Pedro Sánchez asegura que el Gobierno trabaja «contrarreloj» para aprobar el nuevo decreto de vivienda tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba siete décadas en su casa.
Sánchez responde directamente a Maricarmen tras su petición
Pedro Sánchez ha respondido públicamente a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la que había residido durante aproximadamente 70 años.
El presidente del Gobierno aprovechó este domingo un acto del PSOE celebrado en Getafe (Madrid) para dirigirse directamente a ella, después de que la anciana reclamara al Ejecutivo una respuesta política a su situación.
«Maricarmen, tengo un mensaje para ti», afirmó Sánchez durante su intervención. A continuación aseguró que el Gobierno está trabajando «contrarreloj» para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un nuevo real decreto-ley sobre vivienda.
El jefe del Ejecutivo pidió además a los grupos parlamentarios que realicen «un último esfuerzo» para conseguir que la futura norma sea posteriormente convalidada en el Congreso.
Sánchez vinculó expresamente la iniciativa al caso de Maricarmen y a la situación de otros ciudadanos afectados por la crisis de la vivienda. Según sus palabras, no se trataría únicamente de una respuesta a un caso individual, sino de una medida destinada a afrontar la situación de colectivos vulnerables y de quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda.
El caso que ha colocado los desahucios en el centro del debate
El caso de Maricarmen ha adquirido una enorme repercusión después del desahucio ejecutado el 23 de septiembre en el distrito madrileño de Retiro.
La comisión judicial ejecutó el lanzamiento de la vivienda situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde la mujer había vivido durante décadas. Sanitarios del Samur tuvieron que sacarla del inmueble en camilla ante la presencia de numerosas personas concentradas en las inmediaciones.
El desahucio era el resultado de un procedimiento judicial iniciado por la propiedad para recuperar el inmueble después de considerar extinguido el contrato de arrendamiento.
Según la reconstrucción realizada por Europa Press, el contrato original se remontaba a 1956 y había sufrido dos subrogaciones tras el fallecimiento de los anteriores titulares. El litigio llegó hasta los tribunales y la Audiencia Provincial de Madrid revocó la decisión de primera instancia que había dado inicialmente la razón a la arrendataria.
Por tanto, el caso no puede reducirse únicamente a una decisión administrativa: existe detrás un recorrido judicial relacionado con la duración y las subrogaciones del contrato de alquiler.
El Gobierno prepara una nueva respuesta legislativa
La promesa de Sánchez se produce además en un contexto en el que ya existen medidas estatales para proteger a determinados hogares vulnerables frente a los desahucios.
El Real Decreto-ley 2/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 determinadas suspensiones extraordinarias de desahucios y lanzamientos para hogares en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, bajo las condiciones establecidas por la legislación.
La propia norma establece diferencias según las características del propietario, la situación económica de los ocupantes y las circunstancias concretas del procedimiento judicial. En determinados supuestos, corresponde al juez valorar la posible suspensión del lanzamiento.
El caso de Maricarmen pone precisamente el foco sobre los límites y condiciones de esas protecciones, al tratarse de un procedimiento relacionado con la extinción de un contrato de arrendamiento de larga duración.
La cuestión que ahora queda pendiente es conocer qué cambios concretos incorporará el nuevo decreto anunciado por Sánchez y hasta dónde llegará su ámbito de aplicación.
«No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad»
Durante su intervención en Getafe, Sánchez presentó la futura norma como una respuesta a la emergencia habitacional.
El presidente pidió a los grupos parlamentarios que apoyen el decreto «por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda».
El jefe del Ejecutivo resumió su posición afirmando que «no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad».
La apelación se produce mientras el Gobierno busca apoyos parlamentarios para sacar adelante la norma. La convalidación de un real decreto-ley requiere el respaldo del Congreso dentro del plazo constitucional correspondiente.
Por ello, el anuncio del martes constituye solo el primer paso: aprobar el texto en Consejo de Ministros no garantiza por sí mismo su convalidación parlamentaria.
La acampada de Puerta del Sol aumenta la presión
La intervención de Sánchez se produjo mientras la Puerta del Sol permanecía ocupada por cientos de personas que habían instalado tiendas de campaña para reclamar medidas contra los desahucios y exigir la aprobación del denominado «decreto Maricarmen».
La movilización comenzó después de una manifestación celebrada en Madrid y continuó durante la noche del sábado. Según datos difundidos por Europa Press, unas 500 personas pasaron la primera noche acampadas en Sol, mientras que la Delegación del Gobierno cifró en aproximadamente 25 000 los asistentes a la marcha previa.
RTVE informó posteriormente de que los manifestantes continuaban en la plaza y preparaban nuevas acciones mientras esperaban la decisión del Gobierno.
El movimiento ha convertido el caso individual de Maricarmen en el símbolo de una protesta más amplia sobre el acceso a la vivienda, el precio de los alquileres y las condiciones en las que puede producirse un desahucio.
Sánchez no menciona la acampada durante su intervención
Un elemento destacado de la intervención del presidente es que no hizo referencia a la acampada instalada en la Puerta del Sol.
Su mensaje se centró en Maricarmen, en la situación de emergencia habitacional y en la necesidad de que los grupos parlamentarios apoyen la futura norma.
El escenario político añade así una segunda dimensión al caso. Mientras el Gobierno reclama respaldo para su iniciativa, los colectivos sociales que permanecen en Sol exigen conocer el contenido concreto del decreto y reclaman medidas que, a su juicio, eviten nuevos casos similares.
La cuestión será especialmente relevante porque el nombre de Maricarmen ya se ha convertido en la referencia pública utilizada para identificar la futura norma.
Un conflicto que enfrenta derechos e intereses contrapuestos
El caso también ha abierto un debate sobre la relación entre el derecho a la vivienda, la protección de las personas vulnerables y el derecho de propiedad.
La empresa propietaria del inmueble, Urbagestión Desarrollo e Inversión, ha defendido públicamente su actuación y ha ofrecido una versión diferente de la planteada por las organizaciones de vivienda.
El administrador de la compañía, Ricardo Alonso, aseguró que, en su opinión, se podría haber alcanzado un acuerdo con Maricarmen si el Sindicato de Inquilinas no hubiera intervenido en el proceso. También afirmó haber sufrido presiones y denunció actuaciones que calificó de acoso y coacciones. Se trata de afirmaciones realizadas por el empresario y que deben diferenciarse de los hechos acreditados judicialmente.
Este elemento resulta relevante porque el conflicto no se limita a una confrontación entre Gobierno y movimientos sociales. También existe una controversia entre propiedad, arrendataria y organizaciones que han intervenido públicamente en el caso.
Qué está en juego con el nuevo decreto
El Consejo de Ministros deberá concretar ahora el contenido de la norma anunciada por Sánchez.
Entre las cuestiones que determinarán su alcance estarán:
- Qué personas podrán beneficiarse de las nuevas medidas.
- Qué tipos de procedimientos de desahucio quedarán afectados.
- Qué papel tendrán los jueces en la aplicación de las posibles suspensiones.
- Qué obligaciones corresponderán a las administraciones públicas.
- Qué protección recibirán los propietarios afectados por las medidas.
- Qué respaldo parlamentario conseguirá finalmente el decreto.
El marco actual ya contempla mecanismos extraordinarios de protección hasta finales de 2026, pero sujetos a determinados requisitos y procedimientos.
Por eso, la futura norma tendrá que determinar si amplía esas protecciones, modifica sus condiciones o incorpora mecanismos diferentes.
El caso Maricarmen trasciende el desahucio
La relevancia política del caso se explica por la combinación de varios factores: la edad de la afectada, las décadas que llevaba viviendo en el inmueble, el largo recorrido judicial, la repercusión de las imágenes de su desalojo y la movilización posterior en Madrid.
La respuesta de Sánchez convierte además el caso en un asunto directamente vinculado a la agenda legislativa del Gobierno.
El presidente ha asumido públicamente el compromiso de llevar el decreto al Consejo de Ministros el martes 29 de septiembre y ha solicitado después el apoyo del Congreso.
La incógnita ya no es únicamente qué respuesta recibirá Maricarmen, sino qué alcance tendrá la nueva regulación y si servirá para modificar las circunstancias jurídicas que permiten que otros procedimientos similares lleguen a ejecutarse.
El caso ha puesto rostro a una discusión mucho más amplia: cómo debe responder el Estado ante situaciones de vulnerabilidad habitacional sin eliminar las garantías jurídicas que afectan también a los propietarios.
El martes comienza la prueba para el Gobierno
La promesa de Sánchez marca un nuevo capítulo en el caso que ha situado los desahucios y la vivienda en el centro del debate político español.
El Gobierno pretende convertir la presión generada por el caso de Maricarmen en una nueva norma. Los movimientos sociales reclaman que esa norma tenga un alcance suficiente. La oposición cuestiona el uso político del caso y el sector propietario reclama que cualquier reforma tenga en cuenta también sus derechos.
La respuesta definitiva dependerá del texto que apruebe el Consejo de Ministros y, posteriormente, de la mayoría que consiga reunir el Ejecutivo en el Congreso.
Por ahora, el compromiso de Sánchez es concreto: «Estamos trabajando contrarreloj» para llevar el decreto de vivienda el martes.
El caso de Maricarmen ha dejado de ser únicamente un procedimiento de desahucio en Madrid. Se ha convertido en el principal símbolo de una batalla política y jurídica sobre vivienda, vulnerabilidad, propiedad y responsabilidad de las administraciones públicas.
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