La condena por estafar a la UE en Somalia ha sido ratificada por la Audiencia Nacional, que ha confirmado la pena de tres años de prisión impuesta a un empresario sevillano acusado de apropiarse de casi 70.000 euros destinados a una misión europea en el país africano. El caso ha vuelto a adquirir relevancia pública debido a que el mismo empresario también está procesado en otra causa de gran repercusión mediática relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La decisión judicial supone un nuevo revés para David H.L., administrador de una empresa con sede en Arahal, Sevilla, que fue condenado por participar en una sofisticada estafa informática que afectó directamente a fondos de la Unión Europea destinados a mejorar la capacidad policial y la seguridad marítima de Somalia.
La Audiencia Nacional confirma la condena por estafar a la UE en Somalia
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el empresario y ha respaldado íntegramente la sentencia dictada previamente por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.
La resolución mantiene la pena de tres años de cárcel, una multa de 3.000 euros y la obligación de devolver los 69.751,40 euros que fueron transferidos fraudulentamente desde una cuenta vinculada a la misión europea Eucap Somalia.
La condena por estafar a la UE en Somalia se basa en la acreditación de un fraude que permitió desviar fondos europeos mediante la suplantación de identidad de un proveedor legítimo de material sanitario.
Según los magistrados, la operación fraudulenta fue posible gracias a la manipulación de una dirección de correo electrónico utilizada habitualmente por una empresa keniana que colaboraba con la misión europea.
Cómo se produjo el fraude que afectó a la Unión Europea
Los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando responsables de Eucap Somalia recibieron un correo electrónico aparentemente enviado por su proveedor habitual, Steplabs Technical Services.
Sin embargo, la dirección había sido modificada de forma casi imperceptible. Mientras el correo auténtico utilizaba un dominio concreto, los autores del fraude añadieron un simple guion que pasó desapercibido para los responsables de la operación.
A través de ese mensaje se solicitó que los pagos pendientes fueran enviados a una nueva cuenta bancaria. La cuenta indicada pertenecía realmente a una empresa administrada por David H.L.
La transferencia se ejecutó el 9 de enero de 2023 y los casi 70.000 euros terminaron ingresados en una sociedad que no tenía ninguna relación contractual con la Unión Europea ni con la misión desarrollada en Somalia.
La investigación determinó que el dinero fue posteriormente utilizado mediante diversos movimientos bancarios en beneficio del acusado.
Por este motivo, la condena por estafar a la UE en Somalia considera probado tanto el delito de estafa como el de falsedad documental.
Los argumentos del recurso fueron rechazados
Durante el proceso de apelación, la defensa intentó cuestionar diferentes aspectos de la investigación desarrollada inicialmente por la Fiscalía Europea.
Entre otras cuestiones, alegó que parte de la documentación relevante había sido incorporada tarde al procedimiento y que existía otra persona autorizada para operar en la cuenta bancaria donde se recibió el dinero.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que toda la documentación estuvo disponible con suficiente antelación al juicio y que los movimientos bancarios relacionados con el fraude fueron realizados bajo el control directo del acusado.
La resolución subraya además que David H.L. nunca ofreció una explicación convincente sobre por qué una transferencia destinada a un proveedor internacional terminó en una cuenta vinculada a su empresa.
La condena por estafar a la UE en Somalia también destaca que el acusado dispuso de parte significativa del dinero pocos días después de recibirlo, sin realizar ninguna gestión para devolverlo a sus legítimos destinatarios.
El vínculo con el caso del novio de Ayuso
Más allá de la estafa relacionada con fondos europeos, el nombre de David H.L. también aparece vinculado a otro procedimiento judicial que sigue generando gran interés mediático.
Se trata del caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que aún está pendiente de juicio.
En esa causa, la Fiscalía sostiene que se utilizaron facturas presuntamente falsas para reducir la carga fiscal derivada de los beneficios obtenidos por una empresa dedicada a la comercialización de mascarillas durante la pandemia.
David H.L. figura entre las personas acusadas de emitir parte de esas facturas. Según la investigación, habría participado mediante sociedades domiciliadas en Arahal que supuestamente habrían servido para justificar gastos inexistentes.
La Fiscalía solicita para él una pena de dos años de prisión por estos hechos.
Aunque ambos procedimientos son completamente independientes, la reciente condena por estafar a la UE en Somalia vuelve a situar al empresario sevillano en el foco judicial y mediático.
Un caso que evidencia el riesgo de los fraudes digitales
La ratificación de la sentencia también pone de manifiesto el creciente impacto de los delitos informáticos dirigidos contra organismos públicos e instituciones internacionales.
Los llamados fraudes por suplantación de identidad empresarial se han convertido en una de las amenazas más habituales para administraciones y compañías que gestionan pagos internacionales.
La utilización de correos electrónicos prácticamente idénticos a los originales permite a los delincuentes engañar a empleados y responsables financieros, desviando grandes cantidades de dinero en cuestión de horas.
Con la confirmación de la condena por estafar a la UE en Somalia, la Audiencia Nacional considera acreditada la participación del acusado en una operación que causó un perjuicio económico directo a la Unión Europea y que aprovechó precisamente este tipo de vulnerabilidad digital.
Mientras tanto, el empresario continúa a la espera de sentarse nuevamente en el banquillo por el caso relacionado con Alberto González Amador, un procedimiento que todavía no tiene fecha definitiva para su celebración y que podría prolongar aún más su situación judicial.

