Santander y Telefónica piden a Europa más inversión, empresas de mayor tamaño y una regulación menos fragmentada para recuperar competitividad frente a Estados Unidos y China.
Europa se enfrenta a una paradoja cada vez más difícil de ignorar: dispone de ahorro, talento e infraestructuras, pero no consigue transformar todo ese potencial en empresas capaces de competir a escala global.
En este contexto, Héctor Grisi, consejero delegado de Grupo Santander, y Emilio Gayo, CEO de Telefónica, han coincidido en reclamar más inversión y un marco regulatorio que permita a las compañías europeas crecer, ganar escala y afrontar la revolución tecnológica.
El mensaje llega cuando Bruselas intenta precisamente acelerar la integración del mercado único, simplificar normas y movilizar el ahorro europeo hacia inversiones productivas. La propia Comisión Europea calcula que un mercado de capitales más integrado podría permitir a las empresas europeas captar 470 000 millones de euros adicionales, mientras que sus objetivos de simplificación podrían generar hasta 37 500 millones de euros de ahorro anual para las compañías.
Santander y Telefónica ponen el foco en la inversión y la regulación
Las intervenciones de Grisi y Gayo se produjeron en el marco del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, celebrado en España, en un momento marcado por la incertidumbre geopolítica, el envejecimiento demográfico, la transición energética y el avance de la inteligencia artificial.
Grisi sostuvo que la economía mundial ha entrado en una etapa diferente. La eficiencia empresarial sigue siendo necesaria, pero ya no basta. Las compañías necesitan también resiliencia, seguridad, financiación e inversión a largo plazo.
El directivo de Santander vinculó este cambio a varios acontecimientos de los últimos años: la pandemia, la guerra de Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y una creciente fragmentación del comercio internacional.
Según las estimaciones expuestas por Grisi, el valor del comercio mundial afectado por nuevas medidas restrictivas se habría multiplicado hasta alcanzar aproximadamente 2,5 billones de euros.
La conclusión empresarial es directa: en un mundo más fragmentado, Europa necesita capacidad propia para financiar tecnología, infraestructuras y empresas estratégicas.
Europa tiene ahorro, pero no logra convertirlo suficientemente en inversión
Este es uno de los principales problemas estructurales que aparecen detrás de las reclamaciones de Santander y Telefónica.
El Banco Central Europeo ha señalado en 2026 que Europa mantiene un elevado nivel de ahorro, pero una parte importante permanece en depósitos bancarios en lugar de dirigirse hacia inversiones productivas.
El BCE advierte además de que la fragmentación de los mercados de capitales dificulta que ese ahorro llegue a empresas innovadoras y limita el crecimiento a largo plazo.
El problema no es exclusivamente español.
La Unión Europea continúa teniendo un mercado de capital riesgo considerablemente menor que Estados Unidos. Según el BCE, los fondos de venture capital estadounidenses alcanzan aproximadamente 930 000 millones de euros, frente a unos 150 000 millones en la Unión Europea. La diferencia se hace especialmente visible cuando las empresas necesitan grandes cantidades de financiación para pasar de la fase inicial a una expansión internacional.
La consecuencia es importante: Europa puede generar una empresa innovadora, pero tiene más dificultades para financiarla cuando llega el momento de convertirla en un gigante internacional.
Grisi: hacen falta 50 billones de euros de inversión hasta 2030
El consejero delegado de Santander situó la dimensión del desafío en cifras especialmente elevadas.
Según las estimaciones presentadas por Grisi, la economía mundial necesitará alrededor de 50 billones de euros de inversión entre 2026 y 2030, con una brecha de financiación cercana a 30 billones.
Solo la digitalización y la inteligencia artificial podrían requerir alrededor de 10 billones de euros.
La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en generar nuevo capital. También resulta decisivo movilizar el ahorro existente hacia proyectos productivos.
«Necesitamos invertir más para crecer más», resumió Grisi durante su intervención.
El argumento tiene especial relevancia para Europa porque la región necesita financiar simultáneamente varias transformaciones: digitalización, redes energéticas, inteligencia artificial, defensa, transición energética, vivienda e infraestructuras.
Y todas compiten por unos recursos financieros limitados.
La inteligencia artificial multiplica la necesidad de infraestructuras
La IA aparece como uno de los grandes elementos de presión sobre la inversión.
Grisi recordó que los grandes grupos tecnológicos prevén inversiones superiores a 700 000 millones de dólares durante 2026. Pero el despliegue de inteligencia artificial no consiste únicamente en comprar software.
Requiere centros de datos, redes de telecomunicaciones, energía, almacenamiento y capacidad informática.
Por eso, la carrera tecnológica se convierte también en una carrera por la infraestructura.
Europa corre el riesgo de depender de empresas extranjeras si no consigue generar suficiente capacidad propia en sectores considerados estratégicos. La cuestión ya no es exclusivamente económica: también afecta a la autonomía tecnológica y a la seguridad europea.
La Comisión Europea ha situado precisamente la competitividad en el centro de su agenda y ha vinculado la simplificación normativa con la capacidad de las empresas para crecer dentro del mercado único.
Telefónica reclama una regulación europea que permita ganar escala
Emilio Gayo ha trasladado una preocupación similar desde el sector de las telecomunicaciones.
El CEO de Telefónica considera que Europa necesita evolucionar hacia una regulación más ágil y orientada a favorecer la inversión, especialmente en un sector que exige grandes desembolsos constantes.
En una intervención reciente, Gayo recordó que la fibra llega prácticamente al 100 % de los hogares españoles y que el 5G supera el 96 % de la población.
Pero mantener esas infraestructuras exige inversiones continuas.
El problema, según el directivo, es que la regulación debe permitir que la actividad económica genere suficiente rentabilidad para que las compañías puedan continuar invirtiendo.
Gayo ha llevado esta reflexión un paso más allá al vincular regulación, tamaño empresarial y soberanía tecnológica europea.
Su planteamiento parte de una pregunta sencilla: ¿puede Europa garantizar el funcionamiento de sus servicios esenciales si depende excesivamente de proveedores tecnológicos sobre los que no tiene capacidad de decisión?
La soberanía tecnológica no significa fabricar absolutamente todo
Telefónica no plantea una autarquía tecnológica.
La idea defendida por Gayo consiste en que Europa debe mantener capacidad de decisión y alternativas en los componentes críticos de la cadena tecnológica.
Para ello, identifica tres cuestiones fundamentales:
- Quién controla los datos.
- Quién opera las plataformas tecnológicas.
- Qué alternativas existen cuando un proveedor extranjero deja de estar disponible o cambia sus condiciones.
La conclusión de Telefónica es que Europa necesita empresas con suficiente dimensión para poder invertir y competir.
Gayo ha señalado expresamente que la normativa comunitaria en materia de competencia ha limitado en determinados casos la capacidad de crecimiento de las compañías europeas, dificultando que alcancen la escala financiera necesaria para desarrollar tecnología propia.
Es uno de los debates económicos más relevantes que afronta Bruselas: cómo proteger la competencia sin impedir que las empresas europeas alcancen un tamaño suficiente para competir con gigantes estadounidenses y asiáticos.
El BCE coincide en que la fragmentación es un problema
La reivindicación empresarial no se produce en el vacío.
El BCE ha advertido durante 2026 de que la integración financiera europea sigue siendo incompleta. Aunque algunos indicadores han mejorado desde finales de 2022, persisten problemas importantes en los mercados de capitales.
La inversión transfronteriza en acciones continúa siendo débil y la integración de los mercados de renta variable ha retrocedido desde 2022. El banco central considera que esta fragmentación limita la asignación eficiente del ahorro y perjudica la competitividad a largo plazo.
El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha defendido también una mayor integración financiera y ha señalado que el crédito empresarial transfronterizo dentro de la zona euro representa solo alrededor del 14 % del crédito empresarial total.
Para las empresas europeas, la fragmentación significa costes adicionales, diferentes requisitos nacionales y mayores dificultades para crecer más allá de sus mercados de origen.
España tiene un problema añadido: productividad e inversión privada
El debate europeo tiene una traducción directa en España.
La Comisión Europea señala que la economía española mantiene un buen ritmo de crecimiento, pero identifica la productividad, la inversión privada y la fragmentación regulatoria como retos estructurales.
El informe de país de 2026 recomienda simplificar la regulación, reducir cargas administrativas, mejorar las herramientas regulatorias y facilitar la creación, innovación y expansión de empresas.
Hay un dato especialmente revelador.
En 2024, la inversión privada española en I+D representó alrededor del 0,84 % del PIB, frente al 1,49 % de media en la Unión Europea. La inversión pública española en I+D se situó en el 0,65 % del PIB, también por debajo del promedio comunitario del 0,72 %.
El problema, por tanto, no se reduce a una discusión abstracta sobre burocracia.
Menos inversión privada significa menos innovación, menor capacidad para desarrollar tecnología propia y mayores dificultades para elevar la productividad.
La OCDE coincide en señalar que España todavía mantiene una brecha significativa de productividad respecto de la zona euro y de las economías más avanzadas. Al mismo tiempo, considera prioritario mejorar el acceso a la financiación, reducir cargas administrativas y facilitar que las empresas pequeñas puedan crecer.
Bruselas ya intenta corregir parte del problema
La Unión Europea ha comenzado a mover ficha.
La Comisión presentó en marzo de 2026 EU Inc., un régimen empresarial común y opcional destinado a facilitar que las compañías puedan constituirse, operar y crecer en diferentes países europeos sin tener que enfrentarse a 27 sistemas jurídicos completamente distintos.
Bruselas reconoce que la fragmentación empresarial europea eleva costes y dificulta que las compañías escalen dentro del mercado único.
Además, la Comisión y las instituciones europeas aprobaron en abril de 2026 una hoja de ruta denominada One Europe, One Market, con el objetivo de profundizar en el mercado único antes de finales de 2027.
El plan contempla un potencial ahorro de 37 500 millones de euros para las empresas europeas de aquí a 2029 gracias a las medidas de simplificación.
La dirección política, por tanto, coincide parcialmente con la reclamación de los grandes grupos empresariales.
La cuestión ahora es la velocidad con la que esas reformas se conviertan en realidad.
La vivienda aparece como otro gran obstáculo para la economía española
Héctor Grisi introdujo además otro de los problemas más sensibles de la economía española: la vivienda.
Su posición es que limitar la demanda no resuelve por sí solo el problema de los precios. A su juicio, la respuesta debe concentrarse en aumentar la oferta mediante construcción, liberación de suelo, reducción de burocracia y políticas capaces de incentivar tanto la compra como el alquiler.
El argumento conecta con una cuestión más amplia: si la economía necesita atraer trabajadores, talento e inversión, también necesita que esas personas puedan acceder a una vivienda a precios razonables.
La escasez de vivienda puede terminar convirtiéndose en un freno para la movilidad laboral y para la capacidad de las empresas de contratar en determinadas ciudades.
El envejecimiento aumenta la presión sobre las empresas
Otro de los factores destacados por Grisi es el cambio demográfico.
Según sus estimaciones, a mediados de la próxima década habrá alrededor de 265 millones de personas mayores de 80 años en el mundo, superando el número de niños menores de un año.
España afronta además una presión particularmente intensa sobre el mercado laboral. Grisi calcula que cerca de medio millón de personas se jubilarán cada año.
El resultado será una combinación difícil: menos trabajadores disponibles, mayores necesidades de gasto social y una demanda creciente de servicios relacionados con el envejecimiento.
La respuesta empresarial pasa, en buena medida, por la automatización y el aumento de la productividad.
Es decir, si no crece suficientemente la población activa, cada trabajador tendrá que generar más valor.
El verdadero desafío: pasar de regular a competir
El debate planteado por Santander y Telefónica refleja una cuestión de fondo que Europa lleva años intentando resolver.
La Unión Europea ha construido uno de los marcos regulatorios más desarrollados del mundo, pero ahora afronta la presión de competir con economías capaces de movilizar enormes cantidades de capital y tomar decisiones empresariales con mayor rapidez.
El propio informe de Mario Draghi sobre competitividad europea alertó de problemas relacionados con la baja productividad, los costes energéticos, la fragmentación y la creciente competencia internacional.
La Comisión ha convertido buena parte de esas recomendaciones en su agenda económica.
Pero existe una tensión que no puede ignorarse: simplificar no significa necesariamente desregularlo todo.
Una regulación eficiente debe mantener la estabilidad financiera, proteger a los consumidores y garantizar la competencia. El reto consiste en evitar que la acumulación de normas, requisitos y procedimientos termine haciendo imposible que una empresa europea compita en igualdad de condiciones con una estadounidense o china.
Ese equilibrio será decisivo.
Europa se juega su capacidad para crear gigantes tecnológicos
La cuestión planteada por Santander y Telefónica va mucho más allá de sus propios intereses empresariales.
Si Europa no consigue mejorar sus mercados de capitales, aumentar la inversión privada y facilitar que las empresas crezcan, existe el riesgo de que las compañías más innovadoras terminen buscando financiación y escala fuera del continente.
El BCE ya ha documentado que una parte importante del ahorro europeo termina invertida fuera de la Unión y que el déficit de capital riesgo resulta especialmente grave en las fases avanzadas de crecimiento empresarial.
Para España, el desafío es doble: mejorar la productividad interna y evitar que Europa pierda posiciones frente a Estados Unidos y China.
La buena noticia es que el diagnóstico empieza a ser compartido por empresarios, bancos, instituciones comunitarias y organismos económicos.
La mala es que el diagnóstico lleva años sobre la mesa.
Ahora la pregunta es si Bruselas será capaz de transformar esa preocupación en reformas concretas y suficientemente rápidas.
Porque en la carrera tecnológica, no basta con tener buenas empresas, buenos ingenieros o buenas infraestructuras. También hace falta capital, escala, energía, talento y un marco regulatorio que permita crecer.
Y Europa tiene cada vez menos margen para seguir aplazando esa decisión.
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