El Observatorio de la Vida Militar alerta de salarios insuficientes, dietas desfasadas y problemas de vivienda que pueden afectar a la disponibilidad de las Fuerzas Armadas.
Los bajos sueldos empujan a militares a buscar un segundo empleo
España necesita unas Fuerzas Armadas preparadas, con personal suficiente y capacidad para responder a cualquier emergencia o amenaza. Sin embargo, el último informe del Observatorio de la Vida Militar dibuja una realidad preocupante: cada vez más militares recurren a una segunda actividad profesional para complementar sus ingresos porque consideran insuficientes sus retribuciones.
El organismo, adscrito a las Cortes Generales, advierte de que esta situación puede condicionar la disponibilidad del personal para el servicio. Su diagnóstico no se limita al sueldo mensual. También señala el deterioro del poder adquisitivo, unas dietas que llevan décadas sin actualizarse, las dificultades para encontrar vivienda y el coste familiar de los frecuentes cambios de destino.
La advertencia aparece en la Memoria-Informe 2025, publicada el 28 de octubre de 2026. El documento recoge las preocupaciones expresadas por los integrantes de las Fuerzas Armadas y plantea un problema que afecta tanto a sus condiciones de vida como a la capacidad de las unidades para cumplir sus misiones.
La cuestión resulta especialmente relevante en un momento en el que España afronta mayores exigencias de seguridad y compromisos internacionales. No basta con aumentar los objetivos de defensa si no se garantiza que los militares dispongan de condiciones profesionales y económicas adecuadas.
Unas subidas salariales que no han resuelto el problema
El informe reconoce que durante 2025 se aplicaron mejoras retributivas, pero considera que no han corregido el problema de fondo. El Observatorio califica los salarios de «descompensados» y «desfasados» y advierte de una pérdida considerable de poder adquisitivo a lo largo de la carrera profesional.
Una de las medidas aprobadas fue el Real Decreto 248/2025, de 25 de marzo, que modificó el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. La norma actualizó el componente general del complemento específico y estableció efectos económicos desde el 1 de enero de 2025.
El complemento específico forma parte de la estructura salarial militar y está vinculado a las características del puesto y a sus condiciones de desempeño. No debe confundirse con el sueldo base ni interpretarse como la nómina completa de todos los militares.
La reforma supuso una mejora, pero el Observatorio considera que las retribuciones siguen sin corresponderse con las exigencias de disponibilidad, movilidad, formación y responsabilidad que caracterizan la profesión militar.
El problema también tiene una dimensión comparativa. Las condiciones económicas deben permitir que las Fuerzas Armadas compitan por profesionales cualificados con otros sectores de la Administración y del mercado laboral. Si la remuneración no resulta atractiva, captar y conservar personal puede convertirse en una dificultad estructural.
Las dietas militares, otro problema que afecta al servicio
Uno de los aspectos más llamativos del informe es la crítica a las dietas y compensaciones por desplazamiento. Según el Observatorio, sus importes no se han actualizado durante décadas y, en la práctica, pueden resultar insuficientes para cubrir los gastos reales de alojamiento y manutención.
Esta situación afecta especialmente a los militares que deben desplazarse por razones de servicio o participar en comisiones fuera de su destino habitual.
El problema es sencillo de entender: cuando la compensación oficial no cubre el coste de una habitación o de las comidas, el profesional puede acabar soportando parte del gasto con su propio dinero.
No se trata únicamente de una cuestión de comodidad. Las comisiones de servicio forman parte de la actividad ordinaria de las Fuerzas Armadas y requieren que el personal pueda desplazarse sin que ello suponga un perjuicio económico.
El Observatorio considera que estas deficiencias contribuyen al malestar del colectivo y reclama que las compensaciones se ajusten a los costes actuales.
La falta de actualización de las dietas contrasta con la exigencia de movilidad y disponibilidad permanente que caracteriza a determinados puestos militares. La Administración exige flexibilidad, pero debe garantizar que cumplir una orden de servicio no se convierta en una carga económica para el trabajador.
El problema de la vivienda crea militares que viven separados de sus familias
La situación económica se agrava cuando un cambio de destino obliga a un militar a trasladarse a otra ciudad. El informe identifica la vivienda como uno de los principales obstáculos para la movilidad geográfica.
La falta de alojamientos militares disponibles y las ayudas limitadas del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) obligan a muchos profesionales a asumir gastos elevados de alquiler o hipoteca.
El problema se multiplica cuando el traslado afecta también al empleo del cónyuge. En ocasiones, la pareja no puede acompañar al militar porque perdería su trabajo o tendría dificultades para encontrar otro en el nuevo destino.
La consecuencia es la aparición de los denominados «solteros geográficos»: militares que se desplazan solos y mantienen a su familia en otra localidad para evitar que todos tengan que asumir el coste económico y laboral del traslado.
El Observatorio advierte de que esta situación afecta a la conciliación, al bienestar personal y a la estabilidad familiar.
También describe situaciones en las que los militares se ven obligados a compartir piso con personas desconocidas. Lo que inicialmente debería ser una solución provisional termina prolongándose y convirtiéndose en una forma de vida precaria.
La movilidad es una necesidad operativa de las Fuerzas Armadas. Los destinos no pueden organizarse exclusivamente en función de las preferencias personales, pero el coste de esa movilidad tampoco debería recaer de manera desproporcionada sobre las familias.
La falta de vivienda adecuada puede terminar convirtiéndose en un obstáculo para cubrir destinos y retener profesionales. El problema, por tanto, no es solo social: también tiene consecuencias para la organización militar.
España tiene 116 852 militares en activo y necesita más efectivos
El informe aporta una radiografía de las plantillas que permite medir el alcance del desafío.
A 1 de enero de 2026, las Fuerzas Armadas contaban con 116 852 militares en servicio activo, apenas 113 más que un año antes.
La distribución del personal era la siguiente:
- 40 816 cuadros de mando, entre oficiales y suboficiales. Representaban el 34,93 % de la plantilla.
- 76 036 efectivos de tropa y marinería, equivalentes al 65,07 % del total.
El Observatorio considera que esta cifra resulta insuficiente para garantizar la operatividad de las unidades y propone elevar la plantilla hasta 140 000 efectivos.
La propuesta supondría incorporar más de 23 000 militares respecto a la cifra registrada a comienzos de 2026.
El objetivo no consiste únicamente en aumentar el número de uniformados. El organismo vincula esa ampliación con la necesidad de garantizar el funcionamiento de las unidades, compensar el impacto de las medidas de conciliación y acercar el tamaño de las Fuerzas Armadas españolas a la media de la Unión Europea.
El dato revela una contradicción que merece atención: mientras las necesidades de defensa exigen disponer de personal suficiente, el sistema encuentra dificultades para atraer nuevos aspirantes y cubrir todas las plazas convocadas.
Caen los aspirantes y quedan miles de plazas sin cubrir
La falta de interés por ingresar en las Fuerzas Armadas constituye otra de las advertencias centrales del informe.
En las escalas de oficiales, las solicitudes de acceso directo descendieron un 4,3 % respecto a 2024. La ratio pasó de 3,55 aspirantes por plaza a tres.
La evolución resulta más significativa si se compara con 2022, cuando había 6,25 solicitantes por cada plaza. La reducción de aspirantes limita el margen de selección y obliga a analizar por qué la carrera militar ha perdido atractivo para una parte de los potenciales candidatos.
La situación de tropa y marinería también preocupa.
Durante el periodo analizado se ofertaron 8 884 plazas, 822 más que en 2024. Sin embargo, el incremento de la oferta no estuvo acompañado por un aumento de las solicitudes. Al contrario, se registraron 4 220 candidatos menos.
La ratio de aspirantes por plaza cayó de 4,20 a 3,32 en un año. En 2022 se situaba en 8,60.
El resultado final fue especialmente significativo: de las 8 884 plazas convocadas, solo se cubrieron 6 245. Quedaron vacantes 2 639 puestos, casi tres de cada diez plazas ofertadas.
El Observatorio considera preocupante esta evolución porque no solo reduce el número de incorporaciones, sino que también limita la capacidad de selección entre los candidatos disponibles.
La cuestión no es exclusivamente cuantitativa. Una organización militar necesita incorporar profesionales con preparación, aptitudes y motivación suficientes para asumir responsabilidades que, en ocasiones, implican riesgos personales importantes.
La conciliación también condiciona la operatividad de las unidades
El informe recoge que 28 828 militares se acogieron a alguna medida de conciliación durante el periodo analizado. La cifra fue ligeramente inferior a la de años anteriores.
Entre los datos destacados figura una caída cercana a la mitad en las licencias concedidas por asuntos propios y por estudios.
El permiso por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar continuó siendo la medida de conciliación con mayor número de concesiones.
El Observatorio también analiza las medidas relacionadas con situaciones de violencia de género, cuya concesión se mantuvo relativamente estable, con un ligero descenso.
El organismo advierte de que la conciliación puede generar dificultades para la operatividad de determinadas unidades. Esto no significa que los derechos de los militares deban quedar subordinados a las necesidades del servicio, sino que la planificación de las plantillas debe contemplar las ausencias y las medidas de protección familiar.
La solución exige suficiente personal para que las unidades puedan cumplir sus cometidos sin trasladar toda la presión a quienes permanecen disponibles.
¿Por qué preocupa que un militar necesite otro empleo?
La búsqueda de una segunda actividad profesional no es, por sí misma, una prueba de falta de compromiso con las Fuerzas Armadas. Tampoco el informe ofrece una cifra exacta del número de militares que desempeñan otro trabajo ni cuantifica el porcentaje que representa sobre el conjunto de la plantilla.
Lo relevante es la advertencia institucional: el Observatorio considera que la necesidad de complementar los ingresos puede afectar a la disponibilidad para el servicio.
La profesión militar tiene particularidades que la diferencian de otros empleos públicos. Incluye obligaciones de disponibilidad, cambios de destino, ejercicios, maniobras, despliegues y periodos de actividad que pueden alterar la organización familiar y personal.
Por eso, la posibilidad de compatibilizar una segunda actividad debe analizarse teniendo en cuenta la normativa de incompatibilidades y las exigencias del servicio. No puede darse por supuesto que cualquier militar pueda desarrollar libremente otro empleo.
La advertencia del Observatorio apunta a una cuestión más profunda: si los profesionales que garantizan la seguridad del país necesitan buscar ingresos adicionales para sostener su economía familiar, el sistema de retribuciones merece una revisión seria.
El problema puede afectar a la motivación, a la retención de personal y a la capacidad de las unidades para mantener sus niveles de preparación.
El desafío de Defensa: más presupuesto y mejores condiciones para los militares
El debate sobre las condiciones económicas de los militares adquiere especial importancia en un contexto de mayores exigencias para la defensa europea y de incremento de los compromisos internacionales de España.
La capacidad militar no depende únicamente de adquirir nuevos sistemas de armas, vehículos, aeronaves o buques. También necesita personal formado, experimentado y dispuesto a desarrollar su carrera profesional dentro de las Fuerzas Armadas.
Los equipos más avanzados requieren especialistas. Las unidades necesitan mandos y tropa suficientes. Las operaciones exigen disponibilidad y preparación. Y todo ello depende de que la carrera militar resulte atractiva para quienes ya están dentro y para quienes se plantean incorporarse.
El informe del Observatorio deja varias cuestiones sobre la mesa:
- Actualizar las retribuciones para corregir el desfase salarial que denuncia el organismo.
- Revisar las dietas para que cubran los gastos reales de alojamiento y manutención.
- Mejorar el acceso a vivienda militar y las ayudas para los cambios de destino.
- Ampliar las plantillas hasta los 140 000 efectivos propuestos.
- Recuperar el atractivo de la carrera militar, especialmente en las escalas con menos solicitudes.
- Planificar mejor la conciliación, evitando que las necesidades de personal comprometan la operatividad de las unidades.
El reto para el Ministerio de Defensa consiste en convertir las advertencias del Observatorio en medidas concretas y evaluables. No basta con reconocer que existen problemas: es necesario explicar qué reformas se van a aplicar, cuánto costarán y cuándo se notarán en las nóminas y en las condiciones de vida del personal.
Una advertencia sobre la seguridad y el futuro de las Fuerzas Armadas
La Memoria-Informe 2025 pone cifras a un problema que afecta a la vida cotidiana de miles de profesionales. Los salarios insuficientes, las dietas desfasadas, la dificultad para acceder a una vivienda y la caída de aspirantes dibujan un escenario que exige respuestas.
El dato de las 2 639 plazas de tropa y marinería sin cubrir es especialmente relevante. También lo es que la plantilla apenas aumentara en 113 efectivos en un año, mientras el Observatorio considera necesario alcanzar los 140 000 militares.
La defensa de España necesita tecnología, inversión y capacidad industrial, pero también necesita personas. Profesionales que puedan desarrollar una carrera estable, mantener a sus familias y cumplir sus obligaciones sin que la movilidad o los gastos de servicio se conviertan en una penalización económica.
Los militares no pueden ser el eslabón olvidado de la política de defensa. Si España quiere unas Fuerzas Armadas preparadas y con capacidad de respuesta, debe prestar atención a las condiciones de quienes las integran.
La advertencia del Observatorio de la Vida Militar deja una pregunta inevitable: ¿cómo puede exigirse disponibilidad permanente y capacidad operativa si las propias condiciones económicas y familiares dificultan que los profesionales permanezcan en el servicio?
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