Una pareja se enfrenta a dos años de cárcel tras una presunta campaña de hostigamiento que habría obligado a los dueños de una vivienda en Sarria a abandonar su propio inmueble. El caso reabre el debate sobre la impunidad del acoso vecinal y la falta de protección efectiva a los propietarios en España.
Lo ocurrido en esta localidad lucense ha generado una fuerte indignación entre vecinos y juristas. Los afectados, propietarios de la vivienda, acabaron durmiendo fuera de su casa mientras, según la Fiscalía, sufrían una persecución constante por parte de quienes residían en el piso superior. Un episodio que vuelve a poner sobre la mesa el creciente problema de la convivencia extrema y la lentitud judicial ante situaciones de acoso continuado.
La Fiscalía acusa a la pareja de una campaña de hostigamiento continuado
La Fiscalía Provincial de Lugo ha solicitado dos años de prisión para cada uno de los acusados por un presunto delito contra la integridad moral en la modalidad de acoso inmobiliario. La causa llegó este martes a la plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Lugo, aunque la audiencia preliminar terminó sin acuerdo entre las partes, por lo que el procedimiento continuará mediante juicio oral.
Según el escrito de acusación, los hechos comenzaron en noviembre de 2019, cuando los investigados se instalaron en un inmueble de Sarria, propiedad de las víctimas, que residían en el piso inferior del edificio.
La acusación sostiene que, especialmente durante los meses de junio y julio de 2020, los denunciados habrían intensificado una estrategia de presión destinada a hacer imposible la permanencia de los propietarios en su propia vivienda.
Música de madrugada, golpes y vigilancia en la calle
La Fiscalía describe un patrón de comportamiento reiterado y deliberado. Entre las conductas denunciadas figuran:
- Música a elevado volumen durante la madrugada.
- Golpes continuos contra el suelo.
- Manipulación del cuadro eléctrico.
- Gritos y conversaciones telefónicas a voces durante horas nocturnas.
- Colocación de obstáculos en las zonas comunes del edificio.
- Seguimiento y vigilancia de las víctimas incluso fuera del inmueble.
El Ministerio Público considera que no se trató de incidentes aislados, sino de una campaña sistemática de hostigamiento con el objetivo de forzar la marcha de los propietarios.
El caso resulta especialmente polémico porque, según la acusación, quienes terminaron abandonando la vivienda fueron precisamente sus dueños legales, mientras los presuntos acosadores permanecían en el edificio.
Los propietarios acabaron durmiendo fuera de casa
La situación habría alcanzado niveles extremos. Las víctimas comenzaron a pernoctar en un local cercano debido al miedo y al deterioro de la convivencia. Finalmente, se vieron obligadas a alquilar otra vivienda, pese a ser titulares del inmueble donde residían originalmente.
La Fiscalía subraya que el impacto psicológico fue severo. Una de las víctimas desarrolló un trastorno adaptativo ansioso-depresivo, mientras otra necesitó una baja médica de casi un año por un cuadro compatible con un trastorno de ansiedad.
Estos informes médicos serán claves durante el juicio oral, donde se evaluará si existió un daño psicológico continuado derivado directamente del presunto acoso.
Indemnizaciones superiores a 18 000 euros
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público reclama medidas de alejamiento. Solicita que los acusados tengan prohibido acercarse a menos de 500 metros de las víctimas o comunicarse con ellas durante el mismo período de condena.
En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía pide indemnizaciones que ascienden a:
- 16 290 euros para la víctima con mayores secuelas psicológicas.
- 2 000 euros para el segundo afectado.
La cuantía total supera los 18 000 euros, reflejando la gravedad de las consecuencias personales derivadas del supuesto hostigamiento.
El acoso inmobiliario vuelve al centro del debate
Este caso de Sarria vuelve a evidenciar una realidad cada vez más denunciada en distintos puntos de España: propietarios que terminan abandonando sus viviendas ante situaciones de presión, conflictos vecinales extremos o procesos judiciales excesivamente lentos.
Juristas consultados recuerdan que el acoso inmobiliario no se limita únicamente a grandes operaciones urbanísticas o conflictos entre fondos y arrendatarios. También puede producirse en comunidades de vecinos mediante conductas reiteradas destinadas a deteriorar psicológicamente a una persona hasta forzar su salida.
La controversia surge porque muchas víctimas denuncian sentirse desprotegidas durante meses o incluso años antes de obtener una respuesta judicial efectiva.
Un juicio que puede sentar precedente en Galicia
El juicio oral será determinante para esclarecer si existió realmente una estrategia organizada de expulsión psicológica contra los propietarios. La resolución podría convertirse en un precedente relevante en Galicia sobre cómo los tribunales abordan este tipo de conflictos vecinales y delitos de presión continuada.
Mientras tanto, el caso deja una imagen difícil de ignorar: propietarios obligados a abandonar su propia casa mientras esperaban la actuación de la Justicia.
¿Está respondiendo el sistema judicial con suficiente rapidez ante los casos de acoso vecinal y presión inmobiliaria en España?
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