El socialista Antonio Conde declara como investigado en Sevilla por las molestias acústicas del centro deportivo Marina Alabau, tras una denuncia de vecinos que llevan tiempo reclamando soluciones.
El ruido de unas instalaciones deportivas ha acabado en los tribunales y coloca bajo presión al Gobierno municipal de Mairena del Aljarafe (Sevilla). El alcalde socialista, Antonio Conde, ha comparecido ante la Justicia como investigado en una causa relacionada con las molestias acústicas atribuidas a la actividad del polideportivo Marina Alabau, después de una denuncia presentada por residentes de la zona.
La declaración se produjo el jueves 15 de octubre de 2026 en los juzgados del Prado de San Sebastián, en Sevilla, según la información publicada por ABC. La investigación también afecta a la concejala Otilia Padial, responsable de Empleo, Desarrollo Económico, Emprendimiento y Transición Ecológica, que acudió a la citación judicial junto al alcalde.
El procedimiento examina una cuestión que afecta directamente a la convivencia urbana: hasta qué punto las administraciones deben garantizar el funcionamiento de las instalaciones públicas sin desatender el derecho de los vecinos al descanso. Por ahora, la investigación no equivale a una condena ni demuestra por sí misma que el alcalde haya cometido un delito.
Una denuncia vecinal por las molestias del Marina Alabau
La causa judicial tiene su origen en las quejas de residentes de la avenida de la Constitución, que atribuyen molestias acústicas a la actividad de las pistas y otras instalaciones del polideportivo Marina Alabau.
Según la información de ABC, el centro deportivo cuenta con instalaciones construidas hace décadas. La antigüedad del recinto, sin embargo, no resuelve por sí sola la cuestión jurídica: la actividad debe desarrollarse conforme a las normas aplicables y las molestias denunciadas deben analizarse a partir de las pruebas disponibles.
En este tipo de conflictos, la investigación puede exigir que se determine el origen de los ruidos, sus horarios, su intensidad y las medidas adoptadas por la Administración municipal. También resulta relevante conocer si se realizaron mediciones acústicas, inspecciones o actuaciones correctoras.
La denuncia vecinal ha trasladado el conflicto desde el ámbito de las reclamaciones administrativas y políticas al judicial. Eso significa que las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento y la respuesta ofrecida a los residentes podrán ser examinadas dentro de los límites de la causa.
Antonio Conde comparece como investigado ante la jueza
El alcalde acudió el jueves a los juzgados del Prado de San Sebastián para prestar declaración ante la jueza número 20 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.
Junto a Conde compareció la concejala Otilia Padial, también citada en el procedimiento. La noticia señala que otros ediles del Gobierno local ya habían prestado declaración anteriormente.
La condición de investigado indica que la instrucción judicial examina posibles responsabilidades y permite a la persona afectada ejercer su defensa. No significa que exista una sentencia condenatoria ni que los hechos denunciados estén probados.
La investigación deberá aclarar qué decisiones se tomaron respecto al funcionamiento del centro deportivo, qué competencias correspondían a los responsables municipales y si la respuesta del Ayuntamiento fue suficiente conforme a la normativa aplicable.
Hasta que se conozcan más detalles de las actuaciones judiciales, no es posible afirmar que el alcalde sea penalmente responsable de los ruidos ni anticipar el desenlace del procedimiento.
El ruido del polideportivo ya había llegado a los plenos municipales
El asunto no era desconocido en la política local. Según ABC, las molestias vinculadas al Marina Alabau habían aparecido de forma recurrente en los plenos municipales, donde la oposición y los afectados podían plantear preguntas sobre el problema.
En esas sesiones, Antonio Conde había defendido la colaboración del Ayuntamiento con la Justicia y había señalado medidas como la restricción de horarios del centro deportivo.
La existencia de esas actuaciones será relevante para evaluar la respuesta municipal, aunque su mera adopción no permite determinar si fueron suficientes para resolver el conflicto. Para conocer su alcance real haría falta saber cuándo entraron en vigor, qué actividades afectaron y si lograron reducir las molestias denunciadas.
El punto central será comprobar si las medidas respondían de forma efectiva a las quejas de los vecinos y si se ajustaban a los límites legales de ruido. También será necesario conocer si existieron advertencias técnicas previas y qué actuaciones se realizaron tras recibirlas.
El derecho al descanso frente al uso de las instalaciones deportivas
El caso de Mairena del Aljarafe plantea un problema frecuente en municipios con zonas residenciales próximas a equipamientos deportivos: cómo compatibilizar la actividad de estos espacios con el descanso de quienes viven cerca.
Los centros deportivos prestan un servicio de interés para la población, pero su carácter público no los exime del cumplimiento de las normas sobre contaminación acústica. Del mismo modo, la existencia de molestias denunciadas no implica automáticamente que la instalación sea ilegal o que deba cerrar.
La normativa estatal sobre ruido, incluida la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece el marco general de protección frente a la contaminación acústica. Su aplicación concreta depende de las circunstancias del caso, de la normativa autonómica y municipal y de las características de la actividad.
En una investigación de este tipo, los elementos que pueden resultar decisivos incluyen:
- Las mediciones acústicas, para determinar si se superan los límites aplicables.
- Los horarios de funcionamiento, especialmente cuando las actividades se desarrollan cerca de viviendas.
- Las inspecciones y los informes técnicos, que pueden identificar las fuentes del ruido y las medidas necesarias.
- La respuesta municipal, para comprobar qué actuaciones se adoptaron y si fueron suficientes.
- Las pruebas aportadas por los vecinos, que deberán valorarse junto con el resto de la documentación.
Estos elementos permiten distinguir entre una molestia puntual, un problema persistente de convivencia y un posible incumplimiento de las obligaciones administrativas o legales.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
La instrucción judicial deberá avanzar con las declaraciones y las pruebas que considere necesarias. En función de lo que se acredite, el procedimiento podría continuar, limitarse a determinadas responsabilidades o concluir si no existen indicios suficientes de delito.
También será importante conocer si el Ayuntamiento ha implantado nuevas medidas para reducir las molestias y si estas han tenido resultados verificables. Una solución duradera debería ofrecer garantías tanto a los usuarios del polideportivo como a los residentes afectados.
La comparecencia de Antonio Conde coloca el asunto bajo una mayor atención pública, pero el desenlace dependerá de los hechos acreditados y de las decisiones judiciales. La prudencia es especialmente necesaria en una causa abierta: la investigación debe esclarecer las posibles responsabilidades sin convertir una citación en una condena anticipada.
Una cuestión de convivencia y responsabilidad municipal
El caso del polideportivo Marina Alabau vuelve a poner sobre la mesa una obligación básica de los ayuntamientos: gestionar los servicios públicos teniendo en cuenta tanto su utilidad como sus efectos sobre el entorno residencial.
Los vecinos tienen derecho a que sus reclamaciones sean examinadas y reciban una respuesta fundamentada. El Ayuntamiento, por su parte, debe poder explicar qué medidas adoptó, qué informes respaldaron sus decisiones y cómo piensa evitar que el problema continúe.
La investigación sobre Antonio Conde deberá determinar si la actuación municipal se ajustó a sus obligaciones legales. Hasta entonces, el dato confirmado es que el alcalde ha declarado como investigado en una causa originada por una denuncia vecinal, no que haya sido condenado por los hechos denunciados.
La pregunta de fondo permanece: ¿han sido suficientes las medidas adoptadas para conciliar la actividad del Marina Alabau con el derecho al descanso de los residentes de Mairena del Aljarafe?
Ahora mismo no se pueden mostrar productos de esta tienda.