La sentencia del Constitucional de 2023 vuelve al centro de la polémica por el uso de decretos-ley durante la legislatura y las decisiones del Gobierno en plena campaña electoral.
El Ejecutivo puede legislar sin tramitar una ley ordinaria, pero no sin límites. Esa es precisamente la frontera que vuelve a estar en discusión.
La resolución redactada por Cándido Conde-Pumpido permitió mantener en vigor un decreto-ley del Gobierno de Sánchez. Ahora, con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, la utilización de esta herramienta legislativa vuelve a generar controversia sobre el equilibrio entre el poder ejecutivo y el Parlamento.
La sentencia de Conde-Pumpido que vuelve a situar al Constitucional en el debate político
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, vuelve a estar en el centro de la polémica por su intervención en la Sentencia 18/2023, de 21 de marzo, relativa al uso del decreto-ley por parte del Gobierno.
La resolución desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Partido Popular contra el Real Decreto-ley 6/2019, aprobado durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez.
Aquella norma incluía medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Entre otras cuestiones, introducía modificaciones sobre los planes de igualdad en las empresas, la conciliación laboral y las prestaciones vinculadas a la Seguridad Social.
El argumento principal del recurso del PP era que el Gobierno no había acreditado suficientemente la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, requisito imprescindible para recurrir a esta fórmula legislativa.
Conde-Pumpido, que ejerció como ponente, defendió que el Ejecutivo había justificado suficientemente la urgencia de las medidas.
El Pleno del Constitucional desestimó el recurso y mantuvo la validez del decreto-ley.
La resolución contó con un voto particular discrepante de cuatro magistrados, que consideraron que la norma debía haber sido declarada inconstitucional por falta de justificación suficiente de la urgencia.
La división jurídica no fue menor: el debate sobre los límites del decreto-ley quedó expresamente reflejado en la propia sentencia.
Qué permite hacer un decreto-ley y por qué genera tanta controversia
El decreto-ley es una herramienta legislativa que permite al Gobierno aprobar normas con rango de ley sin seguir inicialmente el procedimiento parlamentario ordinario.
Está regulado en el artículo 86 de la Constitución Española y su utilización está condicionada a la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad.
No es una facultad ilimitada.
La Constitución establece tres grandes restricciones:
- Urgencia justificada: el Gobierno debe explicar las razones que hacen necesaria una actuación normativa inmediata.
- Límites materiales: no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a determinados derechos y libertades del título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
- Control parlamentario: debe someterse a debate y votación de totalidad en el Congreso dentro de los 30 días siguientes a su promulgación.
El Congreso puede convalidarlo o derogarlo. También puede decidir que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
La controversia aparece cuando un instrumento concebido para situaciones excepcionales se convierte en una vía recurrente para aprobar reformas de gran alcance.
El problema institucional no es que el Gobierno utilice decretos-ley, sino que la urgencia no termine convirtiéndose en una justificación automática para evitar el debate parlamentario.
El voto particular que cuestionó la decisión de Conde-Pumpido
Uno de los elementos más relevantes de la Sentencia 18/2023 es que no hubo unanimidad.
Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa formularon un voto particular contra la decisión mayoritaria.
Su discrepancia se centró en la interpretación del artículo 86 de la Constitución y en la intensidad del control que debía ejercer el Tribunal Constitucional sobre la justificación de la urgencia.
Los cuatro magistrados defendieron que el decreto-ley es una potestad normativa excepcional y que su utilización puede desplazar al Parlamento de su función legislativa.
En su razonamiento advirtieron de que esta herramienta puede impedir que los representantes de los ciudadanos debatan, modifiquen o rechacen determinadas medidas antes de su entrada en vigor.
El voto particular sostuvo que el Gobierno no había acreditado suficientemente la necesidad extraordinaria y urgente que justificaba el Real Decreto-ley 6/2019.
También defendió que el Constitucional debía ejercer un control más exigente para evitar que el Ejecutivo invadiera las competencias reservadas a las Cortes Generales.
Este desacuerdo resulta especialmente importante porque demuestra que la interpretación de los límites constitucionales del decreto-ley no estaba exenta de controversia dentro del propio tribunal.
No obstante, el fallo jurídicamente vigente fue el de la mayoría: el recurso del PP quedó desestimado.
Sánchez recurre a los decretos-ley durante la campaña electoral
La noticia de Libertad Digital sitúa la sentencia de 2023 en el contexto de las últimas decisiones normativas del Ejecutivo.
Según las fuentes jurídicas consultadas por el periódico, el Gobierno habría recurrido de forma reiterada al decreto-ley durante el periodo preelectoral, incluyendo medidas de vivienda, ayudas económicas y disposiciones de carácter social.
Entre las medidas mencionadas figuran:
- Vivienda: suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.
- Alquileres: regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
- Actualización de rentas: limitación del 2 % en determinados supuestos.
- Compras de vivienda: restricciones temporales a ciertas adquisiciones consideradas especulativas por el Ejecutivo.
- Ceuta: ayudas directas por aproximadamente 45,3 millones de euros.
- DANA: medidas de respuesta a los daños provocados por las inundaciones.
- Familias: disposiciones relacionadas con el reconocimiento de familias monoparentales y medidas de apoyo familiar.
Estas actuaciones forman parte de las críticas recogidas por Libertad Digital, que atribuye a fuentes jurídicas la denuncia de un uso excesivo del instrumento legislativo.
Conviene precisar que la sentencia de 2023 no examinó ni avaló estas normas posteriores. Cada decreto-ley debe contar con su propia justificación y puede ser sometido a los correspondientes controles parlamentarios y constitucionales.
Por tanto, no cabe interpretar aquella resolución como una autorización anticipada para cualquier decisión que adopte el Gobierno mediante esta vía.
El 29-N cambia el escenario parlamentario
La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 añade una dimensión política al debate.
El Congreso de los Diputados y el Senado fueron disueltos mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre.
Sin embargo, la disolución de las cámaras no elimina todos los mecanismos de control parlamentario.
La Diputación Permanente del Congreso conserva las competencias que le atribuye la Constitución y el Reglamento de la Cámara, entre ellas la posibilidad de debatir y votar la convalidación o derogación de los decretos-ley durante los periodos en los que el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato.
Esto significa que el Gobierno no dispone de libertad absoluta para aprobar normas de urgencia durante la campaña.
El artículo 86 de la Constitución mantiene el plazo de 30 días para someterlas a convalidación o derogación.
El Reglamento del Congreso contempla expresamente que esa votación pueda realizarse en el Pleno o en la Diputación Permanente.
La cuestión política reside en las mayorías parlamentarias disponibles y en la capacidad de los grupos para respaldar o rechazar cada norma.
El debate sobre el poder del Ejecutivo y el papel del Parlamento
La controversia sobre el decretazo va mucho más allá de Pedro Sánchez y de una sentencia concreta.
En un sistema parlamentario, el Gobierno dirige la política general, pero el poder legislativo corresponde a las Cortes Generales.
El decreto-ley permite responder con rapidez a situaciones que no pueden esperar a la tramitación ordinaria. Sin embargo, también reduce el margen de intervención parlamentaria antes de que la norma entre en vigor.
Por eso, su utilización debe estar sometida a un control riguroso.
La doctrina constitucional establece que la extraordinaria y urgente necesidad no puede ser una expresión vacía. El Gobierno debe justificarla y las medidas aprobadas deben guardar una conexión razonable con la situación que pretende resolver.
La propia Sentencia 18/2023 recuerda que el Constitucional puede rechazar un uso abusivo o arbitrario de esta facultad.
La discrepancia de los cuatro magistrados demuestra, además, que existe un debate legítimo sobre la intensidad con la que debe realizarse ese control.
Conde-Pumpido, en el centro de la controversia institucional
La figura de Cándido Conde-Pumpido se ha convertido en uno de los focos de discusión política sobre la independencia y el funcionamiento del Tribunal Constitucional.
Su trayectoria como fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y su posterior llegada a la presidencia del Constitucional han alimentado críticas de sectores políticos y jurídicos sobre la percepción de independencia del tribunal.
Sin embargo, las críticas políticas no demuestran por sí mismas que una resolución judicial responda a instrucciones partidistas.
La independencia judicial debe evaluarse atendiendo a las decisiones, sus fundamentos jurídicos, los procedimientos aplicados y las garantías institucionales.
En este caso, la Sentencia 18/2023 ofrece elementos concretos para el análisis: una mayoría que consideró justificada la urgencia, cuatro magistrados que discreparon y un recurso del PP que terminó desestimado.
El debate sobre el uso del decreto-ley debe centrarse en esos elementos verificables.
Qué puede ocurrir con los decretos-ley antes de las elecciones
La convocatoria electoral no impide que el Gobierno apruebe decretos-ley si considera que concurren las circunstancias exigidas por la Constitución.
Tampoco impide que la Diputación Permanente ejerza el control parlamentario previsto legalmente.
El escenario presenta varias posibilidades:
- Convalidación: la Diputación Permanente puede respaldar la norma y mantenerla en vigor.
- Derogación: puede rechazarla y poner fin a su vigencia.
- Tramitación como proyecto de ley: cuando proceda, puede abrirse una tramitación parlamentaria urgente para modificar su contenido.
Además, el Tribunal Constitucional puede examinar posteriormente la constitucionalidad de las disposiciones si se presenta un recurso admisible.
La sentencia de 2023 no impide ese control. Al contrario, su propia doctrina reconoce que el tribunal debe comprobar que el Gobierno respeta los límites del artículo 86.
Por tanto, el Ejecutivo no tiene garantizada la constitucionalidad de sus futuras normas por el simple hecho de que el Constitucional desestimara un recurso contra un decreto-ley anterior.
La cuestión de fondo: ¿urgencia legislativa o debilitamiento del Parlamento?
El uso de decretos-ley plantea una pregunta que afecta directamente a la calidad democrática: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno al legislar sin el procedimiento parlamentario ordinario?
La rapidez puede estar justificada cuando existe una necesidad real. Pero la excepcionalidad pierde sentido si se convierte en una fórmula habitual para sacar adelante reformas que podrían debatirse mediante los procedimientos legislativos normales.
La sentencia de Conde-Pumpido de 2023 no resolvió de forma general ese debate. Resolvió un caso concreto, el del Real Decreto-ley 6/2019, y consideró suficiente la justificación presentada por el Gobierno.
El voto particular de cuatro magistrados dejó constancia de una interpretación más restrictiva y de la preocupación por el desplazamiento del Parlamento.
Ahora, con la campaña electoral en marcha, la discusión adquiere una dimensión política evidente. La ciudadanía tiene derecho a saber qué normas se aprueban, por qué se consideran urgentes y qué posibilidades reales existen de someterlas a debate y control.
La urgencia no puede ser un cheque en blanco para ningún Gobierno. Y el control constitucional tampoco debería confundirse con un respaldo general a todas las decisiones del Ejecutivo.


