El líder del PP plantea flexibilizar la división de viviendas antiguas, aprovechar las azoteas para ganar altura y agilizar las licencias urbanísticas. Su plan incluye un millón de casas y rebajas fiscales para jóvenes.
España afronta uno de sus principales problemas económicos y sociales: el acceso a la vivienda. Con los precios y los alquileres como preocupación para millones de ciudadanos, Alberto Núñez Feijóo ha presentado nuevas medidas para aumentar la oferta residencial y facilitar la compra, especialmente entre los jóvenes.
El presidente del Partido Popular propone dividir viviendas antiguas de entre 160 y 170 metros cuadrados en dos apartamentos, permitir que determinados edificios ganen altura mediante el aprovechamiento del derecho de superficie y establecer un plazo de 90 días para conceder licencias urbanísticas. Si la Administración no responde dentro de ese periodo, plantea aplicar el silencio administrativo positivo.
Las iniciativas formarían parte de las medidas que el PP pretende impulsar durante los primeros 100 días de Gobierno si gana las elecciones. Su alcance dependerá de los cambios legislativos necesarios, de las competencias de cada Administración y de las condiciones técnicas y urbanísticas de los inmuebles.
Feijóo quiere dividir pisos grandes para aumentar la oferta
Una de las propuestas más concretas consiste en facilitar la división de viviendas antiguas de gran tamaño. Feijóo ha defendido que los pisos de entre 160 y 170 m² puedan convertirse en dos apartamentos sin exigir la unanimidad de la comunidad de propietarios.
La iniciativa pretende aprovechar viviendas existentes en lugar de depender exclusivamente de la construcción de nuevos edificios. En determinadas zonas urbanas, donde escasea el suelo disponible, dividir un inmueble amplio podría generar una segunda vivienda sin necesidad de levantar una nueva estructura desde cero.
Sin embargo, el cambio en la Ley de Propiedad Horizontal no supondría que cualquier propietario pudiera dividir libremente su piso. La viabilidad de cada operación dependería de los requisitos legales, las condiciones de habitabilidad, la normativa urbanística y las posibles intervenciones en elementos comunes.
También sería necesario aclarar cómo se resolverían las obras que afecten a fachadas, bajantes, instalaciones, accesos o estructuras compartidas. La eliminación de la unanimidad, por sí sola, no resolvería todos esos aspectos.
El debate se centra en cómo facilitar la creación de nuevas viviendas sin dejar desprotegidos los derechos de los demás propietarios ni rebajar las exigencias de seguridad y habitabilidad.
Más altura en los edificios mediante el derecho de superficie
La segunda medida pasa por aprovechar el derecho de superficie para incrementar la altura de determinados edificios. Feijóo sostiene que esta posibilidad debe respetar la armonía arquitectónica de las calles.
La propuesta busca sacar más partido al espacio urbano ya construido. En lugar de extender las ciudades hacia la periferia, algunas edificaciones podrían incorporar nuevas plantas si las condiciones técnicas y urbanísticas lo permiten.
El derecho de superficie es una figura jurídica que permite, bajo determinadas condiciones, construir o mantener una edificación sobre un suelo ajeno durante un periodo establecido, sin adquirir necesariamente la propiedad del terreno. Su aplicación concreta dependería de la titularidad del suelo, los acuerdos correspondientes y la legislación aplicable.
En la práctica, aumentar la altura de un inmueble exige comprobar aspectos como la resistencia estructural, la seguridad contra incendios, la accesibilidad, las instalaciones y la normativa municipal. También puede requerir cambios en el planeamiento urbanístico.
Por eso, la propuesta no equivale a autorizar de forma automática nuevas plantas en todos los edificios. Su aplicación dependería de cada inmueble y de los procedimientos administrativos necesarios.
Licencias urbanísticas en 90 días y silencio positivo
Feijóo también ha planteado que los ayuntamientos concedan las licencias urbanísticas en un plazo máximo de 90 días. Si no existe respuesta dentro de ese periodo, propone aplicar el silencio administrativo positivo.
La intención es reducir los retrasos que pueden encarecer y paralizar proyectos residenciales. Cuando una promoción queda pendiente de una autorización, el tiempo de espera puede afectar a su financiación, planificación y puesta en marcha.
No obstante, el silencio administrativo positivo requiere una regulación precisa. No significa que cualquier proyecto pueda quedar autorizado automáticamente por el mero transcurso del plazo: su aplicación debe ajustarse a la legislación correspondiente y a las excepciones que resulten aplicables, especialmente en materia urbanística.
La propuesta abre así un debate sobre la capacidad de los ayuntamientos para resolver expedientes dentro de plazos más breves, la disponibilidad de personal técnico y la necesidad de mantener los controles legales y de seguridad.
Un millón de viviendas: el objetivo del PP para aliviar el mercado
Las medidas se integran en el objetivo anunciado por el PP de construir un millón de viviendas en España para responder a las dificultades de acceso al mercado inmobiliario.
Feijóo ha recordado que entre 2005 y 2007 se llegaron a construir alrededor de 500 000 viviendas al año. Al mismo tiempo, reconoció que aquella etapa estuvo marcada por una burbuja inmobiliaria durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La comparación histórica ilustra la diferencia entre aumentar la construcción y garantizar un mercado sostenible. Un elevado número de viviendas terminadas no evita por sí solo el riesgo de sobreendeudamiento, la concentración de la demanda en determinadas zonas o la existencia de inmuebles que no se ajusten a las necesidades de los hogares.
Para evaluar el objetivo del millón de viviendas será necesario conocer su calendario, la distribución territorial prevista, la proporción destinada a compra o alquiler y las condiciones de financiación. La información publicada no detalla todavía todos esos elementos.
El resultado también dependerá de factores como la disponibilidad de suelo, el coste de construcción, la capacidad del sector promotor y la evolución de los tipos de interés y de la demanda.
Rebaja fiscal del 60 % para los jóvenes y avales hipotecarios
El paquete anunciado incluye otra medida dirigida a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda: una reducción del 60 % de los impuestos que gravan la vivienda, según la propuesta expuesta por Feijóo.
El líder del PP también ha defendido que el partido les acompañe con avales de hasta el 100 % para facilitar la contratación de una hipoteca.
Ambas iniciativas buscan reducir las barreras económicas que encuentran quienes no disponen de suficientes ahorros para afrontar la entrada de una vivienda. Los avales pueden facilitar el acceso a financiación a determinados compradores, aunque no eliminan la obligación de devolver el préstamo ni garantizan que todas las solicitudes sean aprobadas.
Para valorar el alcance real de las medidas será necesario conocer qué impuestos se reducirían, qué jóvenes podrían acogerse a las bonificaciones, cuáles serían los límites de renta y precio y qué requisitos se exigirían para obtener los avales.
También habrá que determinar cómo se financiaría el programa y qué riesgos asumirían las Administraciones en caso de impago.
¿Pueden estas medidas abaratar la vivienda en España?
Las propuestas de Feijóo actúan sobre varios obstáculos diferentes: la disponibilidad de viviendas, la capacidad de aprovechar edificios existentes, los tiempos administrativos y las dificultades de financiación de los compradores jóvenes.
Su eficacia, sin embargo, no puede darse por garantizada antes de conocer su desarrollo normativo y su aplicación práctica. Dividir pisos grandes puede generar nuevas unidades en determinados edificios, pero no será viable en todos los inmuebles. Elevar edificios puede aumentar la superficie residencial, aunque dependerá de la estructura y del planeamiento. Y agilizar licencias puede reducir esperas, siempre que los procedimientos mantengan las garantías legales necesarias.
La rebaja fiscal y los avales también requerirán condiciones claras para determinar quiénes podrán beneficiarse y cuál será su coste presupuestario.
El debate de fondo es si España puede aumentar la oferta residencial con mayor rapidez y adaptar las viviendas existentes a las necesidades actuales sin provocar nuevos problemas urbanísticos o financieros.
La propuesta del PP pone el foco en construir más, aprovechar mejor los edificios y reducir trabas administrativas. Su impacto real dependerá de los detalles que todavía deban concretarse y de que las medidas se traduzcan en viviendas disponibles a precios asumibles para los ciudadanos.
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