El PNUMA advierte de que los compromisos climáticos actuales son insuficientes y reclama reducir las emisiones mundiales un 45 % para 2035.
El objetivo climático de 1,5 grados se aleja pese a décadas de compromisos
El objetivo climático que ha marcado buena parte de la política internacional durante la última década está a punto de quedar rebasado. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte en su nuevo informe sobre la brecha de emisiones de que el planeta superará el límite de calentamiento global de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales.
La advertencia no llega por falta de acuerdos internacionales. Desde la aprobación del Acuerdo de París en 2015, los gobiernos han anunciado planes de reducción de emisiones, inversiones en energías renovables y compromisos para alcanzar la neutralidad climática. Sin embargo, las medidas adoptadas no han conseguido situar al mundo en la trayectoria necesaria.
El informe Emissions Gap Report 2026: The Point of Return, publicado el 21 de octubre, plantea un escenario preocupante: incluso si los países cumplen íntegramente sus compromisos climáticos actuales, el calentamiento global podría alcanzar aproximadamente 2,6 °C durante este siglo. Si continúan las políticas vigentes, la proyección asciende a 2,8 °C.
La diferencia entre las promesas políticas y los resultados previstos vuelve a colocar en el centro del debate la eficacia de las estrategias internacionales contra el cambio climático.
Para España, la discusión tiene consecuencias directas. Las decisiones energéticas afectan al precio de la electricidad, la competitividad industrial, el transporte, la agricultura y la capacidad de los hogares para afrontar sus gastos. El desafío consiste en reducir las emisiones sin ignorar los costes económicos y sociales de la transición.
Qué exige la ONU para intentar recuperar el límite de 1,5 °C
El PNUMA presenta una nueva trayectoria para limitar el exceso de calentamiento y regresar a niveles de 1,5 °C hacia el final del siglo. No se trata de evitar por completo que se supere ese umbral, sino de reducir la magnitud y la duración del rebasamiento.
Para seguir esa vía, el informe calcula que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberían disminuir respecto a los niveles de 2025 en las siguientes proporciones:
- 18 % para 2030.
- 45 % para 2035.
- 69 % para 2040.
Son objetivos extraordinariamente exigentes. La trayectoria requeriría una reducción media anual de las emisiones cercana al 5,7 % entre 2025 y 2035.
El problema es que los compromisos nacionales actuales se encuentran muy por debajo de esas cifras. Según el informe, la aplicación íntegra de las contribuciones determinadas a nivel nacional permitiría reducir las emisiones entre un 5 % y un 8 % para 2030, y entre un 11 % y un 15 % para 2035, respecto a 2025.
La distancia entre ambas trayectorias explica por qué la ONU considera que la política climática internacional necesita un cambio de escala.
No basta con anunciar objetivos para dentro de varias décadas. Los recortes deben materializarse en los próximos años, y eso obliga a los gobiernos a tomar decisiones sobre generación eléctrica, industria, movilidad, edificios y uso de los recursos.
Las previsiones de calentamiento que recoge el informe
Las proyecciones del PNUMA muestran hasta qué punto los compromisos vigentes se quedan cortos.
| Escenario | Calentamiento previsto durante este siglo |
|---|---|
| Continuidad de las políticas actuales | 2,8 °C |
| Cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales | 2,6 °C |
| Escenario más optimista, con compromisos adicionales de neutralidad climática | 2,1 °C |
| Trayectoria de exceso limitado y retorno a 1,5 °C | Pico aproximado de 1,7-1,8 °C hacia mediados de siglo |
Fuente: Emissions Gap Report 2026, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Estas cifras son estimaciones condicionadas a distintos escenarios, no predicciones exactas de la temperatura que se alcanzará en una fecha concreta.
El escenario más optimista también presenta dificultades. Incluso con compromisos adicionales de neutralidad climática, el calentamiento podría situarse en torno a 2,1 °C durante este siglo. Para limitar el pico a 1,7-1,8 °C y regresar después a 1,5 °C, serían necesarias reducciones mucho más profundas y una retirada sostenida de dióxido de carbono de la atmósfera.
El propio informe reconoce que esa última opción depende de capacidades tecnológicas, económicas y sociales que todavía presentan incertidumbres importantes.
El coste de depender de tecnologías que aún deben ampliarse
Una de las cuestiones más delicadas del nuevo escenario es la necesidad de retirar de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono.
El PNUMA calcula que la trayectoria que permitiría regresar a 1,5 °C exigiría extraer y almacenar de forma permanente aproximadamente 320 000 millones de toneladas de CO₂ a lo largo de este siglo.
Para hacerse una idea de la magnitud, el informe compara esa cantidad con unas ocho veces las emisiones mundiales anuales de CO₂ registradas en 2024.
La captura y eliminación de carbono puede contribuir a reducir la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, pero su despliegue a gran escala plantea interrogantes sobre costes, consumo energético, infraestructura, almacenamiento permanente y disponibilidad de tecnologías suficientemente maduras.
Por tanto, no sería prudente presentar la eliminación futura de carbono como una solución garantizada. El escenario depende de que se desarrollen capacidades suficientes y de que puedan aplicarse a una escala extraordinaria.
Esta incertidumbre refuerza la importancia de reducir las emisiones directamente, al tiempo que se evalúan las tecnologías capaces de retirar carbono de la atmósfera.
También abre un debate político y económico legítimo: qué medidas ofrecen resultados verificables, cuánto cuestan y quién debe asumir la factura.
Energías renovables y emisiones: avances que todavía no bastan
El informe no sostiene que las políticas climáticas hayan sido inútiles. De hecho, el PNUMA reconoce que la expansión de las energías renovables y determinadas medidas públicas han contribuido a reducir emisiones en distintos países y sectores.
Desde la aprobación del Acuerdo de París, la energía renovable ha experimentado un crecimiento importante. Además, el suministro energético procedente del carbón y del petróleo ha aumentado más lentamente de lo que se proyectaba en algunos escenarios anteriores.
El organismo también recoge resultados de más de 220 evaluaciones de políticas climáticas. En el sector eléctrico, las medidas examinadas redujeron las emisiones una media del 9 %. Los instrumentos económicos, como los impuestos al carbono y los sistemas de comercio de emisiones, consiguieron reducciones de entre el 5 % y el 13 % en los sectores y periodos analizados.
Sin embargo, esos resultados no se han extendido de manera uniforme. Las mejoras se concentran en determinados países, sectores y periodos, mientras que las emisiones mundiales siguen sin experimentar el descenso sostenido necesario.
La conclusión es relevante: las medidas climáticas pueden producir resultados, pero su eficacia depende del diseño, la aplicación y las condiciones económicas de cada lugar.
No todas las políticas tienen el mismo coste ni generan los mismos beneficios. Una estrategia eficaz debe distinguir entre las medidas que reducen emisiones de manera demostrable y aquellas cuyo impacto resulta más incierto o cuya carga económica puede ser desproporcionada.
El debate económico que España no puede ignorar
La reducción de emisiones constituye un desafío global, pero las decisiones para conseguirla se adoptan en economías concretas, con empresas, trabajadores y hogares que deben asumir sus consecuencias.
En España, la política energética afecta a sectores especialmente sensibles, como la agricultura, el transporte de mercancías, la industria electrointensiva y las pequeñas empresas. La disponibilidad de energía a precios competitivos también influye en la capacidad de atraer inversiones y mantener actividad productiva.
Por eso, la discusión no debería limitarse a enfrentar a quienes defienden la acción climática con quienes cuestionan determinadas medidas. Es posible reconocer los riesgos del calentamiento global y, al mismo tiempo, exigir que las políticas públicas se evalúen con criterios de eficacia, proporcionalidad y transparencia.
Hay varias cuestiones que los responsables políticos deberían responder:
- Coste para los hogares: qué efecto tendrán las medidas sobre las facturas energéticas y el coste de vida.
- Competitividad empresarial: cómo evitar que la producción se desplace a países con menores exigencias ambientales y energéticas.
- Seguridad de suministro: cómo garantizar electricidad suficiente y asequible durante todo el año.
- Eficacia ambiental: qué reducción real de emisiones produce cada medida y cómo se verifica.
- Reparto de responsabilidades: cómo distribuir los costes entre administraciones, empresas y ciudadanos.
Estas preguntas no invalidan las conclusiones científicas del PNUMA. Permiten evaluar cómo alcanzar los objetivos sin trasladar cargas injustificadas a quienes tienen menos capacidad económica.
Una política climática que ignore la competitividad y el poder adquisitivo puede encontrar dificultades para mantener el respaldo social necesario. Por el contrario, una estrategia que combine reducción de emisiones, innovación y suministro energético fiable tiene más posibilidades de sostenerse en el tiempo.
Estados Unidos y el impacto de la política internacional
El informe de 2026 también señala que las previsiones han empeorado respecto al año anterior por dos factores: la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la revisión de las estimaciones históricas de emisiones.
La evolución de las grandes economías resulta determinante porque sus decisiones influyen en las emisiones mundiales, las inversiones energéticas y la cooperación internacional.
Cuando un país con una economía de gran tamaño modifica sus compromisos, el efecto potencial va más allá de sus fronteras. También puede influir en las decisiones de otros gobiernos y en la capacidad de coordinar políticas comunes.
Sin embargo, la responsabilidad no corresponde exclusivamente a Washington. El resultado mundial depende de las decisiones de numerosos países, incluidos los grandes emisores asiáticos y europeos, así como de la evolución de la industria, el transporte y la demanda energética.
El desafío consiste en lograr que los compromisos internacionales se traduzcan en resultados verificables. Los acuerdos pueden marcar una dirección, pero no garantizan por sí solos que se cumplan las reducciones prometidas.
Qué significa superar los 1,5 °C
El límite de 1,5 °C procede del Acuerdo de París y se refiere al aumento de la temperatura media mundial respecto a los niveles preindustriales. Es un objetivo climático de referencia, no una frontera física que provoque un cambio instantáneo cuando se cruza.
Cada incremento adicional de temperatura eleva determinados riesgos climáticos, aunque sus efectos dependen de la región, el fenómeno y la capacidad de adaptación de las sociedades.
Un mayor calentamiento puede agravar las olas de calor, intensificar determinados episodios de precipitación extrema, elevar el nivel del mar y aumentar la presión sobre ecosistemas vulnerables.
Para España, los riesgos relevantes incluyen el calor extremo, las sequías, la disponibilidad de agua y los impactos sobre la agricultura y los ecosistemas. La magnitud de cada efecto depende de factores regionales y de las medidas de prevención y adaptación.
Superar temporalmente los 1,5 °C no significa que todos esos impactos se produzcan de forma idéntica en todas partes, ni que la evolución climática sea irreversible en todos sus aspectos. Significa que aumenta el nivel de riesgo y que limitar el calentamiento adicional continúa siendo importante.
Por eso, la estrategia internacional combina dos líneas de actuación: mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones y adaptarse a los efectos que ya no puedan evitarse.
La ONU reclama actuar ahora, pero los gobiernos deben demostrar resultados
El nuevo informe del PNUMA dibuja una situación difícil. La posibilidad de evitar por completo que el calentamiento supere los 1,5 °C se ha perdido según la trayectoria analizada, pero el organismo considera posible limitar el exceso y regresar a ese nivel hacia finales de siglo bajo un escenario exigente.
La diferencia entre las proyecciones de 2,8 °C con las políticas actuales y el escenario de retorno a 1,5 °C muestra la importancia de las decisiones que se adopten durante los próximos años.
Al mismo tiempo, la magnitud de los recortes y la incertidumbre asociada a la eliminación de carbono obligan a examinar con rigor las propuestas políticas. Las promesas deben acompañarse de calendarios realistas, mecanismos de evaluación y datos que permitan comprobar los resultados.
Para España, el reto consiste en contribuir a la reducción global de emisiones sin descuidar la seguridad energética, el empleo, la industria y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
La advertencia de Naciones Unidas es clara: los compromisos actuales no bastan. La cuestión que deben resolver los gobiernos es cómo cerrar esa brecha mediante medidas eficaces, sostenibles y económicamente viables.
La discusión ya no puede limitarse a fijar nuevas metas. Debe centrarse en qué funciona, qué resultados ofrece y cómo repartir sus costes de forma transparente. El calentamiento global exige actuar, pero la credibilidad de la respuesta dependerá también de que las decisiones políticas estén respaldadas por resultados medibles.
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