El ministro reclama someter cuanto antes a votación la prórroga extraordinaria de los alquileres hasta 2028 y sostiene que los grupos que rechacen el decreto deben asumir el “precio” político de su decisión.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado que el Gobierno lleve “ya” al Congreso el nuevo decreto de vivienda, aunque el Ejecutivo no tenga garantizados los votos necesarios para convalidarlo.
La propuesta incluye, entre otras medidas, una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler hasta 2028, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y nuevas iniciativas sobre pisos turísticos.
Bustinduy defiende que el texto debe llegar al Parlamento incluso con riesgo de derrota y sostiene que los grupos que decidan tumbarlo deberían asumir las consecuencias políticas de su voto.
Bustinduy quiere votar aunque no estén garantizados los apoyos
En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Bustinduy aseguró que lleva meses defendiendo, tanto pública como internamente, que el decreto debía haberse presentado antes del verano.
La dificultad está en la aritmética parlamentaria.
El ministro reconoció que Junts ha mostrado rechazo a algunas de las medidas y que Podemos también ha expresado reticencias, lo que complica alcanzar la mayoría necesaria.
Aun así, Bustinduy rechaza que esa incertidumbre justifique seguir retrasando la votación.
Su planteamiento es que el Congreso debe retratarse ante una de las cuestiones que mayor presión económica genera actualmente sobre muchos hogares españoles.
“Que paguen el precio” si tumban el decreto
Bustinduy utilizó un lenguaje especialmente contundente para defender esta estrategia parlamentaria.
El ministro pidió que exista “presión política y social” sobre los grupos que se planteen votar en contra y afirmó que, si finalmente rechazan el decreto, deben “pagar el precio” político de esa decisión.
Se trata de una valoración política del ministro, no de una consecuencia jurídica de la votación.
Bustinduy sostiene que algunos partidos no quieren intervenir el mercado residencial ni aplicar determinadas medidas de protección a los inquilinos porque, según su interpretación, responden a otros intereses.
Los partidos señalados han expresado, sin embargo, discrepancias sobre el contenido y alcance de distintas iniciativas de vivienda, por lo que el desacuerdo no puede reducirse a una única motivación.
Una prórroga extraordinaria de alquileres hasta 2028
Una de las medidas más importantes del futuro decreto es la recuperación de una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.
Sumar confirmó en julio que pretende extender determinados contratos hasta el 30 de junio de 2028. Según sus cálculos, la medida podría alcanzar en conjunto a cerca de cuatro millones de personas.
El objetivo declarado es evitar que hogares cuyos contratos vencen en un momento de fuertes incrementos de precios tengan que renegociar inmediatamente en condiciones más desfavorables.
La medida ya había formado parte de una iniciativa anterior que no consiguió mantenerse en vigor tras su paso por el Congreso.
Por eso, su inclusión de nuevo en otro decreto vuelve a situar el debate en el centro de la negociación parlamentaria.
Alquiler temporal, habitaciones y pisos turísticos
El paquete que prepara el Gobierno incluye también otras medidas dirigidas al mercado del alquiler.
Entre ellas se encuentran propuestas para regular los contratos de temporada y de habitaciones, dos modalidades que han ganado peso en los últimos años y que el Ejecutivo considera utilizadas en algunos casos para eludir las limitaciones aplicables al alquiler habitual.
También se plantea reforzar los límites de precios en zonas declaradas tensionadas y aumentar la presión fiscal sobre determinados alojamientos turísticos.
El texto citado contempla además elevar hasta el 21 % el IVA de ciertos pisos turísticos y endurecer las sanciones relacionadas con su publicidad en plataformas.
Estas medidas todavía dependen de la redacción definitiva y de la negociación con los grupos parlamentarios.
El PSOE se abstiene ante el veto de Sumar a los fondos
El enfrentamiento dentro del propio espacio gubernamental quedó especialmente visible esta semana.
El Congreso volvió a rechazar una proposición de ley de Sumar destinada a prohibir que empresas y fondos de inversión compraran viviendas, reservando con carácter general estas adquisiciones a personas físicas.
El PSOE se abstuvo.
También se abstuvieron PNV y Coalición Canaria, mientras PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra. A favor se pronunciaron Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó.
Bustinduy calificó la abstención socialista de “incomprensible”.
La propuesta de Sumar ya había sido rechazada anteriormente
No era la primera vez que la Cámara se pronunciaba sobre una iniciativa de este tipo.
Sumar había intentado anteriormente reformar la Ley de Vivienda para impedir que las personas jurídicas compraran inmuebles residenciales.
Aquella iniciativa tampoco consiguió superar la fase inicial debido al rechazo de PP, Vox y Junts y a la abstención del PSOE.
La propuesta recuperada esta semana pretendía modificar concretamente el artículo 10 de la Ley de Vivienda de 2023.
El veto habría afectado tanto a viviendas ya existentes como a promociones nuevas una vez obtenido el certificado de fin de obra.
El texto incluía, no obstante, excepciones para determinadas entidades sin ánimo de lucro y organizaciones del tercer sector.
PNV y Junts también cuestionaron la medida
La falta de mayoría no se explica únicamente por la posición del PSOE.
PNV y Junts expresaron críticas a la propuesta antes de la votación, mientras los socialistas marcaron distancias respecto al planteamiento de Sumar.
Los desacuerdos reflejan la fragmentación existente en materia de vivienda.
Los partidos coinciden ampliamente en que el acceso residencial constituye uno de los principales problemas económicos y sociales del país, pero discrepan profundamente sobre las soluciones.
Mientras unos grupos defienden aumentar la intervención pública sobre precios, compras e inversiones, otros priorizan incrementar la oferta, reducir obstáculos regulatorios o introducir incentivos fiscales.
Bustinduy acusa a determinados inversores de beneficiarse de la crisis
El ministro defendió que el problema de la vivienda no puede interpretarse como un fenómeno accidental.
Según Bustinduy, las dificultades para pagar el alquiler, independizarse o adquirir una vivienda conviven con beneficios obtenidos por determinados grandes propietarios e inversores.
En sus declaraciones llegó a afirmar que parte de esos actores se está “forrando” con la situación actual.
Se trata de la interpretación política del ministro.
El debate económico sobre las causas del encarecimiento de la vivienda incluye, además de la actividad inversora, otros factores como la escasez de oferta en determinadas zonas, los costes de construcción, la disponibilidad de suelo, la evolución demográfica, la regulación urbanística y la concentración de empleo en grandes áreas metropolitanas.
Un Congreso cada vez más difícil para el Gobierno
El problema de fondo para el Ejecutivo es parlamentario.
La legislatura acumula numerosas derrotas en votaciones.
Solo este miércoles, el Gobierno vio derogado su decreto sobre regulación de los grupos de interés con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Según Europa Press, esta fue la undécima derrota del Ejecutivo en un decreto ley durante la legislatura.
Ese contexto explica las reticencias a presentar otro decreto sin haber asegurado previamente una mayoría.
Un real decreto-ley entra en vigor tras su publicación, pero debe ser convalidado por el Congreso dentro del plazo constitucional correspondiente.
Si la Cámara lo rechaza, pierde vigencia.
El choque entre PSOE y Sumar vuelve a aparecer en vivienda
La vivienda se ha convertido en uno de los ámbitos donde las diferencias entre los socios del Gobierno resultan más visibles.
Sumar reclama medidas de intervención más profundas.
El PSOE ha respaldado algunas de ellas, pero se ha distanciado de otras, como la prohibición general para que empresas y fondos compren viviendas.
La abstención socialista de esta semana volvió a evidenciar esa diferencia de estrategia.
Bustinduy, sin embargo, insiste en que la dificultad para formar mayorías no debería impedir que las iniciativas lleguen al Congreso.
Su apuesta consiste precisamente en trasladar el coste de la decisión a cada grupo parlamentario.
El decreto queda pendiente de una negociación todavía abierta
El próximo paso dependerá ahora del Gobierno y de las negociaciones con los grupos.
Bustinduy admite que el contenido puede “matizarse” para intentar conseguir apoyos.
Pero reclama que esas conversaciones tengan un límite temporal y que la norma no permanezca bloqueada indefinidamente.
La cuestión fundamental es si el Ejecutivo consigue convencer a suficientes partidos para evitar otro revés parlamentario.
Por ahora, ese respaldo no está garantizado.
Y la votación de esta semana sobre la compra de viviendas por fondos demuestra que incluso dentro de la mayoría que ha sostenido al Gobierno en otras ocasiones existen diferencias profundas sobre hasta dónde debe llegar la intervención pública en el mercado inmobiliario.
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