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    Inicio»Política»Abascal propone centros de deportación fuera de España para frenar la inmigración ilegal
    Política

    Abascal propone centros de deportación fuera de España para frenar la inmigración ilegal

    noviembre 18, 2026No hay comentarios11 minutos
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    El líder de Vox respalda el modelo europeo de Ruanda y plantea trasladar a terceros países a inmigrantes que entren ilegalmente en España.

    La política migratoria europea está dando un nuevo giro y Santiago Abascal quiere que España participe en él. El presidente de Vox ha defendido la creación de centros de deportación en terceros países para trasladar a personas que entren ilegalmente en territorio español y facilitar su expulsión.

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    La propuesta llega después de que Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos hayan acordado explorar junto a Ruanda la creación de un centro de retorno de inmigrantes que podría comenzar a funcionar en 2027.

    Durante un acto político celebrado el 17 de noviembre en Lanzarote, Abascal respaldó la iniciativa y aseguró que le parecía «una medida en el sentido correcto». El dirigente considera que España debe reforzar los mecanismos de expulsión, combatir las redes de tráfico de personas y evitar que quienes accedan irregularmente al país puedan permanecer en él sin cumplir los requisitos legales.

    «Si en Marruecos o en Mauritania no los quieren, aquí tampoco los queremos», afirmó el presidente de Vox.

    La propuesta abre un nuevo debate sobre la política migratoria española, el control de las fronteras y la posibilidad de trasladar fuera de la Unión Europea los procedimientos de retorno de personas que no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario.

    Abascal quiere centros de deportación fuera de España

    La intervención de Abascal se produjo durante su recorrido electoral por Canarias, donde la inmigración irregular constituye uno de los principales asuntos de debate político.

    El dirigente de Vox defendió que España debe estudiar la creación de centros de deportación en terceros países, siguiendo el modelo que están negociando cinco gobiernos europeos con Ruanda.

    Su planteamiento consiste en trasladar a instalaciones situadas fuera de la Unión Europea a personas que carezcan de derecho de residencia y estén sujetas a una decisión ejecutable de retorno.

    «Habrá que establecerlos, combatir a las mafias y que nunca más los españoles tengan que padecer la invasión migratoria», afirmó.

    Abascal también defendió reforzar la vigilancia de las costas españolas, especialmente las de Canarias, y criticó que la protección fronteriza no reciba, a su juicio, la atención necesaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

    La propuesta no se limita, por tanto, a aumentar las expulsiones. Vox pretende modificar el modelo de gestión migratoria para que la entrada irregular tenga consecuencias efectivas y no termine convirtiéndose en una permanencia prolongada en España.

    Cinco países europeos abren la vía de Ruanda

    El origen de esta controversia está en el acuerdo anunciado el 16 de noviembre de 2026 por cinco países europeos y Ruanda.

    Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han iniciado negociaciones para establecer un centro de retorno en territorio ruandés.

    El objetivo es trasladar allí a determinados inmigrantes que hayan agotado las vías legales para permanecer en los países europeos participantes y no puedan ser devueltos directamente a sus países de origen.

    El proyecto pretende comenzar a realizar los primeros traslados durante 2027, aunque todavía quedan aspectos operativos y jurídicos por desarrollar.

    Según la información facilitada por los gobiernos participantes, el centro funcionaría inicialmente como una instalación abierta y temporal. Las personas trasladadas podrían recibir asistencia para integrarse en Ruanda, acceder a oportunidades laborales o regresar voluntariamente a sus países de origen.

    El Gobierno neerlandés ha explicado que la primera fase se centraría en hombres adultos sin familiares dependientes.

    La iniciativa supone un cambio importante en la gestión europea de los retornos: utilizar un tercer país como destino alternativo cuando la expulsión directa al país de origen no pueda ejecutarse.

    Qué dice la nueva normativa europea sobre los centros de retorno

    La iniciativa tiene una base jurídica en el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, cuya aprobación definitiva por el Consejo de la Unión Europea se produjo el 1 de octubre de 2026.

    La normativa permite a los Estados miembros establecer acuerdos con países que no pertenecen a la Unión Europea para crear los denominados centros de retorno.

    Estos centros pueden recibir a personas que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario y sobre las que exista una decisión de retorno.

    Sin embargo, el reglamento establece condiciones fundamentales:

    • Debe existir un acuerdo o mecanismo de cooperación con el tercer país receptor.
    • El país elegido debe respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
    • Debe garantizarse el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución o daños graves.
    • Las medidas deben respetar los derechos fundamentales.
    • Los menores no acompañados quedan excluidos de estos acuerdos.

    Por tanto, la normativa europea no autoriza deportaciones indiscriminadas ni elimina el derecho a solicitar protección internacional.

    La diferencia es importante: los centros de retorno están concebidos para personas que ya no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea y cuentan con una resolución de retorno ejecutable.

    Fuente: Consejo de la Unión Europea, 1 de octubre de 2026.

    España se opuso al reglamento europeo

    Uno de los aspectos políticos más relevantes es la posición mantenida por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la tramitación de la nueva normativa.

    España votó en contra del Reglamento Europeo de Retornos en el Consejo de la Unión Europea.

    El Ejecutivo defendió que la política migratoria debe combinar la eficacia de los procedimientos de expulsión con el respeto al Derecho internacional, la dignidad de las personas y las garantías jurídicas.

    La posición española contrasta con la de los cinco países que han decidido explorar el establecimiento de un centro de retorno en Ruanda.

    Abascal ha utilizado esta diferencia para cuestionar la política migratoria del Gobierno y defender que España debería incorporarse a las iniciativas europeas que faciliten las expulsiones.

    La controversia también tiene una dimensión electoral: Vox plantea un cambio de orientación en la política migratoria, mientras el Ejecutivo mantiene sus reservas sobre la aplicación de estos mecanismos.

    Canarias vuelve al centro del debate migratorio

    La intervención de Abascal tuvo lugar en Lanzarote, durante su recorrido electoral por el archipiélago canario.

    Canarias constituye una de las principales rutas de entrada irregular a España desde África occidental. La llegada de embarcaciones con inmigrantes ha convertido la gestión de las fronteras marítimas y la capacidad de acogida en asuntos centrales de la política autonómica y nacional.

    Vox considera que la respuesta institucional no puede limitarse al rescate de embarcaciones, la atención humanitaria y la distribución de inmigrantes entre territorios.

    La formación reclama una política que priorice la vigilancia, la lucha contra las mafias y la ejecución de las decisiones de expulsión.

    Abascal también defendió proteger todas las costas españolas y criticó que la atención política se concentre en determinadas zonas mientras otras afrontan llegadas de embarcaciones.

    El dirigente vinculó esta cuestión con la necesidad de reforzar los medios de vigilancia marítima y la cooperación internacional.

    Abascal reclama combatir a las mafias de tráfico de personas

    Otro de los argumentos centrales de Vox es la lucha contra las organizaciones criminales que facilitan los desplazamientos irregulares hacia Europa.

    Las redes de tráfico de personas obtienen beneficios económicos de quienes intentan llegar al continente mediante rutas peligrosas.

    La formación sostiene que una política de retornos más eficaz podría reducir los incentivos económicos de estas organizaciones.

    Su razonamiento es que, si las personas que entran irregularmente no pueden permanecer en España por el mero hecho de haber conseguido llegar, las mafias perderían parte de su capacidad para vender la promesa de una residencia futura.

    No obstante, la eficacia disuasoria de los centros de retorno todavía debe demostrarse. Los resultados dependerán de factores como la capacidad de ejecutar las expulsiones, la cooperación de los países de origen y las condiciones de funcionamiento de las instalaciones.

    El propio modelo de Ruanda todavía se encuentra en fase de desarrollo.

    Naciones Unidas advierte de los riesgos para los derechos humanos

    La propuesta europea también ha generado preocupación entre organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el 17 de noviembre su preocupación por los riesgos que podría implicar el traslado de personas a Ruanda.

    Su portavoz, Marta Hurtado, señaló que existían dudas relacionadas con la protección de los derechos humanos y con el hecho de que las personas trasladadas no tuvieran una vinculación real con el país receptor.

    La preocupación no es únicamente teórica. El funcionamiento de estos centros exige garantías sobre las condiciones de alojamiento, el acceso a asistencia jurídica, la protección frente a posibles abusos y la posibilidad de recurrir las decisiones que afecten a los inmigrantes.

    Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha participado en conversaciones con los cinco gobiernos europeos y Ruanda.

    ACNUR ha ofrecido asesoramiento para garantizar que el proyecto respete el Derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos.

    La organización insiste en la importancia de mantener procedimientos de asilo justos y efectivos, así como de asegurar que las personas que necesitan protección internacional no sean devueltas a situaciones de persecución.

    Vox quiere endurecer todavía más su política migratoria

    La propuesta de los centros de deportación encaja con el programa electoral que Vox ha presentado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

    El documento, denominado Es sentido común, recoge 115 medidas y dedica uno de sus apartados principales a la inmigración.

    Entre sus propuestas figuran:

    1. Prohibir las regularizaciones masivas de inmigrantes.
    2. Reforzar las condiciones para adquirir la nacionalidad española.
    3. Eliminar el arraigo como vía de regularización.
    4. Repatriar a quienes permanezcan ilegalmente en España.
    5. Deportar a extranjeros que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida.
    6. Facilitar el retorno de extranjeros que, según el planteamiento del partido, no contribuyan al sistema y vivan de las ayudas públicas.
    7. Reforzar la protección de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

    El programa también plantea incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de protección fronteriza, especialmente en Ceuta y Melilla.

    Conviene señalar que la creación de centros de deportación en terceros países fue defendida expresamente por Abascal en sus declaraciones del 17 de noviembre, pero no aparece formulada como una medida específica en el listado de propuestas migratorias del programa electoral publicado por Vox.

    El PP y Vox coinciden cada vez más en el endurecimiento migratorio

    Abascal también fue preguntado por el acercamiento entre el Partido Popular y Vox en materia migratoria.

    El presidente de Vox sostuvo que es el PP quien se está aproximando progresivamente a las posiciones de su formación.

    «Probablemente sea el PP el que está acercándose cada vez más a Vox», afirmó.

    Sin embargo, el dirigente quiso diferenciar entre compartir determinados lemas y asumir un cambio más profundo en la política migratoria.

    También reclamó a Alberto Núñez Feijóo que aclare con quién pretende pactar después de las elecciones generales: si con Vox para impulsar cambios en esta materia o con los restos del PSOE.

    La inmigración se perfila así como uno de los asuntos centrales de las negociaciones políticas posteriores al 29-N.

    ¿Podría España crear un centro de deportación en un tercer país?

    Desde el punto de vista jurídico, el nuevo Reglamento Europeo de Retornos abre esa posibilidad.

    España podría negociar un acuerdo con un país no perteneciente a la Unión Europea para establecer un centro de retorno, siempre que se cumplan los requisitos legales y las garantías internacionales.

    Sin embargo, no bastaría con una decisión política del Gobierno.

    Sería necesario determinar:

    • Qué país estaría dispuesto a recibir a las personas trasladadas.
    • Qué perfiles podrían ser incluidos en el mecanismo.
    • Qué garantías jurídicas y humanitarias se aplicarían.
    • Quién asumiría los costes de alojamiento y asistencia.
    • Cómo se supervisaría el cumplimiento de los derechos fundamentales.
    • Qué ocurriría cuando el país de origen rechazara la repatriación.

    Además, cualquier acuerdo tendría que respetar el principio de no devolución y las obligaciones internacionales de España.

    El modelo de Ruanda ofrece un precedente que otros gobiernos europeos están estudiando, pero todavía no constituye una fórmula cuya eficacia y compatibilidad jurídica estén plenamente demostradas.

    La inmigración marcará el debate político del 29-N

    La propuesta de Abascal introduce una cuestión que previsiblemente tendrá un papel destacado en la campaña electoral: hasta dónde debe llegar España para garantizar que las decisiones de expulsión se ejecuten.

    Vox defiende que el sistema actual necesita un cambio profundo y considera que los centros de retorno en terceros países pueden convertirse en una herramienta para reforzar el control migratorio.

    El Gobierno, por su parte, ha cuestionado la fórmula y ha defendido la necesidad de que cualquier política de retorno respete plenamente las garantías jurídicas y los derechos fundamentales.

    Entre ambas posiciones existe un debate que va más allá de las diferencias partidistas: la capacidad real de los Estados europeos para controlar sus fronteras, ejecutar las resoluciones de expulsión y garantizar al mismo tiempo la protección de quienes tienen derecho a solicitar asilo.

    La propuesta de Abascal ya está sobre la mesa. La cuestión ahora es si España seguirá manteniendo sus reservas ante el modelo de Ruanda o si un futuro Gobierno decidirá incorporarse a esta nueva estrategia europea de retornos.

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