Los almacenes europeos llegan al otoño con menos gas del habitual y la crisis de Oriente Medio encarece la energía. Bruselas descarta problemas de suministro, pero la industria alerta del impacto económico y los consumidores se enfrentan a nuevas subidas.
Europa inicia el invierno con las reservas de gas bajo mínimos
Europa se prepara para afrontar los meses de mayor consumo energético con unas reservas de gas muy inferiores a las de los últimos años. A pocos días del inicio de octubre, los almacenes comunitarios se encuentran en su nivel más bajo de la última década, una situación que coincide con el encarecimiento del gas provocado por la crisis en Oriente Medio.
Según los datos de Gas Infrastructure Europe (GIE), el pasado 27 de septiembre las reservas de gas de la Unión Europea estaban al 70,87 % de su capacidad. En España, el nivel alcanzaba el 73,88 %, el más bajo de los últimos cinco años.
La situación contrasta con la de los tres últimos años, cuando las reservas superaban el 90 % en estas fechas. La Comisión Europea había establecido ese porcentaje como objetivo para garantizar el abastecimiento durante el invierno, tras la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.
Sin embargo, el conflicto en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han alterado las previsiones. El encarecimiento del gas ha ralentizado las compras de los proveedores europeos y ha dificultado el llenado de los depósitos antes de la llegada del frío.
Aunque Bruselas asegura que no existen riesgos inmediatos de desabastecimiento, el menor nivel de reservas plantea interrogantes sobre el coste de la energía durante los próximos meses.
El bloqueo de Ormuz encarece el gas y dificulta llenar los depósitos
La crisis energética europea está estrechamente relacionada con la situación en Oriente Medio. El bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional de hidrocarburos, está impidiendo a Catar exportar su gas natural licuado (GNL).
La reducción de la oferta disponible ha contribuido a disparar los precios en los mercados internacionales. En las últimas semanas, el gas ha llegado a superar los 80 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 20-30 euros por MWh que registraba a comienzos de año.
Aunque los precios actuales se sitúan por debajo de los 75 euros por MWh, continúan muy por encima de los niveles de principios de 2026.
La situación recuerda a la crisis energética de 2022, cuando el precio del gas llegó a superar los 300 euros por MWh. No obstante, el escenario actual presenta diferencias y, por el momento, las autoridades comunitarias no prevén problemas de suministro.
El encarecimiento ha generado un dilema para las empresas energéticas: comprar gas a precios elevados para aumentar las reservas o ralentizar las adquisiciones ante la incertidumbre sobre la evolución del mercado.
Esta segunda opción puede aliviar los costes inmediatos de compra, pero deja a Europa con menos gas almacenado al comenzar la temporada de mayor demanda.
Bruselas rebaja el objetivo de almacenamiento al 80 %
Tras el estallido de la guerra en Irán, a finales de febrero, la Comisión Europea pidió a los Estados miembros que acelerasen el llenado de sus depósitos para preparar el invierno.
Sin embargo, ante las dificultades para alcanzar los objetivos anteriores, Bruselas flexibilizó las condiciones y redujo la meta comunitaria al 80 %.
La decisión pretendía facilitar que los países europeos pudieran cumplir los requisitos de almacenamiento en un contexto de precios elevados y dificultades de suministro.
A pesar de esa flexibilización, las reservas comunitarias se encontraban todavía por debajo del nuevo objetivo el 27 de septiembre. España también afrontaba el comienzo del otoño con un nivel inferior al registrado en los últimos años.
El menor almacenamiento no implica necesariamente que vaya a producirse una escasez, pero reduce el margen disponible para afrontar episodios de frío intenso o nuevas alteraciones del mercado.
La evolución de las reservas durante las próximas semanas será, por tanto, un factor relevante para determinar la situación energética europea durante el invierno.
La Comisión Europea descarta problemas de suministro
Pese a los bajos niveles de almacenamiento, Bruselas transmite un mensaje de tranquilidad. El Grupo de Coordinación sobre el Gas de la Comisión Europea, encargado de facilitar la cooperación entre los países en materia de seguridad energética, considera que el abastecimiento comunitario se mantiene estable.
Tras su última reunión, celebrada el jueves anterior a la publicación de la noticia, el organismo afirmó que, pese a que las reservas están por debajo de los niveles históricos, no existen motivos para temer problemas de suministro en los próximos meses.
La Comisión también recordó que los consumidores vulnerables cuentan con una protección específica.
El artículo 6 del Reglamento europeo 2017/1938 establece obligaciones de suministro para los clientes protegidos, especialmente los hogares y los servicios esenciales, en caso de incidentes graves.
De este modo, Bruselas distingue entre dos cuestiones: la disponibilidad de gas para garantizar el abastecimiento y el precio que deberán pagar los consumidores por la energía.
La ausencia de previsiones de desabastecimiento no significa que los hogares estén protegidos frente a las subidas de precios.
La factura de la luz también puede encarecerse
El encarecimiento del gas puede trasladarse tanto a la factura del propio combustible como al recibo de la electricidad.
En España, el mercado eléctrico utiliza un sistema marginalista de fijación de precios. En este modelo, la última tecnología necesaria para cubrir la demanda determina el precio de mercado para el conjunto de la electricidad negociada.
Cuando las centrales de gas son necesarias para satisfacer la demanda, el aumento de su coste puede repercutir en el precio de la electricidad.
Por eso, una crisis que comienza en el mercado del gas puede terminar afectando a hogares y empresas que no utilizan directamente este combustible para calefacción.
El impacto dependerá de la evolución de los precios y de las condiciones del mercado eléctrico. Sin embargo, la situación ya preocupa a los sectores industriales, que advierten de los costes adicionales que están soportando.
La industria española calcula un sobrecoste de 7.400 millones
La Alianza para la Competitividad de la Industria Española, que representa a sectores como la automoción, la siderurgia, la industria papelera, la química, la alimentaria y la cementera, estima que el encarecimiento energético provocará un sobrecoste de casi 7.400 millones de euros desde el inicio del conflicto del Golfo Pérsico hasta finales de 2026.
De acuerdo con sus cálculos, el impacto se distribuiría de la siguiente manera:
- 4.220 millones de euros corresponderían al incremento del precio del gas.
- 3.175 millones de euros procederían del encarecimiento de la electricidad.
La industria teme que el aumento de los costes energéticos termine afectando a la producción. Algunas fuentes del sector no descartan paradas puntuales de actividad si las empresas no pueden asumir los gastos adicionales.
La demanda de gas industrial ya registró un descenso en agosto. Según los datos recogidos por El Periódico, el consumo del sector cayó un 5,6 % respecto al mismo mes de 2025.
Esta evolución refleja la presión que los precios energéticos ejercen sobre las empresas. En sectores con un consumo intensivo de gas y electricidad, el encarecimiento puede reducir los márgenes y dificultar el mantenimiento de la actividad.
El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas anticrisis
El Ejecutivo español prevé aprobar este martes, 29 de septiembre, un nuevo decreto anticrisis para prorrogar y actualizar las medidas destinadas a contener el impacto de la energía y la inflación.
El paquete llega antes de que expiren buena parte de las ayudas aprobadas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán.
Entre las medidas que debían renovarse se encuentran las rebajas del impuesto sobre hidrocarburos y las ayudas al gasóleo para profesionales y agricultores.
Otras medidas fiscales, como las reducciones del IVA y de los impuestos especiales aplicados a la electricidad y al gas, se habían ido retirando progresivamente en anteriores revisiones del plan anticrisis.
La nueva respuesta del Gobierno pretende contener la escalada de precios y aliviar los costes de producción, especialmente en los sectores agrario y del transporte.
El alcance definitivo del decreto y sus efectos sobre los consumidores dependerán de las medidas que finalmente se aprueben.
Yolanda Díaz y los sindicatos reclaman recuperar la excepción ibérica
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los sindicatos CCOO y UGT han pedido recuperar la denominada excepción ibérica, el mecanismo que se puso en marcha durante la crisis energética de 2022 para limitar el impacto del precio del gas sobre la electricidad.
Este sistema permitió establecer un mecanismo temporal para contener el precio del gas utilizado en la generación eléctrica. Su posible recuperación vuelve al debate ante el nuevo encarecimiento energético.
Sin embargo, España necesitaría el visto bueno de la Comisión Europea para volver a aplicarlo.
La propuesta se suma a las reclamaciones de la industria, que solicita mecanismos de compensación para hacer frente al incremento extraordinario de los costes energéticos.
En concreto, el sector reclama ayudas similares a las que se concedieron tras la invasión rusa de Ucrania. Aquellas compensaciones alcanzaron un valor acumulado de 825 millones de euros.
La petición refleja la preocupación de las empresas por el impacto que la crisis puede tener sobre su competitividad y su capacidad para mantener la producción.
La inflación añade presión sobre los hogares españoles
La crisis energética coincide, además, con un nuevo repunte de la inflación en España. Según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 29 de septiembre, el IPC alcanzó el 4,9 % en septiembre, seis décimas por encima del 4,3 % registrado en agosto.
El encarecimiento de los carburantes fue el principal factor detrás de esta subida. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se situó en el 3,1 %, dos décimas más que el mes anterior.
El aumento de los precios energéticos amenaza con trasladarse a otros productos y servicios si las empresas repercuten sus mayores costes de producción.
El Gobierno ha señalado que pretende evitar estos llamados efectos de segunda ronda, que se producen cuando una subida inicial de los costes termina extendiéndose al conjunto de los precios.
Según el Ministerio de Economía, entre marzo y agosto los precios de los alimentos bajaron un 0,6 %. Sin embargo, el nuevo encarecimiento de los combustibles añade presión a los gastos de transporte, producción y distribución.
La combinación de una inflación elevada y una energía más cara puede reducir el poder adquisitivo de los hogares durante los próximos meses.
¿Qué puede ocurrir con el gas durante el invierno?
La situación energética europea dependerá de varios factores: la evolución del conflicto en Oriente Medio, la disponibilidad de gas natural licuado, las temperaturas y el ritmo al que los países puedan seguir llenando sus depósitos.
El bajo nivel de almacenamiento supone un punto de partida distinto al de los últimos inviernos. Sin embargo, las autoridades comunitarias sostienen que el suministro está garantizado y no prevén problemas inmediatos.
El principal riesgo señalado por la industria y los sectores energéticos es el coste de la energía. Incluso si Europa consigue abastecerse durante los meses más fríos, los precios elevados pueden seguir afectando a las facturas domésticas y a la actividad empresarial.
España afronta el invierno con unas reservas del 73,88 %, mientras que el conjunto de la Unión Europea se sitúa en el 70,87 %. Ambos porcentajes reflejan una situación menos holgada que la de los últimos años.
La incógnita ya no es únicamente si Europa tendrá suficiente gas, sino cuánto costará mantener el suministro durante el invierno. La evolución del mercado y las medidas que adopten los gobiernos determinarán el impacto final sobre hogares y empresas.
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