La Mesa del Congreso inicia el procedimiento sancionador contra la diputada del PP tras exhibir un espray en el hemiciclo. Vázquez dispone de diez días para presentar alegaciones.
El incidente del gas pimienta que alteró el funcionamiento del Congreso la pasada semana entra ahora en una nueva fase. La Mesa del Congreso de los Diputados ha abierto un expediente sancionador a Ana Vázquez, diputada del Partido Popular por Ourense, después de que mostrara un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno.
La apertura del expediente no equivale todavía a una sanción. Vázquez dispone de un plazo de diez días para formular alegaciones. Posteriormente, los servicios jurídicos volverán a pronunciarse y la Mesa deberá decidir si propone una sanción. Si finalmente se planteara la suspensión de la parlamentaria, la decisión correspondería al Pleno del Congreso mediante una votación en sesión secreta.
Qué ocurrió con el gas pimienta en el Congreso
Los hechos se remontan al 23 de septiembre de 2026, durante una sesión de control al Gobierno. Ana Vázquez intervino en un debate relacionado con la situación de seguridad en Ceuta y mostró en el hemiciclo un bote de gas pimienta.
La diputada explicó que pretendía llamar la atención sobre la situación de mujeres y menores en Ceuta que, según su argumentación, recurren a este tipo de aerosoles como elemento de defensa personal ante la inseguridad.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, consideró que el objeto constituía un arma cuya entrada en el recinto parlamentario está prohibida por el Reglamento de la Cámara y ordenó a Vázquez abandonar el hemiciclo.
El episodio no terminó con la expulsión de la diputada.
Poco después, varias dependencias del Congreso tuvieron que ser acordonadas después de que un aerosol de características similares fuese manipulado en uno de los baños. Doce personas tuvieron que recibir atención médica, según la información difundida por RTVE, mientras otras fuentes han informado de más afectados por la presencia del gas.
Los servicios jurídicos consideran que el espray es un arma
El elemento central del expediente es la interpretación jurídica de la normativa parlamentaria.
Los letrados del Congreso concluyeron que los aerosoles de gas pimienta deben considerarse armas a efectos del Reglamento de la Cámara, incluso cuando se trate de productos destinados a la autodefensa y cuya comercialización sea legal en determinadas circunstancias.
Su informe sostiene que el artículo 101 del Reglamento sanciona el hecho de portar armas dentro del recinto parlamentario. Según la interpretación recogida en el documento, la norma no exige que el arma haya sido utilizada, ni que se haya producido una amenaza directa o un efecto concreto sobre otras personas.
El informe jurídico también señala que la eventual sanción debe respetar los principios de proporcionalidad y motivación.
Los letrados reconocen además que no existen precedentes de un caso similar en la historia parlamentaria de la actual etapa constitucional.
El artículo 101 del Reglamento del Congreso
La apertura del expediente se fundamenta en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Este precepto contempla la posibilidad de acordar la suspensión temporal de la condición de diputado por razones de disciplina parlamentaria cuando se produzcan determinadas conductas, entre ellas portar armas dentro del recinto parlamentario.
La aplicación de este artículo no significa que Vázquez vaya a ser automáticamente suspendida.
El procedimiento contempla varias fases:
- Apertura del expediente sancionador, ya acordada por la Mesa.
- Presentación de alegaciones por parte de Ana Vázquez en un plazo de diez días.
- Elaboración de un nuevo informe por los servicios jurídicos del Congreso.
- Decisión de la Mesa sobre una eventual propuesta de sanción.
- Si se plantea la suspensión, votación del Pleno del Congreso.
- La decisión final se adoptaría en una sesión secreta y a puerta cerrada, según la interpretación jurídica trasladada por los servicios de la Cámara.
Por tanto, en este momento no existe una resolución definitiva contra la diputada.
El incidente que obligó a cerrar varias dependencias
La polémica adquirió una dimensión adicional después de que un trabajador del Partido Popular manipulase el bote de gas pimienta.
Según la información difundida posteriormente, el empleado acudió a un baño del Congreso para limpiar el recipiente. Durante esa operación se habría producido la activación accidental del aerosol, provocando la propagación del gas por las instalaciones.
El incidente obligó a cerrar temporalmente varias zonas de la Cámara y provocó la atención médica de trabajadores y otras personas presentes en el edificio.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, reconoció posteriormente que se había producido un error por parte de un trabajador del grupo parlamentario durante la manipulación del bote.
El episodio es relevante para el procedimiento porque se produjo después de que Vázquez hubiera mostrado el aerosol en el hemiciclo, aunque la responsabilidad concreta de esa posterior activación deberá diferenciarse de la conducta objeto del expediente parlamentario.
La defensa del Partido Popular
El Partido Popular ha cuestionado la actuación de la Presidencia del Congreso y de la mayoría de la Mesa que ha respaldado la apertura del procedimiento.
La formación sostiene que Vázquez utilizó el espray para denunciar una situación de seguridad en Ceuta y ha defendido que determinados aerosoles de defensa personal pueden adquirirse legalmente.
El PP votó en contra de la apertura del expediente en la Mesa.
El debate político se centra ahora en dos cuestiones diferentes: por un lado, si la entrada del aerosol en el Congreso vulneró el Reglamento; por otro, cuál sería una respuesta disciplinaria proporcionada a esa conducta.
PSOE y Sumar respaldan la apertura del expediente
La Mesa del Congreso está presidida por Francina Armengol y cuenta con una mayoría integrada por PSOE y Sumar, formaciones que respaldaron la apertura del expediente.
Desde el PSOE se ha defendido la necesidad de actuar ante lo sucedido en las instalaciones de la Cámara. La portavoz socialista en el Congreso, Montse Mínguez, también ha criticado la actuación de Vázquez y ha señalado las consecuencias que tuvo el incidente para trabajadores del Parlamento.
La Mesa, en cualquier caso, deberá valorar las alegaciones de la diputada antes de determinar si existe fundamento para proponer una sanción.
¿Puede Ana Vázquez perder temporalmente su acta?
El Reglamento contempla la posibilidad de una suspensión temporal de la condición de diputada, pero esa posibilidad no debe confundirse con una decisión ya adoptada.
La eventual suspensión podría implicar consecuencias sobre el empleo y el sueldo de la parlamentaria durante el periodo que se estableciera. La resolución final, si se llegara a plantear esa medida, tendría que ser sometida al Pleno.
Los propios servicios jurídicos han advertido de que cualquier sanción debe estar suficientemente motivada y respetar la proporcionalidad.
Por ello, el resultado del procedimiento dependerá de las alegaciones de Vázquez, de la valoración posterior de los letrados y de la decisión que finalmente adopten los órganos competentes del Congreso.
Un caso sin precedentes recientes en el Parlamento
Uno de los elementos que explica la relevancia del caso es la ausencia de un precedente parlamentario comparable.
Los servicios jurídicos del Congreso han considerado que el supuesto encaja en el régimen disciplinario previsto para quienes porten armas dentro del recinto parlamentario, pero han señalado al mismo tiempo que no existe un antecedente equivalente en la historia constitucional reciente de España.
Esto convierte el expediente en un caso especialmente significativo desde el punto de vista del funcionamiento interno de la Cámara.
La controversia no se limita, por tanto, a la conducta concreta de una diputada. También plantea cómo deben aplicarse las normas disciplinarias del Parlamento ante objetos que pueden adquirirse legalmente fuera de sus instalaciones, pero cuya entrada está restringida dentro del recinto.
Qué ocurrirá ahora
El siguiente paso corresponde a Ana Vázquez, que tiene diez días para presentar sus alegaciones.
Después, los servicios jurídicos analizarán sus argumentos y la Mesa tendrá que decidir si existe base para proponer una sanción.
Si la propuesta fuese de suspensión temporal, el asunto llegaría al Pleno del Congreso, que tendría que pronunciarse mediante una votación secreta. La diputada afectada no participaría en esa votación.
Hasta que finalice todo ese proceso, Ana Vázquez no está sancionada y mantiene su condición de diputada.
El caso abre así un debate sobre los límites disciplinarios dentro del Parlamento, la interpretación del concepto de arma en el recinto de la Cámara y la proporcionalidad de las sanciones parlamentarias.
La cuestión que deberá resolver el Congreso no es únicamente qué ocurrió con aquel bote de gas pimienta, sino qué respuesta disciplinaria corresponde conforme al Reglamento y a las circunstancias concretas del caso.
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