Los agentes han localizado nuevos alojamientos clandestinos vinculados a migrantes llegados tras la entrada masiva de julio, en una semana marcada por varias operaciones.
Lo que comenzó como una solución clandestina para quienes permanecían en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio se ha convertido también en un negocio de alquiler de espacios sin condiciones de habitabilidad.
La Policía Nacional ha intensificado las actuaciones contra los llamados pisos patera, mientras la Guardia Civil y otros cuerpos han intervenido igualmente en distintos inmuebles de la ciudad. En una de las operaciones conocidas esta semana, los agentes localizaron 28 migrantes, tres de ellos menores, en dos inmuebles de las barriadas de El Príncipe y Loma Colmenar y detuvieron a tres personas. Según las pesquisas policiales, los responsables habrían obtenido más de 10 000 euros mediante el alojamiento.
La sucesión de operaciones revela la dimensión que está adquiriendo este fenómeno en Ceuta después de la llegada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.
La Policía pone el foco en los pisos patera
La investigación policial ha permitido localizar viviendas y construcciones utilizadas como alojamientos clandestinos para personas que permanecían en Ceuta en situación irregular.
En algunos casos, los inmuebles carecían de condiciones mínimas de habitabilidad. La operación del 24 de septiembre permitió localizar a 28 personas en dos viviendas y detener a tres sospechosos. Uno de los inmuebles, situado en El Príncipe, era una construcción de dos plantas que se encontraba en obras y sin condiciones mínimas de habitabilidad.
La Policía investiga estos alojamientos como parte de un fenómeno que se ha extendido por diferentes barrios de la ciudad.
No se trata, por tanto, de un único domicilio aislado. Durante las últimas semanas se han producido varias intervenciones policiales relacionadas con inmuebles utilizados para alojar a personas llegadas durante la crisis migratoria.
Más de 10 000 euros obtenidos con los alojamientos
Uno de los datos más llamativos de la operación más reciente es el beneficio económico que, según los investigadores, habrían obtenido los responsables.
Las pesquisas apuntan a más de 10 000 euros desde el comienzo de la crisis migratoria.
La Policía sostiene que los pagos no se realizaban exclusivamente en efectivo. Algunos ocupantes habrían compensado su estancia mediante trabajos de reforma en los propios inmuebles.
La fórmula permite a los propietarios o responsables de estos espacios obtener ingresos o trabajos a cambio de proporcionar un lugar donde dormir, incluso cuando las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias.
El precedente del Príncipe: hasta 900 euros al mes
La operación de esta semana se suma a otra investigación desarrollada anteriormente en la barriada de El Príncipe.
En aquella actuación, la Policía Nacional detuvo a dos personas a las que atribuyó presuntamente delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular.
Según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía, los investigados habrían llegado a cobrar cerca de 30 euros diarios por alojar a migrantes en garajes, trasteros y otros espacios no acondicionados. La cantidad podía alcanzar los 900 euros mensuales por persona.
La investigación comenzó después de que los vecinos alertaran de la presencia reiterada de migrantes en las zonas comunes de un garaje comunitario.
En algunos momentos llegaron a concentrarse allí alrededor de una veintena de personas.
Algunos dormían directamente sobre el suelo, en zonas destinadas al estacionamiento de vehículos, mientras otros utilizaban trasteros y espacios similares.
Hasta 6 000 euros por intentar llegar a la Península
La investigación policial detectó además una segunda fuente de ingresos.
Los responsables investigados habrían ofrecido a los migrantes la posibilidad de trasladarse irregularmente a la Península por unos 6 000 euros.
La Policía sostiene que la organización se encargaba de captar, alojar, controlar y trasladar a personas recién llegadas a Ceuta. A quienes aceptaban la propuesta se les daban instrucciones para ocultarse y evitar el contacto con los agentes mientras esperaban la oportunidad de realizar el desplazamiento.
Las víctimas también denunciaron presuntamente amenazas y coacciones destinadas a impedir que identificaran a los miembros de la organización ante las fuerzas de seguridad.
La investigación deberá determinar ahora el alcance exacto de esa estructura y la responsabilidad individual de los detenidos.
También se cobraba por colchones, mantas y cargar el móvil
El negocio descubierto por los investigadores incluía incluso servicios básicos.
Según las declaraciones recogidas durante la investigación, los responsables cobraban cantidades adicionales por proporcionar colchones o mantas.
También exigían entre 5 y 10 euros por cargar completamente un teléfono móvil.
El dato ilustra hasta qué punto la situación de vulnerabilidad de quienes permanecen en la ciudad podía convertirse en una fuente de ingresos.
Los migrantes que carecen de alojamiento estable se encuentran así expuestos a tener que pagar cantidades elevadas por espacios que no reúnen condiciones adecuadas.
La Guardia Civil ya había localizado otro piso con 25 migrantes
La ofensiva policial no se limita a la Policía Nacional.
En otra operación desarrollada en septiembre, la Guardia Civil desmanteló un piso en el centro de Ceuta donde había 25 migrantes, seis de ellos menores.
Los agentes detuvieron a los dos propietarios de la vivienda después de comprobar que las personas se encontraban alojadas en condiciones descritas como “nulas” en materia de salubridad.
La operación mostró que el fenómeno de los pisos patera no se circunscribe a las barriadas periféricas.
También pueden encontrarse este tipo de alojamientos en zonas céntricas, lo que ha incrementado la preocupación entre vecinos y autoridades.
El fenómeno se ha extendido por distintos barrios
Las investigaciones policiales han identificado alojamientos de este tipo en diferentes zonas de Ceuta.
Entre los barrios señalados en las informaciones publicadas figuran El Príncipe, Loma Colmenar, Benítez, Tarajal, Benzú, Los Rosales, La Pantera, Villajovita y Haddu.
La Policía ha ido incrementando la vigilancia a medida que han aparecido nuevas denuncias y avisos.
En uno de los casos recientes, la intervención se produjo después de que los vecinos detectaran una entrada y salida constante de personas de una vivienda. En otro, fue la presencia de migrantes en zonas comunes de un garaje la que puso la situación en conocimiento de los investigadores.
La presión sobre Ceuta continúa después de la entrada masiva
El origen de esta situación se encuentra en la llegada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.
Una parte de las personas que entraron en la ciudad abandonó posteriormente Ceuta, mientras otras permanecieron en territorio español a la espera de una solución a su situación.
La falta de alojamiento estable ha favorecido la aparición de alternativas informales.
Algunos han recurrido a viviendas particulares, garajes, trasteros o construcciones improvisadas. La consecuencia es una combinación de hacinamiento, precariedad y negocio clandestino.
La Policía Nacional ha advertido además de que las personas que utilizan estos servicios pueden convertirse en víctimas de organizaciones que explotan su situación de vulnerabilidad.
Las llamadas “azoteas patera” añaden otra dimensión
El fenómeno tampoco se limita a los pisos.
Un reportaje publicado recientemente describió cómo algunos migrantes llegados durante la entrada de julio pagaban 15 euros diarios por dormir en el suelo de una azotea.
Según los testimonios recogidos en ese reportaje, alrededor de 15 personas podían utilizar simultáneamente ese espacio. La cuenta supondría unos 225 euros diarios y alrededor de 7 000 euros mensuales si el alojamiento estuviera ocupado todos los días.
Se trata de una estimación basada en testimonios y en el número de ocupantes, no de una cifra oficial de ingresos.
Otros migrantes utilizaban sótanos o garajes mediante pagos mensuales, también en condiciones de hacinamiento.
Una situación que combina inmigración irregular y explotación
Las operaciones policiales muestran que el problema tiene dos caras.
Por un lado, existe una crisis de alojamiento para personas que permanecen en Ceuta después de haber entrado irregularmente.
Por otro, aparecen particulares y organizaciones que presuntamente aprovechan esa situación para obtener dinero.
La Policía Nacional ya ha descrito una de las estructuras investigadas como una organización dedicada presuntamente al favorecimiento de la inmigración irregular, mientras que otras actuaciones se centran en las condiciones de los inmuebles y en las responsabilidades de sus propietarios.
Esta distinción resulta importante: no todos los propietarios o alojamientos intervenidos forman necesariamente parte de la misma organización, y cada caso debe investigarse de manera independiente.
La Policía intensifica las actuaciones
La sucesión de operaciones indica un aumento de la presión policial.
En menos de dos semanas se han conocido intervenciones en distintos puntos de Ceuta y se han localizado decenas de personas en viviendas o espacios utilizados como alojamientos clandestinos.
La actuación de los agentes tiene varios objetivos:
- Localizar alojamientos clandestinos.
- Identificar a las personas que permanecen en ellos.
- Determinar quién obtiene beneficios económicos.
- Investigar posibles redes de favorecimiento de la inmigración irregular.
- Detectar posibles situaciones de explotación o coacción.
- Evitar que estos espacios se conviertan en puntos de organización de nuevos traslados clandestinos.
El fenómeno, además, obliga a las autoridades a distinguir entre quienes simplemente ofrecen alojamiento y quienes presuntamente forman parte de estructuras dedicadas al tráfico o favorecimiento de la inmigración irregular.
El problema no termina con el desalojo
El desmantelamiento de un piso patera resuelve una situación concreta, pero deja abierta otra cuestión: qué ocurre después con las personas que estaban dentro.
Tras las intervenciones, los migrantes son identificados y las autoridades deben determinar su situación administrativa y, en el caso de los menores, aplicar los mecanismos específicos de protección correspondientes.
Esto convierte el fenómeno en un problema que afecta simultáneamente a seguridad, inmigración, vivienda y protección de personas vulnerables.
La proliferación de alojamientos clandestinos evidencia que la presión migratoria no desaparece simplemente porque las personas abandonen los recursos oficiales o permanezcan fuera de ellos.
Una nueva presión sobre la ciudad autónoma
Ceuta afronta así una situación especialmente compleja.
La entrada masiva de finales de julio dejó un elevado número de personas en la ciudad y, posteriormente, aparecieron asentamientos improvisados, alojamientos clandestinos y pisos patera.
La Policía y la Guardia Civil han reaccionado con diferentes operaciones, pero la sucesión de casos demuestra que el fenómeno continúa.
La cuestión central será determinar si las nuevas actuaciones policiales consiguen frenar el negocio o si, por el contrario, los alojamientos clandestinos siguen desplazándose de un inmueble a otro.
Los datos conocidos hasta ahora dejan una conclusión clara: la precariedad de los migrantes se ha convertido en una oportunidad de negocio para algunas personas, según las investigaciones policiales.
Y mientras continúen existiendo personas sin alojamiento estable, el incentivo económico para quienes explotan esa vulnerabilidad seguirá siendo un problema que las autoridades deberán perseguir.
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