El Colegio de Psicología de Galicia avisa de servicios desbordados y reclama más medios, coordinación y apoyo real a las víctimas.
La violencia de género no solo deja víctimas. También pone a prueba un sistema asistencial que, según los profesionales, llega con frecuencia al límite. En Galicia, los psicólogos alertan de que varios recursos están tensionados y de que la respuesta institucional necesita más medios, más coordinación y más continuidad.
Con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, profesionales del Colegio Oficial de Psicología de Galicia han reclamado reforzar la prevención, mejorar el acompañamiento psicológico de las víctimas desde el momento de la denuncia e intervenir también sobre los hombres que ejercen la violencia. Su diagnóstico es claro: sin una actuación coordinada y con recursos suficientes, la prevención seguirá siendo limitada.
Violencia de género en Galicia: qué piden los psicólogos
La entidad colegial sostiene que la respuesta frente a la violencia de género debe actuar en dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, la protección, atención y acompañamiento psicológico de las víctimas. Por otro, la intervención sobre las conductas de quienes ejercen la violencia.
Según explican los profesionales, trabajar sobre esos comportamientos violentos es una parte esencial de la prevención. El enfoque no se limita, por tanto, a atender las consecuencias después de la agresión, sino también a intentar evitar que la violencia se repita o escale. Es un planteamiento que introduce una cuestión de fondo: si las administraciones hablan de prevención, deben dotarla de herramientas reales y no de mensajes genéricos.
En colaboración con la Xunta de Galicia, el Colegio dispone actualmente de tres recursos de intervención:
- Programas de recuperación para víctimas de violencia de género.
- Intervención con hombres que ejercen conductas violentas.
- Atención psicológica inmediata en situaciones de crisis, también para hijos e hijas menores y otras personas del entorno familiar afectadas.
La existencia de estos dispositivos refleja que hay una red específica, pero el mensaje de los profesionales es que esa red no siempre basta para absorber la demanda ni para acompañar a las víctimas durante todo el proceso.
Centros de Información a la Mujer desbordados
Uno de los avisos más contundentes del Colegio se refiere a los Centros de Información a la Mujer (CIM). Según la entidad, desempeñan una labor fundamental, pero muchas de sus profesionales se encuentran desbordadas por la elevada demanda asistencial.
Ese dato es especialmente relevante porque apunta a un problema estructural. Cuando los servicios de primera línea trabajan al límite, aumentan las derivaciones y se resiente la capacidad de ofrecer una atención continuada. La consecuencia, según los psicólogos, es que determinados casos tienen que enviarse a programas especializados de atención psicológica, lo que evidencia una presión creciente sobre el conjunto del sistema.
La advertencia no es menor. Si la puerta de entrada al sistema ya está saturada, la calidad del acompañamiento depende aún más de la coordinación entre recursos, algo que precisamente el Colegio considera insuficiente en este momento.
El problema de fondo: pocas sesiones para casos complejos
Los profesionales ponen el foco en una limitación concreta: el número de sesiones de los programas psicológicos. Habitualmente, explican, se establecen en diez sesiones, con un máximo de quince.
A juicio del Colegio, esa intervención puede resultar adecuada en muchos casos, pero se queda corta para mujeres que atraviesan situaciones de especial gravedad. En particular, citan los cuadros asociados al trauma complejo, que requieren tratamientos más prolongados y seguimiento continuado.
Este punto resulta clave para entender el debate. No se trata solo de tener un recurso disponible sobre el papel, sino de que ese recurso esté dimensionado para la realidad clínica de cada caso. De lo contrario, el sistema corre el riesgo de ofrecer una cobertura formal pero insuficiente para las víctimas con mayor vulnerabilidad.
Acompañamiento psicológico en juzgados: un derecho con límites reales
El Colegio Oficial de Psicología de Galicia también reclama que las víctimas cuenten con acompañamiento psicológico a lo largo de todo el proceso judicial, en especial en momentos de máxima fragilidad, como la presentación de la denuncia.
Los profesionales admiten, sin embargo, que el sistema no está diseñado para garantizar de entrada que una misma persona acompañe físicamente a la víctima en cada actuación judicial. Esa precisión es importante porque evita falsas expectativas: una cosa es el derecho a recibir atención y apoyo psicológico durante el proceso, y otra distinta disponer de acompañamiento presencial individualizado en todas sus fases.
En ese contexto, el Colegio subraya la importancia de reforzar y dar a conocer A Quenda, el servicio de atención psicológica de guardia. Este recurso permite ofrecer asistencia especializada cuando no hay profesionales de la psicología disponibles en las oficinas de atención a víctimas de los juzgados o cuando los hechos se producen fuera del horario habitual.
Además, la entidad insiste en que las mujeres deben conocer que este recurso existe y que pueden solicitar su intervención, sobre todo en los juzgados más pequeños, donde la disponibilidad de especialistas puede ser más limitada.
Qué recursos existen hoy en los juzgados gallegos
Según recuerdan los psicólogos, en los juzgados de Galicia operan actualmente dos tipos de recursos diferenciados.
- Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, con profesionales de psicología y trabajo social especializados. Hay oficinas en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.
- Equipos psicosociales y Unidades de Valoración Forense Integral, cuyo cometido es pericial.
La distinción no es menor. Las primeras están orientadas a atender a las víctimas; las segundas cumplen funciones periciales dentro del procedimiento judicial. El protocolo gallego recoge estas posibilidades, pero, según el Colegio, no establece que en todos los casos una misma profesional acompañe a la víctima de forma física y continuada en cada paso judicial.
Por eso, los psicólogos reclaman mejor coordinación entre servicios para evitar que funcionen de forma aislada y para garantizar una atención integral. El mensaje de fondo es inequívoco: no basta con que existan recursos dispersos si la víctima se ve obligada a navegar sola entre ventanillas, horarios y protocolos.
Intervención con agresores: prevención más allá del eslogan
Otro de los elementos destacados por el Colegio es el programa dirigido a hombres que ejercen conductas violentas. Este recurso, precisan, está pensado para personas sobre las que no pesa ninguna medida cautelar vigente ni sentencia condenatoria.
La intervención es individualizada, voluntaria, gratuita y anónima. Su objetivo, según explican, es favorecer la asunción de responsabilidad por los comportamientos violentos, enseñar estrategias de resolución de conflictos sin violencia y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
La relevancia de este punto está en que introduce una dimensión preventiva que a menudo queda fuera del foco público. Si se quiere reducir la reincidencia o cortar dinámicas violentas antes de que desemboquen en nuevos episodios, la actuación sobre el agresor potencial o sobre quien ya ha mostrado conductas violentas ocupa un lugar central. Eso es, precisamente, lo que remarcan los psicólogos gallegos.
Atención inmediata tras una agresión
El Colegio también destaca el servicio de atención psicológica inmediata para mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual y para sus hijos e hijas menores. Se activa especialmente en los momentos posteriores a un episodio de violencia y funciona de forma permanente.
Su activación se realiza a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conforme a los protocolos establecidos. Se trata de una pieza relevante porque las primeras horas tras una agresión suelen ser decisivas tanto para la protección como para la estabilización emocional de la víctima y del entorno familiar afectado.
En paralelo, para acceder al Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género es necesario tener acreditada la condición de víctima según lo estipulado por la ley gallega.
Recuperar la normalidad tras la violencia
En relación con la salida de una situación de violencia de género, los profesionales sostienen que, en principio, es posible recuperar la normalidad. Ahora bien, matizan que ese proceso depende en buena medida de la capacidad de resiliencia de cada persona y del trabajo de recuperación realizado.
Recuperar la normalidad, añaden, no significa volver exactamente al punto de partida, sino reconstruir la vida incorporando aprendizajes y herramientas adquiridas durante el proceso terapéutico. En la mayoría de los casos, según indican, las mujeres pueden retomar su actividad laboral, sus relaciones personales y su vida cotidiana.
Ese objetivo resume el sentido de la atención psicológica: recuperar bienestar, autonomía y capacidad de detectar nuevas situaciones de riesgo, protegerse, pedir ayuda o denunciar cuando sea necesario.
Más medios o más propaganda institucional
La posición del Colegio de Psicología de Galicia deja una conclusión política difícil de ignorar: cuando los profesionales hablan de servicios desbordados, de sesiones insuficientes y de necesidad de reforzar medios humanos y asistenciales, están señalando una brecha entre el discurso institucional y la capacidad real de respuesta.
Según la entidad, las prioridades son claras: mejorar la coordinación entre recursos, reforzar plantillas y facilitar tratamientos más largos cuando la situación lo exija. Es decir, menos compartimentos estancos y más continuidad asistencial.
El debate de fondo ya está sobre la mesa en Galicia: si la violencia de género exige una respuesta integral, esa respuesta no puede depender de estructuras saturadas ni de apoyos limitados en el tiempo para los casos más graves. La advertencia de los psicólogos no parece una consigna, sino un aviso directo sobre las carencias de un sistema que, según relatan, necesita algo más que buenas intenciones.


