La investigación sobre los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero en Bolivia podría ampliar su recorrido hasta sus años en La Moncloa. Un senador boliviano asegura que no se descarta revisar sus actividades desde el inicio de su mandato.
La investigación sobre las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero en Bolivia afronta una nueva derivada. El senador boliviano José Manuel Ormachea, de Alianza Libre, ha anunciado que en el marco de una iniciativa parlamentaria se pretende examinar la relación del expresidente español con el país y que el análisis podría remontarse incluso a su llegada a la Presidencia del Gobierno de España.
La declaración se produce mientras en España continúa la investigación judicial que analiza, entre otros asuntos, las gestiones realizadas por Zapatero ante autoridades bolivianas en favor de intereses empresariales. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) difundido en junio, el expresidente habría recibido 200 000 euros de una sociedad vinculada al Grupo Gloria por sus actuaciones ante autoridades de Bolivia.
Ese extremo forma parte de una investigación judicial y no equivale a una condena. Zapatero y su defensa han cuestionado la extensión de las pesquisas sobre sus actividades en Bolivia.
Bolivia anuncia que revisará la actividad de Zapatero
La nueva controversia parte de las declaraciones del senador José Manuel Ormachea, quien sostiene que el Parlamento boliviano quiere examinar las actividades desarrolladas por Zapatero en el país.
Según ha explicado el parlamentario, no se pretende limitar la investigación a los acontecimientos más recientes, sino determinar si existen antecedentes que permitan comprender la relación mantenida durante años entre el exmandatario español y diferentes actores políticos y económicos bolivianos.
Ormachea ha defendido que debe revisarse la documentación disponible antes de establecer conclusiones y ha señalado que cualquier eventual investigación tendría que apoyarse en información oficial.
En declaraciones realizadas anteriormente, el senador ya había reclamado analizar el informe policial español sobre los 200 000 euros vinculados a las gestiones realizadas en Bolivia. También afirmó que ejercer labores de lobby no constituye por sí mismo una actividad ilegal y que serían necesarias investigaciones adicionales para determinar si existió alguna irregularidad.
El origen de la investigación: 200 000 euros y el Grupo Gloria
El elemento que ha situado las actividades de Zapatero en Bolivia en el centro de la investigación española es un informe de la UDEF fechado en junio de 2026.
Según ese documento, Zapatero habría intervenido ante autoridades bolivianas en favor de los intereses del Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano con actividad en diferentes sectores y países de América Latina.
La investigación policial sostiene que el expresidente recibió 200 000 euros a través de la sociedad peruana Focus Social Research durante los años 2024 y 2025.
La UDEF analizó contactos y reuniones mantenidos con autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce y miembros de su Gobierno. El informe policial sostiene que esas actuaciones podrían encajar en una dinámica de intermediación e influencia orientada a favorecer los intereses del grupo empresarial.
También plantea dudas sobre la correspondencia entre los servicios formalmente contratados y las actuaciones que, según los investigadores, habría desarrollado Zapatero.
Estas son valoraciones contenidas en un informe policial, no una sentencia judicial. La defensa del expresidente ha rechazado que las pesquisas puedan extenderse indiscriminadamente a sus actividades económicas y ha recurrido la incorporación de la documentación relativa a Bolivia.
Zapatero intenta excluir de la causa sus negocios en Bolivia
La dimensión boliviana del denominado caso Plus Ultra ha provocado además una batalla procesal.
La defensa de Zapatero ha solicitado a la Audiencia Nacional que determinados elementos relacionados con sus negocios en Bolivia queden fuera de la investigación. El argumento central es que la incorporación de esa información supondría, según la defensa, una investigación prospectiva que excedería el objeto inicial de la causa.
La controversia resulta especialmente relevante porque el caso judicial comenzó centrado en la operación mediante la que Plus Ultra recibió 53 millones de euros de ayuda pública durante la pandemia.
Posteriormente, la investigación ha incorporado otros elementos relacionados con las actividades económicas y contactos del expresidente.
La discusión jurídica consiste, entre otras cuestiones, en determinar hasta dónde puede llegar una investigación judicial cuando aparecen indicios relacionados con hechos distintos pero potencialmente conectados con el objeto inicial de las pesquisas.
El misterioso episodio de la Embajada de México en 2019
La eventual investigación boliviana también podría recuperar uno de los episodios más controvertidos de las relaciones entre España y Bolivia: el incidente ocurrido en La Paz el 27 de diciembre de 2019.
Aquel día, dos diplomáticos españoles acudieron a la residencia de la embajadora de México en Bolivia. En el recinto se encontraban refugiados antiguos miembros del Gobierno de Evo Morales, entre ellos personas reclamadas por las autoridades bolivianas.
Los diplomáticos españoles estaban acompañados por miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.
La presencia de agentes españoles encapuchados y armados desencadenó una crisis diplomática entre Madrid y La Paz.
Las autoridades bolivianas interpretaron el episodio como una posible operación clandestina para facilitar la salida de alguno de los asilados. España negó esa finalidad y sostuvo que la visita tenía carácter estrictamente diplomático.
El Gobierno español defendió posteriormente que sus representantes no habían entrado en contacto con los refugiados y que la misión se desarrolló dentro de una actividad diplomática autorizada.
La crisis terminó con la expulsión de diplomáticos de ambos países.
¿Qué ocurrió realmente aquella noche?
El incidente de 2019 continúa siendo uno de los elementos que podrían volver a entrar en el debate político si Bolivia decide ampliar sus investigaciones sobre la relación de Zapatero con el país.
La entonces ministra de Exteriores boliviana, Karen Longaric, tuvo un papel central en la gestión de aquella crisis.
La versión española y la boliviana difirieron sustancialmente sobre el significado de la presencia de los GEO.
España sostuvo que no existió una operación destinada a sacar clandestinamente a ningún asilado de la residencia mexicana. Las autoridades bolivianas, por el contrario, expresaron su preocupación por la presencia de agentes armados y por las circunstancias en las que se produjo la visita.
En febrero de 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores español publicó un informe sobre el episodio en el que sostuvo que los funcionarios españoles habían sufrido hostigamiento y que los diplomáticos no habían mantenido contacto con los antiguos dirigentes bolivianos refugiados en la residencia mexicana.
Por su parte, el Gobierno boliviano de transición había denunciado en diciembre de 2019 un supuesto intento de ingreso irregular en la residencia.
No existe, sobre la base de estos antecedentes, una conclusión judicial que vincule a Zapatero personalmente con aquella operación. La eventual inclusión del episodio en una investigación parlamentaria boliviana sería, por tanto, una cuestión diferente de la investigación judicial actualmente desarrollada en España.
La relación de Zapatero con Bolivia
El interés actual por el expresidente no surge únicamente de su actividad empresarial más reciente.
Zapatero ha mantenido durante años una intensa actividad internacional después de abandonar La Moncloa, especialmente en América Latina.
Su presencia en asuntos relacionados con Venezuela y Bolivia le ha convertido en un interlocutor conocido en la región.
La cuestión que ahora pretende aclarar la investigación es si esa actividad se limitó a labores políticas, diplomáticas y de intermediación o si determinadas actuaciones estuvieron vinculadas a intereses económicos concretos.
Esa distinción resulta fundamental desde el punto de vista jurídico.
Mantener contactos políticos o realizar labores de intermediación no constituye por sí mismo un delito. La relevancia penal dependería de que se acreditasen conductas concretas que encajaran en alguno de los tipos delictivos investigados.
El caso Plus Ultra amplía el foco sobre el entorno de Zapatero
El frente boliviano se suma a otras líneas de investigación que afectan al expresidente.
En septiembre de 2026, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama citó como investigadas a las dos hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, dentro de la investigación relacionada con Plus Ultra.
La Fiscalía sostiene que existen indicios que deben ser investigados sobre presuntas comisiones vinculadas a la concesión de los 53 millones de euros de ayuda pública a la aerolínea.
Según la documentación judicial publicada, la empresa Whathefav, administrada por las hijas del expresidente, recibió 239 755 euros de Análisis Relevante, sociedad relacionada con la investigación.
Zapatero reconoció haber recomendado que esa empresa contratara a sus hijas, pero defendió que la recomendación se produjo por razones profesionales.
La Fiscalía y el juez investigan si esa explicación es compatible con el conjunto de operaciones analizadas.
Además, el instructor ha ordenado nuevas diligencias relacionadas con aproximadamente 80 joyas intervenidas durante el registro del despacho de Zapatero. Un informe previo había valorado el conjunto en alrededor de 1,32 millones de euros, y el juez ha solicitado documentación sobre su procedencia y un nuevo análisis pericial.
Estas diligencias forman parte de una investigación en curso y, nuevamente, no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
Qué quiere aclarar ahora Bolivia
La iniciativa atribuida a senadores bolivianos plantea varias preguntas concretas.
Entre ellas:
- Qué actividades desarrolló Zapatero en Bolivia durante los distintos periodos políticos del país.
- Qué contactos mantuvo con presidentes, ministros y otros responsables públicos.
- Qué empresas o grupos empresariales recurrieron a sus servicios.
- Qué contratos y pagos recibió por esas actividades.
- Qué relación existió entre sus actuaciones políticas y sus trabajos de intermediación.
- Qué documentación existe sobre sus contactos durante la crisis diplomática de diciembre de 2019.
- Si existen conexiones documentales entre sus actividades de entonces y las actuaciones posteriores investigadas en España.
La clave será determinar qué hechos pueden acreditarse documentalmente y cuáles corresponden únicamente a interpretaciones políticas o declaraciones de los distintos protagonistas.
Una investigación que puede abrir un nuevo frente internacional
El posible examen parlamentario boliviano introduce una dimensión internacional en un asunto que ya está siendo investigado en España.
Hasta ahora, buena parte de la controversia se ha desarrollado en torno a la documentación policial española, los contratos de Zapatero y sus actuaciones ante autoridades bolivianas.
Si las instituciones bolivianas solicitan información adicional, podrían aparecer documentos, registros, contratos o testimonios que permitan reconstruir con mayor precisión sus actividades en el país.
También podría producirse el efecto contrario: que una revisión exhaustiva permita descartar algunas de las hipótesis planteadas en el debate político.
Por eso, la cuestión central no debería ser únicamente qué se sospecha, sino qué puede demostrarse.
La investigación parlamentaria anunciada por Ormachea, si finalmente se formaliza y dispone de competencias suficientes, tendrá que establecer qué documentación solicita, durante qué periodo y con qué alcance.
El precedente de 2019 vuelve al centro del debate
La recuperación del episodio de la Embajada de México añade una dimensión especialmente sensible.
Aquel incidente provocó una crisis diplomática entre España y Bolivia y terminó con expulsiones recíprocas de representantes diplomáticos. Las versiones de ambos gobiernos fueron diferentes y el episodio quedó marcado por las acusaciones cruzadas sobre las intenciones de la visita.
Ahora, casi siete años después, la posibilidad de revisar aquella etapa junto a las actividades económicas más recientes de Zapatero puede reabrir preguntas que quedaron sin una respuesta pública definitiva.
Eso no significa que exista una conexión demostrada entre ambos episodios.
La eventual relación tendría que ser acreditada mediante documentos, testimonios y hechos verificables.
La cuestión que queda abierta
El nuevo movimiento político en Bolivia llega en un momento especialmente delicado para Zapatero, cuya actividad empresarial e internacional está siendo examinada en España dentro de una investigación judicial más amplia.
El senador Ormachea sostiene que el análisis no debería comenzar únicamente por los negocios más recientes, sino que podría remontarse hasta el comienzo de la etapa de Zapatero como presidente del Gobierno.
La propuesta abre así un interrogante de mayor alcance: qué ocurrió durante los años en los que Zapatero desarrolló su actividad política y qué relación, si alguna, existe entre aquella etapa y sus posteriores actuaciones en América Latina.
Por ahora, hay tres niveles que conviene no confundir: las acusaciones de los investigadores, las decisiones judiciales y los hechos que finalmente puedan quedar acreditados.
La eventual investigación boliviana podría aportar nuevos elementos a ese debate. Pero serán los documentos y las conclusiones de las instituciones competentes los que determinen hasta dónde llega realmente el caso.
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