El Gobierno de España anunció en enero la movilización de 17 000 fincas rústicas de titularidad estatal para facilitar el acceso a la tierra a jóvenes agricultores y otros colectivos prioritarios, con el objetivo de revitalizar el sector agrario y combatir la despoblación rural.
Nueve meses después, estas tierras no han sido puestas a disposición de los interesados, según el informe «Antes de movilizar la tierra» elaborado por la entidad Cocampo, que señala dificultades técnicas relacionadas con la identificación y catalogación de las fincas.
El Ejecutivo había prometido también habilitar la plataforma digital «Tierra Joven» para mejorar el acceso y gestión de estas tierras, pero esta iniciativa no ha entrado en operación hasta la fecha.
Entre las dificultades para la movilización de estas fincas destaca la descoordinación entre el registro de la propiedad y el catastro. Mientras el primero registra la titularidad, el catastro se ocupa de aspectos fiscales y geográficos, pero ambos sistemas no están sincronizados adecuadamente. Esto complica la correcta identificación y puesta en valor de las tierras disponibles.
Asimismo, según Cocampo, existen aproximadamente 15 millones de hectáreas de tierra abandonada en España, muchas sin referencia catastral clara ni productos heredados registrados, lo que afecta la gestión del territorio y contribuye a problemas como la propagación de incendios.
El sector agrario enfrenta también retos vinculados al relevo generacional, dado que cerca del 41 % de los ganaderos tienen más de 65 años. Las fincas públicas en análisis presentan características que dificultan su aprovechamiento, como tamaño, localización y rentabilidad.
El Gobierno no ha detallado aún el mecanismo de entrega ni los criterios para el acceso a estas tierras, y la cartera de fincas objeto del plan sigue en proceso de elaboración, sin contar con las referencias catastrales completas.
Estas circunstancias evidencian las complejidades administrativas y estructurales para poner en marcha políticas destinadas a la revitalización del campo, en un contexto de transformación y desafíos persistentes para el sector agrícola español.