Bruselas actualiza las directrices contra los abusos de posición dominante y precisa cómo analizar los precios predatorios, el estrechamiento de márgenes y otras prácticas que pueden reducir la competencia. La medida no prohíbe todas las ventas por debajo del coste.
Vender barato no es ilegal. Utilizar una posición dominante para expulsar a los competidores mediante determinadas prácticas abusivas sí puede serlo. Esa es la distinción esencial detrás de las nuevas directrices de competencia aprobadas por la Comisión Europea, una actualización que afecta a empresas de todos los sectores del mercado comunitario.
El 3 de septiembre de 2026, Bruselas adoptó nuevas directrices para aplicar el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El documento se publicó en el Diario Oficial de la UE el 9 de septiembre y establece criterios para evaluar las conductas de empresas dominantes que puedan excluir injustificadamente a sus rivales.
La novedad no consiste en prohibir de forma generalizada que una empresa venda un producto por debajo de su coste. El objetivo es precisar cuándo una estrategia comercial puede constituir un abuso de posición dominante y perjudicar la competencia efectiva.
La diferencia es importante para consumidores, autónomos y pequeñas empresas: una oferta agresiva puede beneficiar al comprador, mientras que una estrategia predatoria puede terminar debilitando la competencia si expulsa a rivales del mercado.
Qué cambia con las nuevas directrices de la Comisión Europea
Las directrices actualizadas explican cómo aplicará la Comisión el artículo 102 del TFUE, una disposición que ya prohibía los abusos de posición dominante antes de esta revisión.
Según la propia Comisión, el documento se apoya en la jurisprudencia de los tribunales europeos y en la experiencia acumulada por las autoridades de competencia. Su propósito es mejorar la seguridad jurídica y ofrecer criterios más claros para valorar posibles infracciones.
Las orientaciones abordan varias prácticas que pueden perjudicar a los competidores y restringir las opciones disponibles para los consumidores:
- Precios predatorios: vender por debajo de determinados niveles de coste en circunstancias que pueden revelar una estrategia de exclusión.
- Estrechamiento de márgenes: establecer condiciones entre los precios mayoristas y minoristas que dificulten competir a empresas rivales.
- Acuerdos de exclusividad: establecer compromisos que pueden cerrar el acceso al mercado a otros proveedores.
- Vinculación y venta por paquetes: condicionar el acceso a un producto a la adquisición de otro en determinadas circunstancias.
- Denegación de suministro: negarse a proporcionar un recurso necesario para competir, cuando concurren las condiciones que exige el Derecho de la UE.
- Autopreferencia: favorecer los productos o servicios propios de una empresa dominante en determinadas condiciones.
La inclusión de estas prácticas en las directrices no significa que toda conducta similar sea automáticamente ilegal. Su valoración depende del mercado afectado, de la posición de la empresa, de los efectos sobre la competencia y de las circunstancias concretas.
¿Está prohibido vender por debajo del coste de producción?
No. La normativa europea no prohíbe de forma general todas las ventas por debajo del coste.
La Comisión se centra en los precios predatorios aplicados por empresas que ocupan una posición dominante en un mercado. El análisis pretende determinar si los precios y las circunstancias de la venta forman parte de una conducta destinada a excluir competidores o reducir la competencia de manera contraria a las normas comunitarias.
Esto significa que no basta con observar que un producto se vende con pérdidas para concluir que existe una infracción. Es necesario evaluar los costes relevantes, la posición de la empresa y las circunstancias de la estrategia comercial.
Las directrices distinguen diferentes situaciones según la relación entre el precio y los costes. Por ejemplo, cuando el precio queda por debajo de los costes variables medios, el documento establece criterios específicos para analizar la conducta. Cuando el precio está por debajo de los costes totales medios, pero por encima de los variables medios, puede ser necesario examinar si existe un plan de exclusión. En cambio, según las directrices, un precio superior a los costes totales medios no se considera predatorio bajo ese análisis.
Esta distinción evita confundir las rebajas legítimas con las estrategias que pueden utilizarse para debilitar a los rivales.
Qué es la estrategia de precios predatorios
Los precios predatorios son una práctica mediante la que una empresa dominante fija precios por debajo de determinados costes con el propósito de marginar a sus competidores o reducir la competencia.
La lógica económica es sencilla: una empresa con suficientes recursos podría asumir pérdidas durante un periodo para presionar a sus rivales, dificultar su permanencia en el mercado y reforzar después su poder comercial.
Sin embargo, no toda empresa que vende barato pretende expulsar a sus competidores. Las rebajas pueden responder a promociones temporales, liquidaciones, exceso de existencias, cambios en la demanda o mejoras de productividad.
Por eso, la evaluación requiere examinar las circunstancias y las pruebas disponibles. Las directrices contemplan elementos como la relación entre los precios y los costes, así como indicios directos o indirectos de una posible estrategia de exclusión en los casos correspondientes.
El propósito de estas reglas es proteger la competencia, no garantizar que todos los negocios tengan las mismas ventas o impedir que una empresa más eficiente gane clientes.
El artículo 102 ya prohibía los abusos de posición dominante
La base legal de las nuevas directrices es el artículo 102 del TFUE, que prohíbe el abuso de una posición dominante cuando puede afectar al comercio entre los Estados miembros.
La norma no impide que una empresa alcance una posición fuerte gracias a sus productos, su eficiencia o su capacidad de innovación. Lo que prohíbe es abusar de esa posición de una manera que falsee la competencia en las condiciones previstas por el Derecho europeo.
Para evaluar un posible caso, las autoridades deben determinar primero cuál es el mercado relevante y si la empresa ocupa una posición dominante. Después examinan la conducta y sus posibles efectos sobre la competencia. En determinados supuestos también pueden analizar si existen justificaciones objetivas o eficiencias que deban tenerse en cuenta.
La Comisión señala que una cuota de mercado inferior al 40 % suele hacer menos probable la existencia de una posición dominante, aunque no la descarta automáticamente. También se consideran factores como las barreras de entrada, la fuerza de los competidores y el poder de negociación de los clientes.
Por tanto, las nuevas directrices no crean una prohibición universal de vender barato. Actualizan los criterios que permiten interpretar y aplicar una norma de competencia que ya estaba vigente.
Qué supone para las pequeñas empresas y los consumidores
Las empresas pequeñas pueden verse perjudicadas si un competidor dominante utiliza su capacidad financiera para mantener durante un tiempo precios que no serían sostenibles para otros operadores y con ello dificulta su permanencia en el mercado.
La preocupación de las autoridades es que la desaparición de rivales reduzca las alternativas disponibles y debilite la presión competitiva. En determinadas circunstancias, eso puede traducirse posteriormente en precios más elevados, menos innovación o una menor variedad de productos.
Pero también existe un equilibrio que la normativa debe preservar. Los precios bajos benefician a los consumidores y forman parte de la competencia normal. Impedir las promociones legítimas podría proteger a determinados negocios frente a rivales más eficientes y perjudicar a quienes compran.
El objetivo declarado de las directrices es distinguir entre la competencia basada en los méritos y las prácticas de exclusión abusiva. La Comisión también contempla la posibilidad de que las empresas justifiquen determinadas conductas por razones objetivas o por eficiencias que cumplan los requisitos aplicables.
Teresa Ribera defiende la seguridad jurídica de las nuevas reglas
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera defendió las directrices como una herramienta para ofrecer mayor claridad y previsibilidad a las empresas que operan en Europa.
Según la declaración recogida en la información publicada por Mundo Deportivo, Ribera afirmó que el documento ayudará a precisar los límites establecidos por la ley y permitirá competir en función de los méritos.
La Comisión presenta la actualización como una modernización de la aplicación de la política de competencia, adaptada a las condiciones actuales de los mercados y a la evolución de la jurisprudencia europea.
Las directrices también pretenden facilitar una aplicación más coherente del artículo 102 por parte de la Comisión, las autoridades nacionales de competencia y, como referencia, los tribunales nacionales. No obstante, el propio documento aclara que las directrices no son vinculantes para los órganos jurisdiccionales nacionales y que la interpretación definitiva del Derecho de la UE corresponde a los tribunales competentes.
¿Pueden multar a una empresa por vender con pérdidas?
Las nuevas directrices no establecen una multa automática por vender por debajo del coste. Las sanciones dependen de que las autoridades competentes investiguen los hechos y determinen que se ha producido una infracción.
La Comisión Europea explica que una investigación puede comenzar a raíz de una denuncia o por iniciativa propia. Para aplicar el artículo 102, debe examinar si la empresa ocupa una posición dominante y si su conducta constituye un abuso en el mercado relevante.
Si se acredita una infracción, la autoridad puede ordenar que cese la conducta, imponer medidas correctoras y, cuando proceda, aplicar una multa. Las decisiones están sujetas a control judicial.
En consecuencia, las empresas no deben interpretar las directrices como una prohibición de las ofertas agresivas, pero sí como una referencia para revisar sus políticas de precios y otras prácticas comerciales cuando operen desde una posición dominante.
La clave: proteger la competencia sin penalizar las ofertas legítimas
Las nuevas directrices europeas ponen el foco en una cuestión económica fundamental: la diferencia entre ganar clientes porque una empresa ofrece mejores precios y utilizar una posición dominante para excluir a sus rivales mediante prácticas abusivas.
La actualización del artículo 102 busca ofrecer criterios más claros para investigar los precios predatorios y otras conductas de exclusión. Su alcance es amplio en términos sectoriales, pero no convierte en ilegal toda venta por debajo del coste ni se aplica indiscriminadamente a cualquier empresa por el mero hecho de ofrecer precios bajos.
Para los consumidores, la cuestión será comprobar que las normas protegen una competencia real sin reducir las oportunidades de acceder a productos más baratos. Para las empresas, el reto es competir en precio y eficiencia sin recurrir a conductas que infrinjan las reglas del mercado único.
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