El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado acerca del incremento en el coste de la financiación de la deuda pública y la necesidad de que los gobiernos implementen reformas fiscales para consolidar sus cuentas. Según un informe reciente, el aumento simultáneo de la deuda y los intereses reduce el margen de maniobra frente a futuras crisis económicas.
El FMI señala que el gasto medio en intereses de la deuda pública global pasará del 2,1 % en 2021 al 3,7 % en 2031. Este encarecimiento se produce en un contexto de elevados niveles de endeudamiento, además de nuevas demandas de gasto en defensa, transición energética y atención a una población envejecida.
Estados Unidos ejemplifica esta tendencia, con previsiones de que el coste de los intereses de su deuda aumente del 2,8 % del PIB pre-pandemia al 5,7 % en 2031, cifra cercana al gasto previsto para la Seguridad Social.
El FMI enfatiza que una mayor proporción de ingresos públicos destinada a intereses limita los recursos disponibles para otras políticas y reduce la capacidad de respuesta ante imprevistos económicos. Entre febrero y septiembre de este año, el rendimiento medio de los bonos a diez años de países del G7 aumentó más de un punto porcentual, alcanzando niveles no vistos en casi dos décadas.
Asimismo, se proyecta que la deuda pública global superará el 100 % del PIB en 2030, un nivel que no se registraba desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta mayor presión financiera coincide con nuevas prioridades presupuestarias, como la defensa, inversiones en transición energética y el envejecimiento poblacional.
El FMI también advierte que las tensiones geopolíticas y conflictos bélicos podrían requerir recursos adicionales, mientras que la combinación de deuda elevada y plazos de vencimiento más cortos en economías avanzadas aumenta la rapidez con la que las subidas de tipos afectan los costes de financiación.
Por ello, el organismo recomienda que los gobiernos adopten medidas fiscales concretas y planes creíbles que permitan estabilizar la deuda, contener los costes de financiación y limitar los riesgos asociados a desequilibrios económicos.
Las recomendaciones varían según el grupo de países: para economías emergentes se propone reducir vulnerabilidades fiscales y mejorar la gestión de la deuda; para países de menores ingresos, reforzar sistemas tributarios y aumentar la eficiencia del gasto público para proteger partidas prioritarias.
El FMI insiste en que retrasar la consolidación fiscal puede aumentar la carga de intereses y limitar las opciones para enfrentar futuras dificultades económicas, haciendo necesario un ajuste mayor y más complejo.
En relación a España, el informe señala un deterioro económico y vulnerabilidades como una deuda cercana al 100 % del PIB, un gasto en pensiones considerado insostenible y retos en la gestión del mercado laboral e inmobiliario. Además, se proyecta que la inflación se mantenga elevada, lo que podría afectar el poder adquisitivo y el ahorro de los hogares, mientras la inversión privada real permanece estancada.
Estas conclusiones ponen énfasis en la necesidad de implementar reformas estructurales para mejorar la sostenibilidad fiscal y la resiliencia frente a futuras crisis económicas.