El líder del PP anuncia una rebaja fiscal para 2027, un millón de viviendas y una auditoría del gasto público si llega a La Moncloa. Desde Valencia, acusa al Gobierno socialista de corrupción, despilfarro y deterioro de los servicios públicos.
Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono contra Pedro Sánchez y ha presentado una de sus principales promesas económicas para las elecciones generales del 29 de noviembre: que ningún trabajador que cobre el salario mínimo interprofesional tenga que pagar IRPF. El presidente del Partido Popular ha anunciado que impulsará esta medida por ley y que el umbral de exención aumentará automáticamente cada vez que suba el salario mínimo.
El compromiso se produjo el viernes 23 de octubre de 2026, durante un acto de precampaña celebrado en el Palau de les Arts de Valencia, ante unas 1 500 personas, según Europa Press.
Feijóo aprovechó su intervención para plantear los comicios como una oportunidad de cambio político tras los gobiernos de Pedro Sánchez. El dirigente popular reclamó a su partido que estuviera a la altura de las circunstancias y defendió la necesidad de iniciar una nueva etapa.
Su mensaje más contundente estuvo dirigido al presidente socialista: «España necesita un servidor y no un impostor».
Además de la reforma fiscal, Feijóo prometió reducir el tamaño del Ejecutivo, revisar el gasto público, impulsar la construcción de un millón de viviendas y adoptar medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la propiedad.
El discurso combinó propuestas económicas con duras acusaciones políticas contra el PSOE, especialmente por las investigaciones de corrupción que afectan a personas vinculadas al partido y a anteriores responsables del Gobierno.
Feijóo plantea las elecciones del 29N como una oportunidad para sustituir a Sánchez
El presidente del PP situó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en el centro de su intervención.
Feijóo defendió que España afronta una decisión de gran importancia sobre la continuidad del actual proyecto político o la formación de un Gobierno encabezado por el Partido Popular.
Según el dirigente gallego, los ciudadanos deben decidir si quieren mantener las políticas desarrolladas durante los últimos ocho años o abrir una etapa de reformas.
El líder popular describió la situación del país en términos especialmente críticos y atribuyó al Ejecutivo socialista un deterioro de la confianza en las instituciones.
También aseguró que existe un profundo malestar ciudadano relacionado con la gestión del Gobierno.
Estas afirmaciones forman parte de la valoración política del candidato y no constituyen, por sí mismas, una medición objetiva del estado de opinión de los españoles.
Feijóo insistió en que el PP debía actuar con responsabilidad durante la precampaña y aprovechar el tiempo disponible hasta la cita electoral.
Su estrategia pasa por vincular el cambio de Gobierno con una reforma de la fiscalidad, la administración pública y la política de vivienda.
El PP promete que los trabajadores con salario mínimo no pagarán IRPF
La principal novedad económica anunciada por Feijóo fue su compromiso de modificar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
El presidente del Partido Popular aseguró que, si llega a La Moncloa, garantizará legalmente que quienes perciban el salario mínimo interprofesional (SMI) queden exentos de este impuesto.
La propuesta incluye un mecanismo de actualización automática.
Cada vez que el Gobierno apruebe una subida del salario mínimo, el umbral fiscal correspondiente se elevaría para evitar que esa mejora salarial provoque que los trabajadores afectados comiencen a tributar por el IRPF.
La medida busca impedir que los incrementos de renta destinados a mejorar el poder adquisitivo se vean parcialmente absorbidos por la tributación.
Feijóo defendió que el sistema fiscal debe favorecer especialmente a quienes obtienen menores ingresos.
Su objetivo declarado es que trabajar resulte económicamente más beneficioso, especialmente para los asalariados situados en los tramos inferiores de renta.
Cómo funcionaría la exención del IRPF vinculada al salario mínimo
La propuesta plantea una modificación legal destinada a relacionar el umbral de tributación con la evolución del SMI.
En términos generales, el funcionamiento anunciado sería el siguiente:
- Exención fiscal: los trabajadores que perciban exclusivamente el salario mínimo quedarían fuera del pago efectivo del IRPF.
- Actualización automática: el límite se modificaría cuando aumentara el SMI.
- Protección del poder adquisitivo: las subidas del salario mínimo no provocarían, por sí solas, una nueva carga fiscal para esos trabajadores.
Sin embargo, Feijóo no detalló durante el acto la redacción de la futura reforma ni sus efectos sobre situaciones fiscales particulares.
En España, la tributación depende de factores como las rentas anuales, la situación familiar, las circunstancias personales y la aplicación de mínimos y deducciones.
Por ello, la promesa de exención necesitaría concretarse mediante una modificación normativa para determinar exactamente quiénes serían sus beneficiarios y cómo se calcularía el impuesto.
Tampoco se ofreció en la intervención una estimación del coste recaudatorio de la medida.
Feijóo anuncia una rebaja del IRPF en 2027 para combatir la pérdida de poder adquisitivo
La exención del salario mínimo forma parte de una propuesta fiscal más amplia.
Feijóo anunció que, si consigue formar Gobierno, impulsará en 2027 una rebaja del IRPF para evitar que la inflación y los impuestos reduzcan la renta disponible de los trabajadores.
El argumento del PP se centra en el efecto que puede tener el aumento de los salarios nominales sobre la tributación.
Cuando los sueldos suben para compensar la inflación, pero los parámetros del impuesto no se actualizan en la misma proporción, algunos contribuyentes pueden soportar una mayor carga fiscal efectiva sin haber experimentado una mejora equivalente de su capacidad de compra.
Este fenómeno se conoce como progresividad en frío.
La propuesta popular pretende abordar ese problema mediante una reducción de la tributación.
No obstante, el anuncio no especificó qué tramos del IRPF se modificarían, qué deducciones se introducirían ni cómo se distribuiría el ahorro fiscal entre distintos niveles de renta.
La concreción de esos elementos será determinante para conocer el alcance real de la rebaja prometida.
Feijóo acusa al Gobierno de recaudar 210 000 millones más que en 2018
El dirigente popular dedicó una parte importante de su intervención a cuestionar la utilización de los recursos públicos durante los gobiernos de Pedro Sánchez.
Feijóo aseguró que los ciudadanos han pagado 210 000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones que en 2018.
También afirmó que la deuda pública ha aumentado en 540 000 millones de euros, lo que, según sus cálculos, representa un incremento del 44 %.
Estas cifras fueron presentadas por el líder del PP como argumentos para cuestionar la gestión económica del Ejecutivo.
Sin embargo, la información de Europa Press no incorpora una metodología detallada que permita determinar cómo se han calculado los importes, qué ejercicios se comparan o qué conceptos concretos incluyen.
Para evaluar correctamente la evolución de los ingresos públicos sería necesario distinguir entre recaudación nominal, cambios económicos, inflación, empleo y modificaciones fiscales.
Del mismo modo, el análisis de la deuda requiere considerar tanto su volumen absoluto como su relación con el producto interior bruto.
Los datos citados son afirmaciones realizadas por Feijóo durante el acto de precampaña y no deben confundirse con una auditoría independiente de las cuentas públicas.
El líder del PP exige saber dónde se ha gastado el dinero de los españoles
A partir de esas cifras, Feijóo lanzó una de las preguntas centrales de su discurso: qué resultados han obtenido los ciudadanos del aumento de los recursos gestionados por el Estado.
El presidente popular cuestionó la evolución de varios servicios públicos y políticas de inversión.
Entre los ámbitos que mencionó destacaron:
- Infraestructuras hidráulicas: criticó la falta de determinadas actuaciones en la Comunidad Valenciana.
- Vivienda pública: acusó al Gobierno de no haber impulsado suficiente construcción residencial.
- Sanidad: cuestionó la situación de las plantillas médicas y las condiciones laborales del sector.
- Transporte ferroviario: reprochó al Ejecutivo los problemas de mantenimiento y funcionamiento de las infraestructuras.
Feijóo vinculó estos asuntos con su propuesta de revisar el gasto público y modificar las prioridades presupuestarias.
Su argumento político es que una mayor recaudación debería traducirse en mejoras perceptibles para los ciudadanos.
No obstante, el discurso no ofreció un análisis comparativo completo de la inversión realizada en cada área ni distinguió siempre entre competencias estatales, autonómicas y locales.
Esta precisión resulta importante, especialmente en ámbitos como la sanidad y la vivienda, donde intervienen diferentes administraciones.
La dana de Valencia vuelve al centro del enfrentamiento entre el PP y el PSOE
El escenario elegido para el acto permitió a Feijóo introducir uno de los asuntos más sensibles para la Comunidad Valenciana: las infraestructuras necesarias para reducir los riesgos asociados a episodios de lluvias extremas.
El dirigente popular acusó al Gobierno central de no haber ejecutado actuaciones hidráulicas que consideraba necesarias antes y después de la dana.
Sus críticas se centraron en la planificación y ejecución de obras destinadas a mejorar la protección frente a inundaciones.
La cuestión tiene una especial relevancia para la provincia de Valencia, donde las consecuencias de los episodios meteorológicos extremos han generado un intenso debate sobre la prevención, las infraestructuras y la coordinación administrativa.
Sin embargo, no puede afirmarse que una infraestructura concreta hubiera evitado una catástrofe sin disponer de evaluaciones técnicas que analicen sus características y los escenarios de inundación.
La responsabilidad sobre la prevención y la respuesta ante estos fenómenos también depende de las competencias de diferentes administraciones.
Feijóo utilizó este asunto para defender la necesidad de revisar las prioridades de inversión pública.
Un millón de viviendas y menos impuestos para los jóvenes
La vivienda ocupó otro espacio destacado en el discurso.
Feijóo prometió impulsar la construcción de un millón de viviendas y acompañar esa política de medidas fiscales destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes a la propiedad.
El líder popular presentó su propuesta como una respuesta a las dificultades que encuentran numerosos españoles para adquirir su primera residencia.
El acceso a la vivienda constituye uno de los principales desafíos económicos para las generaciones más jóvenes.
Los precios de compra, la capacidad de ahorro y las condiciones de financiación hipotecaria influyen directamente en las posibilidades de emancipación.
Feijóo defendió que su objetivo es favorecer la aparición de una nueva generación de propietarios.
No obstante, el anuncio recogido por Europa Press no detalla el calendario de construcción, la distribución territorial de las viviendas ni la proporción que correspondería a promoción pública o privada.
Tampoco especifica el presupuesto necesario para ejecutar la iniciativa.
La viabilidad de la propuesta dependerá de factores como la disponibilidad de suelo, los procedimientos urbanísticos, la financiación y la coordinación entre administraciones.
Feijóo promete un Gobierno más pequeño, con menos ministerios y asesores
El presidente del Partido Popular también presentó una propuesta de reorganización administrativa.
Si llega a la Presidencia del Gobierno, aseguró que reducirá el tamaño del Ejecutivo mediante una disminución del número de ministerios, altos cargos y asesores.
La medida forma parte de su compromiso de revisar el gasto público y modificar la estructura de la Administración General del Estado.
Feijóo defendió que la reducción de cargos políticos permitiría ofrecer una imagen de mayor austeridad institucional.
Sin embargo, no concretó cuántos ministerios eliminaría ni cuál sería el ahorro presupuestario previsto.
El impacto económico de una reorganización de este tipo depende de la distribución de competencias, la estructura administrativa resultante y los gastos asociados al funcionamiento de los departamentos.
Reducir el número de ministerios no implica necesariamente una disminución equivalente del gasto público, ya que numerosas funciones administrativas deben continuar desarrollándose.
La propuesta necesitaría, por tanto, un diseño detallado para conocer sus efectos reales sobre las cuentas del Estado.
Feijóo anuncia una auditoría integral del gasto público desde su primer Consejo de Ministros
Una de las propuestas institucionales más destacadas del líder del PP consiste en revisar la utilización de los recursos públicos durante los gobiernos de Pedro Sánchez.
Feijóo prometió que su futuro Consejo de Ministros aprobaría, desde el primer día, una auditoría integral del gasto realizado durante los últimos años.
El objetivo declarado es examinar cómo se han administrado los fondos públicos y detectar posibles irregularidades o gastos injustificados.
La iniciativa incluiría una revisión de la gestión económica del Ejecutivo saliente.
El dirigente popular aseguró que su intención es conocer qué recursos se han utilizado correctamente y cuáles podrían haber sido objeto de un uso indebido.
Una auditoría puede identificar deficiencias de gestión o posibles indicios de irregularidades, pero no sustituye a los procedimientos judiciales necesarios para determinar responsabilidades penales.
El alcance de la propuesta dependería de los organismos encargados de ejecutarla, los periodos examinados y los criterios de evaluación.
Feijóo exige explicaciones al PSOE por las investigaciones de corrupción
La corrupción ocupó una parte especialmente dura del discurso.
Feijóo acusó al PSOE de haber permitido un deterioro de los estándares de integridad institucional y reclamó explicaciones sobre diferentes investigaciones relacionadas con personas de su entorno.
Entre los asuntos mencionados figuraron las actuaciones relacionadas con Leire Díez, las investigaciones que afectan al entorno del exministro José Luis Ábalos y determinadas informaciones sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El dirigente popular también reclamó respuestas sobre las primarias socialistas que llevaron a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE.
Asimismo, formuló preguntas sobre supuestas actuaciones contra la jueza Biedma, que presentó como un asunto que debía aclararse.
Estas declaraciones deben interpretarse como acusaciones y exigencias políticas formuladas por Feijóo, no como hechos delictivos demostrados.
La información disponible no acredita que Sánchez ordenara actuaciones ilegales contra una magistrada ni que las personas mencionadas sean responsables de todos los hechos que les atribuye el dirigente popular.
Feijóo también citó cifras sobre procedimientos, investigados y posibles delitos relacionados con el entorno socialista.
En concreto, habló de 17 sumarios, 131 cargos del PSOE investigados y 23 tipos delictivos, y realizó una suma teórica de penas de prisión.
Sin embargo, sumar las penas máximas previstas para diferentes delitos no equivale a una condena real ni permite anticipar las sanciones que podrían imponer los tribunales.
La responsabilidad penal es individual y debe determinarse mediante procedimientos judiciales con todas las garantías.
El PSOE responde a Feijóo por su propuesta sobre el salario mínimo
La promesa fiscal del presidente del PP también provocó una controversia con el Gobierno.
Horas antes del acto de Valencia, Feijóo había abordado la tributación del salario mínimo durante una entrevista en la Cadena SER.
En esa conversación sostuvo que los trabajadores que cobran el SMI habían dejado de estar exentos del IRPF.
Sin embargo, en 2026 quienes perciben exclusivamente el salario mínimo no soportan una cuota efectiva de IRPF por esas rentas, gracias al mecanismo de deducciones vigente. El SMI anual se sitúa en 17 094 euros.
Esto significa que la propuesta del PP no partiría de una situación en la que todos esos trabajadores ya pagan el impuesto.
La diferencia principal del compromiso anunciado por Feijóo sería garantizar por ley y de forma automática la adaptación del tratamiento fiscal a futuras subidas del salario mínimo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reprochó al líder popular sus declaraciones y defendió las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo para proteger a las rentas más bajas.
También la ministra Elma Saiz criticó la interpretación realizada por Feijóo.
El debate deja una distinción importante: la exención efectiva del SMI ya existe en 2026; la novedad prometida por el PP sería su actualización automática ante futuras subidas.
Europa Press
+2
El PP pide al PSOE que respete las reglas electorales del 29N
En el tramo final de su intervención, Feijóo endureció sus críticas contra el PSOE por las controversias relacionadas con la normativa electoral.
El presidente popular acusó a los socialistas de intentar modificar las reglas de la competición política y les pidió que respetaran la legalidad.
También mencionó la denominada ley de nietos, en referencia a las cuestiones relacionadas con la adquisición de nacionalidad española por descendientes de españoles.
El líder del PP reclamó que los partidos compitieran en igualdad de condiciones y que las instituciones cumplieran las normas aplicables.
No obstante, la información facilitada no desarrolla los hechos concretos que motivaron esa acusación de desobediencia.
Por tanto, no permite determinar si existió una infracción legal ni qué resolución administrativa o judicial podría respaldar las críticas.
El respeto a las normas electorales constituye una obligación para todas las candidaturas y administraciones implicadas en el proceso.
Valencia reúne a la dirección del PP en plena precampaña
El acto celebrado en el Palau de les Arts de Valencia reunió a destacados dirigentes nacionales y autonómicos del Partido Popular.
Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de Valencia y candidata al Congreso, María José Catalá; el portavoz popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons; y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.
La presencia de estos responsables reflejó la importancia que el partido concede a la Comunidad Valenciana en su estrategia electoral.
Feijóo aprovechó el escenario para combinar propuestas nacionales con críticas sobre cuestiones que afectan directamente al territorio, especialmente las infraestructuras hidráulicas y la vivienda.
El mensaje buscó presentar al PP como una alternativa de Gobierno con un programa centrado en la fiscalidad, la reorganización administrativa y los servicios públicos.
El 29N enfrenta dos propuestas sobre impuestos, gasto público y vivienda
La intervención de Feijóo permite identificar varias de las prioridades que el Partido Popular quiere situar en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El dirigente gallego ha prometido rebajar el IRPF, blindar fiscalmente el salario mínimo, construir un millón de viviendas y revisar el gasto público.
También ha anunciado una reducción del tamaño del Gobierno y ha situado la lucha contra la corrupción entre sus principales argumentos políticos.
Por su parte, el Ejecutivo socialista defiende las medidas fiscales y laborales adoptadas durante los últimos años, especialmente las destinadas a incrementar el salario mínimo y reducir la tributación efectiva de las rentas bajas.
La comparación entre ambos proyectos dependerá de la concreción de sus propuestas, sus costes presupuestarios y los mecanismos previstos para ejecutarlas.
El anuncio más relevante de Feijóo es su compromiso de convertir en una garantía legal automática que las futuras subidas del salario mínimo no se traduzcan en un aumento de su tributación efectiva.
La cuestión será determinar cómo se articularía esa reforma y qué efectos tendría sobre los ingresos públicos y el conjunto de los contribuyentes.
A poco más de un mes de las elecciones generales, el líder del PP ha dejado claro que pretende centrar buena parte del debate en la gestión económica, la vivienda y las responsabilidades políticas del Gobierno de Sánchez.
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