El exdirector del Departamento de Seguridad Nacional Miguel Ángel Ballesteros advierte de una posible nueva entrada masiva, mientras Juan Jesús Vivas reclama reforzar la frontera y exige explicaciones al Gobierno.
La tensión entre España y Marruecos vuelve a situar a Ceuta en el centro del debate sobre la seguridad nacional. Las recientes declaraciones de una diputada marroquí reivindicando la soberanía de Marruecos sobre las ciudades autónomas, unidas a las advertencias de antiguos responsables de seguridad y a las críticas del Gobierno ceutí, han reavivado la preocupación por la vulnerabilidad de la frontera.
Durante el IV Foro Económico Español en Ceuta, celebrado los días 15 y 16 de octubre, el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, antiguo director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), advirtió de que una nueva entrada masiva de personas constituye uno de los escenarios más peligrosos que deben contemplar los responsables de seguridad.
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, coincidió en reclamar una respuesta más contundente del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ambos cuestionaron que las infraestructuras y los medios fronterizos hayan experimentado mejoras suficientes después de la crisis del 30 de julio.
El debate se produce tras la entrada masiva de migrantes registrada este verano y en plena investigación judicial sobre las advertencias que recibieron las autoridades antes de aquellos acontecimientos.
La preocupación institucional es evidente, pero conviene distinguir entre las declaraciones políticas, los escenarios hipotéticos de seguridad y los hechos acreditados. No existe, por ahora, una confirmación pública de que Marruecos esté preparando una nueva entrada masiva de personas en Ceuta.
Marruecos reabre el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla
Uno de los detonantes de la polémica han sido las declaraciones de Nabila Mounib, diputada y dirigente socialista marroquí, quien reivindicó la soberanía de Marruecos sobre Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas.
Según la información publicada por EL ESPAÑOL el 16 de octubre, Mounib afirmó que estos territorios pertenecían a Marruecos y sostuvo que Rabat elegiría el momento adecuado para abrir una negociación con España sobre su recuperación.
Sus palabras han intensificado la controversia en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales, después de la crisis migratoria de julio y de la reciente visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla.
La declaración de una diputada no equivale, por sí sola, a una decisión oficial del Gobierno marroquí ni demuestra que exista un plan inminente para modificar la situación territorial. Sin embargo, constituye una muestra de que las reivindicaciones sobre las ciudades autónomas siguen presentes en el debate político marroquí.
Desde la perspectiva española, la posición institucional es inequívoca: Ceuta y Melilla forman parte de España. Cualquier controversia sobre su soberanía debe abordarse dentro del marco diplomático y jurídico correspondiente, sin confundir las declaraciones de representantes políticos con decisiones oficiales del Estado vecino.
La cuestión adquiere mayor relevancia cuando las reivindicaciones territoriales coinciden con tensiones fronterizas. En ese contexto, los responsables de seguridad consideran necesario evaluar no solo las amenazas militares convencionales, sino también las posibles presiones diplomáticas, migratorias y económicas.
Ballesteros advierte del escenario más peligroso para Ceuta
Miguel Ángel Ballesteros, que dirigió el Departamento de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Pedro Sánchez hasta 2023, expuso durante el foro económico varios escenarios que deberían contemplar los responsables de seguridad.
Según EL ESPAÑOL, el general señaló que, en la planificación estratégica, los expertos estudian tanto el escenario más probable como el más peligroso.
En su valoración, uno de los riesgos más graves sería una nueva entrada masiva de personas, con una magnitud que podría alcanzar las 100 000 personas, y una eventual negativa de Marruecos a facilitar su retorno.
Se trata de una hipótesis de riesgo planteada por Ballesteros, no de una previsión confirmada de que vaya a producirse otra movilización de esas características.
El antiguo responsable del DSN también expresó su preocupación por la posibilidad de que una crisis fronteriza coincidiera con otras amenazas para la seguridad interior. Entre ellas mencionó la eventual presencia de personas vinculadas a servicios de inteligencia o estructuras militares extranjeras.
Estas afirmaciones deben entenderse como escenarios planteados durante un análisis de seguridad. La información publicada no aporta pruebas que permitan afirmar que exista una operación de infiltración de ese tipo en marcha.
Ballesteros considera que la frontera necesita mejoras y advirtió de que, a su juicio, los medios disponibles no han cambiado lo suficiente desde los acontecimientos del 30 de julio.
Su diagnóstico abre un debate sobre la preparación del Estado ante una crisis que pudiera combinar una presión migratoria extraordinaria con incidentes marítimos y tensiones diplomáticas.
Juan Jesús Vivas exige explicaciones a Pedro Sánchez
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó el tono de sus críticas a la actuación del Gobierno central durante su intervención en el foro.
Vivas sostiene que el Ejecutivo no respondió adecuadamente antes, durante ni después de la crisis migratoria. Según sus declaraciones recogidas por EL ESPAÑOL, reclamó mayor coordinación institucional, refuerzos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medidas para mejorar la capacidad de respuesta de la frontera.
El dirigente ceutí también cuestionó que las autoridades no hubieran explicado de manera satisfactoria determinados aspectos de la actuación de medios militares marroquíes durante aquellos días.
Entre sus principales reclamaciones figuran:
- Reforzar la frontera de El Tarajal, tanto en infraestructuras como en medios materiales y humanos.
- Mejorar la coordinación entre el Gobierno central, la Delegación del Gobierno y las autoridades de Ceuta.
- Aclarar las circunstancias de la entrada masiva de julio y la respuesta de los organismos responsables.
- Explicar qué medidas se han adoptado para evitar que una crisis de características similares vuelva a desbordar los dispositivos de seguridad.
- Acelerar la gestión de las situaciones administrativas de las personas que permanecen en la ciudad tras los acontecimientos.
Vivas también criticó que todavía quedaran miles de personas llegadas durante la crisis en Ceuta. EL ESPAÑOL recoge su estimación de que la cifra rondaría las 15 000 personas, un dato que debe atribuirse al presidente autonómico y contrastarse con los registros oficiales actualizados.
La discrepancia entre las administraciones no se limita a una cuestión de cifras. Afecta a la evaluación de los riesgos, al reparto de responsabilidades y a la capacidad de la ciudad para mantener sus servicios públicos en una situación de presión extraordinaria.
La crisis del 30 de julio sigue bajo investigación judicial
Las advertencias actuales se producen mientras la Audiencia Nacional investiga los acontecimientos del 30 de julio de 2026.
La juez María Tardón ha solicitado información a 21 unidades policiales y militares para reconstruir la secuencia de los hechos, según las informaciones publicadas por EL PAÍS y EL ESPAÑOL.
Entre las diligencias figuran la revisión de comunicaciones previas, la recopilación de informes de inteligencia y el análisis de imágenes que puedan ayudar a determinar cómo se desarrolló la entrada masiva.
La investigación también examina los avisos transmitidos antes de los acontecimientos y la actuación de las autoridades españolas y marroquíes. El CNI ha remitido documentación a la magistrada sobre las advertencias previas, aunque el contenido íntegro del informe no se ha hecho público.
Estos documentos pueden resultar importantes para determinar qué información estaba disponible, cuándo llegó a los responsables competentes y qué decisiones se adoptaron.
Sin embargo, la existencia de avisos previos no demuestra automáticamente que las autoridades conocieran la magnitud final de la crisis ni que hubiera una actuación deliberada para facilitarla.
La causa continúa abierta y las responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas incorporadas al procedimiento. Hasta que se acrediten los hechos, las acusaciones sobre una posible operación organizada deben mantenerse en el terreno de las hipótesis que investiga la Justicia.
¿Puede repetirse una entrada masiva en Ceuta?
Desde el punto de vista de la seguridad, una nueva crisis dependería de varios factores: la situación política bilateral, la cooperación de las fuerzas marroquíes, la capacidad de vigilancia de la frontera y la preparación de los dispositivos españoles.
La experiencia de julio demuestra que una movilización de gran escala puede plantear dificultades operativas y humanitarias cuando numerosas personas intentan cruzar una frontera en un periodo reducido.
Pero la posibilidad de que vuelva a producirse un episodio similar no permite concluir que vaya a ocurrir. Para valorar el riesgo sería necesario disponer de información actualizada sobre movimientos, convocatorias, alertas de inteligencia y cambios en los dispositivos de seguridad.
El escenario más preocupante para las autoridades sería una combinación de factores: una movilización simultánea por diferentes puntos, una respuesta insuficiente del lado marroquí y dificultades para gestionar a las personas que lograsen entrar en territorio español.
Ante esa posibilidad, la preparación requiere protocolos claros, medios suficientes y canales de comunicación eficaces entre los organismos responsables.
También exige respetar el marco jurídico aplicable a la gestión fronteriza y a la protección de las personas migrantes. La seguridad nacional y las obligaciones humanitarias no son objetivos incompatibles, aunque una crisis de gran magnitud pueda someter ambos a una presión considerable.
La frontera, las piscifactorías y las tensiones marítimas
El debate sobre Ceuta no se limita a la entrada de personas por la frontera terrestre o marítima. Ballesteros también señaló otros puntos de fricción entre España y Marruecos, entre ellos la presencia de buques marroquíes en aguas españolas y la instalación de piscifactorías cuya ubicación ha suscitado controversia.
Las informaciones publicadas sobre la crisis de julio describen incursiones de embarcaciones militares marroquíes en aguas bajo soberanía española. Estos episodios deben analizarse a partir de la documentación oficial y de la delimitación marítima aplicable, ya que las controversias sobre jurisdicción y soberanía requieren precisión jurídica.
El antiguo director del DSN defendió una respuesta firme ante instalaciones que, a su juicio, puedan vulnerar los derechos marítimos españoles. No obstante, cualquier actuación sobre infraestructuras situadas en zonas disputadas debe ajustarse al derecho internacional y a los procedimientos competentes.
Estos incidentes muestran que las relaciones entre ambos países incluyen cuestiones de seguridad, cooperación migratoria, pesca, comercio y delimitación marítima.
La capacidad de España para defender sus intereses depende tanto de sus medios de vigilancia como de la coordinación diplomática y de la solidez de los argumentos jurídicos con los que responda a cada controversia.
¿Qué respuesta debería preparar España?
Las advertencias formuladas en Ceuta plantean varias necesidades que pueden evaluarse sin dar por hecho que se esté preparando una nueva crisis.
Primero, revisar los medios de vigilancia fronteriza. Las autoridades deben determinar si los recursos disponibles permiten detectar y responder a una movilización simultánea por mar y tierra.
Segundo, reforzar la coordinación institucional. Los protocolos deben definir quién dirige la respuesta, qué organismos participan y cómo se distribuye la información entre las autoridades civiles, policiales y militares.
Tercero, mejorar la cooperación bilateral sin renunciar a la defensa de los intereses españoles. La colaboración con Marruecos es relevante para la gestión fronteriza, pero debe ir acompañada de mecanismos de evaluación y respuesta ante posibles incumplimientos.
Cuarto, garantizar transparencia sobre las decisiones públicas. La investigación judicial debe esclarecer los hechos y permitir que se depuren las responsabilidades que correspondan, sin anticipar conclusiones.
Quinto, preparar recursos humanitarios y logísticos. Una nueva llegada de gran magnitud exigiría capacidad para atender a las personas afectadas, preservar los servicios esenciales y evitar que la crisis se prolongase por falta de medios.
Estas medidas no requieren afirmar que una nueva entrada masiva sea inminente. Responden a la necesidad de que las instituciones estén preparadas para escenarios extraordinarios y puedan actuar con rapidez si las circunstancias lo exigen.
Ceuta reclama seguridad, claridad institucional y una estrategia a largo plazo
La intervención de Ballesteros y las críticas de Vivas reflejan la preocupación existente en Ceuta por las consecuencias de la crisis migratoria y por la capacidad de respuesta del Estado.
Las declaraciones de Nabila Mounib añaden un componente territorial y diplomático a un debate que ya estaba marcado por la seguridad fronteriza y la investigación judicial.
No obstante, las distintas cuestiones deben analizarse con rigor: las reivindicaciones de una diputada marroquí no constituyen por sí solas una decisión oficial de Rabat; las advertencias de un antiguo responsable de seguridad describen escenarios posibles, no planes futuros confirmados; y las responsabilidades por la crisis de julio siguen pendientes de esclarecimiento judicial.
Lo que sí resulta evidente es la necesidad de que las autoridades españolas expliquen qué medidas han adoptado desde los acontecimientos del verano, qué mejoras consideran prioritarias y cómo piensan responder ante futuras emergencias.
Ceuta necesita una estrategia de seguridad fronteriza que combine prevención, medios suficientes, coordinación institucional y cooperación diplomática, sin confundir las hipótesis de riesgo con hechos probados.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿han aprovechado las administraciones la experiencia de julio para reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad o persisten vulnerabilidades que deberían corregirse antes de la próxima crisis?
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