La abogada de la mujer de 87 años confirma que está «muy feliz» y podrá regresar al piso de Retiro cuando reciba el alta hospitalaria.
Maricarmen podrá regresar a la vivienda donde vivió durante 70 años
Maricarmen Abascal volverá a su casa de Madrid después de que su abogada, Beatriz Duro, confirmara que la mujer de 87 años ha aceptado el acuerdo alcanzado con Urbagestión, propietaria de la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda.
La anciana fue desalojada el pasado 23 de septiembre, después de una larga batalla judicial relacionada con su antiguo contrato de alquiler. Tras el desahucio tuvo que ser trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada.
Ahora, según ha explicado Duro a RTVE, Maricarmen está «muy feliz y esperanzada de volver a su casa, de la que nunca debió haber salido». El acuerdo establece un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta adaptada a sus ingresos.
El pacto supone un giro radical respecto a la situación que desembocó en el desalojo. La mujer podrá regresar a la vivienda cuando los médicos le den el alta y, según las informaciones disponibles, sus pertenencias continúan dentro del domicilio, por lo que no será necesario realizar una nueva mudanza.
Un alquiler de unos 500 euros y un contrato de ocho años
Las condiciones pactadas contemplan que la renta no supere el 30 % de los ingresos netos de Maricarmen. La cantidad se situará en torno a los 500 euros mensuales, una cifra similar a la que venía abonando antes del conflicto.
El contrato tendrá una duración de ocho años.
RTVE señala que la renta no podrá superar ni ese porcentaje de sus ingresos ni aproximadamente los 500 euros que pagaba anteriormente. El acuerdo incluye además mecanismos de asesoramiento y garantías vinculados al programa de intermediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid.
El pacto se alcanzó después de una reunión de más de cuatro horas entre los representantes de Maricarmen y Urbagestión, con la participación de la EMVS Madrid y del Sindicato de Inquilinas.
Inicialmente se trataba de un preacuerdo que necesitaba la aprobación de la propia afectada. Finalmente, Maricarmen ha dado su visto bueno, según confirmó su abogada.
La reacción de Beatriz Duro: «Nunca debió haber salido»
La abogada Beatriz Duro ha celebrado el desenlace, aunque ha recordado las circunstancias que llevaron a Maricarmen a abandonar su domicilio en camilla.
Duro sostiene que su representada se encuentra aliviada ante la posibilidad de regresar a una vivienda que había sido su hogar durante décadas.
La letrada también ha descrito el desahucio como una situación que, a su juicio, no debería haberse producido en esas condiciones. En declaraciones a RTVE, ha considerado especialmente relevante que una persona pueda recuperar el uso de su vivienda después de que el lanzamiento judicial ya se hubiera ejecutado.
La abogada también ha cuestionado la actuación de las distintas administraciones durante el conflicto. En una intervención posterior al acuerdo, calificó de «absolutamente incompetentes» a las administraciones públicas para responder al problema de la vivienda, una valoración que corresponde a su posición como representante de Maricarmen y no a una conclusión independiente sobre la actuación institucional.
¿Por qué fue desahuciada Maricarmen?
El origen del conflicto se encuentra en un contrato de alquiler de renta antigua firmado en 1956.
Maricarmen llevaba más de siete décadas en la vivienda. El contrato había sido firmado inicialmente por su padre y posteriormente había pasado por sucesivas subrogaciones familiares.
El problema jurídico surgió precisamente con esas subrogaciones y con la aplicación de las limitaciones establecidas por la legislación de arrendamientos urbanos.
Según la información publicada sobre el caso, el Tribunal Supremo avaló la extinción del contrato y la posición de la propiedad. Urbagestión sostiene que el auto que confirmó la extinción del contrato era firme desde diciembre de 2023.
La cuestión estaba relacionada con los límites establecidos para las subrogaciones de los antiguos contratos de alquiler. Una de las excepciones previstas por la legislación está vinculada a determinados grados de discapacidad, pero Maricarmen tenía reconocida una discapacidad del 50 %, por debajo del umbral citado en las informaciones sobre el procedimiento.
Por tanto, el desahucio no fue consecuencia de una sentencia que declarase que Maricarmen hubiera dejado de pagar el alquiler. El conflicto se centró en la vigencia de su contrato y en las condiciones para continuar ocupando legalmente la vivienda.
Del alquiler antiguo a una renta que no podía asumir
La diferencia económica entre las condiciones anteriores y las que planteaba la propiedad se convirtió en uno de los elementos centrales del caso.
Maricarmen venía pagando aproximadamente 500 euros mensuales entre renta y gastos. Después de la resolución judicial, la propiedad planteó un nuevo alquiler que llegó a situarse en torno a 1 650 euros mensuales, según distintas informaciones publicadas durante el conflicto.
Otras informaciones han situado la primera cantidad reclamada por la propiedad en una cifra superior, de hasta 2 650 euros, antes de posteriores negociaciones.
La pensión de Maricarmen se encontraba muy por debajo de esas cantidades, lo que hacía inviable asumir un alquiler de mercado.
Ese fue uno de los principales argumentos utilizados por su entorno para reclamar una solución alternativa.
Urbagestión defiende que el acuerdo responde a razones sociales
La empresa propietaria también ha ofrecido su versión de los acontecimientos.
Urbagestión ha señalado que la solución finalmente alcanzada responde a «razones sociales» y que se ha planteado de forma voluntaria, con una renta adaptada a la capacidad económica de Maricarmen.
La compañía ha agradecido además la intermediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid y ha asegurado que la negociación se desarrolló en un clima de respeto y colaboración.
La empresa sostiene asimismo que desde la resolución judicial buscó una salida acordada y que había planteado alternativas para evitar un cumplimiento conflictivo del lanzamiento. RTVE recogió esta versión de la propiedad durante los días posteriores al desahucio.
Esta posición contrasta con la versión mantenida por la defensa de Maricarmen, que ha afirmado en diferentes ocasiones que la propiedad no había querido negociar una solución que permitiera mantenerla en su domicilio.
El desahucio terminó con Maricarmen ingresada en un hospital
La ejecución del desahucio tuvo lugar el 23 de septiembre, después de varios intentos anteriores.
La intervención provocó una importante concentración de personas frente al inmueble. Según informaciones publicadas entonces, cientos de personas se congregaron para intentar impedir el lanzamiento.
Finalmente, la comisión judicial ejecutó el desalojo y Maricarmen salió del domicilio en camilla, siendo trasladada posteriormente al Hospital Gregorio Marañón.
RTVE informó posteriormente de que la mujer permanecía ingresada y de que su estado de salud había sido una de las razones por las que el entorno esperaba que pudiera regresar a casa cuanto antes.
Ahora el regreso depende únicamente de que reciba el alta médica.
El Ayuntamiento de Madrid intervino en la negociación
El papel de la EMVS Madrid resultó determinante para que las partes volvieran a sentarse a negociar.
La reunión se realizó a través del Servicio de Intermediación del Alquiler, un mecanismo municipal que ofrece servicios y garantías tanto a propietarios como a inquilinos.
El programa contempla para los arrendatarios servicios de asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal. Para los propietarios incluye mecanismos como seguros multirriesgo y cobertura frente a impagos.
La negociación permitió encontrar una fórmula que no había sido posible antes del desahucio: Maricarmen regresará a la misma vivienda, pero bajo un nuevo contrato y con una renta vinculada a su capacidad económica.
El caso ha provocado una fuerte movilización social
El desahucio de Maricarmen generó una amplia movilización en Madrid.
El Sindicato de Inquilinas organizó concentraciones y una acampada en la Puerta del Sol bajo el lema «Ni una Maricarmen más».
La organización sostiene que el caso no debe contemplarse únicamente como un conflicto individual, sino como un ejemplo de las dificultades que encuentran determinados inquilinos para mantener viviendas en zonas donde los precios han aumentado considerablemente.
La propia Beatriz Duro ha defendido que el regreso de Maricarmen constituye un resultado de la movilización social. En declaraciones a RNE, aseguró que el caso había puesto en el centro del debate una cuestión que, según su interpretación, afecta a muchas más personas.
Un acuerdo excepcional que no cambia por sí solo la legislación
El regreso de Maricarmen supone una solución concreta para su situación, pero no modifica automáticamente las reglas que regulan los contratos de alquiler de renta antigua ni los procedimientos de desahucio.
El caso ha abierto, sin embargo, un nuevo debate político sobre la vivienda.
La situación de Maricarmen ha sido utilizada por organizaciones sociales y representantes políticos para reclamar modificaciones legislativas destinadas a reforzar la protección de determinados colectivos vulnerables.
La abogada ha reclamado incluso la aprobación de medidas que han sido denominadas públicamente «decreto Maricarmen».
El Gobierno también ha situado el caso dentro del debate más amplio sobre sus nuevas medidas en materia de vivienda. RTVE informó de que el Ejecutivo había aprobado dos decretos relacionados con esta materia, pendientes de los correspondientes trámites parlamentarios.
El conflicto deja también un debate sobre la renta antigua
El caso de Maricarmen permite observar las dificultades que plantea el régimen de los antiguos contratos de alquiler.
La llamada renta antigua ofrecía históricamente una elevada protección al arrendatario. Con las sucesivas reformas legislativas, ese régimen fue limitándose y las posibilidades de subrogación quedaron sometidas a condiciones específicas.
En el caso de Maricarmen, la controversia judicial terminó centrándose en si podía continuar ocupando la vivienda después de las sucesivas subrogaciones familiares.
Los tribunales terminaron respaldando la extinción del contrato, mientras que las organizaciones sociales han cuestionado las consecuencias prácticas de aplicar esas reglas a una persona de 87 años que había vivido prácticamente toda su vida adulta en el mismo domicilio.
Son dos cuestiones distintas que conviene no confundir: la legalidad del contrato fue examinada por los tribunales, mientras que el debate sobre si el marco legal ofrece suficiente protección a personas vulnerables pertenece al ámbito político y social.
Maricarmen regresará al barrio de Retiro
El desenlace previsto permitirá que Maricarmen vuelva a la vivienda situada en el distrito madrileño de Retiro, donde residió desde 1956.
Su regreso se producirá una vez que reciba el alta del Hospital Gregorio Marañón.
La nueva relación contractual tendrá una duración de ocho años y una renta de aproximadamente 500 euros, vinculada además al límite del 30 % de sus ingresos.
Para una mujer que acababa de abandonar su casa en camilla y que llevaba varios días ingresada, el acuerdo representa un cambio completo de escenario.
La propia Urbagestión ha presentado el pacto como una solución de carácter social y ha señalado que el problema de la vivienda exige diálogo, entendimiento y actuaciones conjuntas.
Un caso que trasciende a Maricarmen
El desenlace permite cerrar, al menos provisionalmente, una de las historias de vivienda que más atención han generado en Madrid durante las últimas semanas.
Maricarmen no recuperará su antiguo contrato: volverá como arrendataria mediante un nuevo acuerdo de ocho años.
La diferencia es jurídicamente relevante y explica por qué el conflicto no termina simplemente con el regreso a casa.
El caso deja sobre la mesa varias preguntas sobre el equilibrio entre derecho de propiedad, protección de los inquilinos, contratos de renta antigua, vulnerabilidad económica y actuación de las administraciones públicas.
También demuestra que la solución finalmente alcanzada fue posible mediante una negociación entre propiedad, representantes de la afectada y Ayuntamiento.
Para Maricarmen, el resultado tiene una consecuencia mucho más sencilla: podrá volver a la vivienda que consideró su hogar durante más de siete décadas.
Su abogada, Beatriz Duro, resume el estado de ánimo de su representada con una frase que condensa el desenlace: está «muy feliz y esperanzada» por regresar a una casa de la que, en opinión de su defensa, «nunca debió haber salido».
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