El contrato de 8,5 millones de euros permitirá reabrir el complejo sociosanitario de La Atalaya, cerrado desde el traslado de sus mayores en 2022. La adjudicación llega tras años de retrasos y una inversión pública cercana a los nueve millones.
La residencia de Tarazona, en el municipio grancanario de Santa María de Guía, encara una fase decisiva después de casi cuatro años sin actividad. Cinco empresas han superado los requisitos iniciales para competir por la gestión integral del complejo sociosanitario, un contrato público con un presupuesto de 8,5 millones de euros para los años 2027 y 2028.
La adjudicación determinará quién se encarga de atender a los futuros residentes, gestionar el centro de día y mantener en funcionamiento las instalaciones. El Ayuntamiento prevé resolver el concurso antes de que termine 2026, con el objetivo de que el complejo pueda recuperar su función asistencial tras una larga espera.
La noticia tiene una segunda lectura: una infraestructura financiada con dinero público sigue pendiente de entrar en servicio casi cuatro años después del traslado de sus usuarios. Lo que inicialmente se presentó como una medida transitoria para ejecutar las obras se ha prolongado mucho más de lo previsto, mientras Gran Canaria continúa necesitando plazas de atención residencial para las personas mayores.
Cinco empresas optan a un contrato de 8,5 millones
Las entidades que concurren al procedimiento son Arquisocial, ICOT Servicios Integrales, Inserción Canaria —junto a Casa y Cuidados—, Serveo Social y la unión temporal de empresas (UTE) Capross 2004-Formas Nivaria.
La presencia de compañías canarias junto a firmas con actividad en otros puntos de España refleja la competencia por un contrato que combina atención a personas dependientes, servicios sociosanitarios y gestión cotidiana de instalaciones públicas.
Las cinco candidaturas han superado la fase de requisitos previos. Este paso permite que continúen en el procedimiento, pero no significa que el contrato esté adjudicado ni que alguna de las empresas tenga garantizada la gestión del centro. La elección dependerá de la valoración prevista en el concurso público.
Arquisocial, experiencia empresarial desde Zaragoza
Arquisocial, con sede en Zaragoza, es una empresa familiar vinculada a diferentes actividades y servicios. Su candidatura la sitúa entre las aspirantes a gestionar un complejo que exigirá coordinar la atención residencial, los cuidados especializados y los servicios generales del edificio.
ICOT Servicios Integrales, una firma asentada en Canarias
ICOT Servicios Integrales cuenta con presencia consolidada en el ámbito sanitario y sociosanitario de Canarias. Su experiencia en el sector constituye parte del contexto de una licitación en la que la organización asistencial será tan relevante como el mantenimiento de las instalaciones.
Inserción Canaria concurre con Casa y Cuidados
Inserción Canaria, con sede en Gran Canaria, desarrolla actividades relacionadas con la atención sociosanitaria y la inserción laboral, entre otros ámbitos. Para participar en el concurso cuenta con el compromiso de integración de solvencia mediante medios externos de Casa y Cuidados, según la información publicada sobre el procedimiento.
Esta fórmula permite acreditar los recursos o capacidades exigidos para concurrir a una contratación pública en los términos establecidos por sus pliegos. La participación conjunta no debe confundirse, por sí sola, con una adjudicación ni con la asunción automática de todas las obligaciones del contrato.
Serveo Social, un operador con presencia nacional
Serveo Social, con sede en Madrid, forma parte de un grupo dedicado a la prestación de servicios en distintos sectores, incluidos los ámbitos sociales, sanitarios, educativos y de atención a personas dependientes.
Su presencia en el concurso introduce a un operador con actividad en diferentes territorios en una licitación que también interesa a empresas arraigadas en Canarias. La procedencia geográfica de las candidatas, sin embargo, no determina por sí misma cuál ofrece la mejor solución: esa decisión debe apoyarse en los criterios establecidos en el expediente.
Capross 2004 y Formas Nivaria concurren en UTE
La quinta candidatura corresponde a la unión temporal formada por Capross 2004 y Formas Nivaria. La primera tiene sede en Las Palmas de Gran Canaria y presta servicios vinculados al ámbito público municipal. La segunda es una sociedad con sede en La Laguna, Tenerife, especializada en prestaciones de esta naturaleza.
La UTE permite que ambas empresas concurran conjuntamente al procedimiento, con arreglo a las condiciones de su oferta y a las obligaciones que establezca el contrato.
Un contrato de dos años con posibilidad de llegar a 2031
El presupuesto inicial asciende a 8,5 millones de euros para 2027 y 2028. Los pliegos contemplan, además, la posibilidad de acordar hasta tres prórrogas anuales, correspondientes a 2029, 2030 y 2031.
Si se ejecutaran todas las prórrogas, la relación contractual podría prolongarse durante cinco anualidades. No obstante, esa duración ampliada no debe darse por garantizada: dependerá de que se acuerden las prórrogas previstas y se cumplan las condiciones contractuales.
La cuantía y el periodo de prestación convierten la adjudicación en una decisión relevante para la gestión de los servicios sociales municipales. Más allá del importe, el objetivo será asegurar una atención continuada y que el complejo funcione con personal, medios y coordinación suficientes.
El contrato no se limita a abrir las puertas del edificio. La empresa adjudicataria deberá asumir un conjunto de tareas que condicionan directamente la calidad del servicio y el día a día de los usuarios.
145 plazas entre residencia y centro de día
El complejo de Tarazona ofrecerá 145 plazas, distribuidas entre atención residencial y centro de día.
La planificación contempla:
- 94 plazas residenciales, destinadas a personas que necesitan atención y alojamiento.
- 52 plazas residenciales de alto requerimiento.
- 32 plazas residenciales de requerimiento medio.
- 10 plazas residenciales de bajo requerimiento.
- 51 plazas de centro de día, dirigidas a usuarios que reciben atención durante el día sin residir permanentemente en el centro.
La suma de las categorías residenciales coincide con las 94 plazas previstas para alojamiento. Junto a ellas, el centro de día amplía la capacidad de atención a personas mayores que necesitan apoyo asistencial, pero no necesariamente una plaza residencial permanente.
La distribución de las plazas también refleja que no todos los usuarios requieren el mismo nivel de cuidados. La atención a personas con necesidades más intensas exige organización profesional, coordinación sanitaria y continuidad asistencial.
Por eso, la adjudicación deberá valorar no solo la capacidad de gestionar el edificio, sino también la prestación efectiva de los servicios que justifican su existencia.
Qué servicios deberá asumir la empresa adjudicataria
La futura gestora se responsabilizará de la atención residencial durante los 365 días del año y de la actividad del centro de día. El contrato incorpora, además, diferentes servicios asistenciales y operativos necesarios para el funcionamiento integral del complejo.
Entre las prestaciones previstas figuran:
- Atención social y psicosocial, adaptada a las necesidades de los usuarios.
- Asistencia sanitaria básica y coordinación de los cuidados.
- Rehabilitación y terapia ocupacional, orientadas a mantener o mejorar las capacidades funcionales.
- Manutención, con el servicio de alimentación correspondiente.
- Limpieza y lavandería, esenciales para la higiene y el bienestar de los residentes.
- Mantenimiento de las instalaciones, para conservar el edificio en condiciones adecuadas.
- Administración y recepción, necesarias para la organización cotidiana del centro.
La gestión unificada pretende facilitar la coordinación entre los servicios generales y los profesionales encargados de la atención. En una residencia, las incidencias de mantenimiento, la alimentación, la higiene o la organización de los cuidados repercuten directamente en la vida de los usuarios.
El reto será convertir la capacidad física del inmueble en un servicio estable, con atención adecuada a los distintos niveles de dependencia. La apertura administrativa del centro no bastará si no viene acompañada de una prestación asistencial eficaz y sostenida en el tiempo.
De cuatro meses previstos a casi cuatro años de espera
El origen del prolongado cierre se remonta a noviembre de 2022, cuando el Ayuntamiento de Guía comunicó que los avances de las obras para integrar la parte antigua del complejo con la edificación de nueva construcción obligaban a trasladar a los residentes a otros centros del Cabildo de Gran Canaria.
El traslado se presentó inicialmente como una medida temporal. Según la información publicada entonces, se contemplaba un periodo de alrededor de cuatro meses, durante el cual los mayores permanecerían en otros recursos asistenciales, entre ellos el centro de Taliarte.
La decisión provocó malestar entre familiares. El 22 de noviembre de 2022, alrededor de una veintena de personas se concentraron frente a las oficinas municipales de atención al ciudadano para protestar contra el desalojo y el traslado de los residentes.
La preocupación de las familias no se limitaba a las obras. También estaba en juego la adaptación de las personas mayores a otros centros, el cambio de rutinas y la incertidumbre sobre cuándo podrían regresar a Tarazona.
Con el paso del tiempo, el plazo inicialmente anunciado quedó muy atrás. En octubre de 2026, el complejo continúa pendiente de recuperar su actividad, y la nueva licitación se presenta como un paso necesario para que las instalaciones puedan prestar servicio.
Los problemas registrales alargaron el procedimiento
Entre los obstáculos que han afectado al proyecto figuran problemas administrativos relacionados con el Registro de la Propiedad y con propietarios colindantes, según informaciones publicadas en febrero de 2025.
Estas dificultades bloquearon parte del procedimiento y prolongaron la incertidumbre sobre la puesta en marcha del complejo. El caso ilustra cómo las incidencias administrativas pueden retrasar infraestructuras de interés social incluso después de realizarse una inversión importante.
El nuevo centro ha recibido una inversión cercana a nueve millones de euros procedentes del Cabildo de Gran Canaria. Esa cifra corresponde a la inversión en las instalaciones y no debe confundirse con el presupuesto de 8,5 millones destinado al contrato de gestión para los dos primeros años.
Son conceptos distintos: una cosa es financiar y construir el complejo, y otra adjudicar los servicios que permitirán que funcione y atienda a sus usuarios.
La demora plantea una cuestión legítima de gestión pública: qué mecanismos de seguimiento se aplicaron, cómo se resolvieron los obstáculos y qué garantías existen para que el calendario de apertura no vuelva a sufrir nuevos retrasos. Para responder con rigor, sería necesario disponer de la cronología administrativa completa y de los expedientes correspondientes.
Una infraestructura llamada a aliviar las listas de espera
La apertura de Tarazona puede contribuir a ampliar la oferta de atención sociosanitaria en Gran Canaria, donde existen listas de espera para acceder a una plaza residencial. Las 94 plazas de residencia y las 51 de centro de día representan capacidad adicional para atender diferentes necesidades de las personas mayores.
Sin embargo, el impacto real dependerá de cuándo comience la actividad, del ritmo de incorporación de usuarios y de la coordinación con el resto de recursos asistenciales de la isla. La capacidad anunciada no equivale automáticamente a 145 plazas ocupadas ni permite cuantificar, sin datos adicionales, cuánto se reducirán las listas de espera.
La futura adjudicación también tendrá que garantizar que los recursos destinados al centro se traduzcan en atención de calidad. La vigilancia del cumplimiento contractual, la continuidad de los equipos profesionales y el seguimiento de las condiciones asistenciales serán elementos fundamentales.
Después de una espera tan prolongada, las familias necesitan algo más que una fecha orientativa: necesitan información clara sobre el calendario, el regreso de los residentes y las condiciones en las que se prestará el servicio.
Terrazas, jardín acuático y espacios accesibles
El proyecto arquitectónico incorpora características destinadas a mejorar el entorno cotidiano de los residentes. Según la información publicada, todas las habitaciones dispondrán de terrazas privadas con vistas al exterior.
La nueva edificación se organiza en torno a una plaza de 700 metros cuadrados con un jardín acuático, un espacio pensado para aportar zonas de estancia y relación dentro del complejo.
El centro contará también con un salón de actos con capacidad para cerca de 100 personas, concebido para facilitar actividades y encuentros entre residentes y miembros de la comunidad. La previsión es que el edificio no funcione como un espacio aislado, sino que permita mantener vínculos con el entorno social.
Entre sus dotaciones figura la tecnología de bucle de inducción magnética, que facilita la recepción del sonido a personas que utilizan audífonos compatibles en espacios habilitados para ello. Esta tecnología puede mejorar el acceso a actos y actividades, aunque su eficacia depende de la instalación y de las condiciones de uso.
El proyecto incorpora, además, un espacio de neurorrehabilitación, destinado a trabajar capacidades cognitivas y funcionales mediante intervenciones especializadas. La utilidad de estas instalaciones dependerá de su equipamiento efectivo, del personal disponible y de los programas que se desarrollen.
La adjudicación será el siguiente paso, no el final del camino
El concurso entra ahora en una fase decisiva. Cinco candidaturas han superado los requisitos previos, pero todavía queda por determinar cuál asumirá la gestión integral y en qué condiciones se iniciará la actividad.
La previsión municipal apunta a resolver la adjudicación antes de finalizar 2026. A partir de ahí, el calendario efectivo dependerá de los trámites pendientes y de la preparación necesaria para poner en funcionamiento el servicio.
La residencia de Tarazona representa una oportunidad para reforzar la atención a las personas mayores en Gran Canaria, pero también recuerda el coste social de los retrasos en infraestructuras asistenciales. Una inversión cercana a nueve millones de euros solo cumplirá plenamente su finalidad cuando las instalaciones estén operativas y los usuarios puedan beneficiarse de ellas.
La prioridad ahora es que la licitación se traduzca en una apertura efectiva, con cuidados de calidad y plazos claros. Tras casi cuatro años de espera, la pregunta ya no es únicamente qué empresa ganará el contrato, sino cuándo comenzará a funcionar el centro y qué garantías tendrán las familias de que el servicio será estable.
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