El nuevo real decreto de Formación Profesional establece también límites de alumnos por docente, endurece los requisitos para los centros privados y prevé su aprobación antes de 2027.
El Gobierno prepara un cambio importante en la Formación Profesional (FP) a distancia. El proyecto de real decreto presentado por la ministra de Educación, Milagros Tolón, establece que los alumnos de FP virtual tendrán que realizar obligatoriamente entre un 15% y un 39% de su formación de manera presencial.
La nueva regulación también impondrá entre un 40% y un 60% de presencialidad en la modalidad semipresencial y establecerá límites progresivos al número de estudiantes por profesor. Además, exigirá a los centros acreditar que mantienen acuerdos suficientes y estables con empresas para garantizar las prácticas.
El texto pasará ahora por el proceso de información pública y el Ejecutivo prevé llevarlo al Consejo de Ministros antes de que termine 2026. La reforma afectará tanto a los centros públicos como a los privados que impartan estas enseñanzas.
El Gobierno impondrá hasta un 39% de presencialidad en la FP online
La principal novedad del proyecto es la obligación de asistir presencialmente a una parte de la formación que hasta ahora podía realizarse a distancia.
El texto presentado por Milagros Tolón establece que los ciclos impartidos en modalidad virtual deberán incluir entre un 15% y un 39% de actividad presencial obligatoria. En el caso de la formación semipresencial, el porcentaje será superior: entre el 40% y el 60%.
La medida introduce nuevos requisitos para quienes eligen la FP online, una modalidad que permite compatibilizar los estudios con el trabajo y otras responsabilidades. Con la futura regulación, los centros tendrán que organizar una parte de la actividad lectiva en sus instalaciones.
El proyecto no concreta en la información presentada cómo se distribuirán esas horas presenciales en cada ciclo ni qué calendario específico tendrá cada enseñanza. Esos aspectos deberán desarrollarse en el marco de la nueva normativa.
Límites al número de alumnos por profesor en la FP a distancia
Otro de los cambios relevantes afecta a la ratio de estudiantes por docente. El Gobierno pretende reducir progresivamente el número de alumnos que puede atender cada profesor en la modalidad virtual.
El objetivo final es alcanzar un máximo de 50 estudiantes por docente, aunque la aplicación será gradual.
Nuevas ratios previstas para la FP
Límites establecidos en el proyecto de real decreto
| Modalidad presencial | 25 alumnos por docente |
| Modalidad virtual | 50 alumnos por docente como objetivo final |
Calendario de reducción en la modalidad online
- Curso 2028-202980 alumnosMáximo por profesor
- Curso 2029-203065 alumnosMáximo por profesor
- Objetivo final desde el inicio del curso 203050 alumnosMáximo por profesor
La reducción será escalonada y permitirá a los centros adaptarse a los nuevos límites. En la modalidad presencial, la ratio máxima prevista será de 25 estudiantes por docente.
El cambio busca establecer límites más estrictos en la atención al alumnado. La aplicación progresiva, sin embargo, implica que los máximos de la modalidad virtual seguirán siendo superiores durante los cursos de transición.
Más exigencias para los centros privados de Formación Profesional
El proyecto también endurece las condiciones que deberán cumplir los centros que imparten FP. Uno de los requisitos principales será acreditar una relación suficiente, estable y adecuada con las empresas en las que los estudiantes realizan sus prácticas.
Según explicó la ministra, los centros tendrán que demostrar cada cuatro años que mantienen las condiciones exigidas. Si no cumplen los requisitos, las administraciones podrán revocar su autorización.
La revisión periódica no se limitará a los acuerdos con empresas. Los centros deberán contar también con profesorado suficiente, instalaciones adecuadas y un sistema de gestión de calidad.
La propuesta afecta a los centros privados, pero Tolón defendió que el objetivo no es perjudicarlos, sino reforzar la calidad de la oferta educativa.
La ministra señaló que la revocación de una autorización no podrá dejar desprotegidos a los alumnos que ya estén matriculados. En esos casos, las comunidades autónomas deberán establecer mecanismos para reubicar a los estudiantes y garantizar que puedan continuar sus estudios.
El Gobierno quiere reorganizar la oferta de Formación Profesional
El real decreto contempla dos modelos de organización de la oferta formativa: los itinerarios verticales y los horizontales.
El itinerario vertical permitirá que un mismo centro ofrezca diferentes grados de una misma familia profesional. Así, un estudiante podrá avanzar desde un grado básico hasta uno medio y, posteriormente, uno superior.
El itinerario horizontal, por su parte, permitirá impartir ciclos pertenecientes a distintas familias profesionales, siempre que exista una relación entre ellas. Según Educación, esta fórmula facilitará una formación más amplia y polivalente.
La reorganización pretende ampliar las posibilidades de los alumnos y facilitar que puedan continuar su formación dentro de una misma estructura educativa.
Centros especializados y nuevas oportunidades para jóvenes
El proyecto también refuerza la función de los centros asociados con ciclos especializados, orientados a la formación y recualificación de trabajadores.
Otro de los apartados se centra en los centros de segunda oportunidad, tanto públicos como privados, destinados a jóvenes de entre 16 y 29 años que afrontan dificultades especiales para acceder o continuar en el sistema educativo.
Además, la norma pretende dar mayor estabilidad a la Red Estatal de Centros de Excelencia y a los Centros de Referencia Nacional.
Estas medidas forman parte de una reorganización más amplia del sistema de FP, que incluye tanto la formación inicial como las opciones de actualización profesional para trabajadores.
Educación también plantea cambios para la FP online universitaria
La ministra se refirió asimismo a las universidades que ofrecen Formación Profesional privada en modalidad online.
Tolón explicó que el Gobierno quiere evitar que determinadas entidades se beneficien económicamente de este tipo de oferta y afirmó que pretende impedir situaciones de competencia desleal.
No obstante, el proyecto presentado todavía debe superar el proceso de información pública y los trámites administrativos antes de su aprobación definitiva. Por tanto, los detalles de la regulación podrán concretarse durante la tramitación.
El decreto recibirá alegaciones antes de su aprobación
El proyecto de real decreto todavía no está aprobado. Su siguiente paso será el proceso de información pública, durante el que podrán presentarse alegaciones.
También se tendrán en cuenta los informes de los ministerios implicados y las aportaciones de distintos órganos consultivos, entre ellos:
- El Consejo Escolar del Estado.
- El Consejo General de la Formación Profesional.
- El Consejo de Estado, que deberá emitir su dictamen.
Una vez completados estos trámites, el texto podrá llegar al Consejo de Ministros. El Gobierno prevé que la aprobación se produzca antes de que termine 2026.
Hasta entonces, las condiciones recogidas en el proyecto no deben confundirse con obligaciones ya vigentes.
107 millones de euros para formar a trabajadores
La presentación del decreto coincidió con la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para trabajadores, en la que, según anunció Tolón, se acordará una distribución extraordinaria de 107 millones de euros.
Los fondos, aprobados por el Consejo de Ministros, se destinarán a financiar formación en centros públicos y facilitar que los trabajadores obtengan nuevas certificaciones profesionales.
La financiación se enmarca en las medidas destinadas a mejorar la cualificación laboral y ampliar las oportunidades de formación a lo largo de la vida profesional.
Una reforma que cambiará las condiciones de la FP a distancia
El proyecto del Gobierno introduce cambios importantes en la organización de la Formación Profesional: más presencialidad obligatoria en las modalidades virtual y semipresencial, límites de alumnos por docente y mayores exigencias para los centros.
La reforma también plantea nuevas estructuras formativas y mecanismos para garantizar que los estudiantes puedan terminar sus estudios incluso si un centro pierde su autorización.
Sin embargo, el decreto todavía debe superar la fase de información pública y los informes preceptivos. Los porcentajes de presencialidad y el calendario de aplicación forman parte del proyecto presentado, por lo que habrá que esperar a su aprobación definitiva para conocer el texto que entrará en vigor.
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