La Unió Llauradora ha denunciado promociones de naranjas a 0,95 euros el kilo anunciadas esta semana en varios supermercados y ha pedido que se investigue cuánto cobran realmente los agricultores. La organización advierte de que estas ofertas, con descuentos de entre el 21% y el 36%, pueden presionar todavía más a la baja el valor de la fruta en Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
La petición se ha dirigido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y a la Conselleria de Agricultura, para que revisen las condiciones de compra, los precios efectivamente pagados a los productores y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Según La Unió, no basta con que la etiqueta destaque el origen España si después la cadena comercial traslada el coste de las rebajas al campo.
Qué reclama La Unió sobre las naranjas a 0,95 euros
La organización agraria sostiene que el uso de la naranja como reclamo comercial puede crear una referencia de precio artificialmente baja. A su juicio, eso termina afectando a los primeros eslabones de la cadena, justo cuando el sector citrícola encara costes de producción elevados y una campaña especialmente sensible para miles de explotaciones de la provincia.
El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha pedido a la distribución que explique cómo se financian esos descuentos. Su crítica se centra en una idea concreta: detrás de cada kilo hay meses de trabajo, inversiones y gastos que no desaparecen porque el producto aparezca rebajado en un folleto.
Las claves de la denuncia agraria
- Precio promocional: 0,95 euros por kilo en distintos formatos.
- Producto afectado: naranjas de categoría I y origen España.
- Descuentos anunciados: entre el 21% y el 36%.
- Organismos a los que se pide actuar: AICA y Conselleria de Agricultura.
- Objetivo: comprobar cuánto se paga al productor y si se cumplen los costes de producción.
Por qué importa en Castellón y en su entorno
En una provincia donde la citricultura sigue siendo una actividad económica clave, este tipo de promociones no se leen solo como una estrategia comercial. Para los vecinos de Castellón y de los municipios del entorno, el debate toca de lleno al empleo agrario, a la supervivencia de pequeñas explotaciones y al equilibrio de toda la cadena que va desde el campo hasta el lineal del supermercado.
La Unió recuerda que las referencias del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para la campaña 2019/20 situaban los costes del cultivo del naranjo en la Comunitat Valenciana en 6 004 euros por hectárea sin recolección y en 8 935 euros con ella. Actualizados con el IPC general, esos importes ascenderían aproximadamente a 7 690 y 11 440 euros por hectárea.
Esos cálculos, además, no incluían partidas como la renta de la tierra, los seguros agrarios o los intereses del capital propio. A ello se suman transporte, selección, manipulación, envasado y distribución, además de las mermas hasta que la fruta llega al consumidor. Con ese esquema, la organización defiende que una promoción tan agresiva obliga a revisar si alguien está asumiendo el coste de las rebajas.
La Ley de la Cadena Alimentaria, en el centro del debate
La Unió sostiene que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a respetar los costes de producción del operador anterior y prohíbe trasladar hacia atrás el riesgo empresarial derivado de la política comercial de la distribución. Por eso pide que la investigación no se limite a una comprobación superficial, sino que reconstruya documentalmente la formación del precio.
En la práctica, eso implicaría revisar contratos, facturas, liquidaciones y justificantes de pago, además de las aportaciones promocionales, los descuentos posteriores y cualquier otra condición que reduzca el importe final percibido por el proveedor. La organización quiere saber si el precio anunciado al consumidor se sostiene sobre márgenes recortados en origen.
La petición incluye también controles de oficio sobre promociones vinculadas a aplicaciones móviles o programas de fidelización. La organización considera insuficiente un sistema basado solo en denuncias individuales, porque muchos agricultores temen perder compradores si señalan irregularidades.
Qué puede pasar ahora con la investigación
Si AICA y la Conselleria aceptan revisar estas ofertas, la inspección deberá seguir la trazabilidad de la operación y comprobar cuánto ha cobrado quien cultivó esas naranjas. La Unió reclama que, si se detectan incumplimientos, haya sanciones disuasorias para evitar que este tipo de campañas se repitan sin control.
La organización también pide al Ministerio de Agricultura y a la Generalitat estudios periódicos y actualizados de costes por variedades y sistemas productivos. Su argumento es que disponer de esos datos facilitaría la labor inspectora y permitiría detectar con rapidez operaciones que destruyen valor en la cadena alimentaria.
Para el consumidor, el mensaje es claro: una oferta muy barata no siempre refleja el coste real de producirla. Para el sector citrícola de Castellón, el foco está ahora en si esas promociones respetan o no la ley y en qué parte de la cadena termina absorbiendo el descuento.
En ese punto se juega también la rentabilidad de la citricultura en Castellón, una actividad que depende de que el precio en tienda no se construya a costa de hundir el ingreso en origen.


