La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes que el nuevo sistema de financiación autonómica incluirá mecanismos para impedir que las comunidades utilicen sus competencias fiscales para bajar impuestos, una estrategia que ha señalado directamente a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Durante la presentación del modelo, Montero ha explicado que el Gobierno estudia fórmulas similares a la ya aplicada con el Impuesto a las Grandes Fortunas, un tributo estatal creado para neutralizar la eliminación del Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones en Madrid. «Es una buena fórmula para evitar el dumping fiscal», ha insistido la ministra.
Más cesión de impuestos, pero con límites
El nuevo modelo, que el Ejecutivo pretende aprobar en 2027, contempla un aumento significativo de la cesión de ingresos a las comunidades autónomas. En concreto, el Estado transferirá el 55% del IRPF (frente al 50% actual) y el 56,5% del IVA, además de mantener el 58% de los Impuestos Especiales y el 100% de tributos como Sucesiones, Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto sobre la Electricidad. También se incorporará la cesión de nuevos impuestos, como el bancario.
Con estas medidas, las autonomías dispondrán de casi 21.000 millones de euros adicionales para financiar los servicios públicos. No obstante, Montero ha advertido de que el Gobierno debatirá cómo limitar el destino de esos fondos: «No es de recibo que el esfuerzo del Estado termine financiando sanidad o universidades privadas».
El modelo satisface a Cataluña, no a Madrid
El sistema presentado cumple solo parcialmente con las exigencias de ERC. No habrá cesión del 100% del IRPF a Cataluña, pero sí se respetará el llamado principio de ordinalidad: si Cataluña es la tercera comunidad que más aporta a la caja común, será también la tercera que más reciba.
«Con Cataluña se cumple el principio de ordinalidad; con Madrid, no», ha reconocido Montero. La Comunidad de Madrid seguirá siendo la región que más aporta al sistema sin ocupar el primer puesto en recepción de fondos, una situación que también afecta a otras comunidades.
Agencia tributaria en red y reparto solidario
El Gobierno pondrá en marcha un sistema de gestión en red que permitirá a las comunidades que lo deseen contar con su propia Agencia Tributaria, recaudando de forma coordinada con la Agencia estatal, una reivindicación histórica del independentismo catalán. Según Hacienda, esta fórmula ayudará a combatir mejor el fraude fiscal.
El reparto de los fondos se hará en función de la población ajustada, teniendo en cuenta variables como la insularidad, el envejecimiento, la población infantil o la tasa de paro. Además, se establecerá un mecanismo de solidaridad por el cual las comunidades que superen la media de financiación aportarán el 75% del excedente al conjunto del sistema.
Para reducir las desigualdades territoriales, el Estado habilitará un fondo adicional de 1.000 millones de euros. Según Montero, la diferencia actual de financiación —de unos 1.500 euros por habitante entre comunidades— se reducirá hasta los 700 euros.
La ministra ha convocado a las comunidades autónomas el próximo miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se abrirá la negociación de un modelo que ya ha reavivado el enfrentamiento político entre el Gobierno y las regiones gobernadas por el Partido Popular, con Madrid a la cabeza.