La Audiencia Provincial impone cinco años de prisión entre los dos responsables de un entramado que utilizó varias sociedades para acumular deudas y continuar con la actividad. Las multas e indemnizaciones superan conjuntamente los 1,5 millones de euros.
Cambiar de empresa no borraba las deudas con la Seguridad Social. Esa es una de las claves de la sentencia que acaba de dictar la Audiencia Provincial de Córdoba contra dos empresarios del sector hostelero. Durante años, según considera probado el tribunal, el negocio continuó mediante sociedades sucesivas mientras quedaban atrás las obligaciones de cotización de los trabajadores.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha condenado a tres años de prisión al principal responsable del entramado y a dos años a un segundo empresario, que actuó como testaferro. El fraude acreditado asciende a 606 615,31 euros en cuotas impagadas a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
La suma de las multas impuestas y las indemnizaciones fijadas alcanza aproximadamente 1 506 615 euros. La resolución, sin embargo, todavía no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Tres empresas para mantener el negocio y dejar atrás las deudas
La sentencia considera probado que el principal condenado, identificado por las iniciales Á. V. C. Á., dirigió durante años un entramado de sociedades dedicadas a la hostelería y al catering en Córdoba.
La operativa se apoyaba en tres mercantiles:
- Palacio de los Manríquez S. L.
- Industrias Turísticas de Andalucía S. A.
- Turicar City S. L.
Según los hechos probados, cuando una sociedad acumulaba deudas con la Seguridad Social y aumentaba la presión administrativa para cobrarlas, la actividad empresarial pasaba a otra entidad. De esta forma, el negocio podía continuar mientras las obligaciones pendientes quedaban vinculadas a la sociedad anterior.
El tribunal considera que el principal condenado era el verdadero gestor de la actividad, con independencia de quién figurase formalmente al frente de cada empresa.
No se trataba, por tanto, de simples cambios societarios sin conexión entre sí. La resolución describe una sucesión empresarial fraudulenta, diseñada para mantener la explotación de los negocios y dificultar el cobro de las cotizaciones pendientes.
Más de 600 000 euros de perjuicio a la Seguridad Social
El perjuicio económico acreditado asciende a 606 615,31 euros. La cantidad corresponde a las cuotas que dejaron de ingresarse durante el periodo comprendido entre 2013 y 2021.
La deuda no se limitaba a las cotizaciones de las empresas. También incluía las cuotas que el principal condenado debía abonar por su propia actividad como trabajador autónomo.
La sentencia distingue dos responsabilidades penales para este empresario:
- Dos años de prisión y 300 000 euros de multa por el delito contra la Seguridad Social relacionado con la actividad empresarial.
- Un año adicional de prisión y otros 300 000 euros de multa por el impago de sus propias cuotas como autónomo.
En total, la condena del principal responsable asciende a tres años de cárcel y 600 000 euros de multa.
La resolución también recoge que determinados eventos se cobraban en dinero negro. Este sistema de pagos en efectivo aparece vinculado a la operativa empresarial y a la participación del segundo condenado.
El segundo condenado actuaba como testaferro
El otro empresario condenado, identificado como J. U. N., residía en Lucena y no tenía experiencia profesional en el sector hostelero. Su actividad estaba relacionada con la fabricación de sanitarios y cuartos de baño.
Pese a ello, aceptó figurar formalmente como administrador y socio único de Turicar City S. L. a petición del principal responsable.
La sentencia destaca un elemento especialmente significativo: al asumir formalmente la administración de la sociedad, otorgó un poder notarial amplio al verdadero gestor para que continuase dirigiendo la empresa.
Durante el juicio, el empresario de Lucena reconoció que no sabía «nada de nada» de hostelería y que aceptó participar a cambio de recibir un 5 % de los contratos de eventos cobrados en dinero negro.
La Audiencia califica su papel como el de un «testaferro o tercero interpuesto de manual». En otras palabras, prestaba su identidad para aparecer como responsable formal mientras otra persona conservaba el control efectivo del negocio.
Por su participación, el tribunal le ha impuesto dos años de prisión y 300 000 euros de multa como coautor del delito contra la Seguridad Social.
Casi un centenar de trabajadores pasaron por las sociedades
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el número de empleados afectados por los sucesivos cambios de empresa.
Según los datos recogidos en la información de la sentencia, 36 trabajadores estuvieron dados de alta sucesivamente en las tres mercantiles y otros 62 figuraron en al menos dos de ellas.
Los empleados cobraban parte de sus retribuciones en efectivo y, en algunos casos, descubrían los cambios formales de empresa cuando solicitaban sus informes de vida laboral.
La sucesión de sociedades no solo tenía consecuencias para las arcas públicas. También generaba incertidumbre sobre la empresa que figuraba como empleadora y sobre las cotizaciones correspondientes a cada periodo trabajado.
La Seguridad Social depende de esas aportaciones para financiar prestaciones y derechos de los trabajadores. Cuando las cuotas no se ingresan, el perjuicio no se limita a una disputa contable entre una empresa y la Administración: afecta al sistema público de protección social.
Las multas e indemnizaciones superan los 1,5 millones
La cifra de 1,5 millones de euros que acompaña a la noticia resulta de sumar las multas penales y las indemnizaciones civiles establecidas en la sentencia.
El desglose es el siguiente:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Multa al principal condenado | 600 000 € |
| Multa al segundo condenado | 300 000 € |
| Indemnización del principal a la TGSS | 361 896,06 € |
| Indemnización del segundo a la TGSS | 244 719,25 € |
| Total | 1 506 615,31 € |
Las dos indemnizaciones suman exactamente 606 615,31 euros, la cantidad del perjuicio económico acreditado por las cuotas impagadas.
Además de las penas de prisión y las multas, ambos condenados quedan inhabilitados durante cinco años para recibir subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Conviene distinguir entre las cantidades impuestas y las efectivamente recuperadas. La cifra total no significa que todo ese dinero haya sido ya ingresado en las arcas públicas.
La Fiscalía llegó a pedir hasta 23 años de prisión
La condena final es inferior a las penas que inicialmente reclamaba el Ministerio Fiscal.
En un primer momento, la Fiscalía solicitó 23 años de prisión para cuatro acusados, con peticiones de hasta diez años para el principal empresario y siete para el supuesto testaferro.
Durante el procedimiento, las peticiones se redujeron. En la fase final del juicio, las penas solicitadas para los dos principales responsables quedaron en cuatro y tres años, respectivamente.
La diferencia entre las peticiones y el fallo se explica, entre otros motivos, por la aplicación de circunstancias atenuantes y por la absolución de los acusados respecto al delito de frustración de la ejecución, relacionado con la ocultación de bienes para impedir el cobro de las deudas.
La Audiencia ha aplicado dos atenuantes:
1. Reparación parcial del daño. Antes del juicio se ingresaron 40 000 euros en la cuenta del tribunal y se presentó un compromiso de pagos de 2 000 euros mensuales a la Seguridad Social.
2. Dilaciones indebidas. El tribunal también ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido durante la tramitación del procedimiento, con aproximadamente tres años entre el auto de transformación y la celebración del juicio.
Estas circunstancias contribuyeron a reducir las penas finalmente impuestas.
Qué dice el Código Penal sobre el fraude a la Seguridad Social
El impago de cotizaciones no constituye automáticamente un delito penal. Para que exista defraudación a la Seguridad Social deben concurrir los requisitos establecidos en el Código Penal.
El artículo 307 castiga la defraudación cuando las cuotas eludidas superan los 50 000 euros en los términos y periodos previstos legalmente. La pena ordinaria contempla prisión de uno a cinco años y multa.
El artículo 307 bis establece un régimen agravado, con penas de dos a seis años de prisión y multas del doble al séxtuplo de la cuantía, cuando concurre alguna de las circunstancias previstas en la norma. Entre ellas figuran:
- Que la cantidad defraudada supere los 120 000 euros.
- Que el fraude se cometa dentro de una organización o grupo criminal.
- Que se utilicen personas o entidades interpuestas para ocultar o dificultar la identificación del responsable o de su patrimonio.
La utilización de sociedades y testaferros puede resultar especialmente relevante cuando sirve para ocultar quién dirige realmente la actividad y quién debe responder de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
En este caso, la sentencia considera acreditado un perjuicio superior a 600 000 euros y describe la intervención de un tercero que figuraba formalmente como administrador mientras el principal condenado mantenía el control efectivo.
Córdoba ya ha registrado otras condenas por tramas de cotizaciones
El caso no es un episodio aislado en los tribunales cordobeses. En los últimos años se han conocido otras sentencias relacionadas con empresarios hosteleros y estructuras societarias utilizadas para evitar el pago de cotizaciones.
En octubre de 2025, la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a otro hostelero a dos años de prisión y una multa de 620 000 euros por un fraude relacionado con el impago de cuotas durante aproximadamente una década. La resolución también fijó una indemnización superior a 463 000 euros.
Ese mismo año, el Tribunal Supremo confirmó una condena de seis años y dos meses de prisión contra otro empresario cordobés por mantener a 39 trabajadores dados de alta sin ingresar sus cotizaciones mediante varias sociedades. El caso incluía también contratos simulados para facilitar el cobro fraudulento de prestaciones.
La reiteración de procedimientos de esta naturaleza pone de manifiesto la importancia de controlar las sucesiones empresariales y la responsabilidad de quienes figuran como administradores de sociedades. También recuerda que los trabajadores pueden verse afectados por decisiones empresariales que comprometen sus cotizaciones y derechos futuros.
La sentencia todavía puede recurrirse ante el TSJA
La resolución de la Audiencia Provincial de Córdoba no es firme. Contra ella cabe presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de diez días.
La defensa también ha solicitado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión y ha presentado un calendario para afrontar los pagos pendientes a la Seguridad Social.
Según la información publicada por Cordópolis, consta el ingreso previo de 40 000 euros y el compromiso de abonar 2 000 euros mensuales. La deuda restante, por tanto, continúa pendiente de recuperación.
No se ha confirmado que los condenados hayan ingresado en prisión. La ejecución de las penas y su eventual suspensión dependerán de la situación procesal y de las decisiones judiciales correspondientes.
El caso deja una conclusión clara: la utilización sucesiva de sociedades no permite eludir las responsabilidades cuando los tribunales acreditan que existe una dirección real común y una estrategia para evitar el pago de las cotizaciones. La resolución deberá superar todavía, si se recurre, el examen del TSJA.
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