ANGED denuncia que la competencia de las plataformas asiáticas amenaza al comercio español y cifra en 1.056 millones de euros la recaudación fiscal perdida por incumplimientos. Reclama al próximo Gobierno cinco reformas para reducir costes y recuperar competitividad.
El comercio español advierte de que la competencia digital ya no es solo una cuestión de precios: también afecta a los impuestos, la seguridad de los productos y el empleo. La patronal que representa a grandes compañías como El Corte Inglés, Carrefour e Ikea alerta de que 56.000 puestos de trabajo podrían estar en peligro por las ventajas competitivas que atribuye a determinadas plataformas de venta online asiáticas.
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) reclama al próximo Gobierno un paquete de cinco reformas para reducir la burocracia, combatir el absentismo, flexibilizar los horarios comerciales, garantizar que todos los operadores cumplan las mismas normas y revisar la fiscalidad. La organización sostiene que las trabas administrativas y los costes asociados a la actividad empresarial limitan la inversión y dificultan la competencia de las compañías que operan en España.
Las cifras proceden de la propia patronal y deben entenderse como estimaciones sectoriales, no como pérdidas o empleos destruidos ya acreditados por una auditoría independiente. Aun así, el mensaje lanzado por la gran distribución plantea un debate de fondo: ¿puede el comercio español competir en igualdad de condiciones si los requisitos fiscales, laborales y de seguridad no se aplican de manera efectiva a todos los vendedores?
ANGED alerta del impacto de las plataformas asiáticas en el empleo
La advertencia se produjo durante el Día de la Distribución 2026, un encuentro que reunió a unos 300 directivos del sector industrial y comercial. En la clausura, la presidenta de ANGED, Matilde García Duarte, situó la competitividad y la simplificación normativa entre las prioridades que debería abordar el próximo Ejecutivo.
La patronal calcula que las prácticas que atribuye a determinadas plataformas asiáticas ponen en riesgo 56.000 empleos en la industria del comercio. Su preocupación se centra en los operadores digitales que venden directamente a los consumidores españoles y que, según denuncia la asociación, no siempre cumplen las obligaciones fiscales, aduaneras y de seguridad exigibles.
El comercio tradicional y las grandes cadenas soportan costes vinculados a establecimientos físicos, personal, instalaciones, logística y cumplimiento normativo. Las plataformas digitales también tienen costes y obligaciones, pero la controversia surge cuando existen diferencias en la aplicación efectiva de las reglas o cuando productos importados entran en el mercado sin los controles correspondientes.
En ese escenario, el precio final puede convertirse en una ventaja decisiva. Si una empresa cumple todas sus obligaciones y otra evita parte de ellas, la competencia deja de depender exclusivamente de la eficiencia, la innovación o la capacidad de ofrecer mejores precios.
La reclamación de ANGED no se dirige contra la venta por internet en sí misma, sino contra lo que considera una competencia desleal derivada del incumplimiento de las normas. Para determinar el alcance real del problema, no obstante, es necesario contrastar las estimaciones de la patronal con datos oficiales sobre importaciones, recaudación, inspecciones y empleo.
Los 1.056 millones de euros en impuestos que denuncia la patronal
Uno de los datos más llamativos de la denuncia es la estimación de 1.056 millones de euros de pérdida de recaudación fiscal asociada al incumplimiento normativo de determinadas plataformas.
La cifra refleja la posición de ANGED, pero la información facilitada no incluye el desglose metodológico necesario para saber qué impuestos se han contabilizado, qué periodo abarca el cálculo o cómo se distingue entre fraude, errores de cumplimiento y diferencias legales entre modelos de negocio.
Por eso, no debe presentarse como una cantidad de evasión fiscal judicialmente demostrada. La denuncia apunta a un problema que requiere comprobación y respuesta administrativa, pero la magnitud exacta necesita una metodología transparente y datos contrastables.
El debate fiscal afecta a varias cuestiones:
- IVA: comprobar que las ventas a consumidores españoles tributan correctamente y que los mecanismos de recaudación funcionan.
- Aduanas e importaciones: verificar las declaraciones, el valor de los productos y el cumplimiento de las obligaciones aplicables.
- Seguridad de los productos: garantizar que los artículos comercializados respetan los requisitos europeos correspondientes.
- Responsabilidad de los intermediarios: determinar qué obligaciones corresponden a las plataformas, los vendedores y los importadores en cada operación.
La Unión Europea ya dispone de instrumentos para regular las ventas digitales y las importaciones. El desafío consiste en aplicar las normas de forma efectiva, reforzar la supervisión y actuar contra los incumplimientos acreditados, sin convertir la procedencia geográfica de una empresa en prueba automática de fraude.
Para el comercio español, la cuestión tiene una dimensión económica directa. Si se pierde recaudación por incumplimientos reales, el Estado deja de ingresar recursos que podrían financiar servicios públicos o reducir otras cargas. Si, además, los operadores que cumplen las normas soportan costes que sus competidores eluden, se distorsiona la competencia.
Las cinco reformas que reclama la gran distribución
ANGED ha trasladado al próximo Gobierno una carta abierta con cinco grandes propuestas. La patronal considera que las reformas deben abordarse de manera coordinada para mejorar la productividad, estimular la inversión y favorecer el crecimiento del empleo.
1. Crear una vicepresidencia económica de desregulación
La primera propuesta consiste en crear una vicepresidencia económica dedicada a simplificar la regulación y coordinar un plan que alcance a los distintos niveles de la Administración.
Según ANGED, el exceso de regulación supone un sobrecoste anual de 36.000 millones de euros. La organización sostiene que la acumulación de trámites, requisitos y procedimientos resta tiempo y recursos a las empresas, dificulta la puesta en marcha de proyectos y reduce su capacidad para invertir.
La simplificación administrativa puede beneficiar a empresas de distintos tamaños, especialmente cuando permite eliminar duplicidades y agilizar autorizaciones. Sin embargo, reducir burocracia no equivale necesariamente a suprimir controles: la clave está en distinguir entre trámites redundantes y obligaciones que protegen derechos laborales, consumidores, el medio ambiente o la seguridad.
ANGED defiende que una coordinación más eficaz entre administraciones permitiría reducir costes y mejorar la productividad. La propuesta requeriría concretar qué normas deberían revisarse, qué procedimientos se simplificarían y cómo se medirían los resultados.
2. Reducir el absentismo laboral y mejorar la prevención
La segunda reforma se centra en el absentismo. La patronal reclama actuar mediante el diálogo social, reforzar la prevención de riesgos laborales y mejorar la colaboración entre la sanidad pública y las mutuas.
ANGED estima que recuperar niveles de absentismo anteriores a la pandemia permitiría un ahorro cercano a 17.000 millones de euros para empresas, mutuas y Seguridad Social.
La organización considera que las ausencias laborales prolongadas tienen consecuencias sobre la planificación de plantillas, la productividad y los costes operativos. En actividades con horarios comerciales amplios, almacenes, distribución y atención al público, las ausencias pueden exigir reorganizar turnos o recurrir a personal adicional.
No obstante, el absentismo no constituye una categoría homogénea. Incluye situaciones diferentes y debe analizarse teniendo en cuenta las causas médicas, la duración de las bajas, las condiciones de trabajo y los mecanismos de prevención.
Por ello, una reforma eficaz tendría que combinar la reducción de las ausencias evitables con garantías para los trabajadores enfermos y una gestión sanitaria que facilite la recuperación. La cifra de ahorro planteada por ANGED es una estimación de la patronal, no un ahorro garantizado.
3. Flexibilizar los horarios comerciales
La tercera reclamación es avanzar hacia una mayor libertad de horarios comerciales, una cuestión que afecta tanto a las grandes superficies como a otros establecimientos.
Según ANGED, España cuenta con 390 regulaciones relacionadas con la apertura en domingos. La patronal considera que esta fragmentación dificulta la planificación de las empresas, limita su capacidad de adaptación a la demanda y crea diferencias entre territorios.
La regulación de los horarios comerciales depende en buena medida de las comunidades autónomas, dentro del marco estatal aplicable. Por ello, cualquier cambio debe tener en cuenta las competencias de cada Administración y las condiciones que se establezcan para la apertura en domingos y festivos.
Los defensores de una mayor flexibilidad sostienen que permitiría adaptar los horarios a los hábitos de compra, el turismo y la demanda local. Quienes respaldan restricciones más amplias señalan que la libertad de apertura también puede incrementar los costes laborales y la presión sobre los pequeños comercios, dependiendo de las condiciones de cada mercado.
La discusión no se limita, por tanto, a abrir más horas. También implica decidir cómo se distribuyen los costes, qué capacidad de elección tienen los trabajadores y qué efectos tiene la regulación sobre los negocios de distinto tamaño.
Para ANGED, una normativa más coherente y previsible facilitaría competir con las plataformas digitales, que no dependen de un horario de apertura física para recibir pedidos.
4. Garantizar las mismas reglas para todos los vendedores
La cuarta propuesta conecta directamente con la denuncia sobre las plataformas asiáticas. ANGED pide reforzar la unidad de mercado y coordinar la aplicación de la normativa europea para garantizar que los productos vendidos en España cumplan las obligaciones correspondientes.
La patronal reclama controles efectivos en materia de fiscalidad, aduanas y seguridad de los productos. Su argumento es que no resulta razonable exigir a los operadores establecidos en España que cumplan todas las obligaciones si otros vendedores pueden acceder al consumidor europeo sin someterse a controles equivalentes.
La cuestión es especialmente relevante en el comercio electrónico transfronterizo, donde el vendedor, la plataforma, el almacén y el comprador pueden encontrarse en países distintos.
Una aplicación eficaz de las normas exige identificar quién responde por cada operación, mejorar la trazabilidad de los productos y actuar cuando se detectan incumplimientos. También requiere coordinación entre las autoridades tributarias, aduaneras y de vigilancia del mercado.
El objetivo debería ser la igualdad de obligaciones y de cumplimiento, no una restricción general a las empresas por su nacionalidad. Las plataformas asiáticas que respeten las reglas deben poder competir, mientras que los incumplimientos demostrados deben investigarse y sancionarse conforme a la legislación aplicable.
La cuestión central es si las autoridades disponen de recursos suficientes para controlar un volumen creciente de envíos y transacciones digitales. Sin datos comparables sobre inspecciones, infracciones y sanciones, resulta difícil medir cuánto de la ventaja competitiva denunciada responde a incumplimientos y cuánto a diferencias de costes o de modelo comercial.
5. Revisar la fiscalidad para impulsar la inversión
La quinta reforma es una reforma fiscal integral que, según ANGED, debería incorporar incentivos para las empresas y los ciudadanos, favorecer la inversión y contribuir a sostener el crecimiento económico.
La patronal afirma que la presión fiscal ha aumentado cerca de cuatro puntos, aunque la información difundida no especifica el indicador, el periodo ni la metodología empleados para calcular esa variación.
La precisión importa porque la presión fiscal puede medirse de distintas maneras, por ejemplo, como la relación entre los ingresos tributarios y el producto interior bruto. También debe distinguirse entre el aumento de la recaudación total y la evolución de la carga que soportan contribuyentes concretos.
ANGED sostiene que una fiscalidad más favorable a la inversión permitiría mejorar la capacidad de las empresas para ampliar instalaciones, modernizar procesos y crear empleo. Para valorar la propuesta, sería necesario conocer qué impuestos pretende modificar, qué incentivos plantea y cómo compensaría el eventual impacto sobre los ingresos públicos.
La presidenta de la organización resumió la preocupación de la patronal con una reflexión sobre el poder adquisitivo: «Una economía que crece no puede convivir con un consumidor que se siente cada vez más pobre».
La frase apunta a una contradicción que afecta al debate económico: el crecimiento agregado no siempre se traduce en una mejora equivalente de la situación cotidiana de los hogares. La vivienda, los precios, los salarios y la productividad influyen en la capacidad real de consumo.
Burocracia y absentismo: un sobrecoste que la patronal cifra en 53.000 millones
Las estimaciones presentadas por ANGED suman 36.000 millones de euros anuales por exceso de regulación y cerca de 17.000 millones por absentismo, lo que arroja un total aproximado de 53.000 millones de euros.
La suma ayuda a entender la dimensión del problema que plantea la patronal, pero conviene interpretarla con cautela. Son cálculos atribuidos a la organización y la información disponible no permite comprobar si ambas estimaciones emplean criterios comparables o si existe algún solapamiento entre sus componentes.
Tampoco debe confundirse ese importe con una pérdida directa de dinero público ni con un coste soportado exclusivamente por las empresas. La cifra de absentismo incluye, según ANGED, a empresas, mutuas y Seguridad Social, mientras que el cálculo regulatorio responde a otro concepto.
Para convertir estas estimaciones en una base sólida de política económica sería conveniente publicar los métodos de cálculo, los periodos de referencia y los supuestos empleados. Esa transparencia permitiría identificar las medidas con mayor potencial de ahorro y evaluar sus resultados posteriormente.
El peso económico de El Corte Inglés, Carrefour e Ikea
ANGED agrupa a 26 empresas y, según los datos facilitados por la propia organización, representa a un sector con más de 8.000 establecimientos y 240.000 empleados.
La patronal cifra la facturación anual de la distribución representada en 50.000 millones de euros y las compras a proveedores españoles en 36.000 millones.
Estas cifras reflejan el peso que la gran distribución atribuye a su actividad dentro de la economía nacional. La relación con los proveedores españoles es especialmente relevante porque el comercio no solo vende productos al consumidor final: también conecta fabricantes, agricultores, industrias alimentarias, empresas logísticas y otros sectores auxiliares con el mercado.
Por ese motivo, una caída de la actividad comercial podría repercutir más allá de los establecimientos. Del mismo modo, una mejora de la productividad o una mayor inversión en logística y tecnología puede tener efectos sobre la cadena de suministro.
No obstante, las cifras agregadas de la patronal no deben interpretarse como si todas las empresas asociadas tuvieran el mismo tamaño, estructura de costes o exposición a la competencia digital. Los efectos de una reforma pueden variar entre grandes cadenas, pequeños comercios, fabricantes y operadores logísticos.
La inteligencia artificial y los nuevos hábitos de consumo cambian el sector
La patronal advierte de que el comercio afronta cambios estructurales que van más allá de la competencia de las plataformas asiáticas. Entre ellos figuran la evolución demográfica, la inteligencia artificial y los nuevos hábitos de consumo vinculados a la vida urbana, la salud y el deporte.
La digitalización permite mejorar la gestión de inventarios, anticipar la demanda y personalizar la experiencia de compra. También aumenta la presión para invertir en tecnología, logística y sistemas de atención al cliente.
Las empresas que no consigan adaptarse pueden perder cuota de mercado, pero la transformación digital también exige inversión y formación. Para los establecimientos físicos, el reto consiste en combinar la experiencia presencial con los canales online, mientras que los operadores digitales deben gestionar las entregas, las devoluciones y las obligaciones que acompañan a sus ventas.
La IA puede contribuir a mejorar procesos, aunque su impacto dependerá de cómo se implante y de la capacidad de cada empresa para aprovecharla. La tecnología, por sí sola, no resuelve los problemas de productividad ni elimina la necesidad de competir mediante precios, calidad y servicio.
¿Qué puede hacer el próximo Gobierno?
Las cinco propuestas de ANGED sitúan sobre la mesa cuestiones que afectan a la política económica, laboral, comercial y fiscal. Su aplicación requeriría medidas concretas y, en algunos casos, coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los interlocutores sociales y las instituciones europeas.
Los principales retos son:
- Reducir trámites redundantes sin debilitar las garantías legales y de seguridad.
- Mejorar la gestión del absentismo con prevención, atención sanitaria y diálogo social.
- Revisar los horarios comerciales valorando los efectos sobre consumidores, trabajadores y empresas.
- Perseguir los incumplimientos acreditados de las normas fiscales, aduaneras y de seguridad, con independencia del origen del vendedor.
- Evaluar la fiscalidad y los incentivos con datos que permitan medir su efecto sobre la inversión, el empleo y los ingresos públicos.
El desafío será distinguir entre las medidas que mejoran realmente la productividad y las que trasladan costes de un actor a otro. La simplificación administrativa puede facilitar la actividad económica, pero necesita objetivos verificables; la flexibilidad comercial puede ampliar opciones para los consumidores, pero también modificar las condiciones laborales; y los incentivos fiscales deben evaluarse por sus resultados y por su coste presupuestario.
La denuncia de ANGED abre así un debate que va más allá de las grandes cadenas: cómo garantizar una competencia efectiva en el comercio español, proteger al consumidor y sostener el empleo en una economía cada vez más digital. Las cifras de la patronal ponen el foco en un problema que merece investigación y respuestas concretas, pero las decisiones públicas deberán apoyarse en datos contrastables y en una evaluación transparente de sus consecuencias.
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