Pedro Sánchez intenta cerrar un acuerdo antes del Consejo de Ministros mientras Sumar y otros socios reclaman más medidas sobre alquileres, desahucios y pisos turísticos.
El Gobierno afronta las últimas horas antes del Consejo de Ministros con el decreto de vivienda todavía pendiente de cerrar. El PSOE se muestra confiado en alcanzar un acuerdo, mientras Sumar considera que el texto conocido hasta ahora se queda corto y reclama cambios adicionales.
La negociación se produce además después del rechazo parlamentario de un anterior decreto sobre alquileres y en plena movilización por el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid que permanece ingresada en el hospital.
El Ejecutivo trabaja con un paquete de medidas que incluye protección frente a determinados desahucios, cambios en los contratos de alquiler, regulación de los alquileres de temporada y turísticos y modificaciones fiscales, entre otras propuestas. Pero el contenido definitivo todavía podía cambiar durante las negociaciones.
El decreto llega al Consejo de Ministros con el acuerdo sin cerrar
La principal dificultad del Gobierno es política y parlamentaria: aprobar un real decreto-ley en Consejo de Ministros no garantiza su convalidación posterior en el Congreso.
RTVE informó el 28 de septiembre de que el Ejecutivo negociaba contrarreloj porque Sumar advertía de que el acuerdo estaba todavía lejos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantenía una posición más optimista y defendía la posibilidad de alcanzar un texto ambicioso.
La situación obliga al Gobierno a buscar un equilibrio entre las distintas posiciones de sus socios.
Por un lado, el PSOE quiere sacar adelante un texto que pueda llegar al Congreso con posibilidades de obtener los votos necesarios. Por otro, Sumar reclama que las medidas tengan un alcance mayor y que no se limiten a modificaciones parciales.
¿Qué medidas contempla el borrador?
El Ministerio de Vivienda había planteado un paquete estructurado alrededor de diez líneas de actuación.
Entre las medidas adelantadas figuraban:
- Protección frente a determinados desahucios.
- Prohibición de determinadas operaciones de compra especulativa por parte de grandes tenedores.
- Estabilización de los contratos de alquiler.
- Regulación de los alquileres de temporada.
- Regulación de los alquileres por habitaciones.
- Incremento del IVA aplicable a determinados pisos turísticos.
- Bonificaciones fiscales para inquilinos.
- Ayudas para la adquisición de la primera vivienda.
- Blindaje del parque estatal de vivienda.
- Reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.
Estas medidas formaban parte de las líneas de trabajo comunicadas por el Ministerio, pero no todas tenían necesariamente el mismo grado de concreción jurídica en el momento de la negociación.
El problema de los desahucios vuelve al centro del debate
El episodio de Maricarmen ha colocado nuevamente los desahucios en el centro de la discusión política.
La legislación vigente ya contempla mecanismos de protección para determinados hogares vulnerables. El Real Decreto-ley 2/2026 extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de suspender determinados procedimientos de desahucio y lanzamientos cuando concurren las condiciones legales de vulnerabilidad y ausencia de alternativa habitacional.
La norma, por tanto, no establece una prohibición general de los desahucios.
La suspensión está condicionada a los requisitos establecidos legalmente y corresponde al órgano judicial valorar su aplicación en cada procedimiento.
El nuevo decreto que prepara el Ejecutivo pretende modificar o ampliar determinadas garantías, pero su alcance definitivo dependía del texto que finalmente aprobara el Consejo de Ministros.
Sumar exige más protección para los inquilinos
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha advertido de que Sumar no respaldará un decreto que considere insuficiente.
Su formación reclama, entre otras cuestiones, una protección más amplia frente a los desahucios, prórrogas de los contratos de alquiler, regulación específica de los alquileres temporales y por habitaciones y medidas contra el fraude vinculado a los pisos turísticos.
Sumar ha planteado incluso la posibilidad de no acudir al Consejo de Ministros si el contenido no satisface sus exigencias.
El conflicto evidencia una diferencia de enfoque dentro del propio Ejecutivo: mientras el PSOE necesita presentar un paquete que pueda ser negociado con distintas fuerzas parlamentarias, Sumar presiona para que el decreto incorpore medidas de mayor alcance.
El Gobierno ya sufrió un revés con un decreto de alquileres
El precedente más cercano pesa sobre las negociaciones.
El Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que incluía medidas en materia de alquiler como la prórroga de determinados contratos, fue rechazado por el Congreso el 28 de abril de 2026.
La votación terminó con 166 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones. El Congreso registró posteriormente su derogación.
Aquel resultado demuestra la dificultad que afronta ahora el Ejecutivo.
El Gobierno puede aprobar el nuevo decreto en Consejo de Ministros, pero necesitará posteriormente que la Cámara Baja lo convalide dentro del plazo constitucional correspondiente.
Por eso las negociaciones con los grupos parlamentarios son tan importantes como el acuerdo interno de la coalición.
Junts reclama abandonar la confrontación política
La negociación tampoco se limita a los socios habituales del Gobierno.
El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, de Junts, pidió un acuerdo basado en el «común denominador» y reclamó abandonar lo que calificó como «trinchera ideológica».
Junts desempeña un papel relevante en la aritmética parlamentaria y ya había participado en la votación que terminó con el rechazo del anterior decreto de alquileres.
El partido catalán ha planteado además sus propias propuestas en materia de vivienda.
Esto convierte el nuevo decreto en una negociación que trasciende al Ejecutivo: el texto tendrá que encontrar apoyos entre formaciones con intereses y programas diferentes.
Podemos considera insuficientes las medidas
Podemos también ha cuestionado el planteamiento del Gobierno.
Su portavoz, Pablo Fernández, calificó las medidas conocidas como insuficientes y pidió actuaciones estructurales contra la especulación inmobiliaria.
Irene Montero, por su parte, ha vinculado las negociaciones con la movilización ciudadana por la vivienda y ha reclamado medidas que, según su posición, tengan mayor impacto sobre el mercado inmobiliario.
Estas posiciones complican todavía más la búsqueda de una mayoría parlamentaria.
ERC, Bildu y BNG también presionan al Gobierno
La presión no procede únicamente de Sumar y Podemos.
ERC, EH Bildu y el BNG, junto con otras formaciones situadas a la izquierda del PSOE, participaron en una comparecencia conjunta para reclamar un decreto más amplio. Entre las demandas figuraban la protección frente a los desahucios, la prórroga de contratos y la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones.
El mensaje compartido es que el paquete anunciado por el Gobierno no debería limitarse a una única medida.
La negociación, por tanto, tiene varios frentes abiertos simultáneamente.
El Gobierno defiende aumentar la oferta de vivienda asequible
Pedro Sánchez ha defendido que la política de vivienda debe centrarse en mejorar la accesibilidad y aumentar la oferta asequible.
El presidente también ha señalado que la actual Ley de Vivienda proporciona instrumentos que pueden utilizar las comunidades autónomas y ha puesto como ejemplo determinadas actuaciones desarrolladas en Cataluña.
Este punto introduce otro elemento de debate.
La política de vivienda en España no depende exclusivamente del Gobierno central. Las comunidades autónomas tienen competencias importantes en materia de vivienda y urbanismo, mientras que los ayuntamientos intervienen en ámbitos como el planeamiento y la gestión urbanística.
Por eso, cualquier análisis sobre los precios y la oferta de vivienda debe tener en cuenta la distribución territorial de competencias.
El mercado del alquiler sigue condicionando la negociación
El Gobierno llega a esta negociación después de varios cambios normativos en materia de alquiler.
El sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler fue actualizado en abril de 2026 mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. Ese sistema sirve, entre otras funciones, para determinar determinados límites de renta en los supuestos previstos por la legislación.
Además, el Real Decreto-ley 2/2026 estableció medidas temporales de protección para hogares vulnerables y reguló las compensaciones a propietarios afectados por determinadas suspensiones.
El nuevo paquete pretende avanzar sobre ese marco.
La cuestión central será comprobar qué nuevas obligaciones se introducen, durante cuánto tiempo estarán vigentes y cómo se aplicarán en la práctica.
La vivienda turística entra de lleno en el decreto
Otro de los puntos destacados es la regulación de los pisos turísticos.
El Ejecutivo estudia aumentar la fiscalidad de determinadas viviendas destinadas a uso turístico y reforzar los mecanismos para diferenciar el alquiler residencial de otras modalidades de alojamiento.
El objetivo declarado es favorecer que parte del parque inmobiliario se destine a vivienda residencial.
Pero las medidas pueden tener efectos diferentes según el territorio y el tipo de propietario, por lo que el texto definitivo será determinante para conocer su alcance.
El alquiler de temporada se convierte en otro frente de negociación
Los alquileres de temporada han adquirido un protagonismo creciente en el debate sobre vivienda.
La propuesta del Gobierno contempla una regulación específica para evitar que esta modalidad pueda utilizarse para sortear determinadas obligaciones aplicables al alquiler residencial.
Sumar y otras formaciones reclaman que la regulación también abarque los alquileres por habitaciones.
La dificultad reside en diferenciar los contratos de temporada legítimos de aquellos que pudieran utilizarse como fórmula para evitar la normativa residencial.
El caso Maricarmen ha acelerado la presión política
La situación de Maricarmen ha funcionado como catalizador de las negociaciones.
La mujer, de 87 años, fue desahuciada de su vivienda en Madrid y permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. El caso ha provocado movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol.
Las organizaciones y partidos que participan en las movilizaciones reclaman al Gobierno medidas adicionales de protección.
El Ejecutivo, mientras tanto, intenta transformar esa presión política y social en un acuerdo legislativo que pueda superar posteriormente el trámite parlamentario.
El PP reclama más construcción de vivienda
La oposición mantiene un planteamiento diferente.
Según recogió RTVE, el PP considera que un eventual nuevo decreto no resolverá por sí solo el problema de acceso a la vivienda y defiende aumentar la construcción tanto de vivienda pública como privada.
Esta diferencia resume una de las principales discusiones sobre vivienda en España: si el problema debe abordarse principalmente mediante regulación y protección de los inquilinos, mediante un aumento de la oferta, mediante incentivos fiscales o mediante una combinación de esas herramientas.
El decreto que prepara el Gobierno incorpora elementos de varias de estas estrategias, pero todavía estaba sujeto a negociación.
El verdadero reto será el Congreso
El Consejo de Ministros representa solo el primer paso.
Una vez aprobado un real decreto-ley, el Congreso de los Diputados debe decidir sobre su convalidación. El precedente de abril demuestra que una medida sobre alquileres puede ser aprobada inicialmente por el Gobierno y terminar decayendo posteriormente en la Cámara.
El Gobierno necesita, por tanto, que las conversaciones produzcan algo más que un acuerdo entre PSOE y Sumar.
Necesita suficientes votos parlamentarios.
Y ahí aparecen las posiciones de Junts, ERC, Podemos, Bildu, BNG, Compromís y el resto de grupos, cada uno con sus propias condiciones.
Un decreto todavía abierto a cambios
La fotografía del 28 de septiembre era la de una negociación todavía abierta.
El PSOE defendía que existían posibilidades de acuerdo. Sumar advertía de que faltaba mucho por cerrar. Podemos reclamaba cambios adicionales y otros socios exigían incorporar sus propuestas.
Por eso conviene distinguir entre las líneas de trabajo comunicadas por el Gobierno y el contenido definitivo de la norma.
Hasta que el Consejo de Ministros apruebe el texto, algunas medidas pueden modificarse, desaparecer o incorporar nuevas condiciones.
Y después quedará el segundo examen: el Congreso.
Qué está en juego con el nuevo decreto de vivienda
La negociación concentra varios problemas diferentes:
- Protección de hogares vulnerables frente a determinados desahucios.
- Duración y estabilidad de los contratos de alquiler.
- Regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
- Tratamiento fiscal de los pisos turísticos.
- Incentivos para aumentar la oferta de vivienda.
- Ayudas fiscales y económicas para determinados compradores e inquilinos.
- Protección del parque público de vivienda.
- Viabilidad parlamentaria del real decreto.
El resultado final permitirá comprobar hasta qué punto el Gobierno consigue convertir las distintas demandas en un único texto.
La negociación, en definitiva, no se limita a aprobar nuevas medidas de vivienda. También pone a prueba la capacidad del Ejecutivo para construir una mayoría parlamentaria estable alrededor de una de las cuestiones sociales más sensibles de España.
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