Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, declara el 8 de octubre en el caso Leire Díez tras denunciar maniobras para desacreditarla y apartarla del procedimiento.
La investigación sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez incorpora una nueva pieza de especial relevancia judicial. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, como perjudicada en la causa y la ha citado a declarar el próximo 8 de octubre.
Biedma había solicitado personarse en el procedimiento después de sostener que fue objeto de actuaciones destinadas a obtener información sobre ella, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra su persona y tratar de apartarla de procedimientos judiciales.
La magistrada vincula esas actuaciones con su intervención como instructora de la causa seguida contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y sostiene que los indicios apuntan a un intento de perturbar o neutralizar aquel procedimiento.
La decisión de Pedraz no supone, por sí sola, que todas las afirmaciones de Biedma hayan quedado acreditadas. El juez mantiene abierta la investigación sobre una presunta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que pudieran afectar al PSOE o al Gobierno. Entre los investigados figuran Leire Díez, el exdirigente socialista Santos Cerdán, el también exdirigente Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros.
Biedma pasa a intervenir como perjudicada en la causa
La petición de Biedma tenía dos dimensiones.
La primera era estrictamente personal. La magistrada sostiene que determinadas actuaciones investigadas habrían tenido como objetivo conocer datos sobre su persona y su entorno, desacreditarla profesionalmente y promover actuaciones contra ella.
La segunda dimensión es institucional. Biedma considera que las actuaciones denunciadas estarían relacionadas directamente con su condición de instructora de la causa contra David Sánchez.
En su escrito, la magistrada sostuvo que los indicios apuntarían a la intención de «neutralizar, perturbar o incluso destruir» el procedimiento judicial que tenía encomendado.
El juez Pedraz ha aceptado su personación como acusación particular y la ha citado para que declare el 8 de octubre.
La UCO había señalado a Biedma como objetivo
Uno de los elementos que Biedma incorpora a su petición es un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según la documentación recogida por RTVE, la UCO señaló que otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización investigada tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma.
Este elemento resulta especialmente relevante porque sitúa a la jueza dentro del perímetro de personas sobre las que los investigadores habrían detectado actuaciones específicas.
No obstante, la investigación judicial debe determinar todavía qué actuaciones concretas se realizaron, quién las ordenó, con qué finalidad y hasta dónde llegaron.
La jueza investigó al hermano de Pedro Sánchez
Biedma fue la magistrada que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La investigación terminó llevando al hermano de Pedro Sánchez a juicio y posteriormente fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación.
La conexión entre ambos procedimientos es precisamente uno de los elementos que Biedma considera determinantes.
Según su planteamiento, las actuaciones que ahora se investigan no se dirigían únicamente contra ella como persona, sino que estarían relacionadas con su actividad jurisdiccional en aquella causa.
La investigación de Pedraz deberá determinar si esa conexión está respaldada por pruebas suficientes.
El caso Leire investiga una presunta operación contra causas judiciales
La causa dirigida por Pedraz analiza una presunta estructura que habría intentado obstaculizar o influir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno.
En el centro de las pesquisas aparece Leire Díez, exmilitante socialista, junto con otras personas relacionadas con la política y con actividades de intermediación.
Entre los investigados se encuentra Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, además de Gaspar Zarrías y Ana María Fuentes, entre otros.
La condición procesal de estas personas es la de investigados. Por tanto, la existencia y alcance de los hechos atribuidos deberán quedar determinados durante la instrucción y, en su caso, en las posteriores fases judiciales.
Biedma denunció una campaña para desacreditarla
La magistrada considera que las actuaciones investigadas tuvieron una dimensión personal que iba más allá del debate jurídico sobre sus resoluciones.
Según su escrito, se habrían producido actuaciones destinadas a:
- Obtener información personal sobre ella.
- Recabar información sobre su entorno.
- Promover denuncias y quejas contra la magistrada.
- Dañar su reputación pública y profesional.
- Intentar apartarla de determinados procedimientos judiciales.
- Interferir en la investigación que dirigía sobre David Sánchez.
Estas son las alegaciones formuladas por la propia Biedma y que ahora forman parte de la investigación.
La declaración del 8 de octubre permitirá al juez conocer directamente su versión y concretar los hechos que considera que le causaron perjuicio.
Pedraz pone límites a una de las líneas denunciadas por Biedma
La decisión judicial no implica que Pedraz haya aceptado investigar todas las cuestiones planteadas por la magistrada.
De hecho, el juez ha rechazado por el momento investigar una anotación encontrada en una agenda de Leire Díez fechada el 25 de marzo de 2025.
La anotación contenía la expresión «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano». Biedma la relacionó en su escrito con una información periodística sobre supuestos contactos con un conocido clan asentado en Badajoz que, según su planteamiento, podrían haber tenido como finalidad actuar contra ella.
Pedraz no considera que existan actualmente elementos suficientes para abrir una investigación específica sobre esa anotación.
La Fiscalía había señalado que no constaban en los informes de la causa datos que permitieran dotarla de relevancia investigadora suficiente.
El juez evita abrir una investigación por cada anotación
El razonamiento de Pedraz tiene una consecuencia procesal importante.
Las agendas de Leire Díez contienen numerosas anotaciones. El juez considera que no puede abrirse automáticamente una línea de investigación por cada apunte si no existen otros elementos que permitan relacionarlo con hechos delictivos.
Por eso, la anotación relativa a la jueza de Badajoz queda, de momento, fuera de una investigación específica.
Esto demuestra que la decisión de admitir a Biedma como perjudicada no implica que el juez haya asumido todas las hipótesis formuladas en su escrito.
La investigación continúa sometida al principio de que cada posible delito debe apoyarse en indicios concretos.
La Fiscalía Europea también ha pedido información
La causa ha adquirido además una dimensión europea.
El pasado 24 de septiembre, RTVE informó de que la Fiscalía Europea había solicitado información a Pedraz para determinar si en los hechos investigados podían existir pagos que hubieran perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea.
La petición se produjo después de una denuncia presentada por un particular.
La Fiscalía Europea pidió conocer si existían indicios de que se hubieran visto afectados fondos europeos y, en particular, si había alguna conexión con la campaña de las elecciones europeas de 2024.
La UCO remitió al juez documentación relacionada con esa solicitud.
Un pago de 20 000 euros aparece en las pesquisas
Entre los elementos que han llegado al procedimiento figura un pago de 20 000 euros realizado por el PSOE al medio digital Crónica Libre en el marco de la campaña de las elecciones europeas de 2024.
La UCO comunicó esta información a Pedraz después de recibir el oficio de la Fiscalía Europea.
La existencia de ese pago no demuestra por sí misma que se hayan utilizado fondos europeos de manera irregular.
Precisamente por eso la Fiscalía Europea ha solicitado información: para determinar si existe alguna conexión con sus competencias y si los intereses financieros de la Unión pudieron verse afectados.
La causa sigue abierta y las responsabilidades no están fijadas
El procedimiento se encuentra todavía en fase de investigación.
Esta circunstancia es especialmente relevante en un caso con una fuerte dimensión política. La condición de investigado no equivale a una condena y tampoco la condición de perjudicada supone que todos los hechos denunciados hayan sido acreditados.
Lo que sí está acreditado procesalmente es que Pedraz ha admitido a Biedma como perjudicada y la ha citado para declarar el 8 de octubre.
A partir de su declaración podrán concretarse las actuaciones que la magistrada considera que se realizaron contra ella y su posible conexión con la causa que instruyó.
La declaración del 8 de octubre puede aportar nuevas claves
La comparecencia de Biedma tendrá especial importancia porque permitirá incorporar directamente al procedimiento la versión de la magistrada sobre las actuaciones que considera dirigidas contra ella.
Su testimonio podrá abordar cuestiones como:
- Qué información considera que se intentó obtener sobre ella.
- Qué actuaciones identifica como intentos de desacreditarla.
- Qué denuncias o quejas relaciona con la presunta trama.
- Qué elementos vincula directamente con su investigación sobre David Sánchez.
- Qué indicios considera que demuestran un intento de apartarla del procedimiento.
- Qué perjuicio personal o profesional sostiene haber sufrido.
La declaración no resolverá por sí sola la investigación, pero puede ayudar a determinar qué hechos concretos deben ser comprobados por el juez.
El caso conecta dos investigaciones judiciales de gran repercusión
La relevancia del movimiento procesal de Pedraz reside también en la conexión entre dos procedimientos.
Por un lado está la causa dirigida por el propio Pedraz sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez y Santos Cerdán.
Por otro, la causa que instruyó Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La hipótesis que debe comprobar la Audiencia Nacional es si existe una conexión entre ambos procedimientos y si determinadas actuaciones de la presunta trama tuvieron como objetivo interferir en la causa judicial seguida contra el hermano de Sánchez.
La UCO ha situado a Biedma entre los objetivos de una de las líneas de actuación investigadas, pero corresponde al juez determinar el significado jurídico de esos hechos.
El caso Leire afronta nuevas derivadas
La incorporación de Biedma se suma a otras líneas abiertas en la investigación.
La Fiscalía Europea ha solicitado información sobre posibles fondos comunitarios. La UCO continúa aportando documentación al procedimiento y Pedraz mantiene investigadas a varias personas por la presunta existencia de una estructura destinada a influir en procedimientos judiciales.
Al mismo tiempo, el juez ha mostrado que no todas las informaciones que aparecen en documentos o agendas tienen automáticamente relevancia penal.
Esa distinción será fundamental para el desarrollo de la causa.
Qué ocurrirá ahora
El calendario inmediato queda marcado por la declaración de Beatriz Biedma el 8 de octubre.
Hasta entonces, la magistrada ya cuenta con la condición procesal de perjudicada y podrá intervenir en la causa dentro de los límites establecidos por el juez.
La investigación deberá avanzar después sobre las distintas líneas abiertas y determinar si existen pruebas suficientes para sostener las hipótesis planteadas.
Por ahora, el dato judicial más relevante es concreto: la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez ha sido incorporada como perjudicada al caso que investiga una presunta trama destinada a interferir en procedimientos judiciales.
La declaración del 8 de octubre permitirá conocer con mayor precisión qué hechos atribuye Biedma a esa presunta trama y qué elementos considera que respaldan su denuncia.
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