Trabajo propone deducciones fiscales para pymes al subir el SMI
El Ministerio de Trabajo presentó el pasado miércoles a los agentes sociales una nueva propuesta para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026, que se fundamenta en incentivos fiscales dirigidos a las empresas. Este enfoque, diseñado en colaboración con el Ministerio de Hacienda, busca facilitar un acuerdo entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Gobierno, tras un prolongado periodo de desacuerdos en torno a la negociación salarial.
La propuesta, liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene como objetivo elevar el SMI en un 3,1%, lo que significaría un incremento mensual de los 1 183 euros brutos a unos 1 220 euros. Este ajuste representaría un incremento del coste de hasta 700 euros anuales por cada empleado que perciba el salario mínimo en las pequeñas y medianas empresas (pymes).
No obstante, los representantes de la CEOE y de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han expresado sus reservas al nuevo incentivo fiscal, indicando que excluye a los autónomos y a una gran parte de las pymes. La deducción se aplicaría exclusivamente sobre el Impuesto de Sociedades, lo que deja fuera a los autónomos persona física que tributan por el IRPF, así como a numerosas pequeñas empresas que no cumplen con los requisitos establecidos.
Además, para beneficiarse de este incentivo fiscal, las empresas deben aumentar su plantilla media, lo que implica la contratación de nuevos trabajadores a tiempo completo. En el caso de las empresas con menos de 100 empleados, deben contratar al menos a un nuevo trabajador, mientras que las que tienen más de 100 empleados deben incrementar su plantilla en al menos el 1% (mínimo: dos trabajadores). Esta exigencia podría resultar inalcanzable para muchas pymes con estructuras ajustadas.
Otro aspecto relevante de la propuesta es que solo podrán acceder a la deducción aquellas empresas cuyos gastos de personal superen el 70% de sus gastos totales. Esto podría excluir a sectores como comercio, hostelería y transporte, donde otros costos operativos son significativamente altos.
La CEOE y ATA han señalado que este diseño no solo limita el acceso a un gran número de pymes, sino que también ignora las reclamaciones anteriores sobre la indexación de los contratos públicos al SMI. Tras la presentación, ambas organizaciones han criticado la falta de un diálogo social adecuado y la forma en que se ha comunicado la propuesta, indicando que esto podría afectar negativamente a los procesos de negociación salarial en curso.
Asimismo, aunque el Gobierno avanza con su intención de implementar una subida del 3,1%, las patronales insisten en que este incremento generará un aumento de costos, que conllevaría un gasto aproximado de 23 700 euros anuales por cada autónomo empleador.