explicaciones de Fuentes y Oliver y contrastarlas con los informes policiales y la documentación bancaria.
La condición de investigados no implica culpabilidad. El procedimiento continúa abierto y las responsabilidades penales que plantea la investigación deberán determinarse mediante las correspondientes resoluciones judiciales.
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