El TSJA ha anulado artículos de la ordenanza de movilidad de Málaga por considerar discriminatorio el trato entre vehículos de residentes y de fuera. El Ayuntamiento suspende temporalmente las sanciones, pero la sentencia no declara ilegales todas las ZBE de España.
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) vuelven al centro del debate sobre movilidad, contaminación y derechos de los conductores. En Málaga, el Ayuntamiento ha dejado de imponer multas por circular por la ZBE después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmara la nulidad de los artículos de la ordenanza municipal que regulaban este sistema.
El motivo no es una declaración general contra las restricciones medioambientales, sino una cuestión de igualdad de trato: la regulación malagueña permitía determinadas excepciones a vehículos domiciliados en la capital, mientras que otros automóviles podían ser sancionados por circular en condiciones similares.
La resolución judicial ha obligado al Consistorio a suspender temporalmente el régimen sancionador asociado a la zona. La decisión abre, además, una incógnita para los conductores que ya han recibido multas: el Ayuntamiento ha señalado que estudiará cómo abordar esos expedientes, sin anunciar una anulación automática de todas las sanciones anteriores.
El caso supone un revés para la regulación aplicada en Málaga y plantea una pregunta relevante para otras ciudades: ¿pueden las administraciones restringir el tráfico por motivos medioambientales y, al mismo tiempo, establecer excepciones que favorezcan a unos conductores frente a otros?
Qué ha decidido el TSJA sobre la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuestiona determinados artículos de la Ordenanza de Movilidad de Málaga que regulaban la Zona de Bajas Emisiones.
Según la información publicada por elEconomista el 15 de octubre de 2026, el tribunal consideró discriminatorio que la regulación permitiera circular a ciertos vehículos domiciliados en Málaga mientras imponía restricciones y posibles multas a vehículos de fuera de la ciudad.
El Ayuntamiento había solicitado una aclaración de la resolución durante el verano. Sin embargo, según explicó la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, el Consistorio recibió esa misma semana la confirmación de la nulidad de los artículos afectados.
La responsable municipal afirmó que el Ayuntamiento había decidido acatar la sentencia y suspender temporalmente tanto la Zona de Bajas Emisiones como su régimen sancionador, en los términos comunicados por el Consistorio.
Conviene precisar el alcance jurídico del caso. La resolución afecta a la regulación municipal cuestionada, no supone que todos los tribunales hayan declarado ilegales todas las ZBE españolas. Cada ordenanza debe analizarse de acuerdo con su contenido, las circunstancias del procedimiento y los fundamentos de la sentencia que la examine.
La controversia malagueña se centra en cómo se diseñaron las excepciones y en si el trato diferenciado entre vehículos podía justificarse legalmente.
El problema de las excepciones para los coches de residentes
El punto central de la disputa es el criterio utilizado para distinguir entre vehículos autorizados y vehículos sujetos a restricciones.
Según la información publicada, el Ayuntamiento intentó reducir las limitaciones para los automóviles domiciliados en Málaga con el propósito de favorecer a los residentes. Esa diferencia de trato terminó siendo uno de los aspectos cuestionados judicialmente.
La intención de beneficiar a los vecinos no elimina, por sí sola, la obligación de respetar los principios de igualdad y proporcionalidad. Una Administración puede establecer excepciones cuando existe una justificación legal suficiente, pero debe poder explicar por qué son necesarias y por qué los criterios elegidos resultan adecuados para el objetivo perseguido.
En este caso, la resolución judicial pone el foco en la diferencia entre vehículos en función de su domicilio. El problema, según la información difundida, es que el criterio podía generar una ventaja para determinados automóviles sin una justificación suficiente frente a otros conductores sometidos a la misma regulación.
La cuestión tiene consecuencias prácticas. Las ZBE se aplican mediante reglas de acceso, categorías de vehículos, excepciones y sistemas de control. Si una parte esencial de la ordenanza no supera el examen judicial, el Ayuntamiento puede verse obligado a revisar la regulación y la manera en que impone las sanciones.
La lección jurídica no es que las restricciones de tráfico sean siempre ilegales, sino que deben estar justificadas y aplicarse conforme a la ley.
Qué pasará con las multas ya impuestas en Málaga
Una de las mayores incógnitas afecta a los conductores que recibieron propuestas de sanción durante los meses en los que se aplicó el sistema cuestionado.
Las informaciones publicadas por medios locales sitúan en más de 46.000 las denuncias o propuestas de sanción acumuladas desde el inicio del régimen sancionador, aunque la cifra debe atribuirse a los datos municipales difundidos por representantes políticos y no confundirse automáticamente con multas firmes y cobradas.
La concejala de Movilidad ha indicado que la gestión de los expedientes corresponde a los órganos municipales responsables de la tramitación y la recaudación. La voluntad del Ayuntamiento, según sus declaraciones, es estudiar la situación y resolverla conforme a la normativa vigente.
Esto significa que no debe darse por hecho que todas las multas anteriores hayan quedado anuladas o que todos los afectados vayan a recibir una devolución automática. El efecto sobre cada expediente dependerá de su situación administrativa y de las decisiones que adopten los órganos competentes a la luz de la resolución judicial.
Para los conductores afectados, resulta aconsejable conservar las notificaciones, los justificantes de pago y cualquier documentación relacionada con el procedimiento. Si ya han abonado una sanción o tienen un expediente abierto, deberán comprobar qué decisión adopta el Ayuntamiento y qué vías de reclamación corresponden a su caso.
La falta de una respuesta inmediata sobre todos los expedientes añade incertidumbre a una situación que afecta tanto a la Administración como a los automovilistas.
El Ayuntamiento prepara una nueva regulación
La suspensión del régimen sancionador no resuelve por sí sola el futuro de la movilidad en Málaga. El Consistorio ha iniciado los trámites para modificar la ordenanza con el objetivo de disponer de un marco jurídicamente más sólido.
Una de las alternativas que se desprenden del conflicto es diseñar un sistema que aplique criterios ambientales de manera coherente, sin favorecer o perjudicar a los vehículos por el mero hecho de estar domiciliados en un municipio u otro.
Eso no significa necesariamente que Málaga vaya a eliminar de forma permanente su ZBE. La sentencia cuestiona la regulación aplicada, especialmente el trato diferenciado entre vehículos locales y foráneos, pero no establece que cualquier restricción ambiental sea ilegal por definición.
El Ayuntamiento tendrá que decidir cómo adapta la normativa, qué excepciones puede justificar y cómo garantiza que las reglas sean compatibles con los principios de igualdad, proporcionalidad y unidad de mercado.
La elaboración de una nueva ordenanza también deberá considerar la legislación estatal sobre cambio climático, el marco europeo y los objetivos de calidad del aire. La cuestión será diseñar una regulación que cumpla esos objetivos sin reproducir los defectos jurídicos detectados por los tribunales.
¿Significa esto que todas las ZBE de España son ilegales?
No. La sentencia sobre Málaga no invalida automáticamente las Zonas de Bajas Emisiones del resto de España.
Las ZBE se desarrollan mediante normas y ordenanzas concretas. Aunque comparten una finalidad general —reducir la contaminación y limitar la circulación de determinados vehículos—, sus criterios de acceso, excepciones, procedimientos y sistemas sancionadores pueden ser diferentes.
La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, establece obligaciones relacionadas con la implantación de estas zonas en determinados municipios. Su aplicación se desarrolla mediante otras disposiciones y regulaciones locales.
El caso de Málaga demuestra que una ZBE puede ser objeto de control judicial y que una ordenanza puede quedar anulada, total o parcialmente, si vulnera la legislación aplicable. Pero no permite concluir que todas las zonas estén afectadas por el mismo defecto.
Para conocer la situación de una ciudad concreta es necesario comprobar su ordenanza, las resoluciones judiciales que puedan afectarla y las comunicaciones oficiales del ayuntamiento correspondiente.
Por eso, aunque el titular de esta noticia se refiere a la polémica general sobre las ZBE, la suspensión de las multas que se ha confirmado en esta información corresponde a Málaga. No hay base suficiente en los datos aportados para afirmar que cada vez más ciudades estén dejando de sancionar por el mismo motivo.
La controversia sobre las ZBE: contaminación, movilidad y seguridad jurídica
Las Zonas de Bajas Emisiones dividen a conductores, administraciones y sectores políticos. Sus defensores sostienen que son una herramienta para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Sus detractores cuestionan el coste que las restricciones pueden imponer a quienes necesitan el coche para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o desplazarse desde municipios con conexiones de transporte público insuficientes.
El conflicto de Málaga incorpora una cuestión adicional: la seguridad jurídica. Cuando una regulación establece diferencias entre conductores, la Administración debe poder justificarlas con criterios objetivos y compatibles con la ley.
La controversia también pone de relieve la importancia de evaluar las medidas de movilidad con datos. Para valorar la eficacia de una ZBE es necesario examinar la evolución de la contaminación, los cambios en el tráfico, las alternativas de transporte y los efectos sobre los distintos grupos de usuarios.
Al mismo tiempo, una regulación debe ofrecer reglas claras y previsibles. Si los criterios se diseñan de forma deficiente, la consecuencia puede ser un litigio que obligue a modificar el sistema y genere incertidumbre sobre las sanciones impuestas.
El caso malagueño deja una conclusión clara: las políticas medioambientales deben perseguir sus objetivos dentro de la legalidad y aplicar criterios justificables a todos los ciudadanos. El reto para el Ayuntamiento será compatibilizar la protección de la calidad del aire con la igualdad de trato y la seguridad jurídica de los conductores.
La pregunta que queda abierta es si la nueva regulación logrará corregir el problema sin trasladar toda la carga a los automovilistas o si, por el contrario, mantendrá restricciones similares con criterios distintos. La respuesta dependerá del texto definitivo y de su aplicación práctica.
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