La Xunta liga empleo público, rebaja fiscal y menor deuda a sus presupuestos, mientras BNG y PSdeG exigen devolver las cuentas.
Más empleo público, menos deuda y nuevas rebajas fiscales. Ese es el eje con el que el Gobierno gallego ha defendido sus presupuestos de 2027 en el Parlamento, en una sesión marcada por el choque frontal con la oposición. Mientras la Xunta presenta las cuentas como una prueba de estabilidad y gestión, BNG y PSdeG sostienen que no responden a los grandes problemas de Galicia.
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, anunció este lunes, durante el debate de totalidad de los presupuestos, que Galicia convocará en 2027 más de 1.200 plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2026, publicada en mayo. Según explicó, con esa convocatoria la comunidad superará las 4 000 plazas anunciadas para esta legislatura. La defensa del proyecto presupuestario se completó con otro mensaje político de fondo: la reducción del endeudamiento neto en 220 millones de euros en 2027.
1.200 plazas en Galicia: el anuncio central de la Xunta
La principal novedad avanzada por Corgos fue la convocatoria en 2027 de las más de 1.200 plazas de la oferta de empleo público de 2026. El conselleiro enmarcó esta medida en la prioridad, según dijo, de reforzar los servicios públicos y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
El mensaje no es menor en un contexto en el que el empleo público sigue siendo una de las grandes herramientas de las autonomías para sostener la sanidad, la educación y la administración general. La Xunta intenta así presentar sus cuentas como un equilibrio entre contención financiera y refuerzo estructural de la plantilla pública.
Según trasladó el responsable de Facenda, el objetivo del Ejecutivo gallego es que esta legislatura cierre con más de 4 000 plazas convocadas. Se trata de una cifra con evidente carga política, porque permite al Gobierno de Alfonso Rueda reivindicar capacidad de gestión frente a una oposición que cuestiona tanto la orientación como la ambición de las cuentas.
Menos deuda y estabilidad: la otra gran bandera presupuestaria
Junto al anuncio sobre 1.200 plazas en Galicia, Corgos defendió que el presupuesto de 2027 permitirá profundizar en la reducción del endeudamiento. En concreto, señaló que el endeudamiento neto de la comunidad bajará en 220 millones de euros.
El conselleiro precisó que esa senda comenzará ya este año, con una reducción de 60 millones, y continuará en 2027 con otros 160 millones, hasta alcanzar esa merma acumulada de 220 millones. La idea que quiso trasladar el Ejecutivo autonómico es clara: mantener la inversión y el gasto en servicios públicos sin apoyar el crecimiento presupuestario en más deuda estructural.
Además, Corgos recordó que Galicia encadenará, con estas cuentas, siete años consecutivos de reducción de la ratio entre deuda y PIB. La previsión oficial es cerrar 2027 en torno al 12,3 %, cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y adelantando en cuatro años el objetivo fijado en el Plan Estratégico de Galicia 2030, que situaba el listón en el 13 %.
El siguiente reto, según avanzó, sería llevar esa proporción al 10 % en tres años. Es una meta ambiciosa que la Xunta usa para reforzar un relato de solvencia frente al deterioro fiscal que denuncia en otras administraciones.
Rebajas de impuestos: el mensaje fiscal de la Xunta
En su intervención, Miguel Corgos subrayó también que las cuentas de 2027 incluirán cuatro nuevas rebajas de impuestos dirigidas, según la Xunta, al conjunto de los gallegos, con especial atención a las rentas medias y bajas. A esas nuevas medidas se sumarán las ya aprobadas en ejercicios anteriores, que el Ejecutivo autonómico pretende consolidar.
Entre las decisiones ya concretadas, el conselleiro destacó la bajada de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF. Esa rebaja tendrá, según explicó, carácter retroactivo sobre 2026, de modo que los contribuyentes puedan beneficiarse ya en la próxima declaración de la renta.
Con esta política, la Xunta intenta afianzar un perfil propio dentro del mapa autonómico: menos presión fiscal combinada con disciplina presupuestaria. Es un argumento con fuerte carga política, especialmente en contraste con el debate nacional sobre subida de impuestos, déficit y presupuestos prorrogados.
Presupuestos en plazo frente a la prórroga del Estado
Uno de los ejes más políticos del discurso de Corgos fue la comparación con el escenario nacional. El conselleiro recordó que estos son los terceros presupuestos de la legislatura presentados en tiempo y forma, lo que, a su juicio, permite desplegar un programa de gobierno con planificación y estabilidad.
Frente a ello, cargó contra la situación del Estado, al señalar que España mantiene prorrogados los Presupuestos Generales desde 2022. La comparación no fue casual. La Xunta quiso convertir el debate gallego en una enmienda indirecta al Gobierno central, presentando a Galicia como una administración que aprueba cuentas, planifica y ejecuta mientras en Madrid persiste el bloqueo.
Ese contraste es útil para la estrategia política del PP gallego: exhibir gestión frente a incertidumbre. También sirve para blindar su discurso económico en un momento en el que la estabilidad institucional se ha convertido en un activo electoral.
La oposición pide devolver las cuentas
La oposición, sin embargo, rechaza de plano el relato del Ejecutivo. Tanto Ana Pontón, por el BNG, como José Ramón Gómez Besteiro, por el PSdeG, pidieron la devolución del proyecto presupuestario en el debate de totalidad al entender que las cuentas de 2027 no responden a los grandes desafíos de Galicia.
La portavoz nacionalista fue la encargada de defender la enmienda a la totalidad del BNG. Pontón cargó contra unas cuentas que definió como las de “un presidente sin ambición, sin proyecto de país y sin respuestas a los problemas”. A su juicio, los presupuestos incrementan la desigualdad y concentran la riqueza en pocas manos, en perjuicio de la clase trabajadora y de los pensionistas.
El BNG planteó una alternativa presupuestaria con varias partidas concretas:
- 400 millones de euros para hacer frente a la crisis de precios.
- 340 millones para movilizar vivienda vacía.
- 300 millones adicionales para sanidad.
- 50 millones para dependencia.
- 140 millones para la lucha contra la violencia machista.
Con esta propuesta, los nacionalistas intentan desplazar el foco del debate desde la estabilidad contable hacia el coste social de las prioridades presupuestarias. El choque de fondo es conocido: para la Xunta, la disciplina fiscal permite sostener servicios y crecimiento; para la oposición, esa misma prudencia deja sin respuesta problemas estructurales.
Qué hay detrás del choque político por los presupuestos gallegos
El debate no gira solo en torno a cifras. Lo que está en discusión es qué modelo de comunidad debe priorizar Galicia en 2027. La Xunta ha optado por presentar una fórmula de gestión basada en tres pilares: empleo público, alivio fiscal y reducción de deuda. Es una combinación pensada para transmitir moderación, solvencia y capacidad de gobierno.
La oposición, por su parte, intenta instalar la idea contraria: que unas cuentas ordenadas no son necesariamente unas cuentas suficientes. De ahí las críticas por vivienda, sanidad, dependencia o coste de la vida. El BNG busca explotar ese flanco al sostener que la estabilidad macro no basta si no se traduce en una respuesta más intensa a las presiones sociales.
En términos políticos, el anuncio sobre 1.200 plazas en Galicia es uno de los puntos más sólidos del discurso del Ejecutivo, porque permite conectar con una demanda concreta y fácilmente comprensible. La reducción de deuda, aunque menos visible para el ciudadano medio, refuerza la imagen de control y previsión que la Xunta quiere proyectar.
Un pulso entre gestión y ambición política
La batalla presupuestaria en Galicia deja una fotografía clara. El Gobierno autonómico quiere convertir las cuentas de 2027 en una prueba de seriedad financiera y continuidad institucional. La oposición intenta retratarlas como un ejercicio de mera administración, sin la intensidad política necesaria para afrontar los problemas de fondo.
Por ahora, los hechos anunciados por la Xunta son concretos: más de 1.200 plazas, una reducción de 220 millones de deuda neta, nuevas rebajas fiscales y una ratio deuda-PIB del 12,3 % prevista para 2027, según el propio Gobierno gallego. Queda por ver si ese paquete basta para convencer a una mayoría social o si, como denuncian sus adversarios, se queda corto ante los retos reales de la comunidad.
En todo caso, el debate ya está servido. Y no es menor: detrás de las 1.200 plazas en Galicia y del pulso por la deuda se juega también el relato sobre qué significa hoy gobernar con eficacia, con prioridades claras y con verdadera ambición política.


