La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a aplazar la negociación para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 y mantiene la incertidumbre sobre si el Ejecutivo compensará a autónomos y pymes mediante la actualización de los contratos públicos.
La mesa de diálogo social, prevista inicialmente para el pasado viernes, ha sido pospuesta sin una nueva fecha concreta. Con ello, se retrasa de nuevo una decisión que el propio Ministerio de Trabajo había anunciado como “inminente” tras aplazar su aprobación en diciembre. Según fuentes empresariales, a día de hoy no existe claridad ni sobre el calendario ni sobre las condiciones finales del incremento salarial.
Díaz ha reiterado su intención de aplicar una subida del 3,1% del SMI en 2026, en línea con la recomendación del comité de expertos de su departamento, lo que elevaría el salario mínimo hasta unos 1.220 euros brutos mensuales en 14 pagas. Este aumento supondría, según estimaciones, unos 700 euros más al año por trabajador para autónomos y pequeñas empresas, sin contar el incremento en cotizaciones sociales.
La patronal condiciona su apoyo
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) mantiene su rechazo a cualquier subida del SMI si no se cumplen dos condiciones clave. La primera, que los contratos públicos firmados por autónomos y pymes se actualicen automáticamente en el mismo porcentaje que el salario mínimo, algo que actualmente impide la Ley de Desindexación. La segunda, que se mantenga la posibilidad de utilizar complementos salariales para absorber la subida del SMI, una práctica avalada por el Estatuto de los Trabajadores y por el Tribunal Supremo.
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos, sin embargo, pretenden prohibir esta absorción de pluses para garantizar que la subida del salario mínimo se traduzca en un aumento real del sueldo base, lo que elevaría aún más los costes laborales para las pequeñas empresas.
La clave, en Hacienda
Aunque Díaz ha mostrado disposición a indexar los contratos públicos al SMI, la decisión final depende del Ministerio de Hacienda, que hasta ahora se ha mostrado reticente a flexibilizar estas normas. Para la patronal, esta falta de compensación obliga a miles de autónomos a asumir un sobrecoste que no pueden repercutir en sus ingresos, especialmente en contratos de larga duración con la Administración.
Mientras tanto, la subida del SMI sigue en el aire. Pese al retraso en la negociación, si finalmente se aprueba con carácter retroactivo, los autónomos y pymes tendrían que abonar el nuevo salario mínimo desde enero, con el consiguiente impacto inmediato en sus costes laborales.
La incertidumbre se mantiene así para miles de pequeños negocios, a la espera de que el Gobierno concrete no solo cuánto subirá el SMI, sino también quién asumirá el coste real de la medida.