La flota almeriense denuncia una competencia desigual en el mar de Alborán mientras los pesqueros españoles afrontan fuertes restricciones de actividad.
La tensión crece en el sector pesquero del Mediterráneo. La flota de Almería asegura haber detectado hasta 40 embarcaciones procedentes de Marruecos y Argelia faenando en zonas de interés para los pescadores españoles con redes de deriva cuyo uso está prohibido para determinadas especies por la normativa europea.
La denuncia llega mientras la flota española soporta una reducción progresiva de sus jornadas de pesca. El sector reclama más vigilancia y controles sobre los barcos de terceros países y advierte de que las diferencias regulatorias pueden traducirse en una situación de competencia que perjudica a los pescadores españoles.
Hasta 40 barcos señalados en el mar de Alborán
La denuncia parte de organizaciones representativas del sector pesquero almeriense, que sitúan en hasta 40 el número de embarcaciones norteafricanas detectadas simultáneamente en la zona.
Según estas organizaciones, los barcos procederían de Marruecos y Argelia y estarían utilizando redes de enmalle a la deriva en áreas frecuentadas por la flota española.
Una de las zonas señaladas es el entorno de la isla de Alborán, un espacio especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental.
La denuncia del sector no equivale por sí sola a una constatación administrativa de que las 40 embarcaciones hayan cometido una infracción. Corresponde a las autoridades competentes verificar cada caso, identificar las embarcaciones y determinar si las artes empleadas vulneran la normativa aplicable.
¿Qué son las redes de deriva y por qué están prohibidas?
Las redes de deriva son artes de pesca que permanecen suspendidas en el agua y pueden desplazarse con las corrientes.
La normativa de la Unión Europea restringe y prohíbe su utilización para la captura de determinadas especies pelágicas, entre ellas el pez espada, debido a sus efectos sobre los recursos pesqueros y a los riesgos asociados a este tipo de arte.
El problema denunciado por los pescadores españoles tiene una doble dimensión.
Por un lado, está la posible infracción de las normas pesqueras cuando estas artes se emplean en circunstancias prohibidas. Por otro, el sector alerta de que las redes abandonadas o a la deriva pueden entrar en contacto con los aparejos de otros barcos.
Esto puede provocar daños materiales, pérdida de artes de pesca y perjuicios económicos para los profesionales que desarrollan legalmente su actividad en el Mediterráneo.
Los pescadores españoles denuncian un trato desigual
El conflicto adquiere una especial relevancia por las restricciones que afectan a la flota española.
Según los datos aportados por Cepesca, la flota de arrastre del Mediterráneo habría pasado de disponer de unas 230 jornadas anuales en 2019 a una media de 130 en 2026.
El sector sostiene que esta reducción limita considerablemente la capacidad de los pescadores españoles para trabajar y mantener la rentabilidad de sus explotaciones.
La denuncia es especialmente sensible cuando se compara con la percepción de que flotas de terceros países pueden desarrollar su actividad con controles diferentes.
José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y de la Asociación de Armadores de Almería, ha reclamado en distintas ocasiones que se controle la actividad de las flotas norteafricanas.
También Antonio Nieto Santiago, gerente de Pesca España, ha advertido sobre el impacto que estas prácticas pueden tener en los caladeros utilizados por la flota española.
Una zona de especial sensibilidad ambiental
El entorno de la isla de Alborán no solo tiene importancia pesquera. También posee un elevado valor ecológico.
En la zona existe una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) marina integrada en la Red Natura 2000, con una superficie superior a 66 000 hectáreas.
La existencia de este espacio protegido añade una dimensión ambiental al conflicto.
El control de las artes de pesca adquiere especial importancia en áreas donde la actividad extractiva convive con objetivos de conservación de los ecosistemas marinos.
Cualquier denuncia sobre el uso de artes prohibidas en estas aguas debe, por tanto, ser objeto de una vigilancia especialmente rigurosa por parte de las autoridades competentes.
Marruecos también prohíbe las redes de deriva
La controversia tiene otro elemento relevante: Marruecos cuenta con una prohibición nacional de las redes de deriva, según recoge la información difundida por el sector pesquero español.
Pese a ello, las organizaciones españolas aseguran que este tipo de artes continúa utilizándose por parte de algunas embarcaciones marroquíes.
España ya ha intervenido anteriormente ante situaciones relacionadas con estas redes.
En 2023, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta decomisó redes de deriva procedentes de pesqueros con bandera marroquí en dos actuaciones diferentes, según informaciones publicadas entonces por medios locales.
Estos antecedentes explican por qué las organizaciones pesqueras reclaman ahora una vigilancia más intensa en el mar de Alborán.
El problema no termina en el mar
La preocupación de los pescadores almerienses no se limita a las artes utilizadas en el Mediterráneo.
El sector también denuncia posibles irregularidades en la comercialización de pescado procedente de terceros países, especialmente cuando, según sus representantes, los productos no cumplirían las mismas exigencias de etiquetado y trazabilidad que se aplican dentro del mercado comunitario.
Estas acusaciones deben ser igualmente verificadas por las autoridades. Pero reflejan una preocupación más amplia: la de una flota española sometida a exigentes requisitos regulatorios mientras compite en el mercado con productos procedentes de países con marcos normativos diferentes.
Para los armadores, la combinación de ambos factores puede generar una presión adicional sobre la rentabilidad de la pesca española.
La pesca mediterránea afronta cada vez más restricciones
El debate sobre las redes de deriva se produce en plena discusión sobre el futuro de la pesca mediterránea.
El Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental ha reducido progresivamente el esfuerzo pesquero permitido a determinadas flotas. Las organizaciones del sector llevan tiempo reclamando una revisión de las restricciones y más jornadas de actividad.
Cepesca sostiene que la reducción de días de pesca tiene consecuencias sobre empleo, rentabilidad y supervivencia de las empresas pesqueras de las comunidades mediterráneas.
Desde esta perspectiva, el problema planteado por Almería no es únicamente una cuestión de vigilancia marítima.
Es también un debate sobre reciprocidad: si los pescadores españoles están obligados a cumplir normas estrictas para faenar en aguas comunitarias, el sector reclama que las actividades de flotas de terceros países que afecten a los mismos recursos sean controladas con el mismo rigor.
El sector reclama más vigilancia en Alborán
La petición de los armadores es concreta: incrementar los controles sobre las embarcaciones que utilizan artes de pesca prohibidas y reforzar la vigilancia en las zonas de interés para la flota española.
La reclamación afecta tanto a las autoridades españolas como a los mecanismos europeos de control pesquero.
El objetivo, según el sector, no es impedir la actividad legal de las flotas de otros países, sino garantizar que quien faena en las mismas aguas y compite por los mismos recursos respete las reglas establecidas.
La cuestión resulta especialmente sensible para Andalucía, donde numerosas comunidades costeras mantienen una importante dependencia económica de la actividad pesquera.
Un conflicto que enfrenta regulación y supervivencia del sector
El caso de Almería vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes contradicciones de la pesca mediterránea: cada vez existen más restricciones para las flotas comunitarias mientras los pescadores denuncian dificultades para controlar determinadas actividades de terceros países.
La prioridad debe ser que cualquier infracción sea investigada y sancionada cuando corresponda. Pero también resulta fundamental que las reglas sean claras, verificables y aplicadas de manera efectiva.
La denuncia de hasta 40 barcos de Marruecos y Argelia con redes de deriva exige, por ello, una respuesta basada en datos: identificar las embarcaciones, comprobar las artes utilizadas, determinar dónde faenan y establecer si existe alguna vulneración de la normativa.
Mientras tanto, los pescadores almerienses afrontan un escenario cada vez más complejo, marcado por menos días de actividad, mayor regulación y una creciente preocupación por la competencia de terceros países.
La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: ¿puede exigirse a la flota española cada vez más restricciones mientras no se garantiza un control equivalente sobre quienes compiten por los mismos caladeros?
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