Feijóo reclama a Sánchez que disuelva las Cortes después de que PP, Vox, Junts y UPN rechazaran los decretos de vivienda. Moncloa descarta por ahora un adelanto electoral.
El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió este viernes 2 de octubre una nueva derrota parlamentaria después de que el Congreso rechazara los dos reales decretos-ley aprobados por el Ejecutivo para intervenir en el mercado de la vivienda.
El resultado desencadenó inmediatamente una ofensiva política del Partido Popular, que considera que la votación demuestra que Sánchez carece de una mayoría parlamentaria estable y debe convocar elecciones generales.
Alberto Núñez Feijóo pidió al presidente del Gobierno que «ponga la fecha», disuelva las Cortes y permita que los españoles vuelvan a las urnas.
El Ejecutivo rechaza esa interpretación. Fuentes de Moncloa aseguraron antes de la votación que no contemplaban una convocatoria electoral anticipada y defendieron la decisión de someter los decretos a votación pese a conocer previamente el rechazo anunciado por Junts.
El episodio vuelve a poner de manifiesto la principal dificultad política de la legislatura: el Gobierno puede continuar constitucionalmente en el poder, pero necesita negociar votación a votación con una mayoría parlamentaria heterogénea que esta vez no consiguió reunir.
El Congreso tumba los decretos de vivienda de Sánchez
El desenlace llegó después de un tenso debate en el Congreso.
El primero de los decretos, el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, fue rechazado por 178 votos frente a 172.
Votaron en contra PP, Vox, Junts y UPN.
A favor se pronunciaron PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís.
La votación se realizó públicamente y por llamamiento, por lo que los diputados tuvieron que pronunciar su voto individualmente desde sus escaños.
El rechazo supuso la derogación del decreto después de haber permanecido vigente durante poco más de 24 horas.
El Congreso rechazó igualmente el segundo real decreto-ley presentado por el Gobierno en materia de vivienda.
Qué incluían los decretos rechazados
La derrota parlamentaria afecta a un paquete con medidas de considerable alcance para propietarios e inquilinos.
El Real Decreto-ley 26/2026 contemplaba, entre otras cuestiones, una limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028.
También incluía mecanismos para suspender determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
La norma reforzaba asimismo la protección de los arrendatarios, regulaba la acreditación de la condición de gran tenedor e incorporaba modificaciones fiscales.
Estas afectaban a figuras como el IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, IBI e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
El segundo decreto estaba orientado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Feijóo pide a Sánchez que «ponga la fecha»
El presidente del PP reaccionó tras la votación reclamando directamente elecciones generales.
Feijóo sostuvo que la actual situación política no puede prolongarse y emplazó a Sánchez a disolver las Cortes y convocar a los españoles a las urnas.
El dirigente popular aseguró estar preparado para afrontar unas elecciones cuando decida convocarlas el presidente.
El argumento central del PP es que la incapacidad del Gobierno para conseguir los votos necesarios en una cuestión que el propio Ejecutivo presentó como prioritaria refleja la debilidad de su mayoría parlamentaria.
La conclusión política pertenece al PP.
Desde un punto de vista constitucional, perder uno o varios decretos no obliga al presidente del Gobierno a convocar elecciones.
El PP había convertido la votación en una cuestión de confianza política
La presión comenzó incluso antes de conocerse el resultado.
Fuentes del Partido Popular definieron la votación como una especie de «cuestión de confianza encubierta».
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sostuvo que si el Ejecutivo no conseguía sacar adelante los decretos debía convocar elecciones.
También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó que la votación planteaba un problema de legitimidad política para el Gobierno y defendió una convocatoria electoral en caso de derrota.
Pero jurídicamente no se trataba de una cuestión de confianza.
La cuestión de confianza está regulada por la Constitución y requiere un procedimiento específico iniciado por el presidente del Gobierno.
Lo ocurrido el viernes fue una votación para convalidar o derogar dos reales decretos-leyes.
La expresión utilizada por el PP debe entenderse, por tanto, como una valoración política sobre la importancia de la derrota y no como la descripción jurídica de la votación.
Sémper: el Gobierno ha convertido la política en una «tómbola»
El portavoz popular Borja Sémper había elevado la presión horas antes del pleno.
El PP reclamó públicamente elecciones y argumentó que los españoles deberían poder pronunciarse sobre la situación política.
Sémper acusó al Ejecutivo de haber convertido la política en una «tómbola» y sostuvo que el Gobierno carece tanto de mayoría parlamentaria como de respaldo social suficiente.
Estas afirmaciones forman parte de la ofensiva política del PP y no constituyen una medición objetiva del respaldo social del Ejecutivo.
La mayoría parlamentaria sí puede comprobarse votación a votación.
Y en los decretos de vivienda, el Gobierno perdió por seis votos en el primero de los textos.
Junts vuelve a convertirse en el voto decisivo
El resultado vuelve a evidenciar la importancia de Junts en la legislatura.
El Gobierno necesitaba modificar la posición del partido independentista catalán para sacar adelante los decretos.
No ocurrió.
Junts mantuvo su voto contrario y terminó coincidiendo en el «no» con PP, Vox y UPN.
La negativa resultó determinante porque el Ejecutivo sí consiguió reunir el apoyo de otras formaciones con las que habitualmente negocia sus iniciativas.
PSOE y Sumar contaron con ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís en la primera votación.
No fue suficiente.
El Gobierno decidió votar aun sabiendo que Junts estaba en contra
El Ejecutivo conocía la posición de Junts antes de comenzar el debate.
Pese a ello, decidió mantener los decretos y someterlos al Congreso.
La estrategia consistía en obligar a cada grupo a posicionarse públicamente sobre las medidas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, realizó durante el pleno un último llamamiento a Junts para que modificara su posición o, al menos, se abstuviera.
No consiguió convencer al partido.
El propio Pedro Sánchez intervino para solicitar el apoyo a los decretos y advertir de las consecuencias sociales que, según el Gobierno, tendría su derogación.
La mayoría necesaria nunca llegó.
Moncloa descarta por ahora unas elecciones anticipadas
La respuesta del Gobierno a las peticiones del PP es, por ahora, negativa.
Fuentes de Moncloa afirmaron el viernes que no contemplaban adelantar las elecciones.
El Ejecutivo quiso concentrar el debate en las medidas de vivienda y evitó alimentar las especulaciones sobre una posible convocatoria anticipada.
Durante las horas previas habían circulado rumores sobre una eventual llamada a las urnas el 29 de noviembre.
El PP tampoco dio credibilidad pública a esa fecha.
Fuentes populares evitaron pronunciarse sobre lo que calificaron como especulaciones, aunque insistieron en que el partido está preparado para afrontar unas elecciones.
¿Está Sánchez obligado a convocar elecciones?
No.
La derrota de los decretos no obliga legal ni constitucionalmente a Pedro Sánchez a disolver las Cortes.
El Gobierno puede continuar gobernando y presentar nuevos proyectos de ley, reales decretos-leyes o iniciativas parlamentarias.
También puede negociar nuevos acuerdos con los grupos.
Otra cuestión diferente es la interpretación política de la derrota.
El PP sostiene que la imposibilidad de sacar adelante medidas consideradas esenciales demuestra que el Ejecutivo ha perdido capacidad para gobernar.
El Gobierno argumenta que la legislatura continúa y que seguirá negociando cada iniciativa.
La diferencia entre ambas posiciones resulta fundamental.
El Congreso ha rechazado dos decretos del Gobierno; no ha retirado formalmente su confianza al presidente.
Sánchez gobierna con una mayoría parlamentaria variable
El origen del problema se encuentra en la propia composición del Congreso surgido de las elecciones de 2023.
El PSOE dispone de 121 diputados.
Sumar obtuvo inicialmente 31 escaños, aunque posteriormente Podemos abandonó su grupo parlamentario.
Ninguno de los bloques dispone por sí mismo de una mayoría suficiente para aprobar todas sus iniciativas.
Eso obliga al Gobierno a negociar con formaciones como ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria, dependiendo de cada votación.
La investidura de Sánchez fue posible gracias a una coalición de apoyos parlamentarios muy amplia.
Pero una investidura favorable no garantiza automáticamente esos mismos votos durante toda la legislatura.
El rechazo de los decretos de vivienda vuelve a demostrarlo.
Vivienda se convierte en el nuevo gran campo de batalla
La derrota resulta especialmente significativa porque se produce en plena escalada de la crisis de acceso a la vivienda.
El precio de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda se han convertido en una de las principales preocupaciones sociales.
Durante los días anteriores a la votación, centenares de personas participaron además en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid para exigir medidas.
El Gobierno intentó responder políticamente mediante los dos decretos.
La oposición cuestionó tanto el contenido como la efectividad de las medidas.
El PP defiende una estrategia centrada principalmente en incrementar la oferta de vivienda, movilizar suelo y modificar las condiciones regulatorias que, según el partido, frenan la construcción.
Las formaciones situadas a la izquierda defienden en mayor medida controles sobre alquileres, protecciones frente a desahucios y restricciones sobre grandes propietarios.
Junts mantiene posiciones propias que no coinciden necesariamente con ninguno de los dos bloques.
El PP reivindica su alternativa: construir más vivienda
Durante el debate, el vicesecretario del PP Juan Bravo resumió la posición de su partido afirmando que el problema no se solucionará únicamente mediante decretos, sino aumentando la cantidad de vivienda disponible.
El PP plantea como objetivo facilitar la construcción de aproximadamente un millón de viviendas.
Los populares atribuyen parte de la escalada de precios a la insuficiente oferta y defienden aumentar el suelo disponible y reducir determinados obstáculos administrativos.
El Gobierno sostiene, por el contrario, que aumentar la oferta por sí solo no garantiza precios asequibles y defiende mecanismos adicionales de protección para inquilinos y hogares vulnerables.
Son dos diagnósticos distintos sobre un mismo problema.
¿Qué ocurre ahora con las medidas de vivienda?
La derogación tiene efectos concretos.
El primero de los decretos permaneció vigente durante poco más de un día antes de ser rechazado por el Congreso.
Sin embargo, determinados actos realizados durante su periodo de vigencia pueden mantener efectos jurídicos.
Expertos consultados por RTVE explican que algunos inquilinos pudieron solicitar durante esas horas las medidas contempladas en el decreto.
En Cataluña, por ejemplo, organizaciones de inquilinos afirmaron que durante ese breve periodo se habían evitado varios lanzamientos.
A partir de la derogación, las medidas dejan de estar vigentes con carácter general.
El Gobierno tendrá ahora que decidir si intenta recuperar parte del contenido mediante proyectos de ley, nuevas negociaciones parlamentarias u otras iniciativas normativas.
Una derrota parlamentaria que aumenta la presión sobre Sánchez
La votación del 2 de octubre de 2026 deja una conclusión institucional concreta: el Gobierno no consiguió reunir una mayoría para convalidar sus dos decretos de vivienda.
El primer texto cayó por 172 votos a favor frente a 178 en contra.
El PP interpreta esa derrota como una demostración de que Sánchez debe convocar elecciones.
Feijóo exige al presidente que disuelva las Cortes y permita hablar a los ciudadanos en las urnas.
Moncloa rechaza esa conclusión y mantiene que no contempla por ahora un adelanto electoral.
El choque abre así una nueva etapa de presión sobre el Ejecutivo.
La cuestión inmediata será comprobar si la derrota en vivienda constituye un episodio aislado dentro de una legislatura basada en negociaciones voto a voto o evidencia una ruptura más profunda entre el Gobierno y algunos de los socios que hicieron posible la investidura.
La respuesta no depende únicamente de los discursos de PP o PSOE.
La darán las próximas votaciones del Congreso.
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