Una encuesta de 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER revela que el 48,8% rechaza el paro general frente al 46,3% que lo respalda. El rechazo a las acampadas por la vivienda alcanza el 53%.
La huelga general del 11-N no convence a una mayoría de españoles
La huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre llega a las puertas de las elecciones generales del 29-N con una sociedad profundamente dividida. La protesta, que nació vinculada a la crisis de la vivienda y a los desahucios, ha ido incorporando reivindicaciones laborales, económicas y políticas. Pero no ha conseguido un respaldo mayoritario entre el conjunto de la población.
Una encuesta de 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER, realizada entre el 2 y el 4 de noviembre, sitúa el apoyo a la huelga en el 46,3%, frente al 48,8% que la rechaza. El resto de los entrevistados no se decanta por ninguna de las dos posiciones.
La distancia es estrecha, pero el resultado evidencia que la convocatoria está lejos de suscitar un consenso social. La división se acentúa cuando se pregunta por las acampadas vinculadas a las reivindicaciones de vivienda: el 53% de los encuestados las desaprueba.
Los datos dibujan un escenario complicado para los sindicatos, que han convertido la jornada de paro en una movilización de alcance nacional. La protesta pretende situar en el centro del debate el precio de la vivienda, los salarios, el coste de la vida y la situación de los servicios públicos.
Sin embargo, el sondeo refleja también un problema de confianza: una parte importante de los ciudadanos no considera eficaces las medidas del Gobierno para resolver la crisis habitacional y tampoco muestra un respaldo inequívoco a las formas de protesta elegidas.
El rechazo a las acampadas supera la mitad de los encuestados
Uno de los datos más significativos de la encuesta es el rechazo a las acampadas por la vivienda, que alcanza el 53%.
Las movilizaciones han situado el problema del acceso a una casa en el centro de la conversación pública. La protesta de la Puerta del Sol de Madrid se convirtió en uno de los símbolos de este movimiento, que reclama medidas para frenar el encarecimiento de los alquileres y evitar situaciones de desahucio.
El origen de la convocatoria está relacionado con el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda. El Sindicato de Inquilinas impulsó inicialmente la movilización y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, terminaron sumándose a la convocatoria de huelga general.
El debate, no obstante, va más allá de la legitimidad de reclamar una vivienda asequible. También plantea hasta qué punto las acampadas y las ocupaciones prolongadas del espacio público cuentan con respaldo social.
El resultado de 40dB indica que la desaprobación es mayoritaria, aunque no permite concluir que todos los ciudadanos que rechazan las acampadas se opongan a las reivindicaciones sobre vivienda. Desaprobar una forma de protesta no equivale necesariamente a negar la existencia del problema que la origina.
Esta distinción resulta esencial para interpretar el sondeo sin atribuir a los encuestados posiciones que no han expresado.
Las medidas del Gobierno sobre vivienda generan poco entusiasmo
La encuesta también examina la valoración de las iniciativas del Ejecutivo para contener la carestía de la vivienda. El resultado es poco favorable: solo uno de cada cuatro entrevistados considera eficaces las medidas y decretos aprobados por el Gobierno.
El dato refleja la distancia entre los anuncios políticos y la percepción ciudadana sobre los resultados. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre quienes buscan alquilar o comprar en las zonas con precios más elevados.
El Gobierno ha impulsado distintas medidas para intervenir en el mercado del alquiler, ampliar la protección de los inquilinos y limitar determinadas prácticas especulativas. Sin embargo, el sondeo sugiere que esas actuaciones no han logrado convencer a una parte importante de la población.
La discusión enfrenta dos enfoques: quienes consideran imprescindible reforzar la intervención pública y quienes defienden que el problema requiere aumentar la oferta de viviendas, facilitar la construcción y reducir los obstáculos administrativos.
En cualquier caso, el resultado de la encuesta deja una conclusión política: la vivienda se ha convertido en un terreno en el que el Gobierno todavía no ha conseguido acreditar ante la opinión pública que sus medidas estén resolviendo el problema.
La percepción de eficacia importa especialmente a las puertas del 29-N, cuando los partidos tendrán que defender sus propuestas ante un electorado que sitúa el acceso a la vivienda entre las cuestiones decisivas.
La protesta amplía sus reivindicaciones en plena campaña electoral
La huelga nació vinculada a la vivienda, pero sus convocantes han ampliado progresivamente el catálogo de reivindicaciones.
La convocatoria incluye demandas sobre salarios, precios, servicios públicos y condiciones laborales. También ha incorporado la situación de las infraestructuras ferroviarias y la seguridad del transporte, después de los accidentes que han golpeado al país.
La pluralidad de organizaciones participantes refleja esa ampliación. Junto a CCOO y UGT se han sumado organizaciones como CGT, CNT, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y la Unión de Actores y Actrices, entre otras entidades.
Los sindicatos defienden que el encarecimiento de la vivienda no puede separarse de la evolución de los salarios y del coste de la vida. Su argumento es que una mejora salarial pierde capacidad para elevar el nivel de vida cuando el alquiler, la alimentación y otros gastos básicos absorben buena parte de los ingresos.
La convocatoria, sin embargo, llega en un contexto electoral que añade una dimensión política a la protesta. Los partidos de izquierda han incorporado buena parte de sus reivindicaciones al discurso de campaña y consideran la huelga una oportunidad para movilizar a sus votantes.
El PSOE no ha formalizado una adhesión institucional a la convocatoria, aunque Pedro Sánchez ha defendido públicamente las reivindicaciones que la originaron y ha pedido apoyo para las demandas relacionadas con la vivienda.
La oposición, por su parte, cuestiona la oportunidad de celebrar una huelga general a pocos días de las elecciones y sostiene que la convocatoria puede terminar funcionando como un instrumento de movilización partidista.
La encuesta muestra que la sociedad está dividida, pero no permite reducir todas las motivaciones de los participantes a una estrategia electoral. La reivindicación de vivienda tiene un origen social identificable, aunque su incorporación a la campaña ha aumentado la controversia política.
Vivienda, pensiones e inmigración: los asuntos que marcan el 29-N
El estudio de 40dB también pregunta a los ciudadanos qué cuestiones consideran más importantes en las elecciones generales del 29 de noviembre.
Las dos preocupaciones que encabezan las respuestas son el acceso a la vivienda y las pensiones y los servicios públicos. En tercer lugar aparece la inmigración, un asunto que ocupa una posición destacada en el debate político y que constituye una de las principales banderas de la derecha.
La distribución de prioridades revela que la campaña no se desarrollará alrededor de un único asunto. La vivienda y el mantenimiento del Estado de bienestar concentran buena parte de la atención, pero la inmigración también tiene un peso considerable.
La importancia de esta última cuestión se refleja en las respuestas sobre qué partido está mejor preparado para gestionar cada problema. Según el sondeo, Vox aparece como la formación que los encuestados consideran más capacitada para abordar la inmigración y la corrupción.
En cambio, el PP obtiene una ligera ventaja sobre el PSOE en la cuestión de las infraestructuras. En el resto de los asuntos planteados no aparece una superioridad general del partido de Alberto Núñez Feijóo frente a los socialistas.
La encuesta también muestra que, pese a las críticas a la gestión gubernamental de la corrupción, el PSOE conserva una mayor confianza que el PP para combatirla: 19,3% frente al 16,1%.
Ese dato convive con otro especialmente delicado para el Ejecutivo: el 56,5% de los encuestados considera que el Gobierno no ha reaccionado con suficiente contundencia ante los escándalos que le afectan.
El 30% duda de la limpieza de las elecciones
El sondeo incorpora otro resultado que merece atención: el 30% de los encuestados comparte la idea de que las elecciones no son limpias.
La cifra aumenta cuando se analiza el voto por bloques. Entre los votantes del PP alcanza el 35%, mientras que entre los simpatizantes de Vox asciende al 62%.
La percepción aparece en un contexto de creciente polarización y de declaraciones de dirigentes políticos que han cuestionado distintos aspectos del proceso electoral.
Es importante precisar que se trata de una opinión recogida en una encuesta, no de una prueba de irregularidades electorales. El dato mide la confianza de los ciudadanos en la limpieza de los comicios, pero no acredita fraude ni permite concluir que el sistema electoral español carezca de garantías.
La desconfianza hacia las instituciones constituye, en cualquier caso, un elemento relevante para analizar la campaña. Cuando una parte del electorado cuestiona la limpieza del proceso, los partidos y las autoridades tienen un incentivo adicional para explicar con transparencia los procedimientos de votación, escrutinio y control.
El resultado también evidencia que la controversia electoral no se limita a las propuestas económicas o sociales. La confianza en las reglas del sistema democrático se ha convertido en otro de los asuntos presentes en el debate público.
Casi el 70% cree que España crece menos que Europa
Otro de los resultados más llamativos del trabajo de 40dB se refiere a la percepción de la economía española.
Cerca del 70% de los encuestados cree que España crece por debajo del promedio europeo, una percepción que el artículo de EL PAÍS califica de equivocada.
La paradoja es evidente: mientras el Gobierno destaca el crecimiento de la economía española frente a otros grandes países de la Unión Europea, una amplia mayoría de ciudadanos no identifica esa ventaja.
La Comisión Europea, en sus previsiones económicas de primavera de 2026, proyectó un crecimiento del PIB español del 2,8% en 2025 y del 2,4% en 2026. Para 2026, la institución anticipaba una desaceleración gradual, aunque mantenía una evolución favorable de la actividad económica.
La diferencia entre los indicadores macroeconómicos y la percepción de los hogares puede explicarse por varios factores. El crecimiento del PIB no se traduce automáticamente en una mejora equivalente de la capacidad adquisitiva de todas las familias.
Los ciudadanos valoran su situación a partir de cuestiones mucho más inmediatas: el precio del alquiler o de la hipoteca, la cesta de la compra, los recibos, los salarios y la estabilidad laboral.
La propia encuesta refleja esa diferencia. Más de la mitad de los entrevistados afirma que consigue ahorrar, mientras que aproximadamente uno de cada tres dice llegar justo a fin de mes. Un 11% asegura haber tenido que recurrir a sus ahorros o al crédito para afrontar sus gastos.
Por tanto, el crecimiento económico y la percepción de bienestar no son conceptos intercambiables. Una economía puede avanzar en términos agregados mientras numerosos hogares siguen experimentando dificultades para cubrir sus necesidades.
Qué medidas del Gobierno reciben más apoyo y cuáles generan más rechazo
El estudio también pregunta por la valoración de distintas decisiones del Ejecutivo.
Entre las medidas mejor consideradas figuran:
- La ampliación de los permisos para el cuidado de los hijos.
- La subida del salario mínimo.
- La revalorización de las pensiones.
En el extremo contrario aparecen las actuaciones del Gobierno durante la crisis de Ceuta y la gestión de los accidentes ferroviarios.
La amnistía a los independentistas catalanes y la regularización de inmigrantes tampoco consiguen un respaldo amplio: ambas medidas se sitúan en torno a uno de cada cuatro apoyos, según la información publicada por EL PAÍS.
El resultado dibuja un panorama de opiniones heterogéneas. El Gobierno conserva respaldo para determinadas políticas sociales, pero afronta críticas en asuntos relacionados con la gestión de crisis, la seguridad y decisiones de especial controversia política.
La valoración de cada medida no equivale a una intención de voto, pero sí ofrece pistas sobre los asuntos que pueden condicionar la campaña.
Una encuesta de 2.000 entrevistas: qué dicen realmente los datos
La encuesta fue elaborada por 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER. Su trabajo de campo se desarrolló entre el 2 y el 4 de noviembre de 2026.
La ficha técnica publicada por el periódico recoge los siguientes datos:
- Ámbito: España, con exclusión de Ceuta y Melilla.
- Universo: población residente de 18 años o más con derecho a voto.
- Tamaño de la muestra: 2 000 entrevistas.
- Método: entrevistas en línea mediante sistema CAWI.
- Error muestral declarado: ±2,2 puntos porcentuales para un nivel de confianza del 95%.
El margen de error es una referencia estadística y no significa que cada porcentaje tenga automáticamente una desviación de esa magnitud. Tampoco elimina posibles sesgos relacionados con la participación, la selección de entrevistados o la formulación de las preguntas.
Por eso, los resultados deben interpretarse como una fotografía de la opinión pública durante los días en que se realizó el trabajo de campo, no como un pronóstico definitivo de lo que sucederá en las elecciones o en la jornada de huelga.
La huelga llega al 11-N con una sociedad dividida
La convocatoria del 11 de noviembre afronta un escenario complejo. Los sindicatos pretenden convertir la protesta en una movilización nacional alrededor de la vivienda, los salarios y el coste de la vida. Los partidos de izquierda han encontrado en esas reivindicaciones un argumento para reforzar su discurso electoral.
Pero los datos de 40dB muestran que el respaldo ciudadano no es mayoritario. La huelga recibe un 46,3% de apoyo y un 48,8% de rechazo, mientras que las acampadas son desaprobadas por el 53% de los encuestados.
El resultado no invalida las reivindicaciones sobre vivienda ni demuestra que la mayoría de los españoles se oponga a una mejora de las condiciones laborales. Sí revela que la forma de canalizar esas demandas y su conexión con la campaña electoral generan división.
A pocos días del 29-N, la vivienda, las pensiones, los servicios públicos y la inmigración compiten por protagonizar el debate. El Gobierno tendrá que defender la eficacia de sus políticas, mientras que los sindicatos buscarán demostrar que la protesta cuenta con suficiente respaldo social.
La pregunta ya no es solo si la huelga conseguirá movilizar a los trabajadores, sino si sus convocantes lograrán convencer a una sociedad que comparte algunas de sus preocupaciones, pero está dividida sobre la oportunidad y las formas de la protesta.
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