Gobiernos de Colombia, Perú, Chile y Ecuador amplían el papel de las Fuerzas Armadas frente al narcotráfico, la inmigración irregular y el crimen organizado, mientras Estados Unidos refuerza su influencia regional con el llamado Escudo de las Américas.
Por Redacción de El Vértice
26 de agosto de 2026
La inseguridad, el narcotráfico y el avance del crimen organizado están empujando a varios gobiernos latinoamericanos a recuperar una receta que durante años estuvo rodeada de controversia: utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
El fenómeno afecta a países con problemas muy distintos. Ecuador mantiene miles de militares desplegados contra organizaciones criminales; Perú prepara una mayor intervención castrense en operaciones de seguridad; Chile ha recurrido al Ejército para reforzar sus fronteras frente a la inmigración irregular; y Colombia plantea incrementar la presión militar sobre grupos armados y redes vinculadas al narcotráfico.
Detrás de este giro aparece además un actor fundamental: Estados Unidos y la Administración de Donald Trump, que ha convertido la lucha contra el denominado «narcoterrorismo» en una prioridad de su política hacia América Latina.
El cambio está configurando un nuevo mapa político y militar en el continente. Para sus defensores, se trata de recuperar territorios que el Estado ha perdido frente a las mafias. Para sus críticos, el riesgo reside en normalizar la militarización de la seguridad pública y debilitar los controles democráticos.
La seguridad se convierte en prioridad electoral
Durante años, buena parte del debate político latinoamericano estuvo dominado por la economía, la desigualdad y los programas sociales.
Ahora, la seguridad ciudadana ocupa cada vez más espacio.
Extorsiones, secuestros, homicidios, tráfico de drogas, minería ilegal, inmigración irregular y expansión de organizaciones criminales han cambiado las prioridades de millones de ciudadanos.
Ese giro favorece a dirigentes que prometen mano dura y recuperación del control territorial.
No se trata exclusivamente de una cuestión ideológica. La preocupación por la delincuencia atraviesa sociedades muy diferentes y está modificando las agendas tanto de gobiernos conservadores como de otras administraciones.
Sin embargo, son varios líderes de la nueva derecha latinoamericana los que han convertido el despliegue militar en una de sus principales banderas.
Ecuador lleva años utilizando al Ejército contra el crimen organizado
Uno de los casos más avanzados es Ecuador.
El país vive bajo la declaración de «conflicto armado interno» desde enero de 2024, lo que permitió ampliar el papel de las Fuerzas Armadas frente a las bandas criminales.
El presidente Daniel Noboa ha utilizado miles de militares en operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales.
Ecuador sufrió durante los últimos años una fuerte transformación de su mapa criminal.
Su posición geográfica entre Colombia y Perú, dos grandes productores de cocaína, y la importancia de sus puertos lo convirtieron en un territorio estratégico para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa.
La respuesta militar ha permitido elevar la presión sobre estas estructuras, aunque también ha generado denuncias de abusos y posibles vulneraciones de derechos fundamentales, especialmente en operaciones de seguridad y situaciones de detención.
Ese es precisamente uno de los grandes dilemas del modelo: cómo aumentar la capacidad coercitiva del Estado sin convertir la excepcionalidad en norma permanente.
Keiko Fujimori apuesta por mayor poder militar en Perú
En Perú, la presidenta Keiko Fujimori ha planteado aumentar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y orden interno.
El país afronta un problema especialmente grave de extorsiones, secuestros y organizaciones criminales que afectan tanto a grandes ciudades como a determinadas actividades económicas.
Fujimori llegó al poder colocando la seguridad entre sus principales compromisos políticos.
Su estrategia incluye también reformas del sistema penitenciario.
El razonamiento es similar al empleado por otros gobiernos regionales: cuando las fuerzas policiales resultan insuficientes para afrontar estructuras criminales cada vez más organizadas, el Estado recurre al Ejército como una reserva de capacidad operativa, logística y territorial.
Sin embargo, utilizar militares para combatir delincuentes comunes plantea importantes diferencias respecto de una guerra convencional.
Los soldados están preparados fundamentalmente para derrotar enemigos, mientras que la seguridad ciudadana exige detener sospechosos, preservar pruebas y respetar procedimientos judiciales.
Chile despliega tropas para controlar la frontera
En Chile, el problema tiene características diferentes.
El Gobierno de José Antonio Kast ha colocado la inmigración irregular y la seguridad fronteriza entre sus prioridades.
El llamado Plan Escudo Fronterizo contempla la participación militar junto con nuevas infraestructuras físicas.
El proyecto incluye zanjas, cercos perimetrales, torres de vigilancia y despliegues de efectivos en puntos estratégicos.
La medida responde al aumento de la presión migratoria en las fronteras del norte chileno.
A diferencia de Ecuador o Colombia, donde la principal amenaza identificada son organizaciones criminales armadas, Chile utiliza sus Fuerzas Armadas principalmente para reforzar la vigilancia territorial y frenar entradas irregulares.
La tendencia, sin embargo, es común: los gobiernos están ampliando progresivamente las funciones militares más allá de la defensa clásica frente a otros Estados.
Colombia vuelve a mirar al Ejército
El caso colombiano resulta particularmente significativo por su larga historia de conflicto armado.
El presidente Abelardo de la Espriella ha defendido una política de mayor dureza contra organizaciones criminales y grupos armados.
Su estrategia apuesta por aumentar la presión sobre cabecillas y mandos intermedios.
Colombia posee además unas Fuerzas Armadas con décadas de experiencia operativa contra guerrillas, narcotraficantes y organizaciones insurgentes.
El problema es que buena parte del fenómeno criminal actual ha evolucionado.
Muchas estructuras ya no funcionan como organizaciones políticas insurgentes tradicionales, sino como redes dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías criminales.
Esto obliga a adaptar también las herramientas de seguridad.
Los expertos citados en el análisis original coinciden en que el Ejército puede resultar imprescindible en zonas rurales donde el Estado apenas tiene presencia, pero advierten de que la fuerza militar por sí sola no soluciona el problema.
El modelo Bukele seduce a buena parte del continente
Uno de los grandes referentes de esta nueva política de seguridad es Nayib Bukele.
El presidente salvadoreño transformó radicalmente la situación de seguridad de El Salvador mediante un prolongado estado de excepción y operaciones masivas contra las pandillas.
Las maras que durante décadas controlaron barrios enteros y condicionaron la vida cotidiana de millones de salvadoreños han perdido gran parte de su capacidad territorial.
La caída de la violencia ha convertido a Bukele en un referente para dirigentes de otros países.
Su planteamiento puede resumirse en una idea: el Estado debe recuperar el monopolio efectivo de la fuerza incluso mediante medidas extraordinarias.
Pero trasladar ese modelo a Colombia, Perú, Ecuador o Chile presenta enormes dificultades.
El Salvador tiene una extensión territorial y una estructura criminal muy diferentes.
Colombia, por ejemplo, posee selvas, fronteras extensísimas, rutas internacionales de cocaína y organizaciones armadas con una capacidad logística mucho mayor.
La gran pregunta: ¿funciona la «mano dura»?
La experiencia latinoamericana demuestra que las operaciones militares pueden producir resultados inmediatos.
El Ejército puede tomar territorios, destruir infraestructuras criminales, detener miembros de organizaciones y reducir temporalmente la presencia visible de las mafias.
Pero existe un problema recurrente.
Si después de la intervención militar no llegan jueces, policías, carreteras, colegios, oportunidades económicas y administraciones públicas, los grupos criminales pueden regresar.
El vacío vuelve a aparecer.
Por eso, diversos especialistas sostienen que la seguridad necesita combinar tres elementos:
fuerza estatal, justicia efectiva y desarrollo territorial.
Sin esa combinación, una operación militar puede terminar desplazando temporalmente el problema en lugar de resolverlo.
Trump impulsa el «Escudo de las Américas»
El elemento verdaderamente novedoso del actual giro continental es el creciente papel de Estados Unidos.
Donald Trump lanzó en marzo el llamado Escudo de las Américas, una coalición destinada a combatir cárteles y organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Entre los dirigentes que participaron inicialmente se encontraban Daniel Noboa, Javier Milei y Nayib Bukele.
La iniciativa ha ido incorporando posteriormente a otros países.
Según la información disponible, Colombia se convirtió recientemente en el miembro número 19.
Washington quiere ampliar la cooperación en inteligencia, seguridad fronteriza, operaciones conjuntas y protección de infraestructuras críticas.
Estados Unidos vuelve a mirar hacia América Latina
Durante años se habló de una pérdida de interés estratégico estadounidense por América Latina.
China aprovechó ese espacio para aumentar inversiones, créditos, comercio e infraestructuras.
La Administración Trump parece decidida a invertir esa tendencia.
La seguridad es uno de los instrumentos utilizados para reconstruir la influencia estadounidense sobre el continente.
Washington dispone además de capacidades difíciles de igualar para muchos gobiernos latinoamericanos: satélites, inteligencia electrónica, vigilancia aérea, tecnología militar y enormes recursos financieros.
Para países sometidos a fuertes organizaciones criminales, acceder a esas herramientas resulta atractivo.
La cuestión es qué exige Estados Unidos a cambio.
El temor a una dependencia excesiva de Washington
Los críticos del nuevo modelo hablan de una creciente subordinación estratégica a Estados Unidos.
Ese análisis sostiene que Washington no busca exclusivamente combatir el narcotráfico, sino también limitar la influencia de China y Rusia en América Latina.
Existe además un componente económico.
El continente posee enormes reservas de petróleo, minerales estratégicos y tierras raras, fundamentales para industrias tecnológicas y militares.
Desde esta perspectiva, seguridad y geopolítica serían dos partes de una misma estrategia.
Sin embargo, describir esta relación simplemente como un «yugo» estadounidense resulta una simplificación.
Los gobiernos latinoamericanos conservan capacidad de decisión y muchos de ellos buscan activamente la colaboración de Washington porque consideran que mejora sus posibilidades frente al crimen organizado.
La discusión real está en las condiciones de esa cooperación y en los límites que cada Estado establezca.
Operaciones militares estadounidenses dentro de países latinoamericanos
La colaboración está llegando además al terreno operativo.
Estados Unidos y Ecuador han desarrollado operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció también la autorización de Colombia para realizar operaciones militares conjuntas dirigidas contra organizaciones calificadas como narcoterroristas.
Otros países como Honduras y Guatemala han negociado fórmulas de colaboración similares.
Este fenómeno supone un cambio importante en el equilibrio regional.
La presencia directa de fuerzas estadounidenses puede aportar tecnología e inteligencia, pero plantea inevitablemente preguntas sobre soberanía nacional, reglas de enfrentamiento y responsabilidad jurídica.
Las mafias ya funcionan internacionalmente
Existe, sin embargo, un argumento difícil de ignorar a favor de la cooperación.
El crimen organizado hace tiempo que dejó de respetar fronteras.
Una misma organización puede producir droga en Colombia, financiarse desde otro país, blanquear dinero en centros financieros internacionales y distribuir narcóticos a través de puertos europeos.
Las redes criminales trabajan con una velocidad que los Estados muchas veces no pueden igualar.
No necesitan tratados internacionales ni procedimientos parlamentarios.
Por eso, combatir organizaciones transnacionales exclusivamente desde políticas nacionales resulta cada vez menos eficaz.
La cooperación entre policías, servicios de inteligencia, aduanas y Fuerzas Armadas será previsiblemente cada vez más importante.
El riesgo de militarizar permanentemente la seguridad
Pero una cosa es recurrir temporalmente al Ejército y otra convertirlo en sustituto permanente de la Policía.
Las Fuerzas Armadas poseen una lógica diferente.
Su empleo continuo en seguridad interior puede generar problemas de rendición de cuentas, formación policial, proporcionalidad y relación con la población civil.
Además, existe otro riesgo institucional.
Si un Gobierno descubre que desplegar soldados resulta políticamente más sencillo que reformar policías, fiscalías, juzgados y cárceles, puede terminar posponiendo precisamente las reformas estructurales que necesita.
La consecuencia sería una aparente solución inmediata acompañada de una debilidad estatal que permanece intacta.
América Latina entra en una nueva etapa de seguridad
El continente está entrando así en una nueva fase.
El avance del narcotráfico y de las organizaciones criminales está obligando a reconsiderar fórmulas que durante años habían sido políticamente incómodas.
Ecuador, Colombia, Perú y Chile representan ejemplos diferentes de una misma tendencia: emplear cada vez más recursos militares para recuperar control territorial, proteger fronteras o enfrentarse a redes criminales.
El modelo de Bukele ha demostrado que la mano dura puede generar enormes réditos políticos cuando consigue reducir drásticamente la delincuencia.
Pero también demuestra que la seguridad puede entrar en tensión con las garantías institucionales si los poderes extraordinarios se prolongan indefinidamente.
Seguridad sí, pero con un Estado detrás
La principal conclusión es que el debate no debería reducirse a elegir entre Ejército o ausencia de respuesta.
En muchos territorios dominados por grupos fuertemente armados, las Fuerzas Armadas pueden ser una herramienta legítima y necesaria.
El problema aparece cuando esa herramienta se convierte en toda la estrategia.
La recuperación permanente de los territorios requiere después policía, justicia, inversión, instituciones y oportunidades económicas.
Estados Unidos puede aportar inteligencia, equipamiento y capacidad militar. Los Ejércitos latinoamericanos pueden recuperar temporalmente áreas tomadas por las mafias.
Pero ningún país vencerá al crimen organizado exclusivamente con patrullas y soldados.
La verdadera prueba para esta nueva derecha latinoamericana será demostrar que detrás de su prometida «mano dura» existe también un proyecto capaz de reconstruir el Estado allí donde las organizaciones criminales consiguieron sustituirlo.
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