Dos establecimientos reclaman 2 millones de euros a la plataforma por las restricciones de precios que aplicó durante años. La ofensiva judicial podría alcanzar cientos de millones.
Dos hoteles abren la batalla judicial contra Booking con una demanda de 2 millones
La batalla entre el sector hotelero español y Booking.com ha entrado en una nueva fase. Dos hoteles independientes han presentado una demanda ante la jurisdicción mercantil de Barcelona para reclamar alrededor de 2 millones de euros por los perjuicios económicos que atribuyen a las condiciones contractuales impuestas durante años por la plataforma de reservas.
La acción judicial, impulsada después de que no prosperasen los mecanismos alternativos de solución de controversias, puede convertirse en el primer paso de una ofensiva mucho mayor. Según la información publicada por El Confidencial, las reclamaciones que preparan los establecimientos podrían alcanzar conjuntamente los 400 millones de euros durante la próxima primavera.
El conflicto gira en torno a las denominadas cláusulas de paridad, que limitaron durante años la posibilidad de que los hoteles ofrecieran habitaciones a precios inferiores en sus propias páginas web o en plataformas competidoras.
Los establecimientos consideran que estas restricciones redujeron su libertad comercial y les ocasionaron pérdidas. Booking, por su parte, defiende que su plataforma aporta visibilidad y reservas a los alojamientos y sostiene que sus antiguas condiciones favorecían la transparencia y la competencia.
La cuestión tendrá que resolverse en los tribunales: los hoteles deberán demostrar qué perjuicio sufrieron y qué parte de ese daño puede atribuirse a las condiciones de Booking.
Qué son las cláusulas de paridad y por qué enfrentan a los hoteles con Booking
Las cláusulas de paridad son condiciones contractuales que obligan a un establecimiento a mantener determinados precios en Booking aunque venda sus habitaciones a través de otros canales.
En la práctica, estas restricciones podían impedir que un hotel ofreciera una habitación más barata en su propia página web que en la plataforma intermediaria. El resultado era una limitación de la capacidad del establecimiento para utilizar descuentos directos y competir mediante precios diferentes según el canal de venta.
La controversia tiene dos etapas principales:
- Desde 2004: Booking comenzó a operar en España con cláusulas de paridad amplias, que afectaban tanto a los precios ofrecidos en las webs de los hoteles como a los publicados en otras plataformas.
- Desde 2015: la compañía eliminó las cláusulas amplias, pero mantuvo las denominadas cláusulas de paridad estrecha, que seguían limitando los precios inferiores en los canales propios de los establecimientos.
- Julio de 2024: Booking eliminó las restricciones de paridad estrecha en España, en el contexto de los cambios comunicados a la CNMC.
Para los hoteles, el problema era especialmente relevante porque Booking cobraba una comisión por las reservas realizadas a través de su plataforma. Si un establecimiento quería ofrecer un precio más bajo para captar directamente al cliente, las restricciones podían impedirle hacerlo.
La consecuencia económica que denuncian los demandantes es una menor capacidad para competir, captar reservas directas y reducir la dependencia de los intermediarios digitales.
El Tribunal de Justicia de la UE cuestionó las restricciones de precios
Uno de los principales antecedentes jurídicos de esta ofensiva llegó el 19 de septiembre de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia en el asunto C-264/23, relativo a Booking.com y las cláusulas de paridad.
El tribunal concluyó que estas cláusulas, tanto las amplias como las estrechas, no podían considerarse, en principio, restricciones accesorias necesarias para el funcionamiento de los servicios de intermediación de reservas.
La sentencia resulta importante porque cuestiona uno de los argumentos que se habían utilizado para justificar las restricciones: que eran imprescindibles para garantizar la viabilidad económica de la plataforma y evitar que los hoteles aprovecharan sus servicios de promoción para después vender más barato por otros canales.
El TJUE reconoció que las plataformas de reservas pueden aportar efectos positivos al mercado, al facilitar la comparación de alojamientos y aumentar la visibilidad de los establecimientos. Sin embargo, señaló que no se había demostrado que las cláusulas de paridad fueran objetivamente necesarias y proporcionadas para prestar esos servicios.
La sentencia europea no concede automáticamente una indemnización a todos los hoteles ni determina cuánto perdió cada establecimiento. Su importancia reside en el criterio jurídico que aporta para examinar estas restricciones desde el derecho de la competencia.
La CNMC impuso a Booking una multa de 413,24 millones de euros
El conflicto cuenta con otro antecedente de gran relevancia en España. El 30 de julio de 2024, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a Booking.com una multa de 413,24 millones de euros por dos infracciones relacionadas con el abuso de posición dominante.
La sanción se dividió en dos multas de 206,62 millones de euros cada una. La CNMC consideró acreditadas conductas que afectaban a los hoteles españoles y a otras agencias de viajes en línea que competían con Booking.
Entre las prácticas examinadas por el organismo figuraban:
- Condiciones comerciales no equitativas: restricciones que impedían a los hoteles ofrecer precios inferiores en sus propias páginas web.
- Falta de transparencia contractual: condiciones relativas al idioma vinculante, la legislación aplicable y los tribunales competentes en caso de conflicto.
- Programas de posicionamiento: falta de información suficiente sobre el impacto económico de programas como Preferente, Preferente Plus y Genius.
- Restricciones a otras plataformas: criterios de posicionamiento y rendimiento que, según la CNMC, favorecían la concentración de reservas en Booking y dificultaban la expansión de sus competidores.
La resolución se apoyó en el artículo 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Sin embargo, hay una precisión fundamental: la sanción de la CNMC fue recurrida por Booking ante la Audiencia Nacional y quedó suspendida cautelarmente en marzo de 2025. Por tanto, no debe presentarse como una resolución judicial firme.
La multa administrativa y las reclamaciones civiles de los hoteles son procedimientos distintos. Los establecimientos que reclaman indemnizaciones deben acreditar sus propios daños y la relación entre esos perjuicios y las prácticas denunciadas.
La primera demanda calcula pérdidas de hasta el 2,12% de las ventas anuales
La demanda presentada en Barcelona cuenta con un informe económico elaborado por la consultora Compass Lexecon, que analiza el impacto que las cláusulas de paridad habrían tenido sobre los ingresos de los establecimientos.
Según la pericial citada por El Confidencial, el perjuicio se situaría entre el 1,65% y el 2,12% de las ventas anuales durante el periodo en el que los hoteles mantuvieron relaciones contractuales con Booking.
El estudio utiliza comparaciones con mercados en los que las restricciones fueron prohibidas para construir un escenario alternativo: qué resultados podrían haber obtenido los hoteles si hubieran podido comercializar sus habitaciones sin esas limitaciones.
El análisis contempla cuatro posibles efectos económicos:
- Reducción de los precios de las habitaciones.
- Incremento de las reservas directas, tanto por internet como fuera de los canales digitales.
- Disminución de las comisiones abonadas a agencias de viajes en línea.
- Modificación del reparto de reservas entre las diferentes plataformas y los canales propios.
Este método se conoce como análisis contrafactual. Consiste en comparar la situación real con una estimación de lo que habría sucedido en un mercado sin la conducta cuestionada.
La estimación del 1,65% al 2,12% no constituye una indemnización reconocida ni una cantidad que los tribunales hayan dado por probada. Será necesario examinar la metodología, los datos de cada hotel y la relación causal entre las condiciones contractuales y las pérdidas alegadas.
La ofensiva podría alcanzar los 400 millones de euros
La demanda de los dos hoteles independientes no sería la única acción judicial en preparación. Según las fuentes citadas por El Confidencial, este primer procedimiento podría preceder a nuevas reclamaciones que, en conjunto, alcanzarían alrededor de 400 millones de euros.
En paralelo, el sector hotelero está impulsando otras iniciativas colectivas de mayor dimensión.
La reclamación europea coordinada por la Stichting Hotel Claims Alliance (SHCA) habría reunido, según los datos publicados por el medio, a 18 135 hoteles adheridos. El procedimiento se tramita en Ámsterdam y su primera vista se espera previsiblemente para 2027.
En España, otra ofensiva promovida por despachos como CCS Abogados y Ramón y Cajal Abogados, con participación de fondos especializados en financiación de litigios como Deminor, agrupa a más de 1 400 empresas. Sus promotores manejan una reclamación de entre 800 y 1 000 millones de euros.
Estas cifras corresponden a estimaciones y pretensiones de los promotores de las reclamaciones. No son cantidades reconocidas por los tribunales ni indemnizaciones garantizadas.
La dimensión del conflicto muestra hasta qué punto las condiciones de las grandes plataformas digitales pueden afectar a miles de empresas que dependen de ellas para captar clientes.
Booking prepara su defensa y rechaza las reclamaciones
Booking.com ha preparado su estrategia jurídica para hacer frente a los distintos procedimientos. Según la información publicada por El Confidencial, el despacho Clifford Chance se encarga de la defensa de la compañía en el recurso contra la sanción de la CNMC, mientras que Freshfields interviene en la defensa frente a las reclamaciones civiles de los hoteles.
La plataforma rechaza las acusaciones y sostiene que sus cláusulas históricas no vulneraron la legislación de competencia ni causaron perjuicios económicos a sus establecimientos asociados.
En su explicación pública sobre los litigios, Booking argumenta que sus servicios proporcionan visibilidad internacional, herramientas de promoción, traducción a numerosos idiomas y atención al cliente. También afirma que los hoteles pueden decidir si trabajan con la plataforma y que solo abonan una comisión cuando se materializa una reserva.
La compañía considera que las cláusulas de paridad contribuían a que los usuarios encontraran precios competitivos y pudieran comparar alojamientos sin tener que consultar múltiples páginas web.
Booking también advierte de que las cantidades reclamadas por asociaciones y grupos de hoteles no equivalen a indemnizaciones que vayan a concederse. Hasta que los tribunales resuelvan los procedimientos, la existencia de demandas no demuestra por sí sola que todos los establecimientos hayan sufrido daños.
Una batalla que puede cambiar la relación entre hoteles y plataformas
El caso Booking plantea una cuestión que va más allá de una disputa entre una empresa tecnológica y dos establecimientos hoteleros. El conflicto afecta al equilibrio de poder entre los negocios que ofrecen alojamiento y las grandes plataformas que controlan una parte importante de su distribución digital.
Para muchos hoteles independientes, aparecer en Booking supone acceder a clientes internacionales y aumentar su visibilidad. Pero esa dependencia también puede reducir su margen de negociación cuando las condiciones comerciales limitan la libertad para fijar precios y distribuir habitaciones.
La discusión tiene consecuencias para todo el sector turístico español, especialmente para los pequeños establecimientos que no cuentan con grandes presupuestos de marketing ni con redes comerciales propias.
Si las reclamaciones prosperan, podrían abrir la puerta a indemnizaciones relevantes y reforzar la capacidad de negociación de los hoteles frente a las plataformas de reservas. Si los tribunales rechazan las demandas o reducen sustancialmente las cantidades reclamadas, Booking dispondrá de un argumento jurídico importante para defender su modelo de intermediación.
La batalla judicial contra Booking acaba de comenzar en España. Lo que está en juego no son únicamente 2 millones de euros de una primera demanda, sino el alcance de las obligaciones de las grandes plataformas digitales y la capacidad de los hoteles para competir libremente con sus propios precios.
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