Ghariba y su hijo de nueve años afrontan un tercer intento de desahucio en Barcelona tras dos años viviendo en una habitación. La familia denuncia una presunta estafa con el alquiler y lleva tres años esperando una respuesta de la Mesa de Emergencia.
La calle Degà Bahí, en el barrio barcelonés del Camp de l’Arpa del Clot, vuelve a convertirse en escenario de tensión por un desahucio que enfrenta a la propiedad, la situación de vulnerabilidad de una familia y las reivindicaciones de las entidades sociales.
Ghariba, madre de un niño de nueve años, se enfrenta a un nuevo intento de lanzamiento después de que los dos anteriores fueran aplazados. Mientras vecinos y activistas se movilizan para impedir que ambos se queden sin alojamiento, la familia continúa esperando una alternativa residencial estable.
El caso plantea una cuestión que va más allá de un procedimiento judicial por impago: ¿qué ocurre cuando una familia con un menor denuncia haber sido víctima de una presunta estafa y no dispone de otra vivienda a la que acudir?
Tensión en el Camp de l’Arpa por el desahucio de una madre y su hijo
Decenas de personas se concentraron desde primera hora de la mañana en la calle Degà Bahí, en los números 16-18, para intentar frenar el desahucio de Ghariba y su hijo. Según la información publicada por Barna Diario el 20 de octubre de 2026, ambos llevan alrededor de dos años residiendo en una habitación de una vivienda compartida con otro hombre.
La movilización está impulsada por vecinos y entidades sociales que reclaman la paralización del lanzamiento y una solución habitacional para la familia. Los participantes sostienen que la situación de vulnerabilidad de la madre y la presencia de un menor justifican una respuesta urgente por parte de las administraciones.
La tensión aumentó con la llegada de los Mossos d’Esquadra. De acuerdo con la información del medio, alrededor de diez furgonetas policiales se desplazaron hasta la zona, mientras los activistas temían que el lanzamiento pudiera ejecutarse.
La presencia policial refleja la tensión que puede acompañar a este tipo de procedimientos, en los que confluyen una resolución judicial, la intervención de las fuerzas de seguridad y la presión de los colectivos que defienden el derecho a la vivienda.
Ghariba denuncia una presunta estafa con el alquiler
El origen del procedimiento está en un supuesto impago del alquiler. Sin embargo, Ghariba sostiene que entregaba regularmente el dinero a la persona que le subarrendaba la habitación y que esta no habría trasladado los pagos a la propiedad.
La madre asegura que desconocía que las cantidades entregadas no estuvieran llegando a su destinatario. Por ello, considera que podría haber sido víctima de una estafa.
Conviene distinguir entre la denuncia de la afectada y los hechos acreditados judicialmente: la información publicada no aporta una resolución que confirme la existencia de una estafa ni permite determinar las responsabilidades de cada parte.
Esta distinción es importante porque el caso presenta dos cuestiones diferentes. Por un lado, está el procedimiento judicial relacionado con el supuesto impago. Por otro, la denuncia de Ghariba, que afirma haber cumplido con sus obligaciones frente a la persona a la que entregaba el dinero.
Aclarar quién recibió los pagos, qué cantidades se abonaron y qué conocimiento tenía cada parte resulta esencial para comprender el conflicto. La situación del menor añade urgencia social al caso, pero no sustituye la necesidad de esclarecer los hechos.
Las entidades sociales reclaman la suspensión del lanzamiento
La COSHAC y otras organizaciones vinculadas a la defensa del derecho a la vivienda exigen que se suspenda el desahucio y que se conceda a la familia un alquiler social que le permita acceder a un alojamiento estable.
Maria Serra, representante de la entidad, ha expresado su preocupación por la situación de Ghariba y su hijo. Su intervención pone el foco en la falta de una alternativa habitacional para una madre que convive con un menor de nueve años.
Las entidades consideran que no basta con aplazar sucesivamente el lanzamiento si la familia continúa sin una solución definitiva. Desde su perspectiva, las administraciones deben intervenir para evitar que el procedimiento termine dejando a la madre y al niño sin un lugar donde vivir.
La reclamación del alquiler social busca ofrecer una salida residencial duradera, aunque la información publicada no detalla qué organismo tendría que concederlo, qué condiciones concretas se aplicarían ni si existe una propuesta formal sobre la mesa.
El tercer intento de desahucio de la familia
El lanzamiento previsto constituye, según la COSHAC, el tercer intento de desahucio contra Ghariba y su hijo.
Los dos intentos anteriores quedaron aplazados tras las negociaciones con la comitiva judicial y por la falta de un dispositivo policial para ejecutarlos, según la portavoz de la organización.
La nueva convocatoria vuelve a situar a la familia ante la incertidumbre. Cada aplazamiento evita, al menos temporalmente, que se produzca el lanzamiento, pero no resuelve el problema de fondo: la ausencia de una vivienda alternativa.
Para los colectivos movilizados, la repetición de estos episodios demuestra que es necesario encontrar una salida que no dependa únicamente de negociar cada nueva fecha. Reclaman una respuesta coordinada que tenga en cuenta tanto la situación judicial como las necesidades residenciales de la familia.
No obstante, el aplazamiento de un lanzamiento no equivale necesariamente a la suspensión definitiva del procedimiento. Para conocer el estado jurídico exacto del caso sería necesario consultar las resoluciones judiciales correspondientes o una confirmación de las partes implicadas.
Tres años esperando una respuesta de la Mesa de Emergencia
Uno de los datos más relevantes del caso es el tiempo que la familia llevaría esperando una solución residencial. Según la COSHAC, Ghariba y su hijo acumulan tres años de espera para recibir una respuesta de la Mesa de Emergencia.
Este plazo resulta especialmente significativo porque la familia, de acuerdo con la información publicada, lleva dos años viviendo en una habitación compartida. La espera administrativa y la precariedad residencial se suman así a la incertidumbre generada por el procedimiento judicial.
Las mesas de emergencia habitacional tienen como finalidad atender situaciones residenciales graves, de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos por las administraciones competentes. Sin embargo, la noticia no especifica la fecha exacta de solicitud de la familia, su posición en la lista de espera, la documentación presentada ni las razones concretas de la demora.
Por ello, no es posible determinar únicamente con estos datos qué trámites se han completado o qué organismo tiene pendiente adoptar una decisión. Sí puede afirmarse que, según la entidad que acompaña a la familia, la espera se prolonga desde hace años sin una solución definitiva.
La pregunta central es por qué una familia que afronta la posibilidad de quedarse sin alojamiento continúa sin una alternativa estable después de tanto tiempo de espera. Para responder con rigor, sería necesario conocer el expediente administrativo y las actuaciones realizadas por los servicios sociales.
El menor, en el centro de una situación de vulnerabilidad
La presencia de un niño de nueve años convierte el caso en una situación de especial preocupación social. La pérdida de alojamiento puede afectar a la estabilidad familiar, la continuidad escolar y las condiciones cotidianas de vida del menor.
Las entidades movilizadas sostienen que debe evitarse que la madre y su hijo se queden sin techo y reclaman una alternativa adecuada. La petición no se limita a detener un lanzamiento concreto, sino que busca una solución que permita a la familia abandonar la situación residencial precaria en la que se encuentra.
La protección del menor exige evaluar sus necesidades y las circunstancias de la familia, así como las alternativas disponibles. No obstante, la información publicada no permite afirmar que exista una resolución específica de protección infantil ni detallar qué intervención han realizado los servicios sociales.
El caso vuelve a poner de manifiesto la dificultad de conciliar la ejecución de los procedimientos judiciales con la atención a familias que carecen de recursos residenciales suficientes.
El conflicto entre el procedimiento judicial y la emergencia habitacional
El desahucio del Camp de l’Arpa refleja un problema complejo: la coexistencia de procedimientos judiciales por impago con situaciones de precariedad habitacional que requieren una respuesta social.
La existencia de una situación vulnerable no permite dar por resuelto un conflicto contractual. Del mismo modo, un procedimiento judicial no elimina la necesidad de valorar las circunstancias familiares ni de examinar las alternativas disponibles cuando hay un menor afectado.
En este caso, la denuncia de una presunta estafa añade un elemento que requiere aclaración. Si la madre entregó efectivamente el dinero a un intermediario que no lo trasladó a la propiedad, sería relevante conocer qué pruebas existen y si se ha presentado una denuncia formal. La información disponible no permite confirmar estos extremos.
También sería necesario saber qué gestiones han realizado los servicios sociales, si se ha evaluado una alternativa de alojamiento de emergencia y qué posibilidades existen de alcanzar un acuerdo entre las partes.
La movilización vecinal puede ejercer presión para que se busque una salida, pero la solución duradera depende de decisiones concretas y de información verificable sobre el procedimiento judicial y el expediente habitacional.
Un caso que exige una solución más allá del aplazamiento
El desahucio de Ghariba y su hijo en el Camp de l’Arpa vuelve a poner sobre la mesa la dificultad de encontrar respuestas estables para las familias que atraviesan una situación de vulnerabilidad residencial.
La movilización vecinal busca impedir que el lanzamiento deje a un niño de nueve años y a su madre sin alojamiento. La denuncia de una posible estafa, por su parte, plantea la necesidad de esclarecer qué ocurrió con los pagos del alquiler y quién debe asumir las responsabilidades que correspondan.
Pero el problema no termina con una suspensión temporal. Si la familia continúa sin alternativa residencial, la incertidumbre seguirá presente incluso aunque el lanzamiento vuelva a aplazarse.
El caso requiere dos respuestas complementarias: esclarecer los hechos que originaron el procedimiento y determinar qué solución habitacional puede ofrecerse a la madre y al menor. La situación merece una atención urgente, sin prejuzgar responsabilidades que todavía no estén acreditadas.
La cuestión de fondo sigue abierta: ¿será posible encontrar una salida estable para Ghariba y su hijo o volverán a enfrentarse a la misma incertidumbre cuando llegue una nueva fecha de lanzamiento?
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