La Agencia Internacional de la Energía destaca el ahorro generado por la eólica y la solar, pero advierte de que los beneficios no llegan suficientemente a hogares y empresas. También recomienda estudiar la continuidad de las centrales nucleares.
Las renovables evitan a España una factura de gas de 23 140 millones
España ha evitado costes de importación de gas natural por valor de aproximadamente 23 140 millones de euros gracias al crecimiento de la energía eólica y solar entre 2011 y 2024. La cifra procede de una estimación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que considera que el despliegue renovable ha reforzado la seguridad energética española y reducido su exposición a los mercados internacionales de combustibles fósiles.
El organismo calcula que, sin las nuevas capacidades renovables instaladas durante ese periodo, las importaciones españolas de gas natural en 2024 habrían sido casi un 40 % superiores. La estimación equivale a unos 26 000 millones de dólares, convertidos en aproximadamente 23 140 millones de euros.
El dato constituye uno de los principales argumentos económicos a favor de la expansión de las renovables. España dispone de abundantes recursos solares y eólicos, y su aprovechamiento ha permitido reducir la necesidad de recurrir al gas para producir electricidad.
Sin embargo, el informe de la AIE no ofrece un respaldo incondicional a la política energética española. Junto al reconocimiento de los avances, plantea varias advertencias: el ahorro mayorista no se está trasladando suficientemente al consumidor, faltan infraestructuras para electrificar la economía y es necesario revisar el papel de la energía nuclear.
El mensaje es relevante porque introduce una cuestión que el debate político suele dejar en segundo plano: no basta con instalar más paneles solares y aerogeneradores. El sistema debe garantizar electricidad competitiva, estable y disponible cuando la demanda lo necesita.
La electricidad renovable pasa del 35 % al 56 % en una década
La transformación del sistema eléctrico español ha sido especialmente intensa durante los últimos años.
Según los datos recogidos en el informe de la AIE, entre 2015 y 2025 la proporción de electricidad generada mediante fuentes renovables pasó del 35 % al 56 %.
La expansión de la energía solar fotovoltaica y la eólica ha cambiado la composición de la generación eléctrica. España ha aprovechado sus condiciones naturales para desarrollar instalaciones de gran escala y aumentar la producción nacional de electricidad sin necesidad de quemar combustibles importados.
La AIE también destaca que la capacidad de generación se duplicó entre 2015 y 2025, hasta alcanzar los 119 gigavatios (GW), según la información publicada sobre el informe.
Este crecimiento ha contribuido a reducir la vulnerabilidad del país frente a las fluctuaciones internacionales del gas. Cuando el precio de los combustibles fósiles sube, los sistemas eléctricos con una mayor participación de generación renovable pueden reducir parte de su exposición a esos movimientos.
La invasión rusa de Ucrania y las tensiones internacionales de los últimos años demostraron hasta qué punto la dependencia energética puede convertirse en un problema económico y geopolítico. La disponibilidad de recursos nacionales como el sol y el viento ofrece una protección adicional frente a las crisis de suministro.
No obstante, la capacidad instalada y la electricidad efectivamente generada son conceptos distintos. Una instalación solar o eólica no produce a plena potencia durante todas las horas del día. Por eso, el crecimiento de estas tecnologías debe acompañarse de almacenamiento, redes y otras fuentes capaces de garantizar el suministro.
El ahorro existe, pero no significa que la factura haya bajado en la misma proporción
Una de las advertencias más importantes del organismo internacional se refiere al precio que pagan los consumidores.
La AIE considera que la reducción de los precios mayoristas de la electricidad derivada del crecimiento renovable no se ha trasladado de forma suficiente a los hogares y a las empresas.
Esto significa que el beneficio económico de producir electricidad más barata no llega automáticamente al recibo final. Entre el mercado mayorista y la factura existen otros componentes, como los costes regulados, los peajes, los cargos, los impuestos y los contratos de suministro.
La organización reclama un reajuste de la fiscalidad energética para que la electricidad resulte más atractiva frente a los combustibles fósiles.
Su recomendación incluye hacer permanentes determinadas rebajas fiscales, entre ellas las relacionadas con el Impuesto Especial sobre la Electricidad, cuyo tipo general figura en el 5,113 %.
La AIE sostiene que una estructura fiscal mejor equilibrada permitiría acelerar la electrificación de los hogares y de la industria, al tiempo que se protege a los consumidores vulnerables.
La advertencia tiene una consecuencia política evidente: si España ha conseguido reducir el coste de producir electricidad gracias a las renovables, el Gobierno debe explicar por qué ese avance no se refleja de manera más clara en la competitividad de las empresas y en el bolsillo de los ciudadanos.
La transición energética no puede medirse únicamente por los megavatios instalados o por los porcentajes de generación limpia. También debe evaluarse por su impacto en el coste de vida y en la capacidad de las empresas para competir.
La AIE pide revisar la fiscalidad eléctrica y facilitar la conexión industrial
El informe identifica dos obstáculos para aprovechar plenamente el crecimiento renovable.
El primero es la fiscalidad. Los impuestos y gravámenes pueden alterar las señales económicas que reciben los consumidores y hacer menos atractiva la sustitución de combustibles fósiles por electricidad.
El segundo es la infraestructura. La AIE reclama agilizar los permisos de conexión a la red para grandes consumidores industriales.
La cuestión es especialmente importante para sectores que necesitan cantidades elevadas de energía: industria química, metalurgia, producción de materiales, centros de datos y determinadas actividades manufactureras.
Una empresa puede estar dispuesta a electrificar sus procesos y reducir su consumo de gas, pero necesita disponer de una conexión eléctrica con capacidad suficiente, plazos razonables y costes asumibles.
Si los permisos se retrasan o la red no puede atender nuevas demandas, parte de la electricidad renovable disponible no se convierte en actividad industrial adicional.
El organismo considera que España debe pasar de una transformación centrada en la oferta eléctrica a otra que alcance al conjunto de la economía.
Esto implica que el éxito de las renovables no se debe medir solo por la electricidad que generan, sino también por la capacidad de utilizarla para producir bienes, crear empleo y reducir los costes energéticos de las empresas.
La energía nuclear vuelve al centro del debate energético
La recomendación más relevante para el debate político español es la que afecta a las centrales nucleares.
La AIE plantea que España estudie la posibilidad de ampliar la vida útil de los reactores nucleares existentes, siempre después de realizar las correspondientes revisiones de seguridad.
El organismo considera que estas instalaciones pueden desempeñar un papel importante en la seguridad del suministro y en los costes del sistema eléctrico.
La propuesta introduce un elemento de contraste con el calendario de cierre nuclear previsto por España, que contempla la clausura progresiva de los reactores hasta 2035.
La discusión no es menor. La energía nuclear produce electricidad de forma continua y no depende directamente de que haya sol o viento. Por eso puede complementar a las renovables cuando la producción fotovoltaica y eólica cae.
La recomendación de la AIE no significa que el organismo considere que las centrales deban prolongarse sin condiciones. La seguridad nuclear, las inversiones necesarias, la gestión de los residuos y la viabilidad económica deben formar parte de cualquier decisión.
Pero sí supone un respaldo técnico a la necesidad de analizar todas las alternativas antes de retirar una fuente de generación que aporta electricidad estable al sistema.
España cuenta con siete reactores operativos, que aportan alrededor de una quinta parte de su electricidad, según la información sectorial actualizada en octubre de 2026 por la Asociación Nuclear Mundial.
La decisión de prolongar su funcionamiento corresponde a las autoridades españolas y debe basarse en las evaluaciones del Consejo de Seguridad Nuclear y en las condiciones técnicas y económicas de cada instalación.
El debate, por tanto, no debería reducirse a una confrontación ideológica entre renovables y nuclear. La cuestión central es cómo garantizar electricidad suficiente, segura y competitiva durante todo el año.
El problema de la solar: producir mucho no garantiza disponer de energía siempre
El rápido crecimiento de la fotovoltaica ha permitido aumentar la generación renovable, pero también ha creado nuevos desafíos para la gestión del sistema eléctrico.
La producción solar se concentra durante las horas de mayor radiación. En determinados momentos, la abundancia de electricidad puede reducir los precios mayoristas y generar dificultades para aprovechar toda la energía disponible.
Por el contrario, al caer el sol, la producción fotovoltaica disminuye mientras la demanda puede mantenerse elevada.
Esta diferencia entre los momentos de producción y consumo obliga a desarrollar sistemas de almacenamiento y una red capaz de transportar electricidad desde las zonas donde se genera hasta los lugares donde se necesita.
La AIE señala precisamente el almacenamiento como una de las prioridades para corregir los desequilibrios del sistema tras el fuerte crecimiento de la fotovoltaica.
Entre las soluciones disponibles figuran:
- Baterías: permiten almacenar electricidad durante las horas de producción elevada y utilizarla posteriormente.
- Centrales hidroeléctricas de bombeo: aprovechan los excedentes eléctricos para elevar agua a un embalse y generar electricidad cuando resulta necesario.
- Interconexiones: facilitan el intercambio de electricidad con otros sistemas eléctricos.
- Gestión de la demanda: permite desplazar determinados consumos hacia las horas en las que existe más producción disponible.
- Generación gestionable: otras tecnologías pueden aportar respaldo cuando la producción solar y eólica no resulta suficiente.
Sin estas infraestructuras, el crecimiento de la capacidad renovable puede perder parte de su valor económico.
Instalar potencia es solo una parte del trabajo. La otra consiste en garantizar que esa energía pueda almacenarse, transportarse y utilizarse cuando los consumidores la necesitan.
La eólica debe recuperar protagonismo en el equilibrio del sistema
La AIE también recomienda impulsar la energía eólica para compensar el desequilibrio provocado por el crecimiento más acelerado de la fotovoltaica.
La energía solar y la eólica presentan perfiles de producción diferentes. La primera depende principalmente de la radiación solar y concentra su generación durante el día. La segunda puede producir electricidad en otros momentos y contribuir a diversificar las fuentes renovables.
Una combinación equilibrada de ambas tecnologías puede reducir la necesidad de recurrir a otras fuentes de generación y mejorar el aprovechamiento de la red.
El reto es que los nuevos proyectos eólicos necesitan planificación, autorizaciones, conexiones y aceptación territorial. La expansión de estas instalaciones debe tener en cuenta sus efectos ambientales y sobre las actividades económicas de las zonas afectadas.
La AIE reclama, además, una planificación integrada de las infraestructuras energéticas. Electricidad, gas natural, hidrógeno y otros gases renovables no deberían abordarse como compartimentos aislados.
La planificación debe anticipar las necesidades de los próximos años y evitar inversiones incompatibles entre sí o infraestructuras que queden infrautilizadas.
La dependencia exterior sigue siendo una vulnerabilidad para España
El ahorro de 23 140 millones de euros no significa que España haya alcanzado la independencia energética.
El país continúa necesitando importar combustibles y otros recursos energéticos para atender una parte importante de su demanda. El gas natural sigue teniendo un papel en la generación eléctrica y en actividades industriales que no pueden sustituirlo de forma inmediata.
La reducción de las importaciones derivada del crecimiento renovable es una mejora importante, pero no elimina los riesgos asociados a los mercados internacionales.
Las crisis geopolíticas pueden alterar los precios, dificultar el transporte de combustibles y provocar tensiones en los mercados de suministro.
La diversificación de las fuentes energéticas reduce esa exposición. Sin embargo, la seguridad energética exige también contar con infraestructuras adecuadas, reservas, interconexiones y capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales.
La experiencia de la crisis energética europea tras la invasión rusa de Ucrania dejó claro que una dependencia excesiva de proveedores externos puede convertirse en un problema para la economía nacional.
La expansión renovable ayuda a reducir esa vulnerabilidad, pero debe formar parte de una estrategia más amplia que garantice el suministro en todas las circunstancias.
La transición energética necesita una política industrial, no solo objetivos de generación
Una de las conclusiones más importantes del informe es que España debe aprovechar su crecimiento renovable para transformar su economía.
El país ha conseguido aumentar la producción eléctrica limpia, pero el siguiente paso consiste en convertir esa ventaja en competitividad industrial.
La electrificación del transporte, la climatización de edificios y los procesos productivos puede reducir el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, las inversiones requieren electricidad competitiva, redes disponibles y un marco regulatorio estable.
La industria necesita previsibilidad. Las empresas que estudian instalar nuevas plantas o electrificar sus procesos deben conocer cuánto costará la energía, qué capacidad tendrán disponible y cuánto tardarán en conseguir los permisos necesarios.
La AIE reclama precisamente una mejor coordinación entre las administraciones públicas, el regulador de la red y las compañías energéticas.
La planificación debe permitir anticipar las necesidades de consumo y evitar que los proyectos industriales queden bloqueados por falta de capacidad de conexión.
También resulta fundamental que las ayudas públicas y los incentivos fiscales estén bien diseñados. El objetivo debe ser facilitar inversiones productivas y reducir los costes estructurales, no crear dependencias permanentes de subvenciones.
Qué significa el informe para los consumidores españoles
El ciudadano no paga directamente los costes de importación de gas que España evita gracias a las renovables. El ahorro estimado por la AIE es una cifra macroeconómica que mide un escenario contrafactual: cuánto más habría gastado el país si no hubiera desarrollado nueva capacidad eólica y solar.
Aun así, ese ahorro tiene consecuencias económicas relevantes.
Una menor necesidad de importar gas reduce la exposición de España a los precios internacionales y puede contribuir a contener los costes de generación eléctrica.
Pero el impacto final sobre la factura depende de otros factores: los impuestos, los costes de red, los contratos de suministro, la estructura del mercado y el comportamiento de la demanda.
Por eso la AIE reclama que los beneficios de la generación renovable lleguen de forma más directa a hogares y empresas.
El organismo también insiste en proteger a los consumidores vulnerables. Una reforma fiscal no debería trasladar el coste de la transición a quienes tienen menos capacidad económica para adaptarse.
La política energética debe combinar tres objetivos: electricidad asequible, seguridad de suministro y competitividad empresarial.
El balance: un éxito renovable con deberes pendientes
El informe de la Agencia Internacional de la Energía ofrece un reconocimiento importante a la transformación energética española. El crecimiento de la eólica y la solar ha evitado una parte considerable de las importaciones de gas y ha reducido la exposición del país a los mercados internacionales de combustibles fósiles.
Pero el organismo también deja claro que el trabajo no está terminado.
España necesita acelerar el almacenamiento, reforzar las redes, facilitar la conexión de la industria y revisar los impuestos que encarecen la electricidad. Además, recomienda estudiar la continuidad de las centrales nucleares por su contribución a la seguridad del suministro.
El debate energético debería abandonar las consignas y centrarse en resultados verificables. Una transición energética solo será un éxito completo si reduce la dependencia exterior, garantiza el suministro y permite que hogares y empresas accedan a electricidad competitiva.
Los 23 140 millones de euros ahorrados son una buena noticia para España. La siguiente pregunta es si el país será capaz de convertir esa ventaja en facturas más asequibles, más industria y una economía menos vulnerable a las crisis internacionales.


