El borrador obligaría a las grandes instalaciones a respaldar el 80 % de su consumo con nueva energía renovable. La patronal alerta de proyectos paralizados y los ecologistas reclaman todavía más restricciones.
El crecimiento explosivo de los centros de datos en España, impulsado especialmente por la inteligencia artificial y los servicios en la nube, ha abierto una de las principales batallas regulatorias del nuevo mapa digital.
El Gobierno prepara un real decreto para endurecer los requisitos energéticos, hídricos y de sostenibilidad de estas instalaciones. La propuesta establece que los centros con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW deberán respaldar al menos el 80 % de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, acreditándolo además hora a hora.
El Ejecutivo defiende que la regulación evitará que la nueva demanda eléctrica eleve los costes para consumidores y empresas o fuerce un mayor uso de combustibles fósiles.
La industria replica que las obligaciones pueden convertir a España en un destino mucho menos competitivo para una inversión que se cuenta en miles de millones de euros.
Y los ecologistas consideran, paradójicamente, que el decreto todavía se queda corto.
El 80 % de electricidad deberá proceder de nueva generación renovable
El principal punto de fricción está en el suministro eléctrico.
El proyecto establece que los grandes centros de datos deberán demostrar que al menos el 80 % de la energía utilizada en cada hora de funcionamiento procede de generación renovable adicional.
No bastaría, por tanto, con comprar certificados verdes o compensar el consumo anual globalmente.
La electricidad tendría que proceder de nuevas instalaciones renovables conectadas en un periodo próximo a la entrada en funcionamiento del centro, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo, conocidos como PPA.
El requisito dejaría de aplicarse cuando las renovables representen más del 90 % del mix eléctrico nacional.
Los centros de datos de más de 1 MW estarán sometidos a las nuevas reglas
El Gobierno ha situado el umbral principal en 1 MW de potencia de acceso.
El Ministerio para la Transición Ecológica considera que, a partir de esa dimensión, estas instalaciones tienen una incidencia suficientemente relevante sobre la red eléctrica, los recursos hídricos y el territorio como para someterlas a obligaciones adicionales.
Los centros de más de 500 kW de potencia tecnológica, aunque no alcancen todos los requisitos del régimen superior, también tendrán que comunicar información sobre eficiencia energética y sostenibilidad para su publicación periódica.
La regulación se apoya en la habilitación introducida por el Real Decreto-ley 7/2026, que permite al Gobierno establecer por reglamento condiciones de sostenibilidad, consumo de agua, resiliencia y soberanía digital para estas infraestructuras.
El incumplimiento puede acabar con la pérdida de conexión a la red
Las consecuencias previstas no son menores.
Las empresas deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos para obtener o conservar sus derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.
Si no respetan las condiciones, el borrador contempla penalizaciones crecientes en cargos y peajes.
En último término, una instalación podría llegar a perder su derecho de acceso a la red.
Los proyectos que ya estén en tramitación dispondrían, con carácter general, de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones.
Ese periodo transitorio es precisamente uno de los elementos más cuestionados por la industria.
La patronal advierte de proyectos por 9 000 millones
La asociación empresarial Spain DC sostiene que el proyecto, en su redacción actual, podría provocar la retirada de inversiones.
Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, declaró a RTVE que tres empresas internacionales habrían comunicado a la patronal su intención de abandonar proyectos en España si el decreto se aprueba en esos términos.
Según Spain DC, esos tres desarrollos sumarían aproximadamente 9 000 millones de euros de inversión. La patronal estima además que podría verse comprometido entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión internacional susceptible de instalarse en España.
Son cálculos de la propia organización empresarial y no una estimación independiente del Gobierno.
Spain DC sostiene además que España podría acabar con uno de los marcos regulatorios más exigentes de Europa y denuncia inseguridad jurídica para proyectos que llevan años realizando inversiones y ya disponen de permisos de acceso.
El Gobierno defiende que la nueva demanda no puede encarecer la electricidad
El argumento del Ejecutivo es diferente.
El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que la llegada masiva de centros de datos puede añadir una enorme demanda eléctrica al sistema y obligar a instalar generación adicional.
Si ese crecimiento no se acompaña de nueva potencia renovable, afirma el Gobierno, parte de la demanda podría terminar cubriéndose con gas natural, aumentando tanto las emisiones como los precios eléctricos.
El presidente Pedro Sánchez ha defendido públicamente que los grandes nuevos consumidores no deberían competir con la demanda existente y deberían contribuir a financiar nueva capacidad energética.
Esa es una posición política del Ejecutivo sobre cómo debe organizarse el crecimiento del sector, no una conclusión técnica universalmente aceptada.
España ya ha concedido más de 12 GW de acceso
Las cifras explican parte de la preocupación del Gobierno.
Según datos del MITECO recogidos por RTVE, ya se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión para centros de datos.
La Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, en cambio, contemplaba alrededor de 2,5 GW de capacidad de computación en 2030, que equivaldrían aproximadamente a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica.
La diferencia entre ambas magnitudes ha llevado a miembros del Ejecutivo a hablar de una posible concentración especulativa de solicitudes.
No significa necesariamente que los 12 GW vayan a materializarse.
Los derechos de acceso no equivalen automáticamente a centros construidos y en funcionamiento.
Aragón y Madrid concentran buena parte de la presión
El interés empresarial está además muy concentrado territorialmente.
Aragón acumula alrededor de 3,6 GW de derechos de acceso para centros de datos, según las cifras atribuidas al MITECO.
Madrid alcanza aproximadamente 4,1 GW.
La magnitud de esas solicitudes explica la preocupación por la disponibilidad futura de capacidad eléctrica.
Al mismo tiempo, ambas regiones consideran los centros de datos una fuente potencial de inversión, actividad tecnológica y generación de empleo indirecto.
La discusión gira así en torno a cómo equilibrar competitividad económica, capacidad de red y sostenibilidad.
El agua será el segundo gran requisito
El debate no se limita a la electricidad.
El proyecto también establece estándares de eficiencia hídrica, especialmente relevantes por el uso de agua en determinados sistemas de refrigeración.
Hasta que entre en funcionamiento el futuro etiquetado europeo, previsto para agosto de 2027, el Gobierno propone límites equivalentes a la máxima categoría prevista por la UE.
El borrador establece temporalmente un indicador máximo de eficiencia energética PUE de 1,15 y un indicador de utilización de agua WUE de 0,1.
Las empresas sostienen que las tecnologías más modernas utilizan circuitos cerrados y han reducido considerablemente el consumo hídrico.
Los ecologistas consideran que el decreto todavía es insuficiente
Las críticas llegan también desde el extremo contrario.
Investigadores y organizaciones ambientales consideran positivo que el Gobierno reconozca los efectos territoriales del crecimiento masivo de centros de datos, pero reclaman medidas todavía más estrictas.
Entre sus demandas está incorporar indicadores completos de huella hídrica, mayor transparencia sobre consumos reales e incluso una moratoria temporal para los grandes proyectos mientras se desarrolla una regulación más amplia.
El investigador Enol Nieto, del Centro Tecnológico BETA de la Universitat de Vic, sostiene que el decreto se concentra demasiado en eficiencia energética y no aborda suficientemente otros impactos.
También ha defendido replantear el propio ritmo de expansión de la infraestructura digital.
Es una posición defendida por determinados sectores ecologistas y no existe un consenso general sobre la necesidad de una moratoria estatal.
Amazon, Microsoft y Google han apostado por España
El debate llega después de varios años de fuerte crecimiento de la inversión tecnológica.
Empresas como Amazon Web Services, Microsoft y Google han anunciado o ejecutado proyectos relevantes en España, atraídas por la conectividad internacional, la disponibilidad de suelo y el peso creciente de las energías renovables.
La expansión de la inteligencia artificial aumenta todavía más las necesidades de computación.
Los nuevos modelos requieren cantidades muy superiores de servidores y aceleradores especializados, lo que está disparando la demanda mundial de electricidad para centros de datos.
España intenta ahora aprovechar esa inversión sin reproducir los problemas de saturación eléctrica que ya han obligado a otros países a limitar nuevas conexiones.
Irlanda y Países Bajos sirven de advertencia al Gobierno
El Ejecutivo cita experiencias internacionales para justificar la intervención.
Países como Irlanda y Países Bajos han tenido que adoptar limitaciones o revisar su política de implantación después de que la concentración de grandes centros generara tensiones sobre la red y el territorio.
El objetivo declarado del Gobierno español es anticiparse a ese escenario.
La industria responde que imponer condiciones mucho más duras que otros países europeos puede simplemente desplazar las inversiones a mercados competidores.
Esa es precisamente la cuestión económica que deberá resolverse durante la redacción definitiva.
El proyecto todavía puede cambiar
Hay otro elemento esencial: el decreto todavía no está aprobado.
El periodo de audiencia pública comenzó a finales de agosto y fue ampliado hasta septiembre para recibir alegaciones de empresas, comunidades autónomas, organizaciones y particulares.
El Gobierno deberá ahora estudiar esas aportaciones antes de cerrar la versión que llegue al Consejo de Ministros.
No existe todavía una fecha oficial para su aprobación definitiva.
Por tanto, algunos de los requisitos pueden modificarse durante la tramitación.
Una batalla que decidirá cómo crece la IA en España
El conflicto trasciende a los propios centros de datos.
Estas instalaciones son la infraestructura física sobre la que funcionan la inteligencia artificial, los servicios en la nube, las plataformas digitales, el comercio electrónico y buena parte de los sistemas empresariales modernos.
España intenta convertirse en uno de los grandes nodos digitales europeos.
La incógnita es bajo qué condiciones.
El Gobierno quiere utilizar el acceso a la red eléctrica como instrumento para obligar a que el crecimiento venga acompañado de nueva generación renovable y mayor eficiencia en el uso del agua.
La patronal advierte de que demasiadas exigencias pueden hacer que el capital termine instalándose en otros países.
Los ecologistas consideran que permitir una expansión todavía mayor sin controles adicionales puede generar problemas energéticos y territoriales.
El resultado final del decreto determinará hasta qué punto España consigue combinar tres objetivos que no siempre avanzan en la misma dirección: atraer inversión tecnológica, proteger la capacidad eléctrica disponible y reducir el impacto ambiental de la expansión de la inteligencia artificial.
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